Durante los últimos meses, quienes dejaron las armas en este departamento han sido objeto de asesinatos, atentados y amenazas. Pese a ello, realizan múltiples esfuerzos para adelantar su proceso de reincorporación colectiva, sin tener un apoyo significativo del gobierno nacional.
Recién salió de la cárcel, en la que estuvo recluido poco más de cinco años, Juan Vicente Carvajal Isidro regresó al departamento de Arauca, donde había vivido 34 de sus 51 años como guerrillero de las Farc. En junio de 2017, a diferencia de sus antiguos compañeros de armas, no se instaló en la Zona Veredal Transitoria de Filipinas, en el municipio de Arauquita, sino en el casco urbano de la misma vereda, donde se afilió a la Junta de Acción Comunal.
Nacido en una familia de agricultores y formado en una guerrilla campesina, Carvajal decidió abrir finca en la región para reincorporarse a la vida legal, en cumplimiento del Acuerdo Final de paz que firmaron el gobierno nacional y las Farc el 24 de noviembre de 2016.
En la vereda Galaxias, a pocos kilómetros de la Zona, hoy Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), Carvajal empezó a labrar la finca de 35 hectáreas que uno de sus hermanos adquirió para que él se la pagara a crédito, según cuenta su hermana Luz Marydel.
Durante los meses que siguieron, Carvajal tumbó montaña y sembró plátano, maíz, yuca, naranjas, aguacates, mandarinas, mangos, ajíes y pastos. También armó un semillero de cacao y empezó a levantar una pequeña casa, donde planeaba instalarse para seguir trabajando la tierra junto a su esposa. En el pueblo, además, montó una gallera, en la que organizaba espectáculos un par de veces por mes y vendía cervezas.
El presidente de la JAC de Filipinas, Juan Pablo Aguirre, cuenta que Carvajal “salió a la vida civil como cualquier campesino. Era una persona que venía labrando la tierra, haciendo finca, sembrando el pancoger y trabajando de tiempo completo en labores del campo”. Todos los días, la gente de la zona lo veía recorrer en moto el trayecto Filipinas-Galaxias-Filipinas, frecuentemente patrullado por las unidades del Ejército que resguardan el ETCR.
La cotidianidad se rompió el pasado 7 de mayo, cuando, regresando de su finca, Carvajal fue asesinado con varios disparos de fusil. El temor que generó el crimen se incrementó pocas horas después, durante el velorio de ese excombatiente, cuando varias paredes del ETCR aparecieron marcadas con las siglas de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Hasta su desmovilización, en diciembre de 2005, esa estructura paramilitar hizo presencia en algunos municipios del departamento con el bloque Vencedores de Arauca, al mando de Miguel Ángel Mejía Múnera.
El asesinato de Carvajal, conocido en la guerra como ‘Misael’, es el más reciente de varios hechos violentos cometidos contra los exguerrilleros en Arauca, que no sólo afectan la tranquilidad de la nueva comunidad campesina que constituye el ETCR, sino también el proceso de reincorporación política y económica.
Excombatientes, contra las cuerdas
El primer atentado de gravedad cometido contra exintegrantes de las Farc en Arauca ocurrió el pasado 21 de enero, cuando hombres armados con fusiles le dispararon a la camioneta en la que se transportaba Henry Pérez, conocido en la guerra como ‘Niche’, quien regresaba al ETCR desde la vereda El Oasis, donde representó a la Farc en una reunión relacionada con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Custodiado por excombatientes formados y reconocidos como escoltas por la Unidad Nacional de Protección (UNP), Pérez salió ileso. No obstante, un civil murió por cuenta del cruce de disparos.
Para entonces, y pese a la situación de inseguridad que vive el departamento, la UNP no había entregado la camioneta blindada con la que hoy cuenta el ETCR, por lo que Pérez y sus escoltas se transportaban en un vehículo común que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), partido político que la exguerrilla creó tras dejar las armas, había conseguido prestada y que fue incinerada durante el ataque.
El entonces candidato al Senado por la Farc y encargado del ETCR de Filipinas, Alfonso López Méndez, conocido durante la confrontación como ‘Efrén Arboleda’, declaró a Nueva Colombia Noticias, el noticiero del nuevo partido fundado tras la dejación de armas, que “en esa zona están haciendo presencia los miembros de la tal llamada disidencia, que realmente en nuestro conocimiento no existe porque todos los integrantes del Décimo (frente) y todos los frentes de este lado hicimos dejación de armas y nos comprometimos a no volver a delinquir y entonces pues creo que son ellos los responsables de eso”.
Tan sólo un mes después, el 28 de febrero, otro excombatiente fue atacado. En el propio ETCR, hombres armados dispararon en cuatro oportunidades contra Henry Tovar Arenas, conocido como ‘Chulo’, cuando descansaba en una hamaca. A la fecha, Tovar aún se recupera de esas heridas, que casi le causan la muerte.
En esa oportunidad, la dirección del Espacio Territorial aseguró a través de un comunicado que el crimen había sido perpetrado por hombres de la disidencia, que esa noche habían estado consumiendo licor en una discoteca de Filipinas. Asimismo, declaró que “con este hecho ya son dos los casos concretos donde este grupo que dice ser ‘revolucionario’ autoproclamándose como Farc-Ep ha atentado para acabar con la vida de los excombatientes que firmamos y nos comprometimos con el Acuerdo de Terminación del Conflicto”.
Varios excombatientes también han sido amenazados por la disidencia. Entre ellos, Alfonso López y el antiguo comandante de la Columna Móvil Alfonso Castellanos de las Farc, conocido como ‘Franklin’. La situación de seguridad llevó al propio López, el último comandante que tuvo el Frente Décimo, a abandonar el ETCR e instalarse en Bogotá, dejando a cargo del Espacio a Nelson Quintero, conocido en la guerra como ‘Arcesio’. Durante más de dos décadas, Quintero participó en la conducción política de los frentes que operaban entre Arauca, Casanare, Boyacá y Norte de Santander.
La nueva estructura militar que ha atacado a los excombatientes empezó a formarse desde antes de que culminara el proceso de dejación de armas, cuando varios guerrilleros fueron abandonando el ETCR para regresar a la clandestinidad. Una fuente de la región le dijo a este portal que “la mayoría de esos muchachos no hicieron dejación de armas y se convirtieron en desertores”, creando una estructura que volvieron a llamar Décimo Frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-Ep). (Leer más en: Disidencias de las Farc: un problema en crecimiento)
Además de amenazar y atentar contra los excombatientes, la disidencia los ha invitado a retomar las armas. En mayo pasado, esa estructura le hizo llegar a la dirigencia del ETCR un comunicado con la petición de compartirlo con “toda la militancia”. En él, se lee: “Hacemos un llamado a la reflexión a excomandantes y excombatientes que fueron engañados con el negocio de la desmovilización y maquillado a nombre de la paz a que consideren (…) hacer una evaluación de la implementación de los acuerdos y su avance, verán que todo se encamina a la destrucción de ustedes, llevando el movimiento y las organizaciones sociales al extermino”.
En el documento se insiste que “el único camino que nos deja esta oligarquía es la continuación de la lucha político militar y estamos seguros que luego de otros años de lucha se darán las condiciones de alcanzar la verdadera paz con justicia social por la que hemos luchado y que reclama el pueblo colombiano. Nuestro llamado a excomandantes y excombatientes es a retomar las trincheras, el pueblo los espera”.
Varias fuentes de la región le contaron a VerdadAbierta.com que hombres de la disidencia hacen presencia en centros poblados de Arauquita, como Filipinas y Bocas del Ele, así como en pequeños caseríos ubicados en la vía a Arauca capital.
El pasado 23 de mayo, este portal presenció un retén en un punto de esa vía, entre Las Cruces y Panamá. Allí, hombres de la disidencia dispararon contra las llantas de al menos cuatro vehículos, instalaron un pendón de conmemoración de los 54 años de las Farc, que se cumplieron el 27 de mayo, y distribuyeron dos comunicados. En uno de ellos, la disidencia calificó como un “error” la dejación de las armas.
Angustiados y bajo presión, especialmente por cuenta de las reiteradas solicitudes de las autoridades para que entreguen información que permita actuar contra la disidencia, los excombatientes han optado por hablar con pinzas sobre ese tema. Nelson Quintero, encargado de la dirección del ETCR, opina que “nosotros somos una comunidad, respetamos a las instituciones, pero no nos podemos volver informantes del Ejército, porque nos pueden asesinar”.
Justamente, la situación de inseguridad ha terminado por minar la confianza que, de a pocos, los excombatientes habían ido construyendo con los soldados, su contraparte durante la guerra. Ello no sólo ha ocurrido porque uno de los intentos de homicidio se ejecutó dentro del ETCR, sino porque el asesinato de Juan Vicente Carvajal se cometió dentro de los anillos de seguridad con los que el Ejército resguarda el Espacio.
Los dirigentes del ETCR le plantearon esa situación a la propia Fuerza Pública el pasado 11 de mayo, durante un consejo de seguridad realizado a propósito de ese crimen. A la reunión asistieron el integrante del Consejo Político Nacional de la Farc, Carlos Antonio Lozada; el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado; el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, general Álvaro Pérez Durán; el comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Giovanny Buitrago; representantes de la JAC de Filipinas y otras autoridades regionales.
La falta de confianza también se extendió a la comunidad, duramente golpeada por la confrontación. Juan Pablo Aguirre, presidente de la JAC de la vereda, explica que antes del asesinato de Carvajal “se vivía un ambiente sano con la Fuerza Pública. Cuando nos encontrábamos, nos estrechábamos las manos, conversábamos, sonreíamos. Pero ya en este momento cambia mucho, no hay igual de confianza, porque ‘Misael’ muere dentro del anillo de seguridad y nosotros mirábamos que el Ejército se la pasaba en los alrededores de donde sucedió el hecho”.
Otras dos circunstancias contribuyen a que los ojos estén puestos sobre la Fuerza Pública. La primera de ellas es que ese excombatiente, como segundo al mando del Frente Décimo, golpeó duramente al Ejército en Arauca hasta 2012, cuando fue capturado tras sobrevivir a un bombardeo ejecutado por la Fuerza Pública en Arauquita, en el que murieron 32 guerrilleros.
Tras la detención, el Ejército lo señaló mediante un comunicado de participar en la toma de Miraflores, Guaviare, y en la posterior custodia de los soldados retenidos por las Farc (1998); en el ataque con una volqueta bomba contra las instalaciones de la Brigada 18 (2010); y en la muerte de 11 soldados del Batallón Especial Energético y Vial Número 16 en Arauquita (2012).
Al respecto, Nelson Quintero señala que Carvajal “peleó mucho con el Ejército acá en el departamento, el hombre le dio muy duro a las Fuerzas Militares. Hoy en día estamos planteando esa situación, porque nosotros somos capaces de perdonar. Al soldado, al policía, yo lo miro que es un compañero, un hijo de un campesino, y yo soy capaz de reconciliarme con él. Lo verraco es si él es capaz de reconciliarse conmigo”.
La otra circunstancia es que, el pasado 29 de enero, la emisora Arauca Estéreo divulgó un artículo en el que señaló que Carvajal y otro exguerrillero “comandan la disidencia de las Farc que retomó las armas y se ubican de nuevo al margen de la ley”. La versión fue rechazada por la familia, los líderes de la comunidad y los excombatientes, que aseguran que él estaba dedicado exclusivamente a las labores del campo. Quintero, sin embargo, opina que esa noticia “le puso la lápida al camarada”.
La distancia con el Ejército se ha agudizado aún más por cuenta de comentarios que, de acuerdo con varios exguerrilleros consultados, ha venido haciendo la tropa. Según Quintero, “el Ejército no está preparado para la paz, porque ellos (los soldados) les dicen a los excombatientes: ‘Si ustedes no se van de acá los pueden matar’ o ‘¿A ustedes no les da miedo con las disidencias?, porque los pueden matar’. Y si el Ejército le dice a uno eso, ¿qué se puede esperar?”.
Otra hipótesis, menos respaldada en la zona, apunta a una eventual participación de la guerrilla del Eln en el asesinato de Carvajal, teniendo en cuenta que, como parte de la dirección del Frente Décimo, promovió activamente la confrontación militar que libraron ambas guerrillas en la década del 2000, de la que todavía no se recuperan los araucanos.
En una comunicación dirigida a los militantes de la Farc a propósito del asesinato, Rodrigo Londoño, presidente del partido, dijo que ese excombatiente se encontraba en “alto riesgo” por haber “desempeñado un papel protagónico en los conflictos que se sucedieron en Arauca y que abrieron tantas heridas”. No obstante, a diferencia de otros hechos ocurridos en Nariño y Bolívar, el Eln no ha sido señalado directamente de atacar a los militantes de la Farc en este departamento.
Los atentados y amenazas, por los que las autoridades aún no han identificado responsables, tiene en vilo a la comunidad que habita el ETCR, que haciendo múltiples esfuerzos trabaja decididamente en su proceso de reincorporación.
Reincorporación, en riesgo
En diciembre de 2016, cerca de 420 hombres y mujeres del bloque Oriental de las Farc llegaron a la entonces Zona Veredal de Filipinas. Hacían parte del Frente Décimo, cuya zona de operación era Arauca; el Frente 28, proveniente de Casanare y Boyacá; el Frente 45, de Norte de Santander, Boyacá y Arauca; y el Frente 38, también de Boyacá.
A la fecha, más de la mitad han abandonado el ETCR, algunos pocos con destino a las filas de la disidencia y la mayoría hacia otras veredas o ciudades en busca de trabajo y estudio, aunque también por temor a ser asesinados. De hecho, tras el atentado contra Henry Tovar y el homicidio de Juan Vicente Carvajal, la dirección del Espacio Territorial y los excombatientes discutieron en pleno la opción de abandonar definitivamente la vereda.
El miedo se ha incrementado por la presencia en la zona de los hijos de los excombatientes, todos menores de edad. Omaira Fuentes, delegada de la Farc ante el Consejo Territorial de Reincorporación de Arauca, cuenta que “las compañeras que tienen bebés estás muy preocupadas por lo que les pueda pasar”. Y asegura que luego del asesinato de ‘Misael’ algunas de ellas sacaron a sus hijos del ETCR y al menos tres parejas se fueron del lugar.
Pese a ello, poco menos de la mitad de los excombatientes han decidido apostarle a la reincorporación colectiva. Como a la fecha el gobierno nacional no les ha adjudicado tierra para sembrar y los proyectos productivos a cargo del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) están en fase de diseño, los excombatientes han sumado sus propios esfuerzos y recursos para avanzar en la reincorporación económica.
Para ello crearon la Asociación para la Vida y la Paz (Asovip), integrada por varios comités, presidida por Quintero y afiliada a la JAC de Filipinas. Con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), montó una tienda comunitaria en el ETCR y recibió contratos para construir una cancha deportiva en Filipinas, la red de alcantarillado de tres veredas de Arauquita y la pavimentación de la vía Puerto Jordán – Filipinas.
Con las ganancias de la tienda principal, la Asociación le prestó los recursos necesarios al Comité de Mujeres para montar otra tienda, en la que se venden gaseosas y cervezas, y se alquilan canchas de tejo. Ese pequeño negocio le ha permitido al Comité tener una base de ahorros para atender calamidades familiares e invertir en la cría de 1.600 peces, con recursos en especie donados por dos profesores de la Universidad de los Llanos y maquinaria aportada por la Gobernación de Arauca.
Los excombatientes también crearon la Cooperativa Agropaz, dedicada a la siembra y la transformación de sacha inchi, una planta amazónica de cuyo fruto se puede extraer aceite para usos alimenticios y medicinales. Gracias a un convenio con la Gobernación, cuentan con 20 hectáreas disponibles para sembrar sacha, 15 de las cuales están aradas y cinco en producción, todo bajo la asesoría de la Cooperativa SachaColombia. La planta también se está sembrando en los ETCR de Vista Hermosa, Meta, e Icononzo, Tolima, por lo que está previsto crear alianzas para potenciar el negocio y abrir mercados.
Además de apostarle a la Asociación y la Cooperativa, los excombatientes se han puesto a la tarea de sembrar comida. Para resolver transitoriamente el problema de la tierra, Quintero firmó un contrato por un año con el dueño de la finca donde se construyó el ETCR para sembrar repartidos por comunas, la unidad básica de organización del partido. Con los recursos del 90% del salario mínimo que les llegan por concepto de renta básica mensual, entre todos han reunido el dinero necesario para pagar el arriendo de la tierra y las horas de tractor, así como para comprar venenos y semillas.
Por ahora, han sembrado cinco mil matas de plátano, además de yuca, maíz, cacao, tomate, cebolla y arroz. También tienen gallinas y pequeños frutales, todo lo cual usan para su sostenimiento diario.
El también representante de la Farc ante el Consejo Territorial de Reincorporación, Robinson de Jesús González, explica que la idea a largo plazo es que Asovip y Agropaz se conviertan en las puntas de lanza de un modelo de desarrollo cooperativo que contribuya a industrializar la región: “Estamos buscando sacar el valor agregado de productos como el plátano, la sacha y la yuca, apostándole a un nuevo modelo económico que permita que el 50% de las ganancias queden para el campesinado”.
La principal dificultad, sin embargo, tiene que ver con el acceso a la tierra. Pese a que el gobierno nacional y la Farc invirtieron varios meses en negociar un decreto para la adjudicación colectiva para excombatientes, en abril pasado el Ejecutivo decidió no expedir ese documento ante la presión de las asociaciones nacionales de productores afiliadas a la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). Al final, el gobierno concluyó unilateralmente que resolvería el problema con el Decreto 756 del 4 de mayo de 2018, que permite la adjudicación a cooperativas, pero que no cuenta con un enfoque de reincorporación ni priorización. (Lea más: Se embolata adjudicación de tierras para la Farc)
Aunque desde 2017 el Ejecutivo expidió un decreto que permite la entrega de tierras en comodato para el desarrollo de programas de reincorporación, aún no se ha comprado un sólo terreno con ese fin por cuenta de dificultades en las negociaciones y por las restricciones impuestas por la Ley de Garantías Electorales. Ello ha ocurrido en el caso de la finca de 151 hectáreas donde se encuentra ubicado el ETCR de Filipinas, que sólo ocupa seis, y que la Farc aspira a recibir mediante adjudicación.
El problema de la tierra también ha afectado el diseño de los proyectos productivos en Arauca, según explica Gabriel Camacho, delegado del CNR para el departamento: “El impedimento más fuerte a la hora de formular los proyectos ha sido el tema de la tierra, porque se desconoce el procedimiento (para la entrega), así como los costos de los predios, su ubicación y características”.
Aun así, cuatro proyectos están en fase de diseño: ganadería doble propósito con ganado gyr, producción de tilapia roja, galpón de ocho mil gallinas ponedoras, y siembra y transformación de 150 hectáreas de sacha inchi. Este último ya se encuentra en etapa de revisión por parte del CNR y, según Camacho, “contempla la compra y adecuación del predio, el diseño del cultivo, la construcción de la planta de extracción de aceite y la obtención del producto final”.
La aspiración de los excombatientes es vender aceite embotellado y en cápsulas. Según Omaira Fuentes, “lo que se busca es transformar la materia prima y no simplemente ser el agricultor que cultivó y vendió su cosecha. Entonces, la sacha nos da para transformar, adquirir las ganancias de la mano de obra y evitar los intermediarios, que son fatales para los campesinos”.
Además de esos proyectos, en el ETCR de Filipinas los excombatientes han priorizado su formación académica, incluso desde la fase de preagrupamiento, previa a la dejación de armas. Ello permitió, de acuerdo con Quintero, que 88 excombatientes se graduaran de bachillerato en 2017 con ayuda de docentes de dos colegios de Arauquita y Fortul. Actualmente, varios estudian programas técnicos y tecnológicos por cuenta de un convenio que ellos mismos gestionaron con las universidades De Los Llanos y Distrital, con la aspiración de “más adelante tener el sustento económico a través de nuestra profesión”, explica González.
A diferencia de la reincorporación económica, que los excombatientes adelantan por cuenta propia y pese a las amenazas, la reincorporación política no ha podido arrancar en Arauca por falta de garantías de seguridad. Así lo resume Quintero: “En un momento la disidencia dijo: ‘En el departamento de Arauca la rosa roja no tiene derecho a hacer política’, nos amenazó y quedamos acá (en el ETCR). ¿Los resultados cuáles son? Que sacamos 52 mil votos al Senado a nivel nacional (en las elecciones de marzo pasado) y si no mejora la seguridad va a ser muy difícil construir partido”. En este departamento, la Farc sólo obtuvo 382 votos para la Cámara alta de un total de 90.372, según cifras de la Registraduría Nacional.
La situación en la que han vivido desde que dejaron las armas ha llevado a los excombatientes a pensar que el Estado le está apostando a la desarticulación del partido. En opinión de González, “el Estado no quiere que salgamos adelante. El objetivo es desgastarnos, la burocracia le juega a eso, y los que terminamos perdiendo somos nosotros”. Y agrega que “eso toda la militancia no lo entiende, entonces algunos dicen: ‘Yo me voy para donde mi familia o me voy a ganarme un jornal, porque no nos están cumpliendo’. Todo ese tipo de cosas van generando desconfianza y desespero, por lo que el objetivo de nosotros es hacer el esfuerzo permanente por sacar la reincorporación adelante”.
Similar apreciación tiene Fuentes: “Ahorita en la reincorporación nos estrellamos con la tendencia que siempre ha tenido el Estado de dividirnos. Pero a nosotros en el movimiento nos enseñaron a trabajar para un colectivo y sabemos que si permanecemos juntos podemos enfrentar la estrategia que hay para destruirnos como comunidad”.
Los desafíos, sin embargo, son enormes. El asedio de las disidencias y la falta de respaldo institucional para llevar a cabo la reintegración ponen en riesgo la cohesión de la Farc como movimiento político y la permanencia de los excombatientes en la legalidad, especialmente de los más jóvenes. Quienes habitan el ETCR enfrentan, además, la incertidumbre propia del próximo cambio de gobierno, de cuya composición depende el curso del proceso.
La dirección del Espacio Territorial insiste, no obstante, en que la decisión de abandonar la confrontación armada es irreversible y que, a pesar de las dificultades, continuará apostándole a la construcción de la paz y al fortalecimiento del partido.
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