En la última encuesta del CPDH, el 90% de los defensores de derechos humanos en contextos rurales manifestaron haber sido objeto de una agresión, amenaza o ataque por desempeñar su labor. Proponen un nuevo protocolo para su protección.
Encuentro de defensores de derechos humanos en Sincelejo, Sucre. Foto: tomada del informe.Las amenazas y los ataques a los defensores de derechos humanos aumentaron un 360% entre 2010 y 2014. Y este año las cosas no cambiaron: según Somos Defensores, ha habido un incremento de las agresiones con respecto al año anterior de 135%. En pleno proceso de paz y cuando los índices de violencia por cuenta del conflicto armado han disminuido a niveles históricos, estos datos son, cuando menos, paradójicos.
Si setiene en cuenta la última encuesta realizada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) a 200 defensores, sale a relucir que la mayoría de casos de amenazas registradas en el país tiene lugar en zonas rurales y afecta especialmente a reclamantes de tierras, indígenas y afros. Es en el campo donde se ha presentado el mayor número de asesinatos de defensores en los últimos años. “Hay que desescalar el conflicto contra el movimiento campesino”, dijo David Flórez, representante de Marcha Patriótica, movimiento político que en poco menos de cuatro años ha sufrido 100 asesinatos de líderes, en su mayoría rurales.
La encuesta -realizada durante los últimos ocho meses y con financiación de la Embajada Británica en Colombia- revela, además, que 8 de cada 10 defensores en el campo se sienten estigmatizados y 9 de cada 10 perciben que su organización o comunidad sufre señalamientos injustificados por causa de su trabajo.
Frente a los agresores, el 37% de los encuestados señaló haber sido amenazado o agredido directamente por los grupos paramilitares; el 6% señaló a la guerrilla (en este caso se constató que en algunas regiones hay conflictos por territorios que son frontera o ricos en recursos naturales entre las comunidades y la guerrilla).
El primer puesto como agresor, sin embargo, lo ocupa el Ejército Nacional con el 42% de los casos. Estas son, en su mayoría, realizadas de manera personal, aunque también es frecuente que se hagan mediante panfletos o notas públicas señalando a determinadas personas de las organizaciones. En estos casos, aunque son frecuentes las amenazas de muerte o desplazamiento, muchas tienen que ver con judicializaciones (32%).
Los líderes buscan medidas de protección. Foto: tomada del informe.“Esta cifra resulta escandalosa si se tiene en cuenta que se trata de la primera encuesta directa que se aplica a defensores de derechos humanos en las regiones, y exige una respuesta institucional y estatal que haga frente a una situación que sobrepasa cualquier intento de un plan protección”, dice el informe.
A pesar de que la Unidad Nacional de Protección (UNP), creada en 2011 por el gobierno nacional, estableció como uno de sus principios de acción el enfoque diferencial, actualmente no existen medidas específicas de protección para defensores de derechos humanos y líderes sociales en contextos rurales. Por este motivo, el CPDH aprovechó los preocupantes resultados de la encuesta y el trabajo colectivo con los líderes en región, para presentar una propuesta de “Protocolo con Enfoque Diferencial para defensores y defensoras de derechos humanos”.
Diego Martínez, secretario ejecutivo del CPDH, dijo este miércoles 9 de diciembre, que dicha propuesta fue construida desde las necesidades identificadas por los propios defensores en los talleres que se realizaron este año en 12 departamentos de cinco regiones del país (Caribe, Suroriente, Sur, Suroccidente y Nororiente).
El “Protocolo” incluye no solo medidas de prevención, medidas colectivas y medidas políticas para los líderes campesinos en riesgo sino que tiene un capítulo aparte para las mujeres defensoras de derechos humanos. Según la encuesta, 1 de cada 4 personas afirma haber conocido de algún tipo de ataque contra la integridad sexual de mujeres que trabajan en defensa de los derechos humanos.
Otras de las recomendaciones del CPDH tiene que ver con el fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina y el establecimiento de canales de comunicación oficiales, permanentes y directos con los responsables de derechos humanos de la Fuerza Pública y demás instituciones del Estado.
El Comité espera no solo que la UNP sino las demás entidades encargadas de la protección a los derechos humanos acojan este Protocolo pues, en el marco de los diálogos de paz, es de especial relevancia el papel de los líderes, en especial, los que permanecen en el campo. Las cifras son contundentes y el trabajo realizado hasta ahora por l Gobierno parece ser insuficiente. Es en el campo donde está en juego parte del éxito del postconflicto y la propuesta puede convertirse en un insumo útil para garantizar el ejercicio de los derechos de esta población.
