Luego de paralizar mediante acciones armadas a 36 municipios en ochos departamentos, este grupo posdesmovilización vuelve a demostrar su poder intimidatorio. Aunque el gobierno le negó cualquier tratamiento político, quedan interrogantes por resolver.
En diferentes municipios, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia dejaron marcadas sus siglas en fachadas. Foto: Juan Diego Restrepo E.Los dos días de paro armado impuesto por las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc) despertaron el fantasma de una nueva fase del fenómeno paramilitar. La paralización de 36 municipios, así como asesinatos de miembros de la Fuerza Pública, hostigamientos y decenas de vehículos quemados, demuestran que este grupo armado está lejos de perder su poder, especialmente en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó.
En un comunicado, los ‘Gaitanistas’ aseguraron que pidieron el cese de toda actividad para conmemorar la muerte de Francisco Morelo Peñate, alias ‘Negro Sarley’, jefe militar y segundo al mando, quien perdió la vida durante un operativo militar el 24 de abril 2013. Sin embargo, la fecha escogida genera suspicacias entre analistas e investigadores del conflicto armado: empezó un día después de que se entabló la mesa de negociaciones con el Eln y terminó un día antes de la marcha programada por el Centro Democrático, en oposición al proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc. (Leer más en: Zozobra en Urabá y Bajo Cauca por paro decretado por ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’)
En el mismo comunicado expresaron su apoyo a los “anhelos de paz de la mayoría de los colombianos” y reiteraron su interés de ser tenidos en cuenta en una eventual negociación. En respuesta, el presidente de Juan Manuel Santos aseguró que bajo ninguna circunstancia les dará el tratamiento político que piden porque se trata de una organización criminal narcotraficante, tal como han sido caracterizadas desde el momento de su surgimiento a mediados de 2006, tras concluir la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) acordada con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
¿Grupo armado con dimensión política?
Tras lo ocurrido durante el paro armado, las Agc mostraron su capacidad militar e incidencia en algunas regiones del norte del país, lo que renovó la discusión sobre si estas organizaciones tienen algún rasgo político o solo responden a las dinámicas de negocios ilegales. (Leer más en: ¿Neoparamilitares o criminales?)
Académicos, investigadores y organizaciones sociales y de derechos humanos tienen posturas diferentes frente a este fenómeno, lo que muestra la complejidad de su caracterización, sobre todo cuando se trata de reflexionar sobre la posibilidad de sumarlo a un proceso de paz.
Teófilo Vásquez, quien dirige el grupo de investigación de bandas posdesmovilización del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), considera que “se trata de bandas dedicadas a actividades criminales que son “politizadas” por quienes tienen unos poderes locales que se podrían ver lesionados ante un proceso de negociación. El paro es solo una muestra pequeña de las profundas provocaciones que van a hacer contra el proceso”.
En ese mismo sentido opina Max Yuri Gil, sociólogo que ha estudiado el tema en Antioquia: “Es posible que no tengan un interés definido sobre el proceso de paz, sino que estén al servicio de otros sectores que se declaran enemigos del proceso. De ser así, no sería la primera vez que ocurre”.
Sin embargo, otro es el propósito de las Agc. “Para 2018, las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia-Jorge Eliecer Gaitán’ serán un actor armado y político que buscará entablar negociaciones con el gobierno nacional”, se lee en un documento incautado por la Fiscalía durante la operación ‘Agamenón’ en una escuela de formación de esta estructura criminal en zona selvática de Unguía, Chocó, en 2015.
Aún faltan dos años para que el grupo ilegal alcance su objetivo y logre una salida “negociada” a su actuar criminal. Sin embargo, desde hace dos años y tras las recientes operaciones adelantadas en su contra, sus voceros han solicitado una salida “digna” para los integrantes de la organización y otros grupos armados del país.
El discurso político ha estado presente desde su presentación en sociedad, el 15 de octubre de 2008, cuando realizaron el primer paro armado en el Urabá antioqueño. En esa ocasión, las Agc anunciaron que sus esfuerzos “irán encaminados a luchar contra la guerrilla, la corrupción, el terrorismo, el secuestro, los crímenes de Estado, la politiquería, la violación a los derechos humanos y al fortalecimiento de la democracia participativa”.
Pese a ello, el gobierno nacional, mediante el Decreto 2374 del 1 de julio de 2010 que crea la Comisión Interinstitucional contra Bandas y Redes Criminales, definió a este grupo armado ilegal como “organización de carácter multidelictivo, carente de toda ideología, que se desplaza hacia zonas donde convergen las fases de la cadena del narcotráfico, llegando incluso a consolidar alianzas con grupos terroristas como las Farc y el Eln”, razón por la cual serían combatidas como estructuras del crimen organizado.
Foto: archivo Semana.En desarrollo de esa persecución, al amanecer del 1 de enero de 2012 la Policía abatió a Juan de Dios Úsuga David, alias ‘Giovanni’, en selvas del norte chocoano. La respuesta fue contundente: decretaron un segundo paro armado, que esta vez se extendió a los departamentos de Magdalena, Antioquia, Chocó, Córdoba, Sucre y Bolívar.
En el panfleto repartido en aquella ocasión, se observó un tinte “político” para denunciar la muerte de alias ‘Giovanni’: “cabe resaltar que en las democracias sanas los organismos de seguridad del Estado, nunca deben perseguir el delito con mecanismos delincuenciales y en los estados sociales de derecho como el nuestro, los estamentos judiciales dictan órdenes de captura no de asesinatos”.
Para esa época varios académicos e investigadores afirmaron que se estaba subestimando el poder que podrían alcanzar los grupos posdesmovilización de las Auc. “La dimensión política que tienen los ejércitos privados que controlan el narcotráfico en Colombia, dentro de sus alcances y aparatos de guerra, muestran al Estado que, aunque sea a punta de amenazas, son capaces de paralizar poblaciones enteras”, aseguró el investigador Gustavo Duncan.
En septiembre de 2013, durante una “conferencia de comandantes”, el grupo se definió como “una organización político-militar de resistencia civil en armas, de carácter social y transitoriamente en la ilegalidad”; además, redefinieron los estatutos de constitución y trazaron una hoja de ruta donde definieron objetivos políticos y militares.
Al respecto, Álvaro Villarraga, director de la Dirección de Acuerdos para la Verdad del CNMH, considera que a esos grupos “hay que entenderlos como expresiones paramilitares degradadas que están articuladas con poderes locales, controles territoriales y economías transnacionales. También como un grupo que tiene niveles de incidencia en vida política y social del país de forma importante y muy negativa”.
Por el contrario, Eduardo Pizarro, quien fue el Coordinador de la desparecida Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, una de las primeras entidades que denunció la creación de bandas posdesmovilización, cree que se trata de un grupo dedicado netamente al narcotráfico que utiliza sus recursos armados con el objetivo de configurar el poder político local para satisfacer sus intereses, por lo cual ya no hay un matiz político o contrainsurgente.
A la lectura de Pizarro se suma Andrés Cajiao, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, quien asegura que no se puede ver a la estructura ilegal como contrainsurgente, pues “han existido alianzas con las guerrillas para el narcotráfico, la visión política no es clara, no hay reivindicaciones políticas y por ende no se les debe dar ese carácter, el de actor político”.
Pese a ello, el 2015 fue un año en el que se registraron numerosas amenazas contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, varios de ellos en las regiones donde el grupo armado opera militarmente. En total, 682 personas fueron víctimas directas e indirectas de los grupos armados ilegales definidos como bandas criminales. Durante lo corrido del 2016, ya van varios asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
“Ya no se puede hablar de la política contrainsurgente como se conoció en los primeros años del paramilitarismo. Hay un cambio de plan, ya no se trata de un exterminio como el de Unión Patriótica, es más molecular, están matando líderes de organizaciones con perfiles más bajos, no de grande presencia territorial, pero sí con fuerte influencia en sus territorios”, precisó Max Yuri Gil.
Para Vásquez la discusión sobre qué tipo de organización son las Agc es un distractor y consideró que la “dimensión política” aparece solo de forma circunstancial, en este caso, por un proceso de negociación que lesiona los intereses de las coaliciones regionales que han apoyado el paramilitarismo: “En la medida que avance el proceso, se va a recuperar la ‘dimensión política’ y contrainsurgente por las implicaciones de apertura económica y social que implica una negociación. Si es que se le puede llamar ‘dimensión política’ a una monstruosidad como matar líderes de izquierda. Si la amenaza desaparece, vuelven a sus actividades delictivas cotidianas”.
Si bien las acciones de las Agc se extendieron hasta Medellín y Montería, la injerencia militar y política del grupo ilegal no se puede comparar con lo que en algún momento llegaron a ser las Auc o algún bloque de esta organización paramilitar. No obstante, no se debe desconocer que, a pesar de la reducción en el número de integrantes, hace varios años no se presentaba una acción armada que colocara en zozobra a más de cinco departamentos y que sitiara 36 municipios.
¿Aumentó el poder territorial?
Foto: archivo Semana.De acuerdo con el reporte realizado por el Centro de Estudios Cerac, este paro tuvo un similar número de acciones violentas al decretado por los ‘Gaitanitas’ entre el 4 y 5 de enero de 2012, pero el impacto territorial fue mayor.
Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Córdoba, Chocó y Sucre. A diferencia de paros anteriores, en esta oportunidad sus efectos se sintieron también en otras ciudades capitales como Medellín y Monteria. Los panfletos de los ‘Gaitanistas’ llegaron también hasta algunos municipios de Norte de Santander, Santander, Magdalena y el sur de Bolívar, pero el paro se vivió con menor intensidad. (Leer más en: ‘Urabeños’ demuestran su poder regional)
“Esta es una de bandas que tiene presencia nacional. Están en 142 municipios de 12 departamentos y cuentan con 2.800 hombres de pie de fuerza, según Fiscalía”, explica Cajiao.
Por su parte, el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, sostiene que “lo vivido en este paro no lo conocíamos en la historia reciente de la ciudad”, y explica que durante los dos días de paro armado solo funcionó el 10% del comercio y cerraron hospitales, colegios y bancos.
Aunque en el sur del país no hubo mayor impacto durante el paro armado, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría de Pueblo ha advertido desde el 2012 que los ‘Urabeños’ llegaron a la región para disputarle el territorio a ‘Los Rastrojos’. Desde entonces, esta agencia del Ministerio Público asegura que la presencia de este grupo ilegal pone en mayor riesgo la ya difícil situación humanitaria de Tumaco y otros municipios del Pacifico, como Buenaventura, Francisco Pizarro y Mosquera.
Tan sólo en diciembre de 2015 hubo 27 asesinatos en Tumaco mientras que en noviembre de 2015 fueron cuatro, y en todo ese año, en este municipio hubo casi 6.500 desplazados, la mitad de los que hubo en todo Nariño, según la Unidad para las Víctimas. Sin embargo, para la Policía del departamento todo se debe a que algunos mandos medios de las Farc se pelean entre sí el poder y niega la presencia de ‘Gaitanistas’. (Leer más en: Tumaco: azotado por una violencia que no da tregua)
En Putumayo han rondado seis panfletos amenazantes en lo que va del 2016, firmados en su mayoría por los ‘Gaitanistas’, aunque otros son a nombre de las ‘Águilas Negras’, el llamado ‘Escuadrón de justicia y muerte’, y grupos de limpieza social, como ha registrado Marcha Patriótica. Mientras el último comunicado se divulgaba, firmado por ‘Los Urabeños’, murieron 8 personas en 4 municipios del Bajo Putumayo en menos de dos días.
En Caquetá, en la última semana comenzó a circular un panfleto con el que ‘Los Urabeños’ amenazaban con matar a las trabajadoras sexuales, consumidores de drogas y ladrones. La advertencia corrió en Belén de los Andaquíes, San José del Fragua y San Vicente del Caguán.
¿De dónde surgen los ‘Gaitanistas’?
Foto: Análisis Urabano.Alegando inclumplimientos por parte del gobierno durante las conversaciones con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez con las Auc, Vicente Castaño, uno de sus máximos jefes, decidió tomar distancia y no someterse a las directrices de esa negociación.
De acuerdo con el informe ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ en el Bajo Cauca antioqueño de la Fundación Ideas para la Paz, Castaño Gil había dado órdenes de crear una estructura armada que copara, en principio, los territorios de otros jefes paramilitares en los departamentos de Antioquia y Córdoba, y, posteriormente, se expandiera a otras regiones del país.
La responsabilidad recayó en Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, quien inició la tarea desde el norte del Urabá antioqueño donde su hermano, Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, fue amo y señor por más de una década bajo la figura de comandante del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC.
Inicialmente el grupo fue conocido como ‘Héroes de Castaño’ y se fue extendiendo desde San Pedro de Urabá. Por su origen comenzó a conocerse como ‘Los Urabeños’. Su presentación como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ se dio el 15 de octubre de 2008 en los municipios del llamado Eje Bananero (Apartadó, Carepa y Chigorodó), cuando promovió un paro armado para protestar por lo que llamaron “los incumplimientos del gobierno a los acuerdos de reinserción con los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.
Lo que vino después fue un sangriento proceso de conquista de territorios, particularmente aquellos estratégicos para el negocio del narcotráfico. Teniendo el dominio de los puertos naturales del Golfo de Urabá, se expandieron al Golfo de Morrosquillo, en Córdoba, y a medida que iban venciendo a sus más enconados rivales, entre ellos ‘Los Rastrojos’ (originados en el Valle del Cauca, como organización armada de un grupo de narcotraficantes) y ‘Los Paisas’ también surgidos una vez finalizó la desmovilización colectiva de las Auc, fueron consolidando su poderío armado. (Leer más en: Los Urabeños, un poder subestimado: analistas)
Las autoridades capturaron a alias ‘Don Mario’ el 15 de abril de 2009 en el Urabá antioqueño y dieron de baja a Juan De Dios Úsuga David, alias ‘Giovanni’, el 1 de enero de 2012 en Acandí, Chocó. Desde entonces se han reorganizado, bajo el mando del hermano de Juan de Dios, Dairo Antonio, alias ‘Otoniel’.
Así como en el primer comunicado, el reclamo sobre el incumplimiento del gobierno en el proceso de desmovilización aparece en los “Estatutos de constitución y régimen disciplinario”, reformados a comienzos de 2014. “El incumplimiento del gobierno con las garantías jurídicas a los desmovilizados, la falta de políticas claras, el aumento de los problemas sociales generadores del conflicto, la persecución y el exterminio al que nos vimos sometidos cuando todavía nos encontrábamos cumpliendo con nuestro proceso de paz, nos llevaron a tomar esta dura decisión”, dice.
Los expertos consultados por VerdadAbierta.com coinciden en señalar que en el origen de los ‘Gaitanistas’ hubo a fallas en el proceso de desmovilización, pero aseguran que ese es solo uno de los factores que influyeron en su gestación, y diez años después de la dejación de armas de las Auc, este argumento no puede seguir justificando su existencia.
De acuerdo con Villaraga, “la causa de origen no es falta de garantías; la causa reside en, por decir lo menos, la parcialidad de las desmovilizaciones paramilitares. En el fondo, en la no superación del fenómeno paramilitar y todas sus raíces en términos de economías ilegales, no sólo narcotráfico, imbricadas con economías legales y toda una red de alianzas y expresiones políticas y formas de control territorial. Fue una tarea a medias”.
Vásquez argumenta que la desmovilización falló porque el proceso de desarme, desmovilización y reintegración estuvo mal diseñado: “No solo fueron problemas políticos, y porque falló sustancialmente la Ley de Justicia y Paz, sino porque no se solucionaron problemas estructurales graves”.
A su juicio, “el paro demuestra que el Estado no ha sido capaz de penetrar el orden social, de regular la vida política, social, económica e incluso cultural. No es causal que sea más fuerte en Urabá, donde el fenómeno paramilitar ya lleva tres generaciones. En la capacidad de regular el orden social son mas eficaces y eficientes que el Estado”.
Le hablan al proceso de paz
Foto: archivo Semana.Esas fallas sobre el proceso de desmovilización de las Auc son un mensaje de alerta para lo que se viene con las guerrillas de las Farc y el Eln si se concretan los acuerdos de dejación de armas y reincorporación a la vida civil y política.
“Hay una enorme ventaja en la desmovilización de las Farc y es que va a ser colectiva. Habrá un tránsito de las armas a lapolítica, lo que va a permitir un mejor control. A diferencia de las Auc, que fue un proceso netamente judicial”, indica Pizarro.
Para Villaraga se trata de dos procesos que no son comparables: “Los procesos de reintegración de guerrilleros son parte de las agendas políticas de paz, articuladas a proyectos políticos de la izquierda democrática, de un acceso bastante notorio en formación de partidos, acceso a poder político local y regional, incluso de Congreso”.
Este funcionario considera que ese es un factor que diferencia la desmovilización de grupos paramilitares: “La reintegración de la población paramilitar carece de expresiones colectivas y ellas, por lo regular, han constituido riesgos por el predominio de acciones delincuenciales como modus operandi, por eso es un proceso fragmentado, muy despolitizado, sin formas de liderazgo ni representaciones legítimas”.
Las acciones recientes de las Agc ponen en riesgo no solo a la población civil, sino que a largo plazo, y si no se le contienen de manera efectiva, lo que se viene negociando en La Habana podría verse en riesgo. Ahí se centra parte del daño que podrían causar estas fuerzas irregulares.
