Tras casi dos años de debates, el proyecto de Ley que buscaba la reparación de las víctimas del conflicto fue sepultado. El gobierno dijo que era demasiado costoso aprobarlo, pero es posible que la razón verdadera haya sido otra.
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| El proyecto de Ley de Víctimas fue radicado en 2007 por el senador liberal Juen Fernando Cristo. |
El proyecto de Ley de Víctimas que buscaba la reparación integral de quienes han padecido por el conflicto armado fue sepultado este jueves por la mayoría de la bancada uribista del Senado. Desde el Ministerio del Interior, el gobierno convocó a los parlamentarios para pedirles que en la votación del informe hundieran la iniciativa. Argumentó que era demasiado costoso y que costaba 75 billones de pesos. Además la Presidencia emitió un comunicado para pedirle al Congreso que no votara la inicitiva y explicó sus razones. (Vea le comunicado)
Sin embargo, para muchos observadores, la verdadera razón de pedir que la hundieran fue que el gobierno no podía aceptar la Ley como la había aprobado este miércoles la comisión de conciliación que adoptó el texto del proyecto original del Senado. Éste incluía en el universo de víctimas a las que han sido vulneradas por policías y militares y otro agentes del Estado, como los jóvenes desaparecidos y posteriormente ejecutados de Soacha.
Vea el artículo Un Luz para la Ley de Víctimas
Desde el comienzo de las discusiones, el gobierno mostró su desacuerdo con la iniciativa e intentó pasar un proyecto que excluía a las víctimas de agentes de Estado y no reconocía la responsabilidad de este por no haber garantizado la protección de sus derechos. Decía que si reparaba a las víctimas era por solidaridad, no por haber incumplido su promesa de protegerlas como reza la Constitución.
Durante la discusión de la votación de este proyecto el ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, dijo que el proyecto no era viable fiscalmente y pidió su votación negativa.
Según él la iniciativa costaría tres veces más de lo que estaba presupuestado en la Ley propuesta por el gobierno, pero que fue derrotada en la conciliación. Es decir, 50 billones de pesos más.
Horas antes de que se negara la iniciativa, el presidente Álvaro Uribe pronunció estas palabras, durante un seminario de pobreza en Bogotá: “Aquella (ley) que no podemos aprobar costaría 80 billones, y además les daría el mismo tratamiento a las víctimas derivadas de funcionarios del Estado y a las víctimas de grupos terroristas”. En el mismo discurso defendió la necesidad de hacer sostenible la política de seguridad democrática a través de un nuevo impuesto. (Lea el discurso completo aquí)
No obstante, el argumento del costo de la Ley no convenció del todo a la bancada uribista. El senador Samuel Arrieta, de Convergencia Ciudadana, por ejemplo dijo que esta cifra nunca fue mencionada en los debates. El senador de La U, Armando Benedetti quien fue uno de los firmantes del informe de conciliación también se mostró descontento porque el gobierno no quiso apoyar la reparación de las víctimas, sin discriminación en razón de quien fue el agresor.
En el mismo sentido el senador Liberal, Juan Fernando Cristo, quien fue el impulsor del proyecto desde el principio, dijo que al gobierno le interesaban más los victimarios que las víctimas y lo calificó de discriminatorio.
El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, dijo que el gobierno se comprometería a incluir un nuevo proyecto en la próxima legislatura, pero que fuera viable fiscalmente. Agregó que “no se pueden poner en igualdad de condiciones a los criminales con los agentes del Estado”.
La posición del gobierno ha sido contraria a lo que han expresado organismos internacionales. Esta mañana durante la rueda de prensa que ofreció Philip Alston, relator para las Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, había advertido que era “imperativo que al llevar adelante el proyecto de ley de víctimas tanto de actores estatales, como no estatales sigan siendo tratadas con igualdad”.
No obstante, no valieron los aportes de las organizaciones de víctimas, ni recomendaciones de la oficina de derechos humanos de la ONU, ni las declaraciones de Alston para aprobar el proyecto.
En el fondo quedó la sensación de que toda la discusión del proyecto se trató de una pelea por imponer una visión ideológica sobre el conflicto colombiano, que según el gobierno, no es un conflicto armado, sino una “una amenaza terrorista” o un problema de delincuencia.
