Tribunal de Justicia y Paz de Medellín decidió que cuatro bienes entregados por este pequeño grupo subversivo tienen problemas para ser asumidos por el Fondo de Reparación a Víctimas.
Un análisis de la Unidad de Víctimas a los bienes que entregó la guerrilla del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) encontró que no se podía disponer de ellos para resarcir a los afectados por este grupo armado, que delinquió en Risaralda y Chocó entre 1993 y 2008, cuando se desmovilizó.
La decisión se tomó tras encontrar que los hermanos Octavio, alias Cristobal, El ‘Cucho’, ‘Viejo’ o ‘Roble’; Efraín, alias ‘Juan Pablo’; y Lisardo Sánchez Caro, poseían derechos herenciales sobre tres fincas y unacasa, pero que no era posible disponer de ellos porque ya se había repartido la herencia entre los familiares del padre de los guerrilleros y fue imposible determinar qué parte le correspondió a los desmovilizados.
Según la Unidad de Víctimas para lograr recuperar los bienes para las víctimas sería necesario instaurar un derecho de petición de herencia o hacer una nulidad de la sucesión, para que se diera una nueva repartición, lo que en teoría dilataría el proceso de reparación.
Los familiares de los hermanos Sánchez se declararon terceros de buena fe dentro del litigio, por ese motivo la Unidad de Víctimas aseguró que no se puede considerar saneables los derechos herenciales y, por lo tanto, no se pueden identificar los bienes para la reparación de las víctimas, requisitos para que los mismos puedan entrar al Fondo de Reparación. “Al no poder identificar los bienes, que los derechos herenciales no sirven para reparar a las víctimas”, explicó el funcionario de la Unidad que realizó el estudio.
Este funcionario dijo, además, que las fincas entregadas por los guerrilleros están ubicadas en terrenos montañosos, sin vías de acceso, en zonas de bosque y que en el hipotético caso de ser entregadas al Fondo de Reparación “serían una carga para la entidad, muy poco o nada se podría extraer de beneficio”.
Al resolver que los bienes no podían ser usados para reparar, la magistratura pidió que se investigara a los familiares de los Sánchez Caro por fraude procesal en la sucesión de su padre, ya que en la misma no se incluyeron a los ex guerrilleros.
Esta decisión se da a pocos días de que la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía le impute cargos a veinte postulados de ésta organización los delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzado, secuestro, reclutamiento ilícito y algunas conductas de violencia basada en género, que dejaron por lo menos 156 víctimas y 53 familias desplazadas.
Los Sánchez Caro y su guerrilla
Esta guerrilla, una disidencia del Eln, dejó buena parte de sus víctimas en la frontera entre Antioquia y Risaralda, en donde nació tras haber sido parte del Frente Ernesto Che Guevara de ese grupo armado ilegal.
Una facción de este grupo subversivo fue conformada por los hermanos Sánchez Caro. La primera en entrar fue Yolanda, después le seguiría Olimpo, a quien se le conocería con el alias de Cristóbal, El ‘Cucho’, ‘Viejo’ o ‘Roble’ y quien llegó a ser el segundo al mando y encargado de la parte militar. De esta forma fueron entrando otros familiares hasta conformar un frente que llegó a tener alrededor de 150 hombres.
La escisión del Eln se da en 1993, tras presentarse diferencias con el Comando Central de esa organización, que decidió no confrontar con el Estado mientras adelantaba aproximaciones con el gobierno de César Gaviria. Entonces fue cuando Olimpo decidió conformar su propia guerrilla tras un acuerdo con alias ‘Alirio’ o ‘Capunía’, primer al mando del Frente Ernesto Che Guevara del Eln.
El nuevo grupo, al que bautizaron Ejército Revolucionario Guevarista, empezó a realizar ataques contra el Estado y contra la población civil de la región de Bagadó, Tadó y Carmen de Atrato, en Chocó; y en Ciudad Bolívar, Andes y Betania, de Antioquia.
Según la Unidad de Justicia y Paz, en algunos casos se presentaron combates contra la Fuerza Pública, toma a poblaciones, emboscadas a patrullas de la Policía Nacional, “de igual forma se atacó de forma sistemática y generalizada a la población civil, cometiéndose en contra de ellos delitos como homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, desplazamientos forzados, reclutamientos ilícitos, entre otros”.
Estos guerrilleros aceptaron haber hecho una emboscada a un batallón de la VIII Brigada, dos tomas a Bagadó en 1997 y 2000, y un ataque a la IV Brigada.
Pero el crimen de mayor repercusión que cometió este grupo fue el secuestro del cuidadano español Ignacio de Torquemada, cooperante de la organización internacional Médicos Sin Fronteras, retenido el 25 de julio de 2000 en un retén ilegal en la vía que conduce a Santa Cecilia, entre Risaralda y Chocó. Torquemada fue liberado en enero de 2001.
Pero quienes más padecieron a esta guerrilla fueron los habitantes de Carmen de Atrato, en donde aún se recuerda el secuestro y asesinato de de Luz Amparo Vélez e Isabel Olaya, por quienes cobraron su rescate, pero fueron baleadas en cautiverio, y también los plagios del taxista Raúl Sánchez y del ganadero Carlos Mario Londoño Rico, también muertos en cautiverio, hechos que fueron reconocidos por los desmovilizados.
Según documentó la Unidad de Justicia y Paz, subversivos del Erg realizaban retenes ilegales en el puente de La Unión, en la vía que comunica a Santa Cecilia, Risaralda, con Guarato, Chocó, en donde secuestraban a buena parte de sus víctimas, en esencia ganaderos y comerciantes de la región.
A esta guerrilla también se le atribuye haber azotado a varias comunidades indígenas, en especial a los Embera Katío del Chocó y Embera Chamí de Risaralda. De hecho, en esta imputación se le inculpará por el reclutamiento forzado de indígenas de varias veredas de Carmen de Atrato, como Zabaleta, La Puria, El Consuelo, El Fiero, en su mayoría de la étnia Embera Katío.
En el grupo que se desmovilizó en 2008 se encuentran tres indígenas de esa comunidad, Aníbal Duave Valencia alias ‘Gustavo’ y Albeiro Vitucay Campo, conocido alias de ‘Perro Gato’, y Jairo Guaitoto Moño, quien recientemente renunció a Justicia y Paz.
La Fiscalía encontró que a raíz del accionar del Erg, y sus combates con el Ejército y el Frente Élmer Cárdenas de las Autodefensas en la región, buena parte de estas comunidades indígenas fueron desplazadas de sus territorios.
De hecho en esta primera imputación priorizada, al grupo de desmovilizados se le imputará el reclutamiento de 21 menores de edad, el desplazamiento de 53 familias, 89 secuestros, 23 casos de abuso sexual y la desaparición de 38 personas, entre otros casos.
