Para sostener la guerra que desplegó en esta localidad del Oriente antioqueño, el Bloque Metro extorsionó a comerciantes, funcionarios locales y contratistas.
San Carlos fue el epicentro de varias guerras de los paramilitares. Foto Municipio de San Carlos. |
El no poder reunir ‘la cuota’ que los paramilitares le impusieron fue lo que obligó a Gloria* a abandonar su natal San Carlos, en el Oriente antioqueño. Promediaba el año 2002, cuando la señora decidió instalar un pequeño taller de confecciones en la sala de su casa. Durante los tres primeros meses el negocio arrojaba ganancias que, aunque mínimas, presagiaban un próspero futuro.
Pero llegaron los emisarios del comandante ‘Castañeda’ pidiendo el “aporte” para la organización. Le dijeron que podía “ayudar con la causa de las Autodefensas” con 100 mil pesos mensuales. Varios meses después le aumentaron la “vacuna” a 150 mil pesos mensuales. Casi un año después, Gloria decidió vender sus máquinas de confección y abandonar el pueblo. Prefirió enfrentar un doloroso destierro que decirle a los paramilitares que el negocio ya no daba ganancias y que no tenía con que pagarles “el aporte”.
Desafortunadamente en San Carlos, que padeció como ningún otro municipio de Antioquia todos los efectos de la guerra entre guerrilleros y paramilitares, historias como la de Gloria se encuentran por doquier. Pesquisas judiciales adelantadas por la Fiscalía 20 de Justicia y Paz señalan que, para sostener el aparato de guerra desplegado en esta localidad para expulsar a las guerrillas, los paramilitares del Bloque Metro y luego los del Bloque Héroes de Granada, impusieron “tributos forzados” al comercio en su totalidad, a los contratistas del Municipio, a los empleados de la Alcaldía y hasta a los secretarios de Despacho.
Según la fiscal 20, Adriana Restrepo, lo que arrojan hasta ahora las confesiones depostulados como Luberney Marín Cardona, alias ‘Joyero’, quien fue pieza clave en las finanzas de los bloques Metro y Héroes de Granada en el Oriente antioqueño, y las jornadas de atención a víctimas adelantadas por la Fiscalía en San Carlos, apuntan a que la extorsión se constituyó en la mayor causa de desplazamientos e intimidaciones.
De acuerdo con lo recopilado por el Ente Investigador, todo comenzó en el caserío que se convirtió en la base de operaciones del Bloque Metro: el corregimiento El Jordán, de San Carlos. Fue allí donde el máximo comandante de este grupo paramilitar, Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doblecero’ creció y pasó su juventud. Y fue en la finca La Llore, ubicada en la vereda Tinajas de este corregimiento, donde se instaló Gabriel Muñoz Ramírez, conocido como el comandante ‘Castañeda’, para dirigir la avanzada de esta organización armada ilegal en el Oriente antioqueño.
Hasta esa finca precisamente fueron citados un día de 1999 todos los comerciantes del casco urbano de San Carlos. La petición fue simple: colaborar económicamente con la organización. El dinero recolectado se destinaría para pagar al grupo de ‘urbanos’ que se instalaría en la cabecera. Se definieron entonces pagos que iban desde los 20 mil pesos hasta los 150 mil pesos, aunque para el sostenimiento de los combatientes también servirían víveres, alimentos y ropa.
A la reunión asistió Luberney Marín Cardona, quien para la fecha era conocido en el pueblo como el ‘joyero’,justamente por su actividad orfebre, que desarrollaba en un pequeño local adecuado en su residencia. Lo que sorprendió es que el ‘joyero’ terminaría, un par de años después, convertido en el hombre fuerte de las finanzas de los bloques Metro, primero, y Héroes de Granada, después, precisamente porque un día no tuvo con qué pagar “la cuota” impuesta.
“Un día fui donde el comandante ‘Castañeda’ y le dije: ‘hermano, vea, la verdad es que no tengo con qué reunir la cuota. Usted verá si le puedo pagar con un par de anillos, yo mismo se los hago. Y de verdad, se los hice (…) después me llamó a pedirme el favor de que le cobrara a los comerciantes de mi cuadra. Y así me fui ‘calentando’ hasta que terminé involucrado en las Autodefensas”, contó recientemente alias ‘Joyero’ ante la Fiscal 20 de Justicia y Paz.
Marín Cardona se ganó la confianza de los diferentes comandantes que se instalaron en San Carlos: ‘Castañeda’, ‘Hernán’, ‘Mcgiver’. Todos ellos le pidieron en su momento recursos líquidos para mantener la moral de la tropa en alto y en ello no vacilaron en “vacunar” hasta los sueldos de los empleados municipales.
“Resulta que lo que estaba recogiendo entre los comerciantes no estaba alcanzando para sostener a los ‘urbanos’, entonces, el comandante ‘Castañeda’ me pidió que consiguiera información sobre los empleados del municipio. Nosotros teníamos un contacto en la Alcaldía, un muchacho muy cercano a la organización, que me pasó un listado con los contratistas, los de planta y los profesores, con el sueldo de cada uno. Esto fue para el año 2002”, señaló alias ‘Joyero’.
Y prosiguió: “Entonces, organicé un listado y definimos que quienes se ganaran entre 700 mil pesos y el millón 500 mil, pagaran de 10 mil a 20 mil pesos; y que quienes se ganaran de millón y medio en adelante, la cuota sería de 30 mil a 50 mil pesos mensuales. Hicimos una reunión en mi casa y les dije que se trataba de un aporte voluntario, los que quisieran. Pero, ¿quién iba a creer que era voluntario si se los estaba pidiendo un grupo armado?”.
Del tributo forzado no se salvaron ni los secretarios de despacho. “Al único que no le cobramos fue al Secretario de Gobierno, porque se conocía con el comandante ‘Hernán’ desde hacía muchos años. Pero a todos les cobramos: al de Desarrollo Comunitario, al de Planeación, a todos”, dijo el postulado, quien agregó que “mensualmente se recogían entre dos y tres millones de pesos, solo con la vacuna de los empleados públicos”.
Los paramilitares comenzaron a fortalecerse militarmente por cuenta de las extorsiones. Y su fortalecimiento les significó pelearle a la guerrilla los corredores de movilidad que tenían en el municipio. El escalamiento del conflicto derivó en el desplazamiento forzado de más de la mitad de los habitantes de San Carlos. Y fueron los se quedaron quienes tuvieron que pagar por los que no estaban.
Así le pasó a Juan*, carnicero de profesión, quien abandonó el pueblo el día que no tuvo con que pagarle a los paramilitares pues, paradójicamente, ya no había gente a quien venderle carne y, por ende, plata para recoger una cuota que le habían incrementado. O a Ferney*, quien pagó hasta el día en que un artefacto explosivo acabó con su negocio y prefirió irse del pueblo.
La desmovilización del Bloque Héroes de Granada también significó el último pago de vacuna a los paramilitares. Lo que buscan ahora tanto la Fiscalía de Justicia y Paz como la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín es establecer cuál fue el daño y la magnitud que este flagelo causó entre la población sancarlitana.
Por lo pronto, San Carlos puede decirle hoy día al país que se libró de este flagelo que, paradójicamente, se triplicó en otras regiones justamente después de la desmovilización de los paramilitares.