En diciembre de 2018, siete familias de esta vereda de Turbo, Urabá antioqueño, vieron por fin “luz al final del túnel”, cuando la Corte Suprema de Justicia no sólo los reconoció como víctimas de despojo, sino que, también ordenó la restitución de predios. Sin embargo, la decisión aún es “letra muerta” pues el magistrado encargado de realizar la entrega material de los predios aún no la efectúa.
Han pasado poco más de dos meses desde que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia falló a favor de siete familias campesinas de la vereda Guacamayas, de Turbo, quienes reclamaban ante la justicia doce fincas que la violencia paramilitar les arrebató finalizando la década de los 90. Aunque la Alta Corte reconoció a los labriegos como víctimas del flagelo de despojo de tierras y, en consecuencia, ordenó la devolución material de los predios, este proceso aún no se ha efectuado. (Leer más en: Habrá restitución en la vereda Guacamayas, de Turbo: Corte Suprema de Justicia)
La mecánica jurídica señala que, como la decisión de la Alta Corte dejó sin ningún efecto una providencia proferida inicialmente por el magistrado con función de control de garantías de Justicia y Paz, Olimpo Castaño, por este mismo caso, del 21 de abril de 2014, donde les negaba la restitución a los labriegos, es justamente este mismo funcionario judicial quien debe ordenar la entrega, así como la inscripción en los folios de matrícula de las fincas la novedad surgida tras el litigio judicial. Pero esto aún no ocurre. (Leer más en: En Guacamayas no habrá restitución de predios)
Sin embargo, lo anterior no fue impedimento para que los beneficiarios con la decisión de la justicia se reunieran el pasado 26 de febrero en sus propias fincas, en la vereda Guacamayas, para realizar allí un acto simbólico y celebrar lo que consideran “una decisión histórica”. Y no es para menos. Luego de intensos debates en todos los estrados judiciales, de soportar el asedio de capataces y terratenientes, de ver caer asesinados campesinos que compartían la misma lucha, las familias restituidas hoy duermen en sus tierras con la certeza de que nadie podrá sacarlos de allí nuevamente.
Toda una fiesta
La cita fue en “Deja que digan”, un predio de 16 hectáreas que el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria –Incora- adjudicó a Dionisio Teherán y Eulalia Cortés promediando la década de los 80. Diez años después, los labriegos se vieron forzados a abandonar sus tierras por cuenta de los constantes combates entre guerrilleros de las Farc y los paramilitares del frente Arlex Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Y poco después de ello, tuvieron que malvenderlos a empresarios ganaderos que crearon la sociedad “Guacamayas S.A”, la cual, años después, terminó siendo absorbida por la empresa Inversiones e Inmobiliaria ASA Ltda.
Hasta allí llegaron labriegos de todos los rincones de Turbo. En medio de un ambiente festivo, los campesinos restituidos hablaron ante sus vecinos, ante los invitados, ante los que llegaron para constatar que la restitución fue real. Uno de los que tomó la vocería fue Alfranio Solano, uno de los restituidos. En sus palabras llamó la atención de los presentes que lo logrado solo fue posible porque nunca perdieron la fe. Pero más importante que ello: porque se mantuvieron unidos pese a las adversidades.
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Su voz se cortó cuando recordó que fue su compadre Benigno Gil, asesinado en noviembre de 2008, “el que me metió en este cuento de recuperar las tierras que nos arrebataron”. También recordó a Porfirio Jaramillo, otro reclamante de la región que fue asesinado el 28 de enero de 2017. “Murió sin poder regresar a su finca”, dijo. La restitución de tierras les ha costado a los campesinos de Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente, donde se encuentra la vereda Guacamayas, el asesinato de por lo menos 20 compañeros, según estadísticas de la Fundación Forjando Futuros. Varios de estos crímenes aún permanecen en la más completa impunidad.
Alfranio alentó a los allí presentes a no desistir de las reclamaciones. “Sabemos que todavía faltan muchos casos por resolver. Y tenemos que seguir unidos, reclamando lo que nos fue arrebatado”. En ello no mentía. Entre los asistentes se encontraban líderes del vecino consejo comunitario La Larga Tumaradó, uno de los casos de restitución étnica colectiva más complejos que tienen en sus manos los jueces de tierras. Pablo López, presidente del consejo comunitario, no dudo en calificar como histórico el fallo, “una decisión que nos da mucha esperanza, porque si aquí, que era bien complejo adelantar la restitución, se dio, pues en nuestro territorio también se puede dar”.
Reencuentro de viejos conocidos
En “Deja que digan” también se reencontraron viejos vecinos que la guerra había separado. Rosemberg Ibañez, por ejemplo, otro de los campesinos restituidos, volvió a estrechar manos y a repartir abrazos entre compadres y comadres que hacía más de una década no veía. Su predio se llama “No hay como Dios”, tiene una extensión de 35 hectáreas y es contigua a la finca de Dionsio Tehéran. De manos callosas, piel tostada por el sol, mirada tranquila y expresión afable, Rosemberg dijo que lo que más le alegraba era “ver gente, vecinos de la vereda que, así como uno, le tocó irse hace años por la violencia”.
“Usted ve esto así, puros potreros y pastos, pero ya por lo menos cercamos, levantamos ranchos. Y me alegra que retorne la gente porque así podemos revivir las Guacamayas, como antes, que éramos una comunidad, donde no había potreros y pastos como ahora, sino que eran puros cultivos, tierra agrícola”, recordó el labriego.
Su historia no es muy diferente de la del resto de pobladores de Guacamayas. Salió desplazado en 1997. Fue la única opción que encontró para proteger su vida y la de su familia tras la intensa violencia entre guerrilleros y paramilitares que azotaba la vereda. En otras veredas del Urabá antioqueño encontró trabajo arando la tierra, recogiendo cosechas, cuidando fincas. Hasta que un día, un par de años después, llegaron los comisionistas hasta su casa, con intenciones de comprarle su predio. Lo que ocurrió después ya es historia conocida.
Al igual que sus vecinos de las Guacamayas, hubo momentos en que Rosemberg perdió la fe, en especial luego de los primeros traspiés en los estrados judiciales. Quizás ello explique la decisión que tomó en 2014: cansado de pasar penurias en tierras que no eran las suyas, resolvió, como ya lo habían hecho decenas de familias años atrás en toda la región de Macondo y Blanquicet, donde queda la vereda Guacamayas, regresar a recuperar su finca sin más acompañamiento que su familia y su fe en Dios.
“Con mi señora y mi hijo nos tocó llegar a levantar ranchito…es que esto, cuando volvimos, no era como usted lo ve ahora. Usted ve cercas, ya ve fincas, pero en ese año esto era un solo predio, un solo potrero para que me entienda. Y claro, me tumbaron el rancho como dos veces que porque estábamos en propiedad ajena. Pero eso ya son cosas del pasado. Ahora ya puedo dormir tranquilo porque nadie puede venir a sacarme de mi tierra. Aquí espero pasar el resto de mis días”, relató el labriego.
Esperan acompañamiento
Para llegar a la vereda Guacamayas hay que recorrer una trocha que en tiempo de sol nubla la visión por el polvo que levanta y en época de lluvias se hace prácticamente intransitable. Antes que la guerra echara sus habitantes al destierro forzado, la vereda contaba con una escuela donde estudiaban 50 niños. Hoy, con sus propias manos y esfuerzos, los campesinos que regresaron por su propia cuenta y riesgo levantaron un improvisado centro educativo en el que se forman 15 niños.
Muchos de ellos aún viven en ranchos que levantaron como pudieron. La tierra aún no es apta para cultivar pues estuvo dedicada a ganadería por más de una década. Quienes lo han logrado solo cosechan el sustento diario. Si bien la decisión judicial les favoreció con la devolución de sus tierras, los campesinos esperan que el Estado los acompañe con planes de vivienda, proyectos productivos, mejoramiento de vías, centros educativos y de salud.
“Una sentencia de restitución de tierras consigna en promedio 17 órdenes adicionales, además de la restitución material. Lo decimos porque hemos estudiado cada una de las sentencias de tierras que se han proferido en este país. Desafortunadamente esta decisión no trae ninguna orden adicional, por eso llamamos la atención del Estado para que no abandone a los campesinos de Guacamayas”, declaró Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, que acompañó judicialmente a varios de los reclamantes de esta vereda.
Visiblemente emocionado por la decisión judicial, “porque es una sentencia de cierre, es decir, ya es una decisión final”, Gerardo Vega insistió que “es necesario que el juez haga la entrega material de los predios, que se hagan las inscripciones en los folios de matrícula. Eso, según la Ley, se debe hacer a más tardar a los cinco días de proferido el fallo. Y mire, llevamos ya más de dos meses y nada. Y eso es importante para cosas tan sencillas como que, con título en mano, los campesinos puedan ir a solicitar préstamos. Necesitamos que el Estado actúe”.
Ese llamado al Estado para que no los abandonen también lo hizo Javier Calle, un labriego a quien los jueces de tierras le devolvieron su predio, ubicado en vecino corregimiento Macondo de Turbo, en julio de 2016. Sus afirmaciones fueron contundentes, un llamado para que cese la violencia contra los restituidos: “A esta región han llegado campesinos a sus tierras, incluso con sentencia judicial en mano, y continúan los ataques. Les tumban los ranchos, les meten ganado a los cultivos, les tumban las cercas, les envenenan los animales. ¿Hasta cuándo?”.
