La inclusión del Ministerio de Defensa en el Consejo Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica causó rechazo entre las organizaciones de víctimas de la sociedad civil porque consideran que se puede instaurar una verdad oficial. Por su parte, la Fuerza Pública pide ser tenida en cuenta y que también se reconozca a sus víctimas.
La firma del Decreto 502 del pasado 27 de marzo por parte del presidente de la República, Juan Manuel Santos, puso en evidencia el valor que tendrán la verdad y la memoria histórica en posconflicto. Dicho documento modificó el Artículo 6 del Decreto 4803 de 2011 que estableció la estructura del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y fijó la integración de su Consejo Directivo. (Desde su fundación, el Consejo de Directivo del CNMH ha tenido las tareas de “definir los lineamientos estratégicos para la construcción de la memoria histórica y formular una estrategia de priorización de proyectos de investigación que contribuyan al conocimiento de la verdad histórica”. Y estuvo compuesto por los ministros de Justicia, Educación, Cultura, el Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Director de la Unidad de Víctimas, dos representantes de las víctimas elegidas por la Mesa Nacional de Víctimas, y el Director del CNMH, quien a diferencia de los demás integrantes tiene voz, pero no voto.
Pero desde el 27 de marzo, el Ministro de Defensa o su delegado, también hacen parte del órgano directivo esa entidad a la que la Ley de Víctimas le asignó la misión de “contribuir a la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto así como al deber de memoria del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, en un horizonte de construcción de paz, democratización y reconciliación”.
Ese cambio en el CNMH se conoció en días pasados y a pesar de las festividades de Semana Santa, causó gran revuelo en diferentes sectores sociales, que consideran que el ingreso del Ministerio de Defensa puede socavar los derechos al esclarecimiento de la verdad y a la construcción de una memoria histórica imparcial, puesto que las Fuerzas Armadas son parte del conflicto armado y han cometido numerosas violaciones de derechos humanos en medio de la confrontación.
La visión de las víctimas
Para Alejandra Gaviria, vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la inclusión del Ministerio de Defensa es un contrasentido que viola el derecho a la memoria desde las víctimas y desde la sociedad. “Hay que recordar el Centro Nacional de Memoria Histórica nace como una medida en la Ley de Víctimas para satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad. Tal como lo dice la misma ley, el deber del Estado es garantizar que los distintos sectores de la sociedad puedan hacer memoria y contar lo que nos ha sucedido en el conflicto desde una perspectiva que privilegie la voz de las víctimas; los tratados internacionales también dicen que el Estado no puede usarestos lugares de memoria para construir su memoria oficial”, le dijo a VerdadAbierta.com.
Además, cuestionó los argumentos que esgrime el Decreto 502 para incluir a la cartera de Defensa en el CNMH: “Dice que por el papel protagónico que ha cumplido en el conflicto debe participar en la construcción de la memoria. Estamos de acuerdo que los actores principales del conflicto deben comprometerse con la memoria y la verdad, aportando toda la información que puedan tener, pero eso no significa que puedan hacer parte de un órgano directivo que construye la memoria porque hay un claro conflicto de intereses: no se puede ser juez y parte”.
William Wilches, miembro de la Red Colombiana de Lugares de Memoria, una iniciativa de la sociedad civil que desde 2103 agrupa a 25 organizaciones que se dedican a reconstruir el paso de la guerra por sus regiones, reconoce como válido que las Fuerzas Militares quieran hacer ejercicios de memoria histórica, pero rechaza que lo hagan desde el CNMH y teme que pueda afectar sus líneas de investigación.
“Nosotros ya tenemos la memoria histórica”
“El temor de nosotros es que empiece a mostrarse una verdad y una memoria oficial; que la memoria contada desde la sociedad civil no sea privilegiada y se le de estatus de verdad oficial a la que cuentan las instituciones. Por eso pedimos que se puedan desclasificar los archivos de las Fuerzas Militares para que la sociedad civil tenga acceso a ellos y pueda conocer directamente lo que ha pasado en muchos casos del conflicto armado que el país no conoce”, le explicó a este portal.
Por otro lado, no descarta trabajar más adelante con miembros de la Fuerza Pública para realizar ejercicios de memoria, pero sin que afecte la labor de su organización, el Museo de Memoria de Caquetá: “Ahora tenemos un nuevo actor. Seguramente llegarán a los lugares de memoria a decir que trabajemos juntos. No desconocemos que es una realidad que nos quieren imponer a la fuerza, pero vamos a hablar con los militares a ver qué pretenden y si podemos contribuir a hacer memoria histórica lo vamos hacer, siempre ycuando no se privilegie la memoria oficial sobre la memoria de las víctimas”.
Con ánimo similar se expresó David Flórez, vocero del movimiento social y político Marcha Patriótica, que ha sido víctima de una ola de violencia que en los últimos seis años ha segado la vida de más de 120 de sus militantes: “Creemos que si bien es cierto que debemos transitar a un periodo de reconciliación y las Fuerzas Militares tienen que jugar un papel importante en él, no le hace bien a la construcción del relato histórico que una de las partes que estuvo tan involucrada en el conflicto, que ha asesinado a defensores de derechos humanos, que ha victimizado comunidades y ha sido condenada, sea la que ahora vele por cuál va a ser la historia del conflicto armado colombiano. Le hace mucho daño no sólo al proceso de paz, sino al país, porque Colombia necesita un relato histórico lo más plural y objetivo posible, en donde haya una voz preponderante de las víctimas”.
Entre los temores que tiene ese movimiento están que las víctimas no tengan suficiente voz dentro de las nuevas investigaciones del CNMH y que se pretenda mostrar una visión de la realidad en la que las Fuerzas Militares no estuvieron vinculadas a fenómenos sistemáticos de violencia estatal, sino que se muestren como hechos aislados.
Además, hechos como que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, descarte de tajo las denuncias sobre la existencia del paramilitarismo y las violaciones de derechos humanos que cometen esos grupos armados ilegales, despiertan grandes incertidumbres.
“Hay un pulso político que tiene consecuencias en términos del relato histórico. Para el Ministro es complejo reconocer que existen paramilitares que siguen involucrando a integrantes de la Fuerza Pública en diferentes rangos. Cuando se trate de contar la verdad, va a estar muy afectado por esos intereses y esas disputas políticas, que tienen consecuencias muy graves para las víctimas y la historia que se construye alrededor de estos entes que han sido vitales para que otros países puedan salir del conflicto”, aseveró Flórez.
Las tres organizaciones consultadas coincidieron en la urgencia de ampliar la participación de las víctimas y de grupos representativos de la sociedad civil en el Consejo Directivo del CNMH para que se garantice la construcción de relatos objetivos e independientes a los intereses de los gobiernos de turno.
“Pedimos que se amplíe la participación de las víctimas y de la sociedad colombiana en ese órgano directivo, y que su proporción sea mayoritaria. Es la única forma en la que se puede cumplir con la obligación del Estado de no construir un lugar de memoria oficial”, reiteró Gaviria, del Movice.
La visión de la Fuerza Pública y del CNMH
VerdadAbierta.com intentó comunicarse con voceros oficiales del Ministerio de Defensa y del Centro Nacional de Memoria Histórica, pero no fue posible entablar comunicación directa. Un funcionario del área de comunicaciones de la cartera de Defensa envió unas declaraciones del ministro Villegas que dan cuenta de los intereses de la Fuerza Pública para hacer parte del CNMH.
Sobre el ingreso al Consejo Directivo, refieren que “para la Fuerza Pública es importante poder participar de todos los procesos de contribución al esclarecimiento histórico: primero porque por su rol en el conflicto armado, la FP es fuente primaria para la obtención y suministro de información; segundo, porque miles de Soldados y Policías de este País también son víctimas del Conflicto Armado, al igual que sus familias, y ellos también requieren una reivindicación de sus derechos; y finalmente, porque es muy importante documentar y difundir las acciones desarrolladas por las FFMM y la Policía Nacional a lo largo de este conflicto, acciones que van mucho más allá del campo militar, y que han llegado incluso hasta la prestación de servicios médicos básicos a habitantes de zonas en donde la única presencia institucional fue la Fuerza Pública, o la construcción de puentes y carreteras que permitieron la comunicación de pueblos históricamente marginados, etc. (Sic)”.
Desde el Ministerio de Defensa también explicaron que la Fuerza Pública “tiene razones suficientes para querer participar en la construcción de la memoria histórica del conflicto armado colombiano, debido a que de las más de 70 publicaciones que ha hecho el CNMH sobre los distintos fenómenos de violencia en el País, en ninguno ha utilizado a las FFMM o a la Policía Nacional como fuente de información, ni tampoco ha publicado un solo libro que reivindique y dignifique a las miles de víctimas militares y policiales que ha dejado el conflicto”.
Y sobre el rol que desempeñará el ministro Villegas, indican que “se va a cumplir a cabalidad con cada una de las funciones contempladas en el Art. 7 del decreto 4803 de 2011, propendiendo especialmente por la construcción de una memoria histórica plural e integradora que contribuya a afianzar la reconciliación de la sociedad, y donde “todas” las víctimas puedan acceder a una reparación simbólica y a la reivindicación de sus derechos”.
Sólo hasta ayer, y por medio de un comunicado público, que fue actualizado este martes, el CNMH se pronunció sobre la polémica que desató desde el pasado 12 de abril el Decreto 502. (Ver comunicado)
En el documento destacó que desde su creación, tanto el Presidente de la República y el Consejo Directivo “han respetado la autonomía académica e investigativa en el desempeño de sus tareas misionales, particularmente en el esclarecimiento de las responsabilidades de todos los actores, legales e ilegales, y las afectaciones a todas las víctimas, en el marco del conflicto armado interno”; y expresó que “la inclusión del Ministerio de Defensa o su delegado en el Consejo Directivo provoca ciertamente prevención en numerosos sectores sociales y políticos, dada la participación activa de la Fuerza Pública en el conflicto armado interno”.
Aunque resaltó que, en la actual coyuntura, “es preciso reconocer también que el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad, así como la construcción social y política de la paz, requieren de la participación de todos. En esa dirección, el CNMH ha adelantado un trabajo conjunto de construcción de memoria con las Fuerzas Militares y de Policía, en el que se han tenido en cuenta las voces de sus víctimas”.
Por otro lado, ratificó su compromiso con “el derrotero normativo de la Ley de Víctimas que establece que no habrá memoria oficial”, por lo que “seguirá promoviendo la pluralidad de la memoria y la centralidad de las víctimas en su construcción. Por ello, acogió y respaldó la iniciativa recientemente expresada por diversas organizaciones para que se amplíe la participación de las víctimas en el Consejo Directivo del CNMH”. Y por último se comprometió a seguir “promoviendo la autonomía del trabajo de esclarecimiento y dignificación de las víctimas, crucial para la construcción de una sociedad en paz”.
Hasta el momento, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, no se ha pronunciado al respecto, para explicar por qué tomó esa polémica decisión, diez días antes de que firmara el decreto que le dio vida a la Comisión de la Verdad, la cual es parte de la implementación del punto de Víctimas del acuerdo de paz alcanzado con las Farc. (Ver decreto)