Si bien la mayoría de los temas de la agenda propuesta por el gobierno nacional y las Farc han sido pactados, aún faltan acuerdos sustanciales para llegar al final del proceso.
La primera vez que el presidente Juan Manuel Santos se reunió públicamente con ‘Timochenko’ fue el 23 de septiembre de 2015 para anunciar el sistema de justicia transicional acordado. Foto: archivo Semana.Con cinco de los seis puntos de la agenda resueltos, la firma de un acuerdo final entre el gobierno nacional y las Farc para ponerle fin a la confrontación armada está cada vez más cerca. No obstante, aún hay temas pendientes por definir en La Habana que son fundamentales para consolidar una paz sostenible y duradera, pero que las partes decidieron dejarlos para la etapa final de las negociaciones dada su trascendencia.
En el centro de los asuntos pendientes está el Fondo de Tierras, un mecanismo consignado en el punto uno de la agenda, sobre desarrollo rural, através del cual el gobierno nacional entregará gratuitamente predios rurales con el fin de democratizar el acceso a la tierra y en beneficio de “los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto”, según el preacuerdo alcanzado.
Pese a tener claro el objetivo de este Fondo, lo que aún no se ha definido es de cuántas hectáreas dispondrá para implementar este mecanismo y por cuánto tiempo se aplicará.
Álvaro Balcázar, quien trabajó como asesor del gobierno en este tema, asegura que éste es quizá el punto más complicado a resolver de todo el acuerdo, entre otras razones porque, según él, “falta información sobre cuántas tierras realmente tiene disponible el Estado para poder entregarlas a los campesinos”.
Si bien el preacuerdo especifica seis fuentes de donde se nutrirá el Fondo de Tierras, entre ellos la extinción de dominio, la recuperación de predios de la Nación ilegalmente ocupados, tierras inexplotadas y la donación de fincas, hasta el momento no se sabe realmente de cuántas hectáreas se dispondrá para implementar esta medida.
En diferentes momentos, instituciones gubernamentales como el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) han revelado cifras diferentes que van desde uno hasta siete millones de hectáreas baldías, mientras que la Superintendencia de Notariado y Registro ha calculado que son cerca de tres millones. Sin esta información, es más complicado que el gobierno y las Farc acuerden cuántas hectáreas se destinarán al Fondo de Tierras.
Precisar esos datos pasa por la actualización del catastro, lo que permitiría determinar cuánta tierra hay en el país y a quién le pertenece, para luego identificar qué baldíos se podrán repartir entre la población campesina más pobre. La informalidad en este tema ha generado una desactualización catastral cercana al 60% y hasta ahora no es claro cuándo arrancarán los estudios para saber a ciencia cierta con cuánta tierra se cuenta.
Las Farc pidieron que esta actualización estuviera acompañada por organizaciones internacionales y ambas partes acordaron postergar esa decisión para la etapa final de la negociación. Al respecto, Balcázar explica que, al momento de lograr el acuerdo sobre desarrollo rural integral, en mayo de 2013, la posición de la guerrilla era más un reflejo de cierta desconfianza propia del comienzo de las conversaciones.
“Era el primer punto que se discutía de toda la agenda; hoy el nivel de confianza entre las delegaciones es muy diferente y quizá esa discusión salga sin mucha dificultad”, opina el experto. A su juicio, la actualización catastral no debe ser sola vez, sino que es necesario mantener la información al día, se trata, dice, de “ser conscientes de las capacidades institucionales que se tienen que crear que de solicitar un apoyo internacional”. Esto lo aclara puesto que la guerrilla propuso que se hiciera acompañamiento internacional durante la actualización.
Ligado a la discusión de desarrollo rural y a la propiedad de la tierra está el tema alimentario, que aún tiene detalles por resolver. Gobierno y guerrilla ya acordaron un sistema para garantizar que todos los colombianos puedan tener disponibilidad y acceso a los alimentos, pero hay un asunto de palabras sobre el cual no hay consenso: mientras el gobierno habla de “seguridad alimentaria”, la insurgencia insiste en mencionarlo como “soberanía alimentaria”.
“Detrás de esa discusión está la intención de las Farc de buscar un enfoque proteccionista de la agricultura colombiana y decir ‘no’ a las importaciones y el gobierno no le juega a eso porque no está en discusión un cierre internacional. Pero es algo meramente retórico. Lo importante ya está, que es la política que garantice disponibilidad de alimentos para la gente pobre”, detalla Balcázar.
Otro de los pendientes por resolver es de dónde saldrá el dinero para financiar lo pactado. En el acuerdo se registró que el gobierno quiere poner una frase en el punto seis de la agenda donde se detalle que financiará sus compromisos mientras que la guerrilla quiere discutir cómo será ese aporte.
“Lo único que se puede especificar es la voluntad del gobierno de financiar lo acordado y señalar cuáles serían las fuentes de recursos. Pero no puede escribirse qué tanto dinero es porque la aprobación del Presupuesto General de la Nación tiene que pasar por el Congreso, por ley”, apunta Balcázar.
Curules, sin resolver
Los primeros acuerdos fueron el de reforma rural integral (pactado el 26 de mayo de 2013) y el de participación política (6 de noviembre de 2013). Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz.Otro tema complejo que aún está pendiente y que hace parte del punto dos de la agenda, sobre participación política, se refiere a la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz como mecanismo de integración de zonas especialmente afectadas “por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política de estas poblaciones y de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y también como una medida de reparación y de la construcción de la paz”.
En el acuerdo alcanzado en noviembre de 2013, quedó establecida la creación de curules en la Cámara de Representantes para que sean ocupadas por los voceros de esos territorios y que no estén representados por un grupo político que ya tenga asiento en el Congreso, pero aún está en discusión cuántas deben ser y por cuántos periodos electorales.
En cuanto a la reincorporación de la insurgencia a la política, sin armas, el acuerdo detalla que las Farc pidieron discutir cuáles serán las medidas de reparación a los partidos políticos que han sido afectados por las violaciones contra sus miembros. Una de las propuestas que ha hecho públicamente la guerrilla es que tengan las mismas curules que en su momento alcanzó la UP.
Al respecto, Juan Fernando Londoño, uno de los asesores por parte del Gobierno en el punto dedicado a la participación política, precisó en una de sus columnas en Semana.com que las Circunscripciones Especiales no son para las Farc, sino para las personas en zonas de conflicto, tal como se detalla en el acuerdo. “Mi posición personal, que no tiene nada que ver con la discusión en La Habana, es que debería existir una Circunscripción Nacional de Paz que sea para los grupos que se desmovilicen después del acuerdo y eso también se podría utilizar para el Eln”, aclaró.
Otros pendientes
Esta semana comenzó la discusión por el sexto y último punto de la agenda. Foto: archivo SemanaA diferencia de los dos primeros puntos de la agenda general, los acuerdos sobre drogas ilícitas y víctimas son los que quedaron con menos temas por resolver. Incluso, el día después de que se conoció lo pactado sobre drogas, las partes añadieron una página en la que solucionaban varias de las pequeñas diferencias que tuvieron y las otras no se detallaron porque estaban más relacionados con los acuerdos del fin del conflicto y la implementación, pero esto no significa que sean fáciles de resolver.
Por ejemplo, no han especificado los términos en los que la guerrilla dará la información que tenga sobre las minas antipersonales en el país y tampoco se sabe cómo participarán en el programa de sustitución de cultivos ilícitos que surgirá de este proceso de negociación. A pesar de que esta discusión se postergó para el punto tres de Fin de Conflicto, que se conoció el pasado 23 de junio, la incógnita permanece.
Narcotráfico, interrogante que acuerdos no logran resolver
También faltan detalles sobre cómo será la reincorporación de las Farc en el aspecto de la economía pues no se ha dicho públicamente qué pasará con la injerencia de algunos frentes guerrilleros en las diferentes etapas de la producción de sustancias psicoactivas o en la minería ilegal, por mencionar solo unos ejemplos.
Para el punto de víctimas, y antes de que concluyan los diálogos de La Habana, el gobierno y las Farc tienen que nombrar los nueve integrantes de un comité de escogencia que, a su vez, elegirá a los miembros de la Comisión de la Verdad y al director de la unidad que se creará para buscar a los desaparecidos.
Como si lo anterior fuera poco, en el último punto de la agenda también se deberán solucionar otros temas como los métodos de financiación de todo lo pactado en el proceso de paz, pasando por los recursos que deben destinarse para sostener el trabajo de la Comisión de la Verdad y de la Jurisdicción Especial para la Paz, que será el sistema de justicia transicional a través del cual se juzgará a los involucrados en el conflicto; hasta programas como el de erradicación del hambre, de sustitución de cultivos ilícitos o de prevención de consumo de drogas.
Otra tarea pendiente para el gobierno y las Farc es especificar algunos cronogramas que faltan como el de estatuto de garantías para la participación en política de los movimientos sociales o el de la misión electoral especial, que deberá hacer un informe para que el Estado haga los ajustes institucionales que sean necesarios en esta materia.
Pasos adelante
Lo que sí es cierto es que, tras cuatro años de conversaciones, las partes llegaron al último punto de la agenda general, relativo a la implementación, verificación y refrendación, y además con temas ya adelantados.
El de verificación lo pactaron a principios de 2016 y ya está en Colombia el primer grupo de 23 militares desarmados enviados por la Organización Naciones Unidas (ONU). Su tarea será vigilar que se cumpla el cese bilateral al fuego, la dejación de armas por parte de la insurgencia y recibirán las armas de la guerrilla.
Las condiciones del cese al fuego y de hostilidades bilateral, así como para la dejación de armas, y las garantías de seguridad, ya quedaron definidas el pasado 23 junio. Ese día también se conoció la aceptación de la guerrilla de las Farc de aceptar el modelo de refrendación de los acuerdos que salga de la Corte Constitucional y que, en principio, es el del plebiscito, modificando su exigencia de que se hiciera a través de una Asamblea Constituyente.
Es cierto que ya los diálogos de paz con la guerrilla están en el último peldaño, pero todavía hay temas por resolver que no saldrán de la noche a la mañana. Además, como dice la frase oficial de los negociadores en La Habana, “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
