A punta de asesinatos, secuestros y extorsiones, las guerrillas obligaron a decenas de familias de este municipio de Santander a abandonar sus tierras. Las sentencias de restitución documentan la tragedia ocurrida en la región.
El Ejército de Liberación Nacional (Eln) delinquió en Rionegro con el Frente Claudia Isabel Escobar Jérez. Fueron responsables de que muchas familias abandonaran sus fincas en los años 80 y 90 por las recurrentes extorsiones, amenazas y asesinatos. Foto: archivo Semana.Hasta hace menos de un año la información que existía sobre la historia del conflicto armado en este municipio, que está en el norte del departamento de Santander y es punto de partida en la vía que conduce hacia el mar Caribe, se concentraba en la violencia perpetrada por los paramilitares del Bloque Central Bolívar, Bcb, con su frente Sur Bolívar.
Entre 1999 y 2006 el municipio era ‘tildado’ de ser un centro de operaciones de las autodefensas, pero no era el único actor armado que había delinquido en la zona. Cuatro sentencias de restitución proferidas durante 2015 por el Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Bucaramanga y el Tribunal de Tierras de Cúcuta, documentan en minucia los crímenes y la historia de otro protagonista del conflicto en la región, del que poco se ha escrito: las guerrillas.
En los fallos, soportados en documentos y testimonios de víctimas de la zona, queda en evidencia la barbarie con la que actuaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Popular (Epl) y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), la segunda guerrilla activa del país y que según los anuncios del Gobierno Nacional, está próxima a sentarse en una mesa de negociación de paz.
En todas las decisiones, jueces y magistrados ordenaron la restitución de las fincas a las familias que fueron desplazadas, pero éstas pidieron que se les compensara con un predio de similares condiciones en otra región, argumentando que la tierra original les recuerda la tragedia o que el miedo persiste pese a que el conflicto mermó. Durante el desplazamiento y en medio de la necesidad, agravada en algunos casos por las deudas adquiridas con bancos, algunas familias decidieron vender sus parcelas y otras aseguran que fueron obligadas a ponerlas en venta. Como los predios fueron comercializados con el paso de los años, en gran parte de los casos, los jueces decidieron aceptar la “buena fe excepta de culpa” de los actuales propietarios de las fincas abandonadas.
VerdadAbierta.com reconstruye algunas de las historias de abandono provocadas por el Eln, una guerrilla que tuvo sus orígenes en el municipio de San Vicente de Chucurí, en Santander, y que sigue teniendo una presencia en varios pueblos del Magdalena Medio. En las historias se omiten los nombres reales de las víctimas como una forma de garantizar su seguridad.
El conflicto y el abandono del sur de Bolívar
“Le hicieron ‘consejo de guerra’ a mi mamá”
A la familia Mantilla* las guerrillas la hostigaron durante una década. El padre había comprado a principios de los años 80 una finca para cultivar alimentos y pasar los fines de semana junto a sus hijos. Las posibilidades de vivir y visitar su propia tierra se comenzaron a poner difíciles en 1985 cuando por la vereda Cuesta Rica comenzaron a rondar guerrilleros con diferentes brazaletes: Eln, Epl y las Farc.
Según lo documentaron investigadores de la Unidad de Restitución que acopiaron pruebas para presentar el caso ante el juez, en ese mismo orden fue que llegaron estas guerrillas a Rionegro. En los años 60, lo hizo primero el Eln con el Frente Claudia Isabel Escobar Jerez que delinquió en los municipios del nororiente del departamento, además de Rionegro, en El Playón, Suratá, California, Matanza, Vetas y Tona, en la provincia de Soto. Luego lo hizo el Epl con el Frente Ramón Gilberto Barbosa, y una década más tarde, las Farc, con el Frente 20 que además hizo presencia en Suratá, Lebrija, El Playón, Sabana de Torres y Puerto Wilches.
El 22 de septiembre de 1987 Pedro Mantilla* le pidió a su hijo que fuera a la finca a apoyarlo en las labores del campo. Ese fue el último día que Andrés* vio a su padre vivo pues en la madrugada siguiente un grupo de guerrilleros llegó a matarlo a la vivienda. “… me despertó un tiro en la pared y me cayeron esquirlas de cemento en el cuerpo, me levanté asustado por el impacto y sonaban muchos tiros, ya cuando reaccioné… vi tirado a mi papá en el piso dentro de la habitación”, relató Andrés, quien supo más tarde por sus vecinos que cerca del cuerpo, el Frente 20 de las Farc arrojó un panfleto atribuyéndose el crimen.
La familia no entendía el porqué del asesinato. Más tarde ataron cabos y un vecino recordó que, bajo presión, Pedro transportó en su jeep a un grupo de soldados que pidieron ayuda para salir a la carretera. Pedro le había confesado a su vecino que sentía miedo, pues si la guerrilla se enteraba de lo ocurrido era seguro que buscaban para matarlo. Tres meses después lo asesinaron.
Con una tierra pendiente por cultivar y ganado para el engorde, la familia decidió contratar a un administrador al que conocían como ‘Pipas’ para los trabajos de la finca. En los testimonios consignados en la sentencia, la familia aseguró que el trabajador incumplió con las tareas asignadas por lo que decidieron despedirlo. Pero el administrador se quejó de la decisión con el comandante ‘Alejandro’ del Eln, quien citó a la viuda de Mantilla a un ‘consejo de guerra’. Concluyeron que ella “tenía la razón”, pero más tarde el Frente 20 les dio el ultimátum.
“Una guerrillera llamada Marta llegó y me dijo, mire, compañera, venda esa mierda y váyase si no quiere que le pase lo de su marido”, recordó la viuda. Preocupados por esta amenaza y por los constantes merodeos del Eln, pues las guerrillas pululaban en la zona, la familia decidió venderle al primero que accedió a comprarla en 1993. Salieron desplazados al igual que otras 200 familias ese año por el conflicto armado, según datos del Registro Único de Víctimas de la Unidad Nacional de Víctimas.
“Nos fuimos por tantas amenazas”
Ramiro Peralta* explicó que la situación se complicó en 1993 cuando recibió una visita de alias ‘Uriel’ y ‘Juancho’, del Eln, quienes le “exigieron una colaboración de mercados animales y comida”. La familia se resistió a suministrarles lo exigido, de manera que el grupo guerrillero lanzó un artefacto explosivo al interior de la vivienda que alcanzaron a sacar antes de la detonación. ‘Juancho’ les ordenó abandonar la finca en un plazo máximo de 48 horas.
Los Peralta siguieron resistiendo pero luego fue el Epl, que en cabeza de alias ‘Mecha Fina’ les ordenó prestar la finca para reuniones del grupo ilegal y hacer propaganda. Como también se negaron, esta guerrilla también los amenazó con que tenían que abandonar la tierra. Después de varias amenazas, la familia no aguantó más y en abril de 1994 salieron desplazados hacia otro municipio de Santander, al igual que otras 157 familias de la región.
Con la esperanza de no perder del todo los cultivos, dejaron encargado a un señor de la finca que también fue amenazado y la tierra quedó totalmente abandonada. Las cuentas de los créditos no les dieron espera y por eso, le explicaron al juez que terminaron vendiéndola un año después. “… Cada vez que les antojaba venían y se llevaban un pollo… en dos ocasiones casi me matan en la casa. Yo les decía que por qué nos decían sapos y era en realidad porque no les prestábamos el televisor o la grabadora… luego circuló una lista con nombres de personas y la gente se comenzó a ir”, aseguró uno de los habitantes de la vereda.
Los asesinatos, el detonante
Otras dos familias, los Pérez* y Los Peña* abandonaron sus fincas después del asesinato de familiares o amigos. Los primeros cultivaban desde mediados de los años 80 dos fincas que sumaban siete hectáreas en la vereda La Cristalina donde trataban de sobrevivir en medio de la zozobra generada por las guerrillas. Pero la vida les cambió el 19 de febrero de 1998 cuando 15 guerrilleros del Epl, bajo las órdenes de alias ‘Viejo Julio’, asesinaron a Manuel Pérez*, el menor de los hijos.
Manuel había ingresado al Ejército a prestar su servicio militar para solucionar el tema de la libreta militar, que el Gobierno les exige a los hombres una vez terminen sus estudios de bachillerato. La familia concluyó que su hijo terminó siendo un ‘objetivo militar’ de la guerrilla, una situación que a su juicio es incomprensible cuando personas como ellos no tenían otra opción diferente a enviar a su hijo a las filas de la fuerza pública.
Los Pérez se desplazaron de forma temporal y retornaron con la esperanza de poder sobrevivir en sus tierras, que eran su único sustento. Sin embargo, ocho meses después, en 1999, de nuevo fueron expulsados por el constante asedio de la guerrilla. Según le relataron al juez, la amenaza fue de muerte para todos los integrantes de la familia. Desesperados, pusieron en venta las fincas para con este dinero tratar de sobrevivir en alguna ciudad. “Esa fue una época terrible. Hubo muchos muertos. Allá estaban las Farc, el Eln y el Epl pero uno no los distinguía porque los uniformes eran iguales”, dijo uno de los reclamantes de tierras.
La otra familia, los Peña, fueron extorsionados por años y se desplazaron de la vereda La Misiguay en 1999 tras el asesinato de un amigo. Según relataron ante el juzgado, en 1998 el Eln comenzó a frecuentar su finca de 21 hectáreas obligándolos a pagar la ‘vacuna’. Durante dos años, fueron forzados a pagar cada mes entre 150 mil y 350 mil pesos de la época a cambio de poder permanecer en la tierra y sostener los cultivos de café.
Con el tiempo, las extorsiones aumentaron de monto y cuando la familia no pudo recaudar el dinero le robaron la cosecha. En 1999 dos integrantes del Eln llegaron a la finca a exigirles más dinero, una ‘cuota’ de millón y medio, luego otra de cinco millones. Como la familia ya estaba prácticamente ilíquida, les robaron el ganado. Desesperados, los Peña abandonaron la finca y se desplazaron a la ciudad tratando de sobrevivir con un pequeño negocio de comida que tenían como negocio.
En el año 2000, un guerrillero llegó al local comercial y los amenazó porque habían evadido sus ‘obligaciones’ con el grupo. Para evitar un secuestro, los Peña les dijeron que vendían el negocio para pagarles la extorsión de los 5 millones de pesos. Cansado del miedo, un amigo y socio de la familia decidió denunciar lo sucedido ante el Ejército, pero al poco tiempo fue asesinado por la guerrilla. Durante cuatro años más continuaron las intimidaciones, al punto que en 2004 les ordenaron vender la finca a cambio de que no le incendiaran la casa o detonaran una bomba en la finca.
Estas cuatro historias ponen en evidencia el drama de otras familias de La Cristalina, El Aburrido, Cuesta Rica y El Misiguay y del resto de veredas de Rionegro, de donde salieron desplazadas por lo menos 2 mil 642 personas entre 1985 y 1999, período de mayor presencia de las guerrillas, antes del ingreso de los paramilitares del Bloque Central Bolívar.
Aunque no hay una dimensión del abandono de tierras provocado por las Farc, el Eln y el Epl en la región, estas primeras sentencias dan luces para comprender los antecedentes de un conflicto armado que se agudizó con el paramilitarismo y perduró hasta 2006 cuando el Bcb se desmovilizó.
*Nombres cambiados para proteger a las víctimas.
