El ex gerente del Incora en Magdalena, Jose Fernando Mercado Polo, aceptó que se reunió con Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’. El paramilitar logró en complicidad con funcionarios del instituto que le titularan miles de hectáreas de campesinos desplazados.
El ex funcionario aceptó de esta manera ante un fiscal de la Unidad de Terrorismo los cargos de concierto para delinquir con paramilitares y falsedad en documento público con el que despojaron a cientos campesinos de sus tierras en Chibolo, Pivijay y El Difícil entre otros municipios. Mercado Polo fue capturado de inmediato y recluído en una cárcel de Santa Marta.
Mercado Polo pretende de esta manera acogerse a sentencia anticipada por el proceso que adelanta la Fiscalía por el despojo masivo de tierras por parte de paramilitares y testaferros del ex jefe del Bloque Norte de las Auc, Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ que se dio en el Magdalena entre 2002 y 2006.
VerdadAbierta.com pudo comprobar que no fueron solo 37 los predios que robó el grupo paramilitar. Después de revisar decenas de documentos de la entidad, que consiguió mediante una tutela, pudo documentar que solamente en un año, el 2003, el Incora había revocado 134 títulos a campesinos de 13 municipios de Magdalena, en zonas en donde delinquió el jefe paramilitar. *
Los títulos que revocó se los había otorgado la misma entidad entre los años ochenta y noventa para atender a años de reclamos por la tierra de los campesinos de esa región, a cada campesino le había asignado una unidad agrícola familiar, que en esa zona oscilaba entre las 20 y 30 hectáreas.
Pero después de que los paramilitares se tomaron a sangre y fuego la región, y forzaron a miles de campesinos a desplazarse, la entidad, con el nuevo nombre de Incoder, revocó los títulos de los campesinos desplazados y, en muchos casos, se los re-adjudicó a terceros.
En versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz, un paramilitar desmovilizado que hizo parte de la banda de ‘Jorge 40’, Óscar José Ospino Pacheco alias ‘Tolemaida’, ha confirmado lo que los documentos sugieren: que las AUC consiguieron que el Incoder les legalizara el despojo a los campesinos.
‘Tolemaida’ dijo que otro paramilitar conocido con el alias de ‘Córdoba’ fue quien sirvió de puente entre la gerencia del Incora y ‘Jorge 40’ para legalizar el robo de predios a las familias campesinas, desplazados por los paramilitares a finales de los años noventa.
El otro testigo que está colaborando con la justicia, pero cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad, le dijo a las autoridades que participó en varias reuniones entre ‘40’ y funcionarios del Incora, y en ellas se organizó cómo se revocarían los predios adjudicados a campesinos y cómo se les titularían a los paramilitares.
Los documentos sustentan estas versiones. Entre febrero y marzo de 2003, el Incora revocó la adjudicación de 134 predios, dos en promedio por día, argumentando que los campesinos abandonaron la tierra o incumplieron con el pago de un crédito que les otorgaron quince años atrás. Se aprecia lo exagerado de la cifra, si se tiene en cuenta que entre 1996 y 2002, es decir, en los siete años anteriores, apenas se habían revocado los títulos de 80 predios.
Las revocatorias de 2003 incluyeron predios con extensiones desde 47 metros cuadrados, equivalentes a una huerta, hasta de 69 hectáreas, una gran hacienda. Estas cancelaciones de títulos ocurrieron en 12 municipios del Magdalena, pero se concentraron sobre todo en cuatro de ellos, justo los que mayor desplazamiento forzado registraron a causa del terror de ‘Jorge 40’.
En su defensa ante la justicia, conocida por VerdadAbierta.com, el entonces gerente del Incora en Magdalena, José Fernando Mercado Polo, aseguró a las autoridades que nunca tuvo conocimiento de desplazamientos forzados de campesinos en la zona, ni mucho menos que ‘Jorge 40’ hubiera asesinado o intimidado a alguien para robarle sus tierras. Sin embargo, Mercado Polo decidió confesar que si se reunió con ’40’ y de allí salieron las adjudicaciones irregulares a testaferros e incluso desmovilizados del Bloque Norte.
La Fiscalía también capturó en diferentes ciudades de la Costa a Edgar Rafael Navarro Quintero, quien ocupó por encargo la dirección del Incora Magdalena; Carlos Arturo Vásquez Vásquez, fue coordinador del Incora en Fundación y es funcionario del Incoder; Ernesto Martín Gámez Goelkel, coordinador del Incora en Plato (Magdalena); José Eugenio Lozano Andrade, coordinador del Grupo de Propiedad del Incora; y Milleth Antonio Villa Zabaleta, ex concejal de Chibolo, según informó el diario El Espectador.
El 21 de enero de este año, el ente acusador había dictado medida de aseguramiento contra Luz Cenit Curiel, exasesora jurídica; Gómez Goelkel, Vásquez Vásquez y Lozano Andrade.
En el proceso por el despojo de las tierras también están vinculados Carlos Peñaranda Massón, registrador seccional de Plato; Armando Andrade Palacio, notario de Ariguani, y José Norberto Bedoya Prada, exconcejal de Fundación, también serán llamados a indagatoria.
En enero, la Corte Suprema de Justicia (Ver artículo: Corte Suprema ordena devolver tierras robadas por ‘Jorge 40’ en Magdalena) ordenó compulsar copias al fiscal de la Unidad Antiterrorismo para investigar a los funcionarios del Incoder Magdalena que intervinieron en la titulación fraudulenta.
Los 36 predios, ubicados en las veredas El Encanto y Bejuco Prieto, en Chivolo, fueron despojados entre 1997 y 2000 por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ a sus primeros dueños.
La expropiación de tierras consistió en que, el Incora declaró los predios en estado de abandono y los transfirió a nombres de ex miembros del Bloque Norte de las Auc y testaferros a ‘Jorge 40’.
Historia del despojo
En 1997, ‘Jorge 40’ se instaló en la finca de La Pola, una de las que fue adjudicada a 72 familias de parceleros en 1991, y de allí orquestaba sus macabros planes de asesinatos y masacres.
Según le contaron a VerdadAbierta.com los propios campesinos, los paramilitares se tomaron el corregimiento de Pueblo Nuevo y en menos de dos años- entre 1996 y 1997- asesinaron a varios de ellos de El Pueblito, San Ángel, Chivolo y La Estrella: a Victor Cantillo Jiménez, José Montenegro Manga, Alonso Martínez, Miguel Avendaño Martínez, Antonio Mendinueta Barrios, Miguel Palencia, Luis Alfonso Fernández de Agua, Alberto Zolar, Laura Acuña, Humberto Noriega, Lorenzo Ariza, Juan Marriaga, Yonis Marriaga, Orlando Buelvas Cervantes, Manuel Pérez, Dionisio Jaraba y Manuel de la Cruz de la Hoz, entre muchos otros.
Estas tierras fueron tituladas a parceleros por el InstitutoColombiano para la Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder) en los noventa. Entre 1997 y 2000 se revocaron los títulos por abandono luego de que ‘Jorge 40’ y sus hombres asesinaran a varios de ellos, los desplazaran, y los obligaron a venderle o traspasarle sus títulos a testaferros de los ‘paras’.
El 15 de julio del 1997, ‘Jorge 40′ ordenó a sus hombres que reunieran a todos los campesinos que vivían en las fincas La Pola, El Encanto y La Palizua, entre otras, y les dijo que tenían 15 días para desocupar. En esa reunión estaba el profesor Ricardo Barrios quien fue retenido por hombres de ’40’ y apareció asesinado al día siguiente. También asesinaron a José de Jesús Henao, quien tenía propiedades en el predio El Radio y lo acusaron de ser colaborador de la guerrilla. Su objetivo primordial, era ya obvio, no era combatir a la guerrilla, sino hacerse a las mejores tierras de la región.
En un allanamiento del 28 de julio de 2006 la Fiscalía encontró documentos que prueban el despojo de 36 predios en Chivolo, adjudicados por el Incora en 1991 a campesinos sin tierra.
Una vez que los campesinos se atrevieron a denunciar del despojo, el Programa de Tierras de Acción Social documentó el caso y solicitó la protección de los predios robados por los hombres de ’40’. Con estas medidas se inició el trámite para la restitución de los predios en el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, en donde inicialmente se negó la devolución de los predios.
Deicy Jaramillo, fiscal 3 de Justicia y Paz, la Procuraduría, el Proyecto de Tierras de Acción Social, la oficina nacional de Incoder y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) apelaron la decisión, que fue juzgada en última instancia por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.
Es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia se pronuncia sobre la atribución ilegal de tierras a testaferrosde ‘paras’, decisión que abre la posibilidad que miles de hectáreas que campesinos consiguieron a través del Incora y que fueron despojados bajo la figura del abandono vuelvan a sus dueños originales.
El abandono fue una de las formas que los ‘paras’ usaron para robar tierras a los campesinos. Como el Incora les había otorgado los títulos, la ley precisaba que estos no podían ser ni vendidos ni traspasados antes de 15 años. La única forma era declararlos abandonados por sus dueños y reasignarlos.
Los ‘paras’ masacraron, asesinaron, desaparecieron, saquearon y desplazaron para que los funcionarios del Incoder, muchas veces cómplices, vinieran unos meses después a constatar el abandono.
