Walter Enrique Assuad Reina con documentos falsos, pudo escalar hasta convertirse en Fiscal Especializado de Derechos Humanos que llevaba casos como el del asesinato de Jesús María Valle.
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| El abogado Jesús María Valle Jaramillo fue asesinado por sicarios de la banda La Terraza. |
Acreditado con acta de grado,diploma y tarjeta profesional falsos, Walter Enrique Assuad Reina logró llegar al cargo de Fiscal 10 Especializado de la Unidad de Derechos Humanos y tener bajo su control procesos tan delicados como el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, reabierto por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación, Assuad ingresó a esta institución en 2008 y desde ese momento escaló posiciones hasta llegar a convertirse en 2011 en Fiscal 10° Especializado de la Unidad de Derechos Humanos que tenía sede en Bogotá, sin que nadie sospechara que no había terminado la carrera de Derecho en la Universidad Libre.
En la audiencia de legalización de captura ante el Juez 35 Penal Municipal de Bogotá realizada el pasado 7 de marzo, el fiscal Assuad aceptó los cargos de fraude procesal, así como el de falsedad en documento público y privado. Desde ese mismo día fue recluido en la Penitenciaría Central de Colombia La Picota.
Assuad Reina tenía a su cargo la reapertura de las investigaciones sobre el crimen del defensor de derechos humanos antioqueño, asesinado el 27 de febrero de 1998, cuando adelantaba una reunión en su oficina, ubicada en el edificio Colón, pleno centro de Medellín; además, por conexidad, se habían sumado los casos de las masacres ocurridas en los corregimientos de Ituango conocidos como La Granja, perpetrada el 11 de junio de 1996, y El Aro, el 22 de octubre de 1997, ambas cometidas por Bloques de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Los tres casos están ligados por cuanto el asesinato de Valle Jaramillo se debió a su persistencia en denunciar lo ocurrido en Ituango, de donde era oriundo, y en señalar que en ambas acciones, así como en el control ejercido por los paramilitares en su pueblo, contaron con el apoyo de sectores de la Policía y El Ejército.
El caso fue reabierto en el 2011 por la Corte Suprema de Justicia para darle cumplimiento a la sentencia de la CIDH, proferida el 27 de noviembre de 2008, a través de la cual le pidió al Estado colombiano “remover todos los obstáculos que impidan la debida investigación”.
La Corte Suprema de Justicia actuó en consecuencia y el 6 julio de 2011 reabrió la investigación al declarar parcialmente sin validez el fallo absolutorio proferido por el Tribunal Superior de Medellín en contra del excomandante paramilitar Carlos Castaño Gil y los civiles Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, señalados no sólo de ser los autores intelectuales del crimen del defensor de derechos humanos sino de financiar las Auc.
Pero lo que inicialmente despertó esperanzas entre los familiares de las víctimas para evitar la impunidad y aclarar la participación de civiles y sectores de la Fuerza Pública en el crimen de Valle Jaramillo y en las masacres de La Granja y El Aro, se puede convertir en una nueva frustración, por cuanto la falsedad del fiscal, ligada a los errores que cometió durante el proceso, pueden acarrear una nulidad de los procedimientos hasta ahora adelantados, lo que significa que tendría que comenzar de nuevo, con el desgaste que ello implica.
Actos del “fiscal”
Una de las últimas actuaciones del falso fiscal Assuad Reina ocurrió el 22 de febrero de 2013 en Medellín, durante la continuación de una audiencia pública de juzgamiento por el delito de homicidio agravado contra los hermanos Angulo Osorio ante la Juez 5° Penal del Circuito Especializado.
En esa ocasión se escucharon los alegatos de conclusión de los abogados defensores de los procesados y en las intervenciones se revelaron varias falencias del fiscal, entre ellas que había librado órdenes de captura contra los hermanos Angulo Osorio, contraviniendo la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que había precisado en su decisión que se reabriera el caso, pero que no se detuviera a los sospechosos.
En su alegato, el abogado John Jaime Tabares, defensor de Francisco Antonio Angulo Osorio, sostuvo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia de revisión, “consideró que, con lo que había, se mantenía incólume la presunción de inocencia de mi defendido, toda vez que no había sido desvirtuada por el Estado.”
Además, aludió a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aseguró que en su decisión no se cuestionaban la decisión tomada el 15 de marzo de 2001 por el Juzgado 3 Especializado que absolvió a los hermanos Angulo Osorio ni la confirmación de la misma, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín el 25 de julio de 2001.
“Lo que quiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos es sanción para los actos de omisión y acción en la protección de la vida del doctor Valle Jaramillo de los agentes del Estado y no se hagan más esguinces ni más marrullas por intentar dejar por fuera a los responsables”, expuso Tabares.
Por su parte, el jurista Francisco Javier Salazar Pérez, apoderado de Jaime Alberto Angulo Osorio, cuestionó al fiscal Assuad Reina no sólo por librar las órdenes de captura, sino porque, una vez reabierto el caso, no presentó nuevas pruebas que involucraran a su defendido y a su hermano que los vinculara con la muerte del defensor de derechos humanos.
Según este abogado, al proceso llegaron los testimonios de los ex paramilitares Isaías Montes Hernández, alias ‘Júnior’; José Higinio Arroyo Ojeda, alias ‘85’, y al de Salvatore Mancuso, quienes han hecho referencia, ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, de la financiación de las Accu, “pero en ningún momento se refieren a los hermanos Angulo Osorio, quienes, como muchos comerciantes de Ituango, se vieron forzados a tributarle a ese grupo, ni tampoco aportaron elementos en el caso del asesinato de Jesús María Valle Jaramillo”.
A su juicio, la Fiscalía ha bordeado los límites del fraude a resolución judicial no sólo al expedir una orden de captura, sino al desvirtuar la presunción de inocencia. “La Corte Suprema de Justicia entendió que no era prudente enviar a la cárcel a los hermanos Angulo Osorio y, por tal razón, no era razonable pedir orden de captura, lo que ha coartado su presencia en este juicio”.
Salazar Pérez también se preguntó hasta qué punto puede ser legal una orden de captura emitida por este fiscal. “Lo más lógico – agrega – es que se decrete una nulidad de todo lo hecho hasta ahora en tanto que el fiscal que actuaba en el proceso no tenía la calidad para ejercer y, además, desacató órdenes de la Corte Suprema de Justicia”.
En sus alegatos, este abogado recordó que la CIDH había solicitado remover todos los obstáculos para investigar el crimen de Valle Jaramillo “y que se enfocara la investigación para hallar a los verdaderos determinadores de ese asesinato, pero la Fiscalía ha hecho caso omiso a esas recomendaciones, se ha hecho la de la vista gorda y no ha avanzado en estas investigaciones”.
Por lo pronto, la Juez 5° Penal del Circuito Especializado deberá decidir si se pronuncia en relación con la inocencia o culpabilidad de los hermanos Angulo Osorio o, si ante los hechos relacionados con el falso fiscal y ante el posible desacato a la Corte Suprema de Justicia, decreta la nulidad del proceso, lo que supone extender más los tiempos de juzgamiento y postergar lo exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia.
