En un país donde muchas entidades ofrecen atención psicológica a las víctimas del conflicto, con múltiples enfoques e intereses, el papel de un programa nacional de rehabilitación psicológica podría parecer más de lo mismo. Pero, con alrededor del 10 por ciento de la población que ha vivido de cerca la violencia, los esfuerzos siguen siendo incipientes y es vital contar con un mínimo de coordinación y con una política nacional sobre el tema.
Ese es el argumento que da Carlos Jiménez Caballero, integrante de la mesa de expertos en reparaciones del ICTJ, convocada en el marco de un proyecto financiado por el Gobierno de Canadá, para proponer la creación de un sistema de acreditación de entidades que se dediquen o se quieran dedicar a la atención psicosocial en el país, sin que haya una institución única encargada de prestar este servicio. Habría, en cambio, un organismo que otorgue las acreditaciones, con participación de todos los sectores involucrados y no sólo del Estado.
“Cuando uno mira lo que fue el pavoroso efecto de la dictadura argentina, reconoce 30.000 desaparecidos. En otros países las cifras han estado por debajo, pero en Colombia hablamos de entre cuatro y cinco millones de víctimas –explica Jiménez–. Aquí el acumulado de cantidad se transforma en calidad, por el efecto que algo tan protuberante tiene sobre la sociedad en su conjunto”.
Jiménez es psicólogo, especializado en juventud, derechos humanos, género y atención psicosocial. Ha sido asesor de programas sociales liderados por entidades gubernamentales –como la Defensoría del Pueblo, la Vicepresidencia de la República y la Alcaldía de Bogotá– y no gubernamentales. Desde 2007 coordina un proyecto con menores desvinculados del conflicto armado, llamado Escuela de Derechos Humanos, de la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
¿Qué estándar de rehabilitación psicológica se podría construir ante a una oferta tan amplia de instituciones que se dedican a este trabajo en Colombia?
“En el panorama nacional hay una increíble cantidad de experiencias de muy distinto tipo, a cargo de entidades oficiales, ONG, parroquias, centros privados, y eso es positivo. Se dice casi cualquier cosa y se hace casi cualquier cosa a título de lo psicosocial. A mí eso en principio no me preocupa: hay de dónde partir en este momento para configurar una actuación más esquemática.
Hay una serie de derechos que hay que armonizar en un marco de reparación y la acción psicosocial aquí significaría dos cosas: acompañar al sujeto en el proceso organizativo de la vida cotidiana; de lo político, en procura de la verdad, la justicia y la reparación, y todo el proceso organizativo de sí mismo: cómo reconstruyo una narrativa de la vida sobre mí mismo que me permita asumir con algún sentido mi situación antes, durante y después de la victimización, y cómo lograr procesar el dolor. Hay que construir las condiciones de neutralidad para poder elaborar esos duelos”.
Uno de sus argumentos en la mesa de expertos es que un programa de atención psicosocial no debe partir del supuesto de que la gente está traumatizada. ¿Por qué hay que hacer esa salvedad?
“Hay un ejercicio que siempre hago cuando introduzco un taller de derechos humanos: darle a cada persona una tarjeta y decirle que escriba su primer recuerdo de violencia. Esos recuerdos tienen una presencia increíblemente vívida: la gente recuerda cómo estaba vestida, la intensidad de la luz, el color, los olores, y cada vez más me doy cuenta de que tienden a estar en tiempo presente. ¿Eso quiere decir que estas personas están traumatizadas? No. Hay una imagen violenta que no se pudo procesar, que quedó instalada en el cuerpo sin procesar.
En el trauma hay toda una secuencia de acontecimientos que se acumulan. Trauma es un suceso de una magnitud que desborda las posibilidades de un sujeto o de un grupo de tramitarlo como un acontecimiento con sentido. Por ejemplo, hay un testimonio de una mujer palestina que fue vejada delante de sus hijos y decía: “yo sé que esto es una agresión de los israelitas y esto tiene que ver con la causa palestina”. Esa mujer tiene menos posibilidades de configurar trauma que alguien que no pueda elaborar la agresión. Pero cosas aparentemente irrelevantes para alguna gente logran traumatizar a otra”.
¿Eso quiere decir que un programa de atención tiene que ser personalizado?
“No diría personalizado, sino contextuado. Parte del desafío que hay es que desde Bogotá solo se pueden escribir formulaciones generales y usted, allá en su contexto, tiene que mirar qué es lo que hay. Lo que se está proponiendo en la mesa de expertos es reconocer una inmensa riqueza dentro de lo que existe hoy como atención psicosocial en Colombia, pero también reconocer que es un trabajo incipiente. En términos generales lo que tenemos es un saber en construcción.
Propongo algo que es horroroso proponer para un país: un sistema nacional de atención a víctimas. Solamente se puede proponer como un mecanismo transitorio que entre a regular, con estándares básicos y mínimos, cómo acceder a atención psicosocial para acceder a acreditación. Esto implica proveer recursos a los que todas las instituciones que brindan atención psicosocial puedan acceder, y no solamente en un concurso que la descalifique sino asesorándolas para que lo logren, porque son cinco millones de potenciales víctimas”.
¿Eso descartaría la posibilidad de que haya una institución central brindando atención psicosocial?
“No hay manera de hacerlo así. Hay que crear un sistema de acreditación que asesore, capacite y permita el intercambio entre las instituciones que brindan atención psicosocial Este agente tiene que ser sensatamente pensado y reconocer que hay una experticia en este país a la que se tiene que acceder, sobre la base de reconocer a las ONG, entidades oficiales que lo están haciendo y las propias víctimas organizadas. Habría un agente que otorgaríala acreditación, y las ONG, las víctimas, los movimientos sociales y el Estado conformarían su junta directiva”.
Este programa sería transitorio, ¿desde cuándo y por cuánto tiempo?
“Pienso que el programa debería empezar ya y durar 10 años, aunque toda temporalidad en Colombia suele ser absurda, como cuando se firmó la salvaguarda con la Corte Penal Internacional: todo el mundo pensaba que el conflicto ya iba a estar resuelto a los siete años. Este programa hay que empezar a hacerlo ya. Sabemos que tiene mil limitaciones trabajar esto en el marco del conflicto armado. Es verdad que el peor escenario es el del conflicto armado, pero a la gente no se la puede abandonar y el conflicto no suspende los derechos. La gente tiene derechos y los tiene ahora”.
Publicado por el ICTJ
