Alegando una herencia familiar, un hombre, en representación de su familia, solicita en restitución varias hectáreas que poseen yacimientos de oro. El litigio más fuerte no ha sido con el Estado sino con la guerrilla, que lo declaró objetivo militar.
Hay indicios de que la guerrilla de las Farc se está lucrando con extorsiones a mineros del Bajo Cauca antioqueño.
Entusiasmado con la idea de ser propietario de tierras con incalculable riqueza aurífera, Álvaro Noguera, un próspero administrador de empresas de Barranquilla, decidió un día de 2010 abandonar su cómoda vida ejecutiva en la cosmopolita capital atlanticense para embarcarse en un viaje que lo llevaría al agitado Bajo Cauca antioqueño.
De niño creció escuchando historias sobre unos predios propiedad de su familia ubicados en los alejados municipios antioqueños de El Bagre y Zaragoza; de cómo familiares suyos las explotaron por un tiempo pero luego los dejaron abandonados por cuenta de la violencia guerrillera de finales de la década de los ochenta y de cómo él tenía derecho sobre ellas por herencia.
Pero lo que terminó impulsándolo a comprobar por cuenta propia lo que tanto le habían dicho fue la petición de María, su tía abuela, una mujer que vivió buena parte de su vida en una finca a orillas del río Pocuné, que separa los municipios de Zaragoza y Segovia, quien por cuenta de la violencia paramilitar en la zona abandonó la tierra en 2004 y se fue a vivir a Barranquilla.
Fue ella quien le pidió en varias oportunidades que recuperara las tierras que su padre le dejó como herencia. Y fue así como Álvaro llegó al municipio de El Bagre en noviembre de 2010, para reclamar lo que, según su tía abuela, le pertenecen a él y a su familia. Al llegar a la región, comenzaron sus problemas. Su búsqueda lo llevó al corregimiento Puerto López y luego a lo más profundo de la zona rural. Y Allá, donde se encuentran los predios supuestamente heredados, descubrió que quien impone la ley no es el Estado colombiano, sino la guerrilla de las Farc.
“Yo había contratado un topógrafo de la región para que me ayudara a identificar y medir las tierras que decían las escrituras. Y como a los días de estar allá, por intermedio del topógrafo me mandó llamar un muchacho que le decían ‘Pedro Chilapo’, que me necesitaba. Después me doy cuenta que era miliciano de las Farc”, recuerda.
Alias ‘Pedro Chilapo’ lo condujo a un campamento del grupo guerrillero con el pretexto de que necesitaban dialogar con él. Álvaro terminó entrevistándose con un “comandante fariano” al que conoció con el alias de ‘Jimmy’ quien, después de escuchar su historia, le pidió que se quedara en Puerto López, a la espera de nuevas instrucciones. “Y pasaron como 20 días y nadie me buscaba ni nada, pero tampoco me podía mover. Hasta que un día llega ‘Pedro Chilapo’ y me dijo que me podía ir”, recuerda Álvaro.
El incidente no menguó las intenciones del barranquillero de dar la pelea jurídica para recuperar unos predios que, según documentos en su poder, le fueron cedidos a su padre por herencia de su abuelo y en donde, además, existen ricos yacimientos de oro. Y en esas estaba, recorriendo las oficinas de la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, personerías municipales, entre otras, cuando en marzo de 2012 recibió una llamada que aún hoy recuerda con claridad.
“Un concejal de El Bagre, conocido mío, me dice que tengo que ir urgente a Puerto López. Cuando llego, estaba alias ‘Pedro Chilapo’ esperándome. Me dice que había unos jefes de él que me querían conocer”. Álvaro se embarcó con el miliciano en un viaje que lo llevó a lo más profundo de la selva que separa al Bajo Cauca antioqueño del Sur de Bolívar. Su destino fue un campamento de las Farc donde lo esperaban dos guerrilleros que se le presentaron como alias ‘Félix Saldaña’ y alias ’Anderson’; este último actual comandante del Frente 36 de esta guerrilla y uno de los insurgentes más buscado por las autoridades.
“Estando allá, este señor ‘Félix Saldaña’ me dice que cuáles son mis intenciones con esas tierras, que ellos ya las están explotando. Y bueno, le digo que quiero recuperar las tierras y trabajarlas con los campesinos”, rememora el barranquillero.
A partir de ese momento, comenzó su suplicio, pues su negativa le generó amenazas de muerte. Hoy vive con un fuerte esquema de seguridad que lo protege de las intenciones de las Farc de atentar contra su vida tras declararlo objetivo militar si continuaba con su reclamación.
¿Las minas de las Farc?
A juicio de este administrador de empresas barranquillero, las amenazas contra su vida obedecen al interés del grupo guerrillero de apropiarse de unos predios que, documentos en mano, afirma que le pertenecen a su familia. En esas tierras actualmente operan por lo menos 30 máquinas retroexcavadoras que extraen grandes cantidades de oro diariamente. Las utilidades de este negocio van directamente a las arcas de las Farc.
No exagera en su afirmación. En aquellos municipios del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño donde la economía gravita en torno a la minería del oro, tales como Cáceres, Nechí, Zaragoza, El Bagre, Segovia, Remedios, Anorí y Briceño, la injerencia de la guerrilla de las Farc en esta actividad económica es bastante notoria.
Información acopiada por funcionarios de la Defensoría del Pueblo establece que Pedro Trujillo Hernández, alias ‘Alberto Cancharina’, uno de los hombres más cercano al comandante del Bloque Magdalena Medio de las Farc, alias ‘Pastor Alape’, es responsable de la explotación directa de varias minas en zonas rurales bastante apartadas de los municipios de El Bagre, Segovia, Remedios y Zaragoza y que, a través de varios testaferros, el subversivo es propietario de varias retroexcavadoras desperdigadas por todala región.
VerdadAbierta.com quiso corroborar lo anterior con las autoridades departamentales, pero dificultades de índole personal le impidieron al Secretario de Gobierno atender a este medio.
Quien no tiene dudas sobre la capacidad de control que tienen hoy las Farc sobre la actividad minera en varios municipios del Nordeste y Bajo Cauca antioqueño es Rubén Darío Gómez, integrante de la Confederación Nacional de Mineros. Según él, en zonas apartadas de estas regiones, donde el Estado brilla por su ausencia, “si las Farc le dicen a un minero que no puede entrar, pues no entra y punto”.
Cuenta el líder minero que “en estos territorios, los pequeños y medianos mineros, para poder ejercer su actividad, deben sortear varias dificultades: primero, demostrarle al Estado que nuestra actividad es legal y; segundo, pagar las vacunas que imponen o bien las bacrim, o bien las Farc, o bien los ‘elenos’ y, en el peor de los casos, los tres grupos armados”.
De acuerdo con Gómez, en las zonas donde hace presencia las Farc, los mineros deben cancelar extorsiones, conocidas como ‘vacunas’, que van desde los dos hasta los cinco millones de pesos por cada retroexcavadora que ingresen, además de un porcentaje por el producido.
“Ahora, no sabría decir si ellos exploten minas de ellos. No creo. Más fácil resultaría esperar la ‘vacuna’. El problema para el minero que no pague es que le quitan la maquinaria y lo destierran de la zona. Yo personalmente conozco un par de casos, en esa región, donde la guerrilla se quedó con maquinaria porque los mineros no tuvieron cómo pagar la ‘vacuna”, explica el dirigente del gremio minero.
Según fuentes judiciales, se estima que por cuenta del cobro extorsivo a los pequeños y medianos mineros, las facciones de las Farc que tienen presencia en la región aurífera antioqueña del Nordeste y Bajo Cauca, tales como el frente Gerardo Guevara o el Frente 36, estarían recibiendo entre cinco mil y 10 mil millones de pesos mensuales, lo que se ha convertido en su principal fuente de financiación.
El flujo de recursos que genera la extorsión a pequeños y medianos mineros abre varios interrogantes, entre ellos qué tan probable será una dejación de armas de este grupo subversivo si se tiene en cuenta que Antioquia, según cifras de la Agencia Nacional de Minería, fue el departamento del país que más producción de oro reportó en el 2013: cerca de 20 toneladas del metal precioso fueron extraídas de tierras antioqueñas, de las cuales, las autoridades departamentales estiman que más del 60 por ciento de esta producción se dio en los municipios del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño.
El gremio minero también tiene inquietudes. Según Gómez, “por la fuerza de las circunstancias, los mineros han tenido que convivir con ellos, ahí están. Eso no se puede ocultar. Pero digamos que sí, que hay un acuerdo y dejan las armas, ¿trabajarán hombro a hombro con los mineros? ¿Pedirán que les entreguen algunos territorios para hacer minería y nosotros, que toda la vida hemos peleado por la formalización, qué? ¿O simplemente ‘mudarán de piel’ pues todavía quedan otras fuerzas armadas en el territorio?”.
Sin solución a la vista
Mientras las discusiones políticas se encargarán de despejar interrogantes que todavía se ven abstractos, Álvaro Noguera espera que la Unidad de Restitución de Tierras y la Unidad Nacional de Protección puedan darle solución a problemas más concretos, y urgentes, como, por ejemplo, que las autoridades emitan un concepto de seguridad favorable para El Bagre, de tal manera que la Unidad de Restitución de Tierras pueda iniciar un proceso de microfocalización, paso previo para tramitar las solicitudes de restitución.
Hasta el momento uno de los obstáculos para atender estos reclamos son justamente los constantes conceptos negativos de seguridad que emite el Ministerio de Defensa sobre el Bajo Cauca antioqueño, lo que impide adelantar los procesos de reclamación.
“Lo que me ha respondido la Unidad es que como allá donde están las tierras que estoy reclamando no se ha microfocalizado, entre otras cosas por razones de orden público, pues mi caso todavía no se puede analizar”, dice Noguera.
De otro lado, este reclamante tiene medidas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, luego de presentar su caso ante esta dependencia estatal, las cuales le fueron reforzadas hace varios meses dada su situaciòn de riesgo.
Pese a que ha denunciado su caso en todas las entidades del Estado que atienden este tipo de casos y de tener soportes documentales de cada una de sus diligencias, la situación de seguridad se ha venido complicando para Noguera y su familia, por cuenta, según sus relatos, de la codicia de las Farc por la tierra y por el oro.
