Aunque hasta ahora se cumple parcialmente con hacer efectivo el indulto, aún no se ha avanzado con la concentración en patios especiales para los demás miembros de la guerrilla y las brigadas de salud anunciadas por el ministro de justicia, Yesid Reyes, el 22 de noviembre. ¿Qué ocurre?
Mientras el gobierno aduce la demora a trámites administrativos, las Farc aseguran que se ha dilatado el proceso por cuestiones políticas. Lo cierto es que ya están en libertad diez hombres y siete mujeres de los 30 miembros de la guerrilla que estaban condenados únicamente por el delito de rebelión y sus conexos. Se espera que a final de mes se integren a ellos otros 13 para complementar el grupo de los indultados.
En diálogo con VerdadAbierta.com René Nariño, vocero de los presos de guerra y políticos de las Farc, aseguró que el tema de las concentraciones no es un capricho, “dentro de las cárceles se sigue viviendo la guerra por parte del los ‘paras’ y delincuencia común contra nosotros, desde el anuncio se agudizó más el enfrentamiento. Estamos en diálogo, nosotros hemos cumplido con los gestos unilaterales, nos deben cumplir”.
El Inpec afirmó que los patios de concentración no se han implementado porque hay cruces de datos con los censos de la guerrilla, por lo cual, hasta que no se conozca con certeza la cantidad de miembros no se va a agilizar el procedimiento. No obstante, las Farc aseguran tener la lista de sus 1.700 miembros activos en la cárcel, los cuales están agremiados en diversos colectivos en más de 21 centros del reclusión a nivel nacional.
En cuanto a las brigadas de salud no se han realizado por la actual situación que se presenta con Caprecom, entidad prestadora del servicio, la cual está en proceso de liquidación. La Defensoría del Pueblo ha denunciado los precaria atención que en general reciben toda la población carcelaria, ya que asegura que en al menos cinco departamentos la asistencia se encuentra suspendida para 24.817 presos, mientras en otros 60 establecimientos es de carácter parcial, como se deja leer en la última comunicación del 14 de enero.
Como ya lo había contado verdadAbierta.com, al menos 80 de los presos de la Farc están en grave estado de salud y no tienen los medicamentos necesarios para el tratamiento y la atención requerida. Como el caso de Aris Alberto Carillo quien, según la ONG Solidaridad Jurídica, fue capturado en el año 2013 y sometido a varias cirugías de la pierna derecha, sin recibir tratamiento postoperatorio lo que le causó la inmovilidad de la pierna, drenaje y mal olor.
A ello se ha sumado la constante denuncia de agresiones contra los miembros tanto de la guerrilla de las Farc como del Eln por parte de otros reclusos. La más reciente ocurrió en la cárcel La Picota de Bogotá en la cual, como establece un comunicado del colectivo de presos de la columna ‘Domingo Biohó’, fueron agredidos con arma blanca varios integrantes de la organización por parte de un grupo denominado ‘Caciquil’ el cual, aseguran, sus jefes cobran 20.000 pesos semanalesa cada persona por la permanencia en el patio.
¿Pugna política o jurídica?
July Henríquez, experta en litigio penal penitenciario y coordinadora nacional de la Fundación Lazos de Dignidad y quien ha acompañado la situación de los presos políticos y de guerra desde el año 2009, asevera que los retrasos en conceder las libertades y la demora administrativa de los patios y las brigadas se traduce en una falta del gobierno. “Ellos fueron los que se comprometieron- como gesto unilateral- a hacerlo, por ende deben cumplir. Sin embargo, se ha dilatado la libertad por la presión que hemos ejercido las ONG, entonces como no nos pueden quitar de encima se retrasa el indulto”, dijo Henríquez.
En repetidas ocasiones el Ministerio de Justicia ha respondido que no ha sido negligencia institucional sino que el procedimiento requiere de tiempos, a su vez, señalan que durante el trámite dos de los postulados iniciales fueron retirados porque les habían imputado otros delitos más allá del de rebelión, por lo cual se retrasó el proceso.
Ante lo anterior, explica la abogada que el gobierno no previó que tras el anuncio venia un “mes muerto” como diciembre, donde el flujo de personal para las brigadas se disminuiría y la vacancia judicial retrasaría aún más el proceso. “Ahora el gobierno debe desempantanar la situación para que se aminoren las fricciones que se han generado. Sin duda es un aporte más que se hace para caminar a la paz acorde con lo avanzado en la mesa”, concluyó.
Desde la cárcel La Picota, los presos políticos y de guerra han convocado, mediante un comunicado fechado el 19 de enero, a una nueva y “contundente” movilización de protesta a nivel nacional en todas las cárceles del país si el gobierno nacional, en sus palabras, “no cesa en su insensata actitud de agravar nuestras condiciones humanitarias con sus dilaciones, mientras se enseña muy afanado por una firma final de paz sin importarle posibles desaciertos de las partes producto de su afán”.
¿Qué viene?
Por ahora, cuatro de los guerrilleros que acaban de recobrar la libertad viajarán a La Habana para integrarse a la delegación de paz, no como negociadores sino como integrantes las mesas de discusión de los restantes dos puntos. Los demás, mientras se define el mecanismo de reincorporación a la vida civil, van a recibir acompañamiento por parte de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, bajo un programa transitorio definido con el gobierno.
El Inpec, desde principios de año, cambió algunos directores de las principales cárceles para enfrentar los problemas de corrupción interna, superar la crisis humanitaria denunciada por parte de la Procuraduría desde el año 2014 y reducir las cifras de hacinamiento que sobrepasan el 58,3% a nivel nacional. De igual manera, el gobierno espera que el nuevo modelo de atención en salud, adjudicado a empresas fiduciarias, dé resultados y disminuya la vulneración a los derechos fundamentales de los reclusos.
Desde La Habana, la guerrilla propuso al gobierno que como medida de construcción de confianza que se excarcele a miembros de la fuerza pública y dirigentes sociales con graves problemas de salud a parte de los ya indultados, no obstante aún no se conoce respuesta por parte del gobierno.