En zonas de Antioquia, Cauca, Córdoba y Nariño han circulado mensajes de organizaciones armadas en los que hacen llamados perentorios a los pobladores para que se tomen en serio la cuarentena decretada desde el 23 marzo. Además, la presión a las comunidades también es por temor a contagiarse y morir, o caer presos al buscar asistencia médica.
A la incertidumbre que genera la creciente expansión del letal virus conocido como Covid-19 en el país, que ya suma 1.780 casos y 50 muertos confirmados, y los efectos económicos que genera la medida adoptada por el gobierno nacional de la cuarentena obligatoria, ampliada este lunes hasta la medianoche del próximo 26 de abril, se suma la zozobra que genera el supuesto control que imponen de manera arbitraria grupos armados ilegales en varias regiones del país.
A través de panfletos y mensajes por redes sociales como WhatsApp, advierten a las comunidades que deben acatar la orden de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el gobierno nacional. Quienes incumplan podrían ser asesinados. Hasta el momento se desconoce si, por cuenta de esas órdenes perentorias, han llevado a cabo sus amenazas.
Sobre el tema son pocas las autoridades que hablan, y aquellas que se atreven a hacerlo dicen desconocer del tema, además de que solicitan no ser identificados por razones de seguridad. Quienes sí hablan, a cambio de mantener su anonimato, son algunos líderes sociales y analistas regionales. Unos y otros expresan sus preocupaciones por el impacto que las supuestas imposiciones de presuntos grupos armados ilegales tienen entre unas comunidades atemorizadas por el creciente número de infectados por Covid-19 en el país y su empobrecimiento debido al aislamiento al que están sometidas.
Este portal se dio a la tarea de recopilar mensajes emitidos al parecer por distintas organizaciones armadas ilegales. Se obtuvieron panfletos, mensajes en redes sociales y fotografías a nombre de las Guerrillas Unidas del Pacífico (Gup); el Frente Oliver Sinisterra; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc); disidencias del Frente 18 de las Farc; el Bloque Virgilio Peralta Arenas; disidencias del Frente 6 de las Farc; y la guerrilla del Eln.
Esos mensajes han sido distribuidos en regiones de los departamentos de Antioquia, Cauca, Córdoba y Nariño, donde esos grupos armados ilegales imponen a sangre y fuego sus órdenes, violando cualquier distinción de la población civil y afectando bienes civiles.
Preocupación en Nariño
En este departamento fronterizo con la república de Ecuador varios grupos armados ilegales libran desde hace varios una guerra sin cuartel por dominar áreas de cultivo de hoja de coca para uso ilícito y entables de procesamiento y cristalización del clorhidrato de cocaína.
A la par de ser uno de los departamentos con más áreas sembradas con hoja de coca, con cerca de 45 mil hectáreas, está en alto riesgo debido al grave impacto que ha tenido el Covid-19 en el país vecino. Hasta el momento (martes), el Instituto Nacional de Salud (INS) reporta siete personas afectadas en Nariño.
Uno de los panfletos fue el divulgado el pasado 2 de abril supuestamente por las Guerrillas Unidas del Pacífico (Gup), un grupo armado ilegal dedicado a actividades del narcotráfico que surgió en medio de las conversaciones de paz entre las antiguas Farc con el Estado colombiano. En su mensaje, centró su atención en el municipio de Mosquera.
“Señores habitantes del Municipio de Mosquera y sus alrededor (sic) el grupo armado Guerrillas del pacífico (sic), le informa a la comunidad en general del casco urbano y sus veredas a que acaten las medidas de prevención sobre la pandemia del COVID-19 que se está presentando en el mundo y más en nuestros pueblos del pacífico (sic) que son olvidados por el estado (sic) colombiano”, se lee en el volante. A continuación, plantea seis prohibiciones, a las que califica de “urgentes” y reitera el mensaje de “todos en casa por su salud”.
“Se prohíben las entrada y salida de lanchas que venga (sic) de otros municipios del pacífico (sic) y que vallan otros municipios (sic)”; “Se prohíbe la entrada de embarcaciones que venga (sic) desde ecuador ya sea forastero o persona del municipio de Mosquera”; “La comunidad en general debe estar en sus casas pasando la medida de prevención”; “Todo hijo de puta que se mire en las calles después de las 2:00 pm se atengan a las consecuencias. ¿No estamos jugando? (sic)”; “Las personas de las veredas solo pueden venir a mercar”; “A todo hijo de puta que habrá (sic) negocios de bebidas, billares, discoteca, juegos de naipe, domino (sic), parque (sic) y bingo se atengan a las consecuencias. ¿No estamos jugando? (sic)”. (Ver panfleto)
Además de las Gup, en el Pacífico nariñense también hacen presencia armada el Frente Oliver Sinisterra (Fos), una temprana disidencia de las Farc en esta región, que actualmente sostiene una confrontación armada con un grupo al que se identifica como ‘Los Contadores’. Ambas se dedican al tráfico de estupefacientes hacia mercados internacionales, aprovechando el océano Pacífico.
Si bien en un comunicado enviado presuntamente por el Fos el pasado 1 abril no hace referencia a medidas tomadas a raíz de la propagación del Covid-19, en su guerra con ‘Los Contadores’, impuso de manera arbitraria varias medidas que afectan a las comunidades en sus zonas de influencia, entre ellos el golpeado corregimiento de Llorente, a 40 kilómetros de Tumaco.
El Fos ordenó, entre otras medidas, que los vehículos que transiten entre el kilómetro 85 y el puerto tumaqueño deben hacerlo con los vidrios abajo; la no presencia de vendedores ambulantes, motocicletas y carros obstaculizando la vía principal del corregimiento; toque de queda entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana; cierre de todos los hoteles desde el corregimiento La Guayacana hasta el kilómetro 63; y el cierre de establecimientos públicos, entre ellos bares, cantinas, billares y discotecas. (Ver panfleto)
Esas medidas hacen parte del control que trata de imponer este grupo armado ilegal justo cuando las comunidades, rurales y urbanas tratan de ajustar sus vidas a las regulaciones cotidianas en medio de la pandemia.
De hecho, esa guerra ya dejó las primeras víctimas civiles. En la madrugada del pasado sábado fue atacado un vehículo que portaba una bandera de misión médica y que salió del municipio de Barbacoas con destino a un centro asistencial de Tumaco con cuatro personas: el conductor, una paciente en grave estado de salud y en embarazo, su acompañante y un paramédico. Cuando transitaban por la vereda El Vaqueiro, fue atacado con armas de fuego.
En el sitio pereció el conductor, Wilson Quiñonez, y la paciente (Lorena Quiñonez). Salieron con vida del ataque el paramédico y el acompañante de la mujer enferma. De acuerdo con fuentes consultadas, la acción armada habría sido perpetrada por hombres del grupo conocido como ‘Los Contadores’, quienes, además, le prendieron fuego al vehículo. Las autoridades civiles regionales solo se limitaron a lamentar el hecho, sin que ahondaran en mayores explicaciones.
Ante ese ataque se volvió a pronunciar el Fos, negando cualquier relación con el ataque; además, hicieron un llamado a “las organizaciones de derechos humanos, defensoría del pueblo (sic) y ONU verifiquen y velen por la seguridad de las comunidades indefensas”, y denunciaron que sectores de la Fuerza Pública destacados en la región protegen a los jefes de ‘Los Contadores’, entre ellos a un hombre conocido como ‘Mario 40’. (Ver panfleto)
Por el momento, las autoridades regionales no hablan al respecto, pese a que este portal intentó comunicarse directamente con algunos funcionarios locales y regionales. Quien sí habló fue un analista que conoce bien la región, a quien le preocupa los impactos que tiene la mezcla de la calamidad por cuenta del Covid-19, las imposiciones de control social y las acciones de guerra.
“La orden que tienen las autoridades militares y de policía es que verifiquen la veracidad de los panfletos”, detalla el analista consultado, quien por razones de seguridad no admite que se publique su nombre. “Hasta el momento no se conoce pronunciamiento alguno sobre la ejecución de esa orden”.
Un aspecto que resalta es que, de acuerdo con su interpretación de la situación, los grupos armados ilegales no han desmentido esos panfletos, “lo que podría indicar que sí son auténticos, pero son las autoridades las que deben determinar eso”.
De otro lado llamó la atención sobre lo que podría significar la restricción de movilidad de las personas en una zona fronteriza donde los pasos hacia uno y otro país son de fácil acceso: “Mientras menos gente haya en las trochas es mejor para los intereses del narcotráfico. No quieren flujos masivos de personas en esos caminos. Y la gente no se lo está tomando en chiste, lo está tomando en serio”.
Por lo pronto, a la Fuerza Pública se le ha pedido en dos consejos de seguridad realizados en los últimos días que ejerza un estricto control en la vía Pasto-Llorente-Tumaco y en zonas aledañas, para contrarrestar a los grupos armados ilegales que trajinan por allí.
Los Awá, acosados
Varios resguardos del pueblo Awá, una comunidad indígena ancestral de Nariño, soportan no solo las imposiciones arbitrarias de los grupos armados ilegales, sino los dramáticos efectos de las medidas tomadas por el gobierno nacional para contener el avance del Covid-19. A la par de cuidarse de unas estructuras criminales que invaden sus territorios y afectan sus costumbres, deben hacerlo también de un virus que podría ser letal y diezmarlos en el mediano plazo. (Leer más en: Pueblos indígenas ponen a prueba su supervivencia en medio de pandemia global)
La crítica situación fue advertida el pasado 29 de marzo mediante un comunicado divulgado por el Resguardo Piguambí Palangala, en el que habitan por lo menos 1.300 indígenas, entre hombres, mujeres y menores de edad.
“Nuestras comunidades con el transcurso de los días, empiezan a manifestar que afrontan escases de alimentos, algunos incluso que están pasando dificultadas tan fuertes que tienen hambre, lo que se empieza a volverse una crisis alimentaria sin precedente alguno en nuestras comunidades”, plantea el documento emitido por los Awá y calificado como un “llamado desesperado en busca de ayuda.
“Carecemos en nuestras casas de alimentos suficientes y nutritivos, que nos permitan proteger a la población adulta mayor, y a los niños y niñas, por todos los días que continuará la cuarentena”, agrega el comunicado y asevera que por el momento esos nutrientes los están supliendo con harina de plátano, chiro (banano pequeño) y yuca.
“Es en ese sentido -clamaron los Awá- antes de que inicie la hambruna, y veamos el desfile de nuestra gente saliendo a la carretera a buscar solución a sus necesidades, solicitamos de manera urgente que se nos de la mano, brindarnos apoyo alimentario para destinarlos a las familias indígenas Awá que más lo están necesitando en estos momentos, para afrontar los días, y las semanas que se vienen”. (Ver comunicado)
Ese mensaje fue reiterado a través de una carta remitida el pasado 2 de abril a los presidentes Iván Duque, de Colombia, y Lenin Moreno, de Ecuador, y respaldada por la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA); Asociación de Cabildos del Pueblo Awá del Putumayo (ACIPAP); Cabildo Mayor Awá de Ricaurte de Colombia (CAMAWARI); y la Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE). (Ver carta)
“En los últimos treinta años como pueblo Awá hemos sufrido frente al accionar y la presencia de diferentes grupos armados legales e ilegales, que nos ha llevado a considerarnos como sujeto colectivo víctima del conflicto armado”, dicen en la misiva y agregan que esa acción de grupos armados “ha generado que cientos de familias estén en situación de desplazamiento, amenazas y reclutamiento”.
Para respaldar su argumento, expusieron el caso del asesinato del joven indígena Wílder García, de 18 años de edad, ocurrido el pasado 28 de marzo en su casa del resguardo Tortugaña Telembí, del municipio de Barbacoas, hasta donde llegaron integrantes de un grupo armado y lo balearon delante de su esposa y sus dos pequeñas hijas.
El mensaje enviado a ambos mandatarios tenía un mensaje claro: respeto por sus territorios ante los anuncios de militarización anunciados por autoridades regionales de ambos países para controlar el paso irregular de personas en ambos lados de la frontera como parte de las estrategias para contener la expansión del Covid-19, y coordinación de las tareas de control territorial.
Además, se quejaron de lo que pasa en tres de sus resguardos: “Se ha registrado el ingreso de fuerza pública para realizar trabajos de erradicación forzada, generando comunicaciones y contacto con la población Awá, sin ninguna coordinación ni protocolos de salud”.
“Este tipo de acciones deben estar coordinadas con las autoridades indígenas Awá para salvaguardar la gobernabilidad y autonomía en el territorio Awá”, reiteraron en su carta e insistieron que se adelantaran labores de concertación: “es la Guardia Indígena ɨnkal Awá quienes están salvaguardando el orden en el territorio que le corresponde al pueblo Awá, respetando los territorios y la autonomía de otras autoridades como es la de los Consejos Comunitarios, y la misma autoridad gubernamental”.
Por ello, solicitaron que se les dote de insumos para la protección biológica de la Guardia Indígena y puedan así prestar servicios de contingencia. Además, pidieron raciones alimentarias y apoyos económicos para garantizar su permanencia en el territorio durante el tiempo que dure la emergencia en cada uno de los puntos donde estén realizando el control, así como medios de telecomunicación “para fortalecer el sistema de referencia y seguimiento de casos y dotación de insumos y equipos básicos para la atención primaria en los todos los puestos de salud, así como personal para atender los puntos de atención médica”.
Líderes Awá consultados indicaron que la carta aún no tiene respuesta y pese a los anuncios del gobierno nacional de ofrecer ayuda a los más necesitados, afirmaron que “aquí no estamos viendo nada de eso”.
Y justo ayer en la tarde en Samaniego, uno de los municipios donde hay población Awá, la guerrilla del Eln, que decretó un cese al fuego unilateral durante el este mes de abril, hizo varias pintas en las fachadas de algunas edificaciones para transmitir sus amenazantes mensajes a los pobladores para que cumplan la cuarentena so pena de ser asesinados, lo que resulta paradójico, pues esas amenazas no son coherentes el anunció de silenciar sus fusiles.
En Cauca, disidencias
La Columna Jaime Martínez, disidencia del Frente 6 de las Farc, que opera en las montañas del noroccidente caucano y se dedica a labores del narcotráfico, afectando de manera drástica la vida de indígenas, campesinos y afrodescendientes, al parecer también ha tomado medidas de control social a propósito de la propagación del Covid-19 en el país. (Leer más en: Masacre de Tacueyó: el alto costo de ejercer la autoridad propia)
Este portal conoció detalles de una información dada por miembros de este grupo armado ilegal y que se divulgó en diversas zonas del municipio de Buenos Aires, en la que exponen sus mecanismos de regulación para imponer medidas a quienes no cumplan con el aislamiento preventivo decretado por el gobierno nacional.
De acuerdo con lo establecido a través de algunas fuentes, la orden es que desde el pasado sábado no puede haber nadie en las calles de los centros poblados después de las 3 de la tarde y todos los negocios deben están cerrados. A todo aquel que incumpla, lo van a matar.
Además, toda aquella persona que vaya a salir de la zona hacia otros municipios caucanos, puede hacerlo si tiene un permiso firmado por las Juntas de Acción Comunal o los consejos comunitarios. Quien trate de hacerlo sin ese documento, puede perder la vida. También informaron que no se van a permitir la velación de difuntos.
Al parecer, esas imposiciones arbitrarias se deben a que los pobladores de las comunidades de sus zonas de operaciones armadas, según ese grupo armado ilegal, están tomando de manera deportiva las medidas que se han implementado para contener el letal virus.
Esa disidencia de las antiguas Farc está liderada por el exguerrillero Leider Johany Noscue, alias ‘Mayimbú’, quien se marginó del Acuerdo de Paz y tomó la decisión de mantenerse en armas en una amplia zona del noroccidente de Cauca, estratégica para actividades del narcotráfico y la minería criminal, de donde, al parecer, obtiene los recursos para sostener su estructura armada.
En el último reporte (martes) el INS registro en este departamento 14 personas afectadas por el Covid-19. Hasta el momento ha fallecido una niña de 3 años.
En Antioquia también
En tres regiones de este departamento también han circulado panfletos en los que se conmina a las comunidades a cumplir con el aislamiento preventivo que se extenderá hasta el próximo 26 de abril. Urabá, Norte y Bajo Cauca son las dos zonas donde se ha podido constatar esta situación y en la que confluyen diversos grupos armados criminales, todos ellos ligados a actividades económicas como el narcotráfico y la explotación aurífera ilegal.
A través del sistema de comunicación WhatsApp, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) hicieron circular un mensaje a comienzos de este mes en el que se advierte que “a partir del 2 de abril del presente año […]”, desde las 3 de la tarde, “no queremos ver a nadie en la calle mientras no sea de justa causa justificadas: un herido, un enfermo o alguien que acuda a citas médicas”. La imposición arbitraria se estaría aplicando en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó.
El último reporte del INS (martes) indica que el único municipio de la región de Urabá que tiene casos registrados es Apartadó con tres personas infectadas.
En el norte de Antioquia también ha circulado un panfleto relacionado con la pandemia. Al parecer es de autoría de la disidencia del Frente 18 de las antiguas Farc, que, al igual que otras estructuras, no se no acogió al Acuerdo de Paz. Su zona de influencia en este departamento se centra en la zona montañosa de Ituango, en el norte, y en varias zonas rurales del Bajo Cauca.
“Nos dirigimos hacia todos ustedes comunidades, veredas, corregimientos, municipios, haciéndole un llamado de antemano que por favor tener conciencia y hagan caso a lo que las autoridades sanitarias de salud y fuerza pública han dado a conocer sobre la pandemia COVID-19 ya que muchas personas están cogiendo todo lo sucedido como un juego o recocha”, se lee en el volante.
Tras solicitarle a los pobladores que se queden en sus casas, tal como lo han reiterado las autoridades no solo en el país sino en el mundo, plantearon que si alguien desobedece “nos veremos obligados de actuar con sanciones a quienes incumplan las normas establecidas y este comunicado”. (Ver panfleto)
Las autoridades por el momento, según fuentes consultadas, no tienen mucha información al respecto y con la poca que han recopilado tratan de establecer la veracidad de esos mensajes.
Hasta este martes, siempre según el INS, el departamento de Antioquia registra 209 personas afectadas por el Covid-19, de ellas 123 están en Medellín y cuatro más en tres municipios del norte: Donmatías (1), Santa Rosa de Osos (2) y Angostura (1).
Córdoba, afectado
En el sur de este departamento hacen presencia varios grupos armados ilegales, todos ellos surgidos después de 2006, cuando concluyó la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) pactada con el gobierno nacional, que libran una guerra sin cuartel desde hace varios años por su ubicación estratégica propicia para actividades del narcotráfico y ante el vacío dejado por las antiguas Farc tras su reincorporación a la vida legal. (Leer más en: Bajo Cauca y sur de Córdoba: la guerra que se pelea utilizando niñas y jóvenes)
Uno de los grupos armados ilegales que tiene la hegemonía armada en buena parte del departamento son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que se han disputado a sangre y fuego su permanencia en la región. Desde hace varios años son identificadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’ y por su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, las autoridades ofrecen hasta 3 mil millones de pesos a quien ofrezca información que conduzca a su captura.
En sus zonas de operación ha circulado desde el pasado 23 de marzo un panfleto a nombre del Bloque Córdoba de las Agc en el que conminan a la población de varios municipios cordobeses a que se queden en sus casas para evitar que la pandemia se extienda a sus dominios.
“Exigimos acudan a nuestro llamado de buenas manera (sic) o nos veremos obligados a actuar en contra de los que estén desacantando (sic) esta orden”, se lee en el volante y establecen “toque de queda obligatorio” en todo el departamento desde el 23 de abril a las 7 de la noche hasta el 13 de abril a las 7 de la noche. “Todo el que esté deambulando en las calles no responderemos por sus vidas”.
Y concluyen con una advertencia perentoria: “Contamos con la presencia en cada uno de los municipios del departamento de Córdoba y sus fronteras para garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas en este comunicado”.
Lo particular de este departamento, donde el INS registra siete pacientes afectados por Covid-19, es que sus principales enemigos, el Bloque Virgilio Peralta Arenas, también conocido como ‘Caparrapos’, busca imponer de manera arbitraria sus órdenes alegando “falta de conciencia” de los pobladores de Montelibano “y sus alrededores”.
En un mensaje que ha estado circulando en cadenas de la red WhatsApp, y con algunas incoherencias de escritura, aseguran que no quieren ver a nadie en la calle y dicen que son “objetivo militar” almacenes y negocios de verduras que abusen de los precios: “Somos una organización que cuida a su pueblo no es para que la maltraten así”. (Leer más en: ‘Caparrapos’: fuerza que desestabiliza el Bajo Cauca antioqueño y el sur cordobés)
En este departamento, como en los otros reseñados en este artículo, poco hablan del tema y prefieren decir que están “verificando”. No obstante, un conocedor de la región y, en general de las dinámicas del conflicto armado en el país, tiene varias percepciones al respecto de la proliferación de panfletos en esta época de pandemia.
Pese a que el estado mayor de las Agc negó el pasado 25 de marzo a través de su página web que los comunicados a nombre de esa organización criminal eran falsos, la fuente consultada, quien habló bajo la condición de que se le resguardara su identidad, asevera que, para el caso de Córdoba, ese grupo armado “está actuando de acuerdo con lo que dice el panfleto: ha realizado reuniones con líderes y les han advertido sobre la prohibición de entrada a la zona de personas extrañas, incluso familiares”. Además, dice, que estarían impulsando la instalación de retenes ilegales para controlar la entrada y salida de pobladores por vías terciarias.
“Más que un acto de civismo, es una estrategia de supervivencia”, dice la fuente consultada. Y algo de razón le cabe porque de acuerdo con sus indagaciones, ha establecido que en algunas reuniones han planteado sus preocupaciones y así se lo cuentan algunos asistentes: “Ellos dicen ‘si ustedes se enferman van a un hospital o clínica; si somos nosotros, la mayoría tenemos orden de captura. Si nos quedamos nos morimos y si salimos nos capturan’”.
Con respecto a los mensajes enviados por la disidencia del Frente 18 y el Frente Virgilio Peralta Arenas, cree que no provengan de los mandos superiores, pero estima que no salen a desmentirlo por una razón práctica: “Ellos prosperan a costa del miedo de la población”.
Por ahora son pocas las autoridades que han salido a rechazar la coerción que estarían ejerciendo grupos armados ilegales en medio de esta pandemia. Otras se limitan a informar que “están investigando”, pero lo que parece cierto es que algunas estructuras criminales se estarían aprovechando de esta crítica situación para fortalecer sus negocios, aunque, como lo advirtieron en Córdoba, también tienen miedo.
