Demandado por los Uribe Vélez por calumnia, alias ‘Alberto Guerrero’, exjefe del frente Cacique Pipintá, insistió en que ellos y otros hacendados crearon el Bloque Metro. Además demandó al exmandatario ante la Comisión de Acusaciones.
Convencido de que está contando la verdad histórica, el ex jefe paramilitar Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’, ratificó su denuncia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez e insistió ante una funcionaria judicial que éste, junto con su hermano Santiago, y otros ganaderos del Nordeste antioqueño, había fundado el Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) a mediados de los años noventa.
Sierra fue llamado a declarar por la Fiscalía en su defensa, pues los hermanos Uribe Vélez lo demandaron por injuria y calumnia a mediados de septiembre del año pasado, una vez se conoció un video divulgado por el representante a la Cámara Iván Cepeda, en el que el exparamilitar los denunciaba. Acudió el martes 3 de abril ante la Fiscalia 248 del municipio de Itagüí, a donde llegó escoltado por agentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y acompañado por su abogada. Ante ese despacho, volvió a narrar lo que ya había dicho en el video realizado por Cepeda en la cárcel de Itagüí en agosto del año pasado y divulgado un mes después.
“Me vine a ratificar en los hechos”, le dijo alias ‘Alberto Guerrero’ a VerdadAbierta.com a la salida de la diligencia judicial. “¿En qué hechos? En la fundación y creación del Bloque Metro participaron el ex presidente Álvaro Uribe, su hermano Santiago, así como los hermanos Gallón y los hermanos Villegas”.
Ante el representante Cepeda, el ex jefe paramilitar, quien comandó el Frente Cacique
Pipintá, había dicho algo muy similar: que quienes crearon el Bloque Metro de las Accu fueron “el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, su hermano, Santiago Gallón,Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas”.
Estas personas tienen en común que han tenido fincas en la zona de San José del Nus, en el Nordeste antioqueño, muy cerca del corregimiento Cristales, del municipio de San Roque, donde tuvo la base este bloque de las AUC. En esa misma zona la guerrilla del Eln había tenido mucha influencia.
En su relato de agosto del año pasado, alias ‘Alberto Guerrero’ aseveró que la creación de este bloque, que comandó el excapitán del Ejército, Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doblecero’, estuvo relacionada con el robo de 600 cabezas de ganado y de varios equinos de la finca Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez. También dijo que esta finca fue la primera base del Bloque Metro, antes de que fuera trasladada a Cristales.
En su corta declaración a VerdadAbierta.com aseguró que con sus testimonios está contribuyendo a reconstruir la verdad histórica del paramilitarismo en Antioquia, a pesar de que no está postulado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Sierra tiene en su contra por lo menos nueve condenas por hechos relacionados con su actividad paramilitar, desarrollada desde finales de la década del noventa hasta su desmovilización tardía, en septiembre de 2007, como comandante del Frente Cacique Pipintá, considerado un apéndice del Bloque Central Bolívar que delinquió en algunas regiones de Caldas, Risaralda y Antioquia.
Otros paramilitares han coincidido con Sierra en denunciar los supuestos nexos de diversos integrantes de las Auc con algunos miembros de la familia Uribe Vélez.
Denuncia en Comisión de Acusaciones
Alias ‘Alberto Guerrero’ además dio a conocer una denuncia presentada el 12 de diciembre del 2011 ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el ex presidente Uribe Vélez por hechos relacionados con la extradición de 14 jefes paramilitares el 13 de mayo de 2008 hacia Estados Unidos.
En el documento, de once páginas y que llevan cada una de ellas su firma y huella, hizo un recuento pormenorizado de los hechos que condujeron a la entrega de los excomandantes de las Auc a la justicia estadounidense, en los que, según alias ‘Guerrero’, se cometieron nueve delitos contenidos en el Código Penal colombiano: prevaricato por acción, empleo ilegal de la Fuerza Pública, abuso de función pública, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, infidelidad de los deberes profesionales, tortura sicológica, detención ilegal y privación del debido proceso, prolongación ilícita de privación de la libertad y calumnia.
De acuerdo con los argumentos presentados por alias ‘Alberto Guerrero’, sobresale el relacionado con la ausencia de órdenes de captura contra la mayoría de los 54 paramilitares retenidos desde el 18 de agosto, cuando inicialmente fueron conducidos a un centro vacacional en el municipio de La Ceja, Antioquia, conocido como Prosocial y adecuado como lugar de reclusión bajo la custodia de la Policía Nacional y el Inpec.
En la denuncia penal presentada ante la Comisión de Acusaciones también se lee cómo el entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, apeló a varias justificaciones para apaciguar los ánimos de los ex paramilitares recluidos en La Ceja, entre ellas que se trataba de una “estrategia del presidente Uribe Vélez orientada a disminuir las enormes presiones de la embajada y del gobierno de Estados Unidos contra varios ex comandantes de las llamadas Auc que tenían requerimientos con fines de extradición”. Asimismo, les dijo que se buscaba “apaciguar los medios de comunicación de tal modo que acallaran las críticas contra el gobierno, a raíz del proceso de paz con las autodefensas”.
En esa misma reunión, celebrada el 20 de agosto de 2006, es decir, cuatro días después de la detención masiva, el Alto Comisionado para la Paz aseveró que por instrucción del Presidente tenían que firmar un documento previamente elaborado por su Oficina cuyo contenido literal, según alias ‘Alberto Guerrero’, “aludía a una certificación mediante la cual se hacía constar que la reclusión de cada uno de los ex comandantes de las autodefensas era eminentemente voluntaria”.
De acuerdo con lo denunciado por el exjefe del Frente Cacique Pipintá, en esa reunión se advirtió que quien no firmara el documento sugerido por el Alto Comisionado para la Paz “ocasionaría por parte del Gobierno Nacional la no postulación del remiso a la Ley de Justicia y Paz, y la extradición de los que tenían órdenes de captura con ese fin”.
Sobre las supuestas irregularidades en la legalización de esa captura masiva, que fue presentada efectivamente como una decisión de reclusión voluntaria, alias ‘Guerrero’ aseguró que en los primeros días del mes de octubre del 2006 regresó a La Ceja el Alto Comisionado para la Paz “en compañía de varios miembros de la Sijin y oficiales del Inpec”, quienes recogieron datos personales de los ex paramilitares, se les tomaron fotografías y fueron escuchados en versión, sesión en la cual se habrían autoincriminado del delito de concierto para delinquir.
“Con este acto se legalizaba improvisadamente la captura abusiva y vejatoria de todo derecho, de más de 40 desmovilizados privados de la libertad, desde hacía dos meses, por disposición autoritaria del Presidente de la República”, se lee en la denuncia presentada ante la Comisión de Acusaciones.
Pero según alias ‘Alberto Guerrero´, las irregularidades se intensificaron a finales de noviembre de 2006 una vez los ex comandantes de las Auc recluidos en el Centro de Reclusión Especial de La Ceja firmaron un documento dirigido al Alto Comisionado para la Paz a través del cual le notificaban al Gobierno Nacional su decisión de “confesar toda la verdad sobre el fenómeno paramilitar y la participación y contribución de miembros de la clase política, del alto gobierno y del empresariado en la agenda militar y política de las Autodefensas Campesinas”.
De acuerdo con el ex paramilitar denunciante, esta expresa intención de aportar la verdad fue castigada con el traslado de los ex jefes paramilitares a la cárcel de máxima y mediana seguridad de Itagüí, realizado el 1 de diciembre de 2006 y con ello empezaría, según el documento de denuncia, “un largo proceso de amordazamiento e intimidación dirigido a callar la verdad de los paramilitares a cualquier precio”.
Dos estrategias que alias ‘Alberto Guerrero’ interpreta como parte de esa “intimidación” para acallar a los exjefes de las Auc. La primera de ellas fue una reunión realizada el 1 de diciembre de 2007 en la biblioteca de la cárcel de Itagüí entre el entonces subdirector nacional del Inpec, coronel (r) Leonardo Ortiz y varios ex jefes paramilitares, cuando ya habían transcurrido varios meses de versiones libres ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, en la cual se estaba develando la relación del paramilitarismo con varios sectores sociales, políticos, económicos y militares del país.
“En la citada reunión, el señor coronel Ortiz manifestó que por encargo del señor general Eduardo Morales, director nacional del Inpec, y del Gobierno, no podía menos que recriminar, censurar y condenar la actitud desleal de la alta excomandancia de las Autodefensas con la Fuerza Pública. Recordó que cuando estaba en el servicio activo había sido muy amigo y había apoyado a varios jefes paramilitares, entre los cuales hizo mención expresa del ex comandante Salvatore Mancuso”, afirmó alias ‘Alberto Guerrero’ en su denuncia.
De acuerdo con este documento, en esa reunión “el coronel Ortiz dejó entrever las gravísimas consecuencias que podría acarrear a los ex jefes desmovilizados la delación indiscriminada y descarnada contra miembros del gobierno y de la Fuerza Pública con impecables hojas de vida”.
La segunda estrategia estuvo relacionada con una operación de registro comandada por el coronel Ortiz y realizada a comienzos de febrero de 2008 por un grupo especial del Inpec en elpabellón donde estaban recluidos los exjefes las Auc en la cárcel de Itagüí. Según las autoridades, en ese operativo fue encontrada una pistola 9 milímetros y una granada, escondidas en dos libros huecos.
“El escándalo que desató dicho hallazgo no podía ser mejor pretexto para alegar que los ex comandantes ‘paras’ seguían delinquiendo y, por esa razón potísima, había que prescindir cuanto antes de la mayoría de estos incómodos personajes por la expedita vía de la extradición”, aseveró alias ‘Alberto Guerrero’ en su denuncia, y recordó que esa decisión se tomó pronto.
“Y el día de prescindir de esos individuos molestos, peligrosos y acaso traidores –portadores de grandes verdades muchas de las cuales aún no dichas– llegó en la fecha del 13 de mayo de 2008, cuando fueron extraditados 14 excomandantes de las Autodefensas, bajo el pretexto infundado de estar delinquiendo en el interior del penal”, se aseguró en el documento.
Alias ‘Guerreró’ reiteró que las supuestas pruebas halladas en el operativo del Inpec “nunca fueron puestas por el Gobierno Nacional en manos de la Corte Suprema de Justicia” y sólo seis meses después la autoridad carcelaria “informó que los internos del pabellón uno de Justicia y Paz no tenían ninguna responsabilidad sobre el corrompido “hallazgo” del coronel Oriz”, ya cuando los 14 exjefes de las Auc estaban en manos de la justicia estadounidense.
Según dijo Sierra García, él busca que la Comisión de Acusaciones, órgano competente para juzgar a los Presidentes de la República, “dé apertura a la investigación penal” por los hechos que condujeron a la extradición de los excomandantes paramilitares y se establezca el grado de responsabilidad del exmandatario “en los actos y decisiones, directa o indirectamente ejecutados como Jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, de los cuales pudo derivarse una grave violación de derechos fundamentales, provocados por abuso y desbordamiento del ejercicio constitucional de autoridad”.
En los dos casos, el de injuria y calumnia ante la fiscalía de Itagüí y en el que inició Sierra García ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, es la palabra de un ex paramilitar con nueves condenas encima contra la de un exPresidente de la República. Será la justicia la que determine si son verdaderas estas denuncias del ex paramilitar o si, como asegura el expresidente Uribe, se trata de meras injurias y calumnias
