Tras recobrar su libertad, VerdadAbierta.com habló con Feliciano Valencia, el líder indígena del norte de Cauca condenado por la supuesta tortura a un cabo del Ejército que se infiltró en una minga en 2008. En días pasados la Corte Suprema de Justicia lo absolvió de los cargos y, de paso, le dio un fuerte espaldarazo a la Justicia Indígena.
Feliciano Valencia, líder indígena que ha sido vocero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin)y del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), en el Centro de Armonización de Gualanday. Estuvo recluido en la cárcel de San Isidro entre el 15 septiembre y el 6 de noviembre de 2015, hasta que le fue otorgada figura de detención domiciliaria especial, cuando fue enviado a Gualanday. Foto: VerdadAbierta.com.
En el Centro de Armonización Gualanday, del resguardo Munchique Los Tigres, ubicado en la zona rural de Santander de Quilichao, en donde estuvo recluido desde el 6 de noviembre de 2015 hasta el pasado 28 de junio, Feliciano Valencia habló sobre el enredo judicial que destrabó la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, de la visión que tienen las comunidades indígenas, de la implementación del acuerdo de paz alcanzado con las Farc y de la actual situación de orden público en el norte de ese departamento.
Valencia es uno de los líderes más visibles de la comunidad Nasa, fue condenado el 15 de septiembre de 2015 por el Tribunal Superior de Popayán por los delitos de secuestro y tortura a Jairo Danilo Chaparral, cabo del Ejército que se infiltró con material de uso privativo de la Fuerza Pública en la minga de protesta que desarrollaron los indígenas en el resguardo La María, en Piendamó, en octubre de 2008. Por estar al frente del juicio que la comunidad le realizó al uniformado, que terminó en 20 fuetazos, la Fiscalía lo procesó y fue sentenciado a 18 años de prisión.
Corte Suprema absuelve a Feliciano Valencia
No obstante, los indígenas apelaron el fallo alegando que se estaba desconociendo el ejercicio de justicia propia, que está amparada y reconocida por la Constitución Política, bajo la figura de Jurisdicción Especial Indígena. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia les dio la razón, suspendió la sentencia y ordenó la liberación inmediata de Valencia.
VerdadAberta.com: En retrospectiva, ¿cómo analiza el caso de su condena y posterior absolución?
Feliciano Valencia: A todos nos causó extrañeza e impotentica. Lo que hicimos en 2008 fue actuar en derecho, tal como está reconocido en la Constitución Política de Colombia, razón por la cual el juez de primera instancia nos absolvió porque actuamos en el marco de la Justicia Indígena y agotamos el debido proceso. Finalmente entendimos que fue una acción más política que jurídica.
VA: Al conocerse la noticia de su detención, muchas personas pensaron que los indígenas acudirían a las vías de hecho. ¿El desenlace de esta historia es un mensaje de que ustedes respetan el ordenamiento jurídico del país?
FV: Existe un desconocimiento muy grande de lo que es el mundo indígena, de cómo construimos autonomía, de cómo nos autodeterminamos al interior de las comunidades, de cómo ejercemos el control territorial y de cómo buscamos sanar las desarmonías que los comuneros cometen.
Por otro lado, creo que la sociedad aún nos mira con desconfianza, prevención e irrespeto. Hemos sido fuertemente fustigados en los últimos años, en términos de decirnos que nos oponemos al desarrollo, que tenemos tierras y no las trabajamos, que somos proclives a la insurgencia, que nos confabulamos con el narcotráfico, y eso ha ido creando una imagen de las comunidades indígenas muy desfavorable.
Desafortunadamente, cuando lo dicen altos funcionarios del gobierno, cuando lo dicen presidentes de la República y gente que trata de sacar provecho en contra de nosotros, azuza este tipo de comentarios, que son muy lesivos para construir lo que entendemos como pueblos indígenas.
VA: Así como existe desconfianza, la comunidad indígenase ha ganado el respeto de diferentes sectores sociales. Por ejemplo, con su captura surgieron mensajes de solidaridad y varias organizaciones señalaron que su captura era un ataque al pueblo indígena. ¿Cómo recibió ese apoyo?
FV: Hay gente que ha visto con agrado lo que venimos proponiendo en términos de autonomía y de construir algo alternativo. Lo ve con esperanza, como una posibilidad para construir algo más allá; creo que la gente está buscando que se cree algo diferente. Nos miran como una opción y por eso nos hemos articulado con afros y campesinos en el norte del Cauca; por eso le apostamos a la Cumbre Agraria y le apostamos decididamente al tema de la paz. Mucha de esa solidaridad, es porque ven este proceso del movimiento indígena una posibilidad para articular otro modo de vida. Aunque la sentencia fue a mi persona, se estaba condenado a la Jurisdicción Especial Indígena.
VA: Esta sentencia también puede ser vista como un espaldarazo de las altas cortes para que la implementación del Acuerdo Final alcanzado con las Farc no vaya en contravía de sus principios. ¿El Acuerdo se está implementando en armonía con los pueblos indígenas?
FV: Los acuerdos y el mismo proceso cogió a mucha gente desubicada. Inicialmente fueron secretos y no supimos cuál era la agenda que se iba a discutir. Lo que está pasando hoy en la implementación de los acuerdos es el fiel reflejo de lo que sucede cuando a la gente no se le invita a construir lo que se entiende por paz, y allí hemos tenido varias contradicciones en este momento.
VA: Hablando de autonomía y control territorial, ¿el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) fue concertado con ustedes?
FV: Ese tema lo hemos discutido tres veces con el gobierno y le hemos dicho que para qué se ponen a inventar cosas que ya tenemos: proyectos, programas y planes que están recogidos en lo que llamamos planes de vida. Necesitamos es conversar más y entendernos, para articularnos y apostarle a una solución real. El gobierno ha lanzado el PNIS con una oferta institucional de 36 millones de pesos para ejecutarlos en dos años, pero consideramos que no es suficiente, una propuesta seria no va a costar eso.
VA: ¿Es posible que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tenga choques con la Jurisdicción Especial Indígena? ¿Qué pasará en esos casos?
FV: El tema de aplicación de justicia sigue latente. Aunque en el Sistema de Justicia, Verdad y Reparación se creó el mecanismo de una comisión accidental para dirimir posibles choques de competencias, no es suficiente porque nosotros ya tenemos establecidos nuestros jueces naturales que nos los gobernadores indígenas y tenemos la infraestructura para atender ese tipo de situaciones.
Lo que falta es conversar más, porque va a suceder una cosa: cuando los guerrilleros indígenas definan su situación en el marco de la JEP, van a tener problemas cuando se reincorporen a sus comunidades, porque muchas personas los están esperando para que respondan por delitos que cometieron y que seguramente no se van a tranzar el tribunal de la JEP.
Valencia fue precandidato presidencial de los pueblos indígenas para las elecciones presidenciales de 2014. Foto: VerdadAbierta,com,
VA: ¿Qué se sabe de los milicianos de comunidades indígenas que están en las distintas unidades de las Farc?
FV: No estaba tan claro que las milicias fueran a ser recogidas, eso se determinó a último momento. La guerrilla de las Farc llamó a varias milicias que operaban en los territorios, ellos acudieron, pero pusieron de manifiesto que habían terminado su militancia al grupo armado; que ahora estaban en las comunidades y que se presentaban por respeto, pero que ya estaban bajo la figura de la autoridad indígena. Y que, por lo tanto, querían que los sacaran de sus bases de datos, porque habían salido con permiso de los territorios indígenas a presentarse y nuevamente regresarían. Existe un temor que después sean perseguidos.
VA: ¿Cuántos son esos exmilicianos que ya se habían reincorporado en las comunidades?
FV: Salieron y regresaron 25. Además del temor de la seguridad, está la incertidumbre de que cuando las Farc se conformen en movimiento político, vayan a reclamar a sus exmiembros para que hagan parte de él. Ese es un tema que no está claro. La mayoría fueron rearmonizados en las comunidades y hace muchos años dejaron su actividad en las Farc, pero aún reposaban en las bases de datos del comando central.
VA: ¿Saben actualmente cuántos indígenas estaban en las milicias de las Farc?
FV: Claramente no. Ahí es dónde viene nuevamente la pregunta de quién los procesará, esos son los asuntos que no hemos podidos definir.
VA: ¿Qué ha pasado con los menores de edad que salieron de las filas de las Farc? ¿Hay indígenas?
FV: De los menores de edad, aunque se dijo y se comentó, nunca fueron entregados a las autoridades indígenas. No sabemos a ciencia cierta si van a terminar en manos del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).
VA: ¿Hay disidencias de lasFarc en el norte de Cauca?
FV: Tuvimos problemas con varios de ellos en Toribío. Las autoridades los ubicaron y les dijeron que no iban a tolerar la creación de más grupos y su actividad en nuestros territorios. Eso fue a unos grupos que se estaban autodenominando EPL, pero en realidad eran disidentes. Se les dio un plazo de ocho días y nunca más los volvimos en ese municipio.
Luego la Guardia Indígena los ubicó por los lados de Corinto y se les dijo que hasta aquí llegó la guerra y que no siguieran reclutando muchachos; también se reunió a los padres de familia y se les alertó sobre estos nuevos grupos que estaban surgiendo. La última vez que supimos de ellos fue por los lados de Buenos Aires.
Y en otro ejercicio de control territorial, el 30 de junio, la Guardia Indígena y las autoridades del cabildo de Cerro Tijeras, en Suárez, ubicó una caleta y la destruyó. Eran siete fusiles, cinco pistolas, un lanzagranadas, varios morteros y granadas.
VA: ¿La Guardia Indígena alertó a las autoridades y a la Misión de la ONU sobre ese hallazgo?
FV: Sí. Incluso estuvieron los comandantes de las Farc en la zona. Eso fue en la vereda Alta Mira, cabildo indígena de Cerro Tijeras. Si factores de la guerra quedan en el territorio, somos susceptibles a que vuelva a resurgir; por eso una directiva de la Acin (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca) ordenó que si fracasa el proceso de sustitución de cultivos se erradique.
VA: Volviendo al tema de justicia, ¿cuáles son los casos que ustedes esperan que las Farc reconozcan y esclarezcan en la JEP?
FV: Tenemos una lista de cinco médicos tradicionales asesinados por las Farc, de varios menores, comuneros y líderes asesinados, como Cristóbal Secue, Marden Betancourt (primer alcalde indígena de Jambaló). Sin embargo, también tenemos casos de indígenas asesinados por miembros de la Fuerza Pública: Olme Ul, asesinado en un retén del Ejército en El Palo; el niño Wilder Fabián que murió por un mortero disparó el Ejército que cayó en una escuela; muertos por la policía en la Liberación de la Madre Tierra; judicializaciones arbitrarias; y una estigmatización muy alta producida por las Farc y la Fuerza Pública.
Para los casos de las Farc ya se conversó con los comandantes. En una reunión donde estuvieron Sergio Jaramillo y ‘Marcos Calaracá’ se les dijo que no era suficiente que acordaran la paz e implementaran los puntos del Acuerdo Final, sino que se acordaran que tienen una deuda pendiente con las víctimas. Luego se hicieron dos reuniones y se creó una ruta para determinar cuántas víctimas reales son y empezar el proceso de verdad y reparación.
La gente ha reclamado que más allá de los pesos que les den, quieren saber la verdad. Sobre todo, de ajusticiamientos que hizo la guerrilla de las Farc. En la ruta pedimos que los comandantes que operaban en terreno y que hicieron ‘justicia’, den los datos y las pruebas de por qué mataron a nuestros indígenas.
Necesitamos saber la verdad para prepararnos para sanar las heridas internas y ver cómo llegamos a un escenario de reconciliación. Cuando un comandante diga que mató a un indígena porque otro le pidió el favor, eso va a ser muy delicado porque generará una situación de odios y venganzas en las comunidades. Tenemos que preparar a la gente, porque ha exigido el conocimiento de la verdad, pero cuando se conozca, qué haremos para que no se recienta a la familia, a la comunidad y al proceso organizativo.
VA: ¿Y en materia de perdón?
FV: Estamos trabajando en esa ruta. Las Farc han dicho que apenas se salgan de una cantidad de cosas que tienen, nos sentamos a trabajar esa ruta.
Desde el Centro de Armonización Gualanday, durante sus dos años de reclusión, Valencia asesoró a diferentes cabildos del norte de Cauca. Foto: VerdadAbierta.com.
VA: ¿Cómo ven el tema de participación política?
FV: Nos causa preocupación. En La Habana se negoció la circunscripción especial territorial de paz, nosotros tenemos la circunscripción especial indígena. A nuestro movimiento político electoral no lo quieren facultar, desde el Consejo Nacional Electoral, para que podamos acceder a la circunscripción de paz sino a la ordinaria. A nosotros en 1991 nos asignaron dos curules, a la guerrilla diez. En fin, creo que la implementación va a tener una cantidad de tensiones y seguramente resultarán más conflictos.
Cuando las Farc tengan su movimiento político no buscarán votos por fuera, sino acá adentro; seguramente algunos de sus candidatos serán indígenas porque hubo muchos de ellos en sus filas. En fin, va ser una situación muy complicada.
VA: ¿Cómo valoran las Zonas Veredales Transitorias de Normalización?
FV: Inicialmente se habló de que eran transitorias, porun lapso de seis meses, pero últimamente venimos escuchando que se van a fortalecer y acondicionar mejor para que algunos guerrilleros se queden en esas infraestructuras. ¿La gente que se vaya a vivir allí pasará al movimiento político de las Farc o quedará a libre albedrío por quién vota? Si no dejamos claro en manos de quién va a quedar esa infraestructura, más adelante habrá problemas. Las comunidades no se aguantarán eso en el caso de que estén en territorio indígena, porque nadie puede estar en el territorio haciendo política contra el movimiento.
VA: ¿Qué pasará con usted de ahora en adelante? Tras conocerse la noticia de su libertad, en varios sectores se empezó a especular con la posibilidad de que se lance al Congreso de la República.
FV: Para mi situación, las autoridades todavía no se han pronunciado y la gente todavía no la considerado esa posibilidad. Muchos amigos especulan que si voy para el Congreso u otros cargos, pero es una decisión que toma la comunidad en discusiones abiertas.
Mi interés, si así lo determinan las comunidades, es dedicarme a construir lo que nos falta, que es mucho. Con ese fallo de la Corte Suprema de Justicia, la autonomía da un paso adelante, pero nos faltan muchas cosas.
VA: ¿Qué les falta?
FV: Nos toca crear los comités jurídicos de los cabildos; mejorar las condiciones de hacer el ejercicio de justicia indígena; luchas porque el Estado le asigne el presupuesto necesario, pero nunca le han asignado un peso. Hay que ponernos de acuerdo con los 102 pueblos indígenas para consolidar las estrategias y mecanismos de justicia, ponernos de acuerdo con los operadores de justicia ordinaria.
Los congresos de la Acin y del Cric nos dejaron mandatos muy certeros: deslindarnos ya de la Ley 100 porque no nos deja desarrollar los planes de salud indígena, todavía existe la medicalización, le hacemos el juego a las multinacionales farmacéuticas y es un modelo de salud de atención y no de prevención de enfermedades.
En adecuación, estamos muy dependientes de la Ley 715, que, aunque nos da los recursos, no nos deja manejarlos como queremos para definir la educación que necesitamos; tenemos problemas con el nombramiento de maestros indígenas. Algo similar ocurre en el Sistema General de Participación, sobre las transferencias que llegan en los cabildos. Aunque se avizora una ley para que las manejemos de manera directa, todavía pasan por las alcaldías y hay alcaldes que se roban prácticamente la plata de los indígenas.
Con todo lo que tenemos que hacer para adentro, el irme a otro escenario, en donde seguramente me voy a amarrar e invisibilizar, lo deja a uno pensando. Si tenemos nuestro poder real aquí, el ancestral y alternativo, para qué me voy a buscar uno que tiene tantos problemas, en donde no me dejarán trabajar y me vetarán. Sin embargo, las autoridades y la comunidad decidirán.
VA: En mayo pasado las comunidades indígenas de Cauca, junto con otras de varios departamentos, marcharon por las calles de Cali denunciado la presencia de nuevos grupos armados y los permanentes asesinatos de líderes sociales. ¿Qué está pasando en el departamento?
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FV: Siempre hemos dicho que hay paramilitarismo en la región, aunque el gobierno diga que no. El modus operandi en terreno es muy disiente: gente armada, en carros sin placa, andando en horas de la noche, advirtiéndole a la gente que hay limpieza social… Los grafitis que hemos visto en las carreteras, en los muros y en las casas, son dicientes. La limpieza social que se adelanta en las áreas urbanas y los asesinatos de líderes sociales dan para aseverar que hay paramilitarismo en la región, y si no, que la Fuerza Pública aclare quiénes están haciendo ese tipo de actividades.
VA: ¿Por qué desde hace años los mayores índices de violencia se concentran en el departamento de Cauca?
FV: Aquí hay factores de violencia de fondo que no se han erradicado: el narcotráfico, la minería ilegal, la gran minería, la presencia de intereses económicos trasnacionales… Esos factores hacen que la situación se ponga muy difícil. Por un lado, la fuerte actividad política desplegada por los indígenas, afros, campesinos y movimientos sociales que hemos decidido denunciar lo pasado y exigir que se preste atención; por lado, el control territorial que venimos ejerciendo fuertemente: hay puestos de control por todo lado, se han cogido y destruido cargamentos de coca y marihuana, por lo que se ha generado un clima de tensión muy fuerte.
El norte de Cauca tiene una dinámica muy particular: las comunidades estamos construyendo y denunciando, pero existen actividades ilícitas determinantes para que la violencia se configure. Esa fricción está generado este tipo de situaciones.
