Salvador Arana aseguró que no participó en el desfalco de las regalías de Tolú para beneficiar a los paramilitares y que por el contrario, fue víctima de un engaño.
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Salvador Arana Sus, ex gobernador de Sucre y ex diplomático en Chile, fue capturado en mayo de 2008 después de casi dos años de ser prófugo de la justicia. Foto: Archivo Semana. –Ratifican condena de 40 años de cárcel a Salvador Arana -Salvador Arana, el gobernador de la muerte (Semana) – Las pruebas de la parapolítica en Sucre (Semana) – Jairo Castillo alias ‘Pitirri’, testigo clave de la parapolitica (Semana) – La lista de posibles testigos asesinados en el caso Arana – El proceso contra Salvador Arana – ¿Se desbarata caso por homicidio contra Salvador Arana?  – Sentencia contra Salvador Arana – Carta de Sadys Ríos |
Ante los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el ex gobernador sucreño Salvador Arana Sus aseguró que nunca desvió recursos de las regalías de Tolú para beneficiar a paramilitares.
“Me mantengo firme en mi defensa frente a los señalamientos infundados que se me hacen”, aseguró Arana, al tiempo que críticó a la Fiscalía por supuestamente haber omitido pruebas que lo exoneran del delito de peculado.
El ex gobernador es señalado de haber aprobado un doble pago de 15 contratos de obras públicas que se realizaron en el municipio de Tolú entre 1995 y 1997 equivalente a 478 millones de pesos. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, estos pagos dobles habrían terminado en manos del desaparecido jefe paramilitar Vicente Castaño. (Ver artículo Las regalías de Sucre que terminaron en manos de Vicente Castaño)
La defensa del ex gobernador expuso sus argumentos dos semanas después de que los representantes de la Procuraduría y la Fiscalía pidieron al alto tribunal condenar al político al considerar que hay suficientes pruebas en su contra. Esta sería la segunda sentencia de Arana quien fue condenado en 2009 por sus nexos con los paramilitares y por el homicidio del ex alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz. (Ver sentencia)
“Hubo una grande empresa criminal para desfalcar al departamento de Sucre en la que están involucradas personas que no han sido investigadas por la justicia”, afirmó Arana Sus, quien a su vez señaló que el desvío de dineros se gestó en otras administraciones cuando el ni siquiera era candidato a la Gobernación.
“Fuimos engañados porque pensamos que los certificados que había expedido el tesorero de Tolú eran legales, por eso pagamos los contratos. Yo solo estaba acatando una orden del Tribunal Administrativo de Sucre. Las pruebas que se han practicado prueban mi inocencia y que no actúe con dolo para el pago de esos contratos”, aseguró Arana, gobernador de Sucre entre 2001 y 2003.
La defensa del ex gobernador
Durante el último día del juicio de Salvador Arana por el delito de peculado, el ex gobernador y su defensa pidieron su absolución al considerar que no hay pruebas que demuestren que el político realizó acuerdos con los grupos de autodefensas para desfalcar a Tolú.
De acuerdo con las pruebas de la Fiscalía, entre 1995 y 1997 se ejecutaron 15 contratos de obras públicas en el municipio de Tolú por parte del ingeniero Rudolf Paffen, quien recibió el pago correspondiente al término de las obras.
A pesar de esto, Paffen demandó al municipio de Tolú a travésdel abogado Gabriel Alberto Angulo, por unas supuestas deudas en el pago de intereses de los contratos, solicitud que fue aceptada por el Tribunal Administrativo de Sucre el cual ordenó el desembolso del dinero.
Según testimonios de desmovilizados, Paffen trabajó con maquinaria del ex jefe paramilitar Vicente Castaño por lo que se comprometió a darle cierto porcentaje de dinero, pero el pactó no se cumplió y Castaño ordenó desaparecer al ingeniero no sin antes obligarlo a traspasar todos los poderes legales a su esposa María Angélica Esquivel.
Desde 1999 de acuerdo con la versión de Esquivel, fue presionada por los paramilitares para cobrar cheques que eran desembolsados por la gobernación de Sucre y que equivalían al valor completo de los contratos que ya habían sido pagados.
Para la Fiscalía estos dobles pagos millonarios que alcanzaron los 478 millones de pesos se hicieron con la aprobación del entonces gobernador Arana, quien además facilitó el desembolso de las regalías a los paramilitares de Castaño.
Frente a estos señalamientos el ex gobernador Arana respondió asegurando que todo el plan para desfalcar el presupuesto público empezó en el 97 cuando el ni siquiera era candidato a la gobernación. “El pago de los contratos empezó mucho antes de mi llegada a la gobernación. No tuve nada que ver con los contratos ni con la demanda que se presentó al Tribunal Administrativo”, afirmó Arana Sus.
De acuerdo con la versión de Arana, desde el primero de enero de 2001, cuando se posesionó como gobernador, hizo una revisión de los documentos antes de hacer los desembolsos para acatar la orden del Tribunal.
“Además de la orden del tribunal contábamos con certificaciones de la tesorería de Tolú en las que se daba fe de que se adeudaba el pago de los 15 contrato. Fue Fernando Puerta, el tesorero, quien emitió unos certificados de no pago de los contratos que había realizado Paffen, documentos con los cuales se autorizó el pago desde la gobernación”, narró el ex gobernador, quien agregó que Puerta miente cuando asegura que firmó los certificados bajo amenazas de los paramilitares.
Arana señaló que las certificaciones fueron recibidas en la administración de su antecesor Erick Morris Taboada y del entonces alcalde de Tolú Alfredo Navas Patrón, ambos condenados por sus nexos con los paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María.
De hecho, según Arana, el presupuesto para el año 2001 en el que se incluyó una partida para el pago de los 15 contratos fue aprobado por la administración de Morris, por lo cual pensó que todo se estaba haciendo acorde a la ley.
Según Arana “Fernando Puerta empezó a firmar las certificaciones fraudulentas en el 2000, antes de mi administración. Así las cosas, los hechos delictivos para desviar los dineros de Sucre nada tienen que ver conmigo ya que desde 1997 se estaban involucradas personas ajenas a mi administración”.
Para Arana y su abogado Mauricio Alarcón, la fiscalía debió dirigir sus investigaciones hacía Maria Ángelica Esquivel, el abogado Gabriel Alberto Angulo y el mismo tesorero de Tolú, Fernando Puertas, tdos absueltos por este caso.
Por otra parte el ex gobernador aseguró que no se trató de una omisión de parte suya ya que “contrario a lo que la Fiscalía pretende demostrar, en la gobernación hay oficinas dedicadas a este tema ya que era imposible que el mismo revisara personalmente cada cuenta de cobro, girara los cheques y los entregara para ver quien era el que los recibía.
Lo que dijeron los jefes paras
Los testimonios de los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Edwar Cobos Tellés, alias ‘Diego Vecino’, Libardo Duarte, alias ‘Bam Bam’ fueron utilizados por la defensa del ex gobernador para demostrar que Arana no participó en la desviación de recursos.
Los tres jefes paras aseguraron que no les constaba que el ex gobernador Arana hubiera pactado acuerdos con los paramilitares ni para su elección ni para la desviación de regalías.
Sin embargo alias ‘Diego Vecino’ afirmó que conoció al ex gobernador en la reunión en la que se firmó el Pacto de Ralito en 2001, a la que asistieron varios políticos de primer nivel para discutir temas de una posible negociación de paz.
‘Vecino’ agregó que las autodefensas no tuvieron una participación directa en la campaña del ex gobernador, pero que políticos cercanos a Arana buscaron alianzas con los paramilitares como Álvaro García Romero, condenado por parapolítica.
“En ningún momento, ni antes ni durante ni después de ser gobernador fui colaborador para los autodefensas”, aseguró Arana quien señaló que consideraba injusta su condena de 40 años por nexos con los paramilitares que según él, nunca fueron probados.
“Desafortunadamente asistí en representación de los gobernadores a la reunión de Ralito para discutir temas de pacificación. Soy inocente y seguiré luchando para demostrarlo”, aseguró Arana al final de su juicio.
Finalmente, la defensa del ex gobernador denunció que su defendido es víctima del llamado ‘cartel de testigos’ ya que uno de los desmovilizados que había declarado en su contra en 2006, se retractó afirmando que le habían ofrecido dinero para que salpicará al ex gobernador pero como no le habían cumplido, decidió contar la verdad ante la justicia.
