Los calificativos fueron expresados durante las audiencias de legalización de captura y definición de medida de aseguramiento contra una integrante de la junta de gobierno del consejo comunitario Alto Mira y Frontera y de su madre, quienes fueron detenidas el pasado viernes en Cali señaladas de ser milicianas de la guerrilla del Eln. El operador judicial también cuestionó el papel de Naciones Unidas en la defensa de los derechos humanos.
Indignación y rechazo generaron los recurrentes señalamientos y expresiones descalificadoras del fiscal Roberto Gordillo Vélez contra los consejos comunitarios de tierras de comunidades negras durante la exposición de motivos para sustentar la solicitud de medida de aseguramiento en sitio carcelario contra Sara Quiñones y su madre, Tulia Marys Valencia, dos reconocidas lideresas de una de las zonas más golpeadas por la violencia armada en la región fronteriza con Ecuador.
Varias fuentes consultadas por VerdadAbierta.com, quienes por razones de seguridad solicitaron la reserva de sus nombres, aseveraron que Gordillo Vélez, Fiscal 11 Especializado contra el Crimen Organizado, planteó graves referencias discriminatorias, racistas y condenatorias, señalando a sus pobladores de “auxiliar” a las guerrillas y a las bandas criminales que pululan en sus territorios.
Las estructuras organizativas cuestionadas por el fiscal Gordillo están detalladas en la Ley 70 de 1993, mediante la cual se les otorgó reconocimiento a las “comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción”.
Esa norma precisó que para recibir en propiedad colectiva las tierras con carácter de adjudicable, cada comunidad “formará un Consejo Comunitario como forma de administración interna”, cuyas funciones se centran en “delimitar y asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas; velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales”.
Pero a la par de la constitución de estas organizaciones comunitarias, surgió el interés de grupos armados ilegales, así como de inversionistas privados y grandes empresas agroindustriales, en las ricas tierras habitadas por las comunidades afro, lo que puso en la mira a quienes lideran los procesos de resistencia a ese tipo de injerencias, razón por la cual han puesto una alta cuota de desplazamientos forzados, asesinatos y confinamientos, deteriorando su calidad de vida. (Leer más en: La hermana Yolanda Cerón, una resistente a la violencia en Tumaco)
En medios de este escenario de riesgo surgieron los liderazgos de Sara Quiñones y su madre Tulia, quienes hacen parte del consejo comunitario Alto Mira y Frontera, uno de los 15 consejos constituidos en el municipio de Tumaco, y una región de por lo menos 24.700 hectáreas que es considerada estratégica para actividades ilegales como el narcotráfico, la refinería ilegal de petróleo y la minería.
Es por ello que estas comunidades padecen las consecuencias de los impactos derivados de la confrontación armada, lo que genera graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en las que son particularmente vulnerables las mujeres.
Captura masiva
Tras su detención, Sara Quiñones y su madre Tulia fueron presentadas en audiencia desde el pasado sábado hasta la noche del miércoles ante un juez con funciones de control de garantías de Cali, junto con nueve detenidos más, en desarrollo de un amplio operativo adelantado por las autoridades contra supuestas estructuras de apoyo del Frente Suroccidental del Eln, que opera en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
De acuerdo con cifras dadas a este portal el pasado sábado por Claudia Carrasquilla, Fiscal Nacional contra el Crimen Organizado, se detuvieron 33 personas en una acción simultánea realizada durante el viernes anterior en Cali y algunas poblaciones de Nariño. Una mujer indígena fue detenida en la capital de Valle de Cauca justo cuando fue a preguntar por la situación de un familiar.
La funcionaria dijo, en esa ocasión, que la investigación en contra de los detenidos se venía adelantando desde 2015 y durante estos dos años, según ella, “se pudo evidenciar que hay algunos exfuncionarios públicos y algunos líderes que posiblemente estaban al servicio del Eln, sobre todo en el manejo de las redes de apoyo y de las finanzas”. (Leer más en: Preocupan capturas masivas en los departamentos de Nariño y Valle del Cauca)
Los arrestados fueron divididos en tres grupos para presentarlos ante igual número de jueces y facilitar así la comparecencia ante los estrados judiciales. De acuerdo con información recopilada por organizaciones defensoras de derechos humanos, entre los capturados hay exalcaldes, exfuncionarios de administraciones locales, líderes indígenas, lideresas afros y exguerrilleros de las Farc que fueron acogidos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras firmas las respectivas actas de compromiso. En este caso, la Fiscalía alegó que se hicieron pasar por miembros del antiguo grupo insurgente, pero que realmente son del Eln.
Con el paso de los días, varios de los detenidos fueron quedando en libertad por falta de pruebas, entre ellos el exalcalde de Samaniego, Nariño, Harold Montufar, destacado defensor de derechos humanos y activista por la paz. Junto con él salieron otros tres exalcaldes de ese municipio porque la Fiscalía no pudo sustentar su acusación.
En el grupo que le tocó a Sara y a su madre, el juez dejó en libertad a dos personas, le otorgó casa por cárcel a una más, y ordenó el encarcelamiento de otras ocho, entre las que estaban las dos lideresas de Tumaco, por cuanto, según las autoridades judiciales, eran “un peligro para la sociedad”. Ellas están sindicadas de los delitos de rebelión y concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico.
La decisión judicial se tomó pese a las medidas cautelares otorgadas el 11 de marzo pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera (CCAMF), de la que Sara es una de sus directivas.
“La Comisión notó que a pesar de las medidas de protección informadas por el Estado, continuarían presentándose diversos eventos de riesgo en contra de los miembros de la Junta que incluyen el presuntamente haber sido declarados como ‘objetivo militar’ por grupos ilegales, otorgándoles un valor por ‘cabeza’”, describió la CIDH.
En consecuencia, este organismo internacional le solicitó al Estado colombiano “que adopte las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de los miembros de la Junta de Gobierno del CCAMF identificados; adopte las medidas de protección culturalmente adecuadas para que los miembros de la Junta de Gobierno del CCAMF puedan desarrollar sus labores, en el marco de las propias formas de autogobierno del CCAMF, sin ser objeto de violencia, amenazas y hostigamientos”.
Malos tratos
Defensores de derechos humanos que estuvieron al tanto en Cali de las audiencias judiciales en las que se definió la situación jurídica de Sara y Tulia le aseguraron a este portal que para lograr que el Juez 4 Municipal con Funciones de Control de Garantías, Moisés Mavaler, decidiera enviar a ambas mujeres a una cárcel, el fiscal Gordillo apeló a la estrategia discursiva de mostrar a la región del Pacífico colombiano como un “nido de criminales” y a sus pobladores como “extremadamente violentos”.
“El fiscal habló muy mal de los consejos comunitarios y de sus representantes”, aseguró uno de los consultados. “Para el fiscal, quienes lideran los consejos comunitarios le facilitan el trabajo a la insurgencia o a los grupos criminales, llámense como se llamen, pero que no son unos santos ni están peleando por las comunidades ni por los territorios”.
Otro activista consideró que lo dicho por Gordillo obedece a un “proceso de estigmatización bastante racista”. A su juicio, “plantear la situación del Pacifico ignorando a los pobladores y la situación de conflicto que han tenido que vivir las comunidades negras, particularmente del Alto Mira y Frontera, y exponer que somos gente violenta, dedicada a actividades criminales, es una total estigmatización por parte de la Fiscalía”.
Para reforzar sus argumentos contra los consejos comunitarios, la mayoría de los cuales están constituidos en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y hasta Chocó, el fiscal se basó en la versión de un supuesto desmovilizado del Eln que le explicó lo que supuestamente se dice y hace de un consejo comunitario: “Allí se viabiliza la política, el compañero que está allí anda con una pistola, es el que da las órdenes en todos esos lugares, y es el que también gestiona lo económico”.
En el caso de Sara y su mamá Tulia, el fiscal del caso se empeñó en demostrar que eran “un peligro para la sociedad” por su supuesta articulación a la guerrilla del Eln, razón por la cual era necesario recluirlas en un centro penitenciario. “Ese funcionario desconoce el contexto de la región Pacífica y la situación de conflicto que vienen padeciendo las comunidades, particularmente del Alto Mira y Frontera”, aseveró un defensor de derechos humanos que también estuvo en las audiencias. (Leer más en: En Tumaco se debe sanear primero la propiedad de la tierra y luego pensar en la sustitución)
Pero no sólo las dos mujeres fueron el blanco de las críticas por parte del fiscal Gordillo. El funcionario, según las fuentes consultadas, “se ensañó contra las y los defensores de derechos humanos diciendo que enmascaramos en nuestra labor actividades subversivas y de narcotráfico”, y de paso corroboró que el funcionario judicial también la emprendió contra Naciones Unidas y sus funcionarios destacados en Colombia, a quienes fustigó porque no ven que sus defendidos y protegidos “usan su corazón para preparar atentados y desarrollar actividades ilícitas”.
Los argumentos del fiscal fueron admitidos por el juez Malaver, quien decidió que Sara y su madre debían ser recluidas en el penal de mujeres de Jamundí, Valle del Cauca. Si bien la decisión fue apelada, su resolución podría tardar dos meses.
Los activistas consultados se mostraron sorprendidos con la postura que asumió el representante de la Procuraduría General de la Nación, Eduardo Rojas Moreno, quien terminó avalando la postura del fiscal Gordillo: “En este caso hay que llamar la atención sobre su irresponsabilidad, lo que hizo fue ratificar la acusación y avalar la idea de que Sara y su madre eran un peligro para la sociedad y por eso la medida de aseguramiento tiene que ser intramuros”.
La actitud denunciada por quienes acompañaron a Sara y a su madre contrasta con la iniciativa que viene liderando la Procuraduría en defensa de los líderes sociales, sobre todo de aquellos que defienden derechos territoriales. (Leer más en: “Violencia contra defensores de derechos territoriales es sistemática y generalizada”: Procuraduría)
Este viernes 27 de abril, al término del foro “Retos y balance de la política de protección y derecho a la vida de líderes y lideresas sociales étnicos”, al que asistieron dirigentes sociales y altos funcionarios del Estado, VerdadAbierta.com le preguntó al procurador general, Fernando Carrillo, por la posición de la entidad frente a este caso. El jefe del Ministerio Público no respondió el interrogante y prefirió referirse al papel que ha jugado la entidad en los procesos judiciales contra personas procesadas por asesinar líderes sociales. Al respecto, declaró que “hay 106 agentes en procesos penales donde hay imputaciones contra funcionarios públicos o particulares que han sido de alguna manera perpetradores de los (crímenes contra) líderes”.
Marino Córdoba, presidente de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), una de las organizaciones que organizó el foro, sí respondió a la pregunta planteada por este portal y dijo que “le hacemos un llamado a la instituciones del Estado para que no nos incriminen por hechos a los cuales tenemos derecho según la Constitución, como la protesta social, reclamar derechos, exigir la vida o defender el medioambiente, el derecho a vivir en un territorio y a beber agua limpia”. Y agregó que “ustedes van a ser testigos de que esos líderes no van a ser judicializados, porque no hay delitos por los cuales se les pueda acusar”.
La otra cara
Ni el juez Malaver ni el procurador Rojas tuvieron en cuenta los argumentos de los abogados de la defensa, con los cuales intentaron mostrar cuál era la situación de los consejos comunitarios de Tumaco, particularmente el de Alto Mira y Frontera, donde ejercían el liderazgo social Sara y su mama Tulia, y donde tuvieron que salir desplazadas de manera forzada, en diciembre pasado, dado el deterioro del orden público en la zona.
“Tampoco se escucharon los argumentos de los abogados defensores, que pretendieron mostrar que Sara y su mamá hacían una férrea defensa del territorio y se oponían a actividades de minería ilegal, a la proliferación de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito”, explico uno de los consultados.
En la memoria reciente de los tumaqueños, particularmente de los consejos comunitarios de comunidades negras, aún guardan con celo lo ocurrido a dos de sus líderes: Genaro García, asesinado el 24 de agosto de 2015 por guerrilleros de las Farc; y José Jair Cortés, acribillado el 17 de octubre de 2017.
En esta región fronteriza los impactos de la guerra en los procesos organizativos de las comunidades han sido drásticos, así como la expropiación y despojo que ha sufrido la gente de los consejos comunitarios, particularmente de Alto Mira y Frontera. Desde mediados de 2016 se enfrentan a un nuevo escenario de riesgo: las disidencias de las Farc. (Leer más en: Frente Óliver Sinisterra: el blanco de las autoridades colombo-ecuatorianas)
“La realidad es que en los territorios seguimos en medio del fuego cruzado entre grupos armados ilegales y el gobierno nacional; y ahora también nos tocará defendernos del mismo Estado, que nos tiene entre ceja y ceja porque defendemos nuestros territorios”, avizoró una líder de la región.
Y la dramática situación que viven los tumaqueños fue denunciada este viernes en la marcha por la vida y la justicia social:
Nota de la redacción: Por indicación del Fiscal General de la Nación, VerdadAbierta.com trató de contactar nuevamente a la fiscal Carrasquilla para abordar este tema, pero no fue posible entablar comunicación.
