El Tribunal Superior de Bogotá excluyó de Justicia y Paz a ‘El Político’, un paramilitar del Bloque Centauros que pese a desmovilizarse participó en dos asesinatos. Esta es la primera de las 354 exclusiones pedidas por la Fiscalía.
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| Tribunal superior de Bogotá. Foto Semana |
Agustín de Jesús Sánchez Mejía, alias ‘El Político’, ‘Poli’ u ‘Oscar’, fue condenado el 12 de diciembre de 2008 por la justicia ordinaria como coautor del asesinato de dos personas en Lérida, Tolima, a comienzos de 2007, dos años después de su desmovilización del Bloque Centauros.
Esta sentencia fue conocida por el Fiscal 24 Delegado ante la Unidad de Justicia y Paz, quien solicitó la exclusión de Sánchez ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. La decisión fue tomada el pasado 3 de mayo y dada a conocer este 6 de mayo.
La exclusión de ‘El Político’ hace parte de las 354 solicitudes de exclusión que anunció en diciembre el Fiscal General, Eduardo Montealegre. Estos recursos han sido elevados ante la magistratura, que decide en últimas si salen del proceso de justicia transicional.
Además de la solicitud hecha sobre Sánchez, varios fiscales de Justicia y Paz han pedido en los últimos meses la exclusión de Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’, Francisco Javier Zuluaga, ‘Gordolindo’, de Armando Lugo, ‘El Cabezón’, y Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’.
Precisamente, para mañana se ha anunciado que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, estudiará en audiencia pública, la solicitud de expulsión de ‘Macaco’, considerado una de las fichas claves dentro de la estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y uno de los narcos más poderosos del país.
Las actuaciones de ‘El Político’
Agustín de Jesús Sánchez nació en 1964 en Urabá e ingresó a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en junio de 1996 por petición de Carlos Castaño y Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Rodrigo Doble Cero’.
Sánchez había sido guerrillero del Ejército de Liberación Popular, Epl. Por tal razón se ocupó de dar instrucción política a los integrantes del EPL que se unían a las autodefensas.
Su papel como instructor en las Autodefensas, lo inició en las llamadas escuelas paramilitares ‘La Treinta y Cinco’ y ‘La Acuarela’. Desde esta última, en la que Mejía colaboró en la constitución, se impartió la instrucción sobre los estatutos, la parte social y el régimen político de la organización ilegal. Esta capacitación estaba dirigida a comandantes de escuadra, de compañía y de grupos de bloques.
Durante las versiones entregadas entre los años 2009 y 2013, el procesado manifestó que en ‘La Acuarela’ recibió a todos los desmovilizados del Frente Pedro León Arboleda del EPL. También confesó que fue uno de los victimarios en la masacre de Mapiripán y en la de Caño Jabón.
El 3 de septiembre de 2005, se desmovilizó en Yopal junto con 1135 hombres del Bloque Centauros. Pero tres años después un juzgado en Ibagué lo sentenció a 30 años de prisión por ser el coautor de un homicidio ocurrido a comienzos de 2007, en la vereda Alto del Sol del municipio de Lérida, Tolima.
Los hechos, que aceptó Sánchez durante el proceso judicial, salieron al descubierto cuando Esteban Espinoza, miembro de la banda criminal Águilas Negras, confesó haber asesinado a alias ‘Chalo’ o ‘Fabio’ y a Miryam Olaya Varahona alias ‘Flaca’ o ‘Mona’.
Espinosa, que hacía parte de un grupo de unos 30 hombres, señaló que actuó por órdenes de alias ‘Político’, que para ese entonces ya se encontraba tras las rejas.
Las dos personas muertas pertenecían a las Águilas Negras, pero según Sánchez estaban filtrando información a las autoridades de Lérida.
La aceptación de exclusión
El 6 de marzo de 2013 la Fiscalía puso en conocimiento estos hechos ante el Tribunal Superior de Bogotá para argumentar la solicitud de exclusión. Esta petición fue respalda por la procuradora delegada, el representante de las víctimas y el mismo postulado.
El representante de las víctimas apuntó que “considera que con esta decisión se verán afectados los derechos de las víctimas a la reparación integral de los perjuicios ocasionados”.
Agustín de Jesús respondió por su parte ante el Tribunal “que siempre que existan las garantías procesales necesarias, está dispuesto a seguir colaborando con el proceso, para que las víctimas conozcan la verdad de los hechos en lo que tuvo participación”.
Los magistrados indicaron que la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y los abogados de confianza de las víctimas, debían facilitar el acceso de las víctimas de ‘El Político’ a audiencias de otros miembros del Bloque Centauros.
El postulado también solicitó que “una vez sea excluido del proceso de Justicia y Paz, no sea trasladado del pabellón en el que se encuentra detenido”, por temor a atentados contra su vida debido a la información suministrada a la Fiscalía durante las diligencias de versión libre.
El Tribunal respondió que no era de su competencia tomar esta decisión, pero sí solicitó al Inpec brindarle condiciones especiales de seguridad y a la Fiscalía estudiar la posibilidad de acceder a un programa de protección de testigos.
