Gabriel Ángel Cartagena nació en la comunidad de Sipirra, de los cuales cerca de 10 de ellos los dedicó a trabajar por la comunidad de su resguardo Cañamomo y Lomaprieta. Se graduó como técnico agropecuario del Sena y desde entonces recorrió varios municipios de Caldas para brindar sus conocimientos.
Retornó a Riosucio para trabajar como Cabildante por tres años y posteriormente fue elegido como Gobernador de su resguardo, cargo que ocupó hasta hace 15 días cuando presentó su renuncia para aspirar a la alcaldía del municipio.
Hijo de Ismaelina Cartagena, con dos hermanos, Néstor Cartagena y Amparo Cartagena, y casado con Mercedes Tapasco, tenía una hija.
Cartagena fue un destacado dirigente, cumplió labores como cabildante en el resguardo de Cañamomo y Lomaprieta. Gracias a su visión como líder fue nombrado como Gobernador de su resguardo en dos oportunidades.
Según reportó La Patria de Manizales, desde ese momento, múltiples amenazas contra su vida se repetían a diario. Según el senador indígena, Óscar Aníbal Largo Calvo, las amenazas provenientes de diversos grupos ilegales, estaban relacionadas con su actividad política, pues la honestidad y el ser uno de los principales representantes de las comunidades de la región lo convirtieron en objetivo militar.
Llamadas, sufragios y cartas hacían parte de las intimidaciones que exigían a Cartagena abandonar su puesto, peticiones a las cuales no accedió.
Por dos años, el gobernador del resguardo soportó dichas agresiones verbales, las cuales se materializaron este fin de semana. “Este es un hecho que lo lamentamos todos los indígenas de Caldas porque no sólo nos afecta, sino que afecta a todo el departamento. Después de esto tenemos que tomar medidas más serias de acompañamiento a todos nuestros líderes” afirmó Largo Calvo.
Desde que los resguardos indígenas han determinado participar en la contienda política, son tres los líderes que han sido asesinados. El primero fue en 1998, cuando se lanza la candidatura de José Eliberto Motato, quien luego del anuncio de su participación en la contienda fue asesinado. Motato pertenecía al resguardo de Nuestra Señora Candelaria La Montaña.
En abril del año pasado fue asesinada la candidata a la alcaldía de Riosucio, Fabiola Largo Cano, luego de perder las elecciones. “Este asesinato se presentó luego de que el grupo indígena se reorganizara más fuerte para asegurar una futura alcaldía”, afirmó a La Patria, Araugo Gañán.
El crimen
El 8 de junio de 2003 el ex gobernador del cabildo de Cañamomo y Lomaprieta y miembro del Partido Comunista Colombiano (PCC), Gabriel Ángel Cartagena, viajaba con varios acompañantes hacia la vereda de SanLorenzo donde iba a presentar su candidatura a la alcaldía del municipio de Riosucio. Alrededor de las 13 horas, a la altura del paraje conocido como La Herradura, unos hombres vestidos de militar –entre los cuales había varios de civil- atacaron el vehículo con armas de largo alcance y granadas.
Gabriel Ángel Cartagena, Hugo Tapasco Guerrero, Diego Suárez y Fabio Hernán Tapasco murieron de forma casi instantánea aunque el levantamiento de los cadáveres no se hizo hasta más de dos horas después; Gersaín de Jesús Díaz, Conrado de Jesús Reyes, Pedro Alejandrino Campeón y Norley Calvo ingresaron en el hospital de Manizales (capital de Caldas) como consecuencia de las heridas recibidas. Gersaín y Conrado también son militantes del PCC.
En el ataque resultó herido un atacante al parecer por uno de los ocupantes del vehículo que portaba un arma a título personal ya que estos líderes indígenas no disponían de escoltas. Estaha sido la última de las agresiones sufrida por el pueblo embera chamí, pero la lista de violaciones a los derechos humanos de que han sido víctimas por parte de los grupos paramilitares y de la Fuerza Pública es amplia y antigua.
En los años 90, estas comunidades -que se agrupan en el Consejo Regional Indígena de Caldas, CRIDEC- fueron acusadas por las autoridades civiles y militares de tener nexos con la guerrilla. Según un indore de la Corporación Reiniciar estas acusaciones fueron usadas por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) para atacar la población indígena.
En junio de 2001 este grupo armado comienza a hacer presencia en los resguardos en los que se presentan desplazamientos, desapariciones y crímenes. Inicialmente los indígenas denunciaron los hechos a las autoridades de la región, sin tener respuesta por parte de las autoridades y se presentaron nuevos señalamientos, según explicó en su momento Reiniciar.
Reiniciar, la Comisión Colombiana de Juristas y la Asociación de Ayuda Solidaria (ANDAS) pidieron a la CIDH que solicitara al Estado Colombiano la adopción de medidas cautelares. Se demandaba, además de mecanismos de protección materiales, la investigación de las violaciones de los derechos humanos y la sanción a sus responsables, y la actuación de las autoridades civiles y militares contra los grupos paramilitares.
Para que Colombia aceptara el requerimiento de la CIDH los indígenas tuvieron que poner más muertos. María Fabiola Largo Caño, gobernadora del resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, fue una de las 40 personas para las que la CIDH dictó medidas cautelares el 15 de marzo del pasado año; el 9 de abril fue asesinada. Tres días después del crimen los representantes estatales accedieron a reunirse para concretar medidas, a pesar de ésto la violencia contra esta comunidad indígena siguió.
El 26 de junio de 2002 Reiniciar solicitó a la Defensoría del Pueblo que activara el Sistema de Alertas Tempranas porque, a pesar de que estas comunidades estaban amparadas por la CIDH, el riesgo para sus líderes era evidente. Ese mismo día los paramilitares habían exigido la renuncia de todos los gobernadores indígenas de la región y de varios directivos del CRIDEC; el día anterior Gabriel Ángel Cartagena recibió una llamada del mismo grupo armado amenazándoles de muerte a él y a otros dirigentes –a los que citaban con nombre propio y entre los que se encontraba Gerzaín de Jesús Díaz- si no dejaban sus puestos.
Ante las amenazas Reiniciar pidió al Estado que se adoptaran medidas de seguridad más extremas para Gabriel Ángel Cartagena y tres dirigentes más y a solicitar a la CIDH que ampliara las medidas a otros 34 líderes indígenas. El ex gobernador de Cañamomo y Lomaprieta fue asesinado sin que el Ministerio del Interior diera respuesta.
La pérdida de un líder
Ómar Calvo, indígena aseguró a la Patria que el asesinato de Cartagena fue una pérdida muy grande para su comunidad. “Es un asesinato que nos hace pensar en la dura situación que vivimos los indígenas colombianos en medio del conflicto. Gabriel Ángel Cartagena era uno de los máximos representantes de nuestra comunidad.”
Gabriel de Jesús Largo, de la comunidad indígena de Caldas dijo: “Esto es un hecho que nos afecta bastante a todas las comunidades indígenas. Gabriel era un líder en toda la región, estaba prestando un gran servicio a toda la comunidad de los resguardos y pienso que esto es un ataque directo a nuestra cultura.”
Diego Alejandro Velásquez Zapata, secretario de Gobierno de Riosucio dijo que “es un hecho muy delicado para las comunidades indígenas y que toda la ciudadanía rechaza enérgicamente. Tenemos que restablecer una comunicación más fuerte entre autoridades, fuerza pública y resguardos para evitar hechoscomo éstos.”
Óscar Aníbal Largo Calvo, senador indígena: Sentimos mucha nostalgia porque consideramos que esta no es la manera de corresponderle a quienes el pueblo consideran sus representantes. No es la manera como podemos encontrar la paz en Colombia, es mediante el diálogo y la comprensión.
Estado de la investigación:
