Las organizaciones de víctimas de despojo en Antioquia exigen a la justicia que acelere los procesos contra los integrantes de las bandas que se hacen llamar ‘Ejercitos de Restitución’ y garantice la seguridad de los campesinos.
La creación de una unidad de investigación criminal dedicada exclusivamente a combatir y desarticular el llamado “ejército antitrrestitución”, así como el ofrecimiento de jugosas recompensas por quienes son señalados como sus máximos líderes, constituye un avance significativo en la intención del Gobierno Nacional de no permitir que manos criminales atenten contra la política de la restitución de tierras. Pero aún falta más.
Asílo sienten representantes de víctimas de despojo consultados por Verdadabierta.com, quienes además de celebrar la decisión de las autoridades de Policía de atacar con determinación un flagelo que, según la Defensoría del Pueblo, aqueja a cuatro departamentos donde se adelantarán procesos de restitución de tierras en el marco de la Ley de Víctimas, también demandaron que estas acciones estén acompañadas de una acción más eficaz de la justicia.
De acuerdo con Gerardo Vega, directivo de la Fundación Forjando Futuros, que representa víctimas de despojo de tierras del Urabá antioqueño ante diversos estrados judiciales, la lentitud y los engorrosos trámites del sistema judicial pueden “echar al traste” los resultados operativos policiales.
Como ejemplo de lo anterior citó el caso de Diego Alfonso Hernández Banquet, alias ‘Fidel’, y Filiberto Charrasquiel López, alias ‘Félix’, capturados la semana pasada por miembros de la Policía Nacional en el corregimiento El Totumo, de Necoclí; y el municipio de Turbo, respectivamente, por su presunta participación en el asesinato de Hernando Pérez y en el secuestro y tortura de Héctor Cavadía Pitalúa, ambos líderes de campesinos reclamantes. Hasta el momento no ha sido posible imputarles cargos a los dos detenidos.
“Van dos audiencias de imputación fallidas; no se han podido realizar porque el Inpec no ha trasladado a los capturados desde su sitio de reclusión, en Apartadó (Urabá), hasta la ciudad de Medellín. Y como vamos, van a quedar en libertad por vencimiento de términos. El Juez ha enviado varios oficios, pero el Inpec no da ninguna explicación, y él no puede hacer más”, advirtió Vega.
Se espera que para el próximo 3 de septiembre, la Fiscalía 10 Especializada pueda formular las imputaciones ante el Juez Segundo Adjunto Especializado de Antioquia para darle celeridad al proceso.
A Hernández Banquet y Charrasquiel López se les sindica del asesinato de Hernando Pérez, ocurrido el 19 de septiembre de 2010 en el corregimiento El Totumo, Necoclí, horas después de haber asistido a un acto de entrega de títulos en el municipio de Apartadó presidido por el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.
Además, los capturados estarían involucrados en el secuestro y tortura de Cavadía Pitalúa, hechos ocurridos el 20 de noviembre de 2011 en la vereda Los Carlos, del municipio de Necoclí, donde cuatro hombres mantenían atado de pies y manos a este reclamante de tierras quien horas antes había sido bajado a la fuerza de un vehículo de transporte público. Gracias a las denuncias de la Asociación Nacional para la Restitución Tierra y Vida, integrantes de la Fuerza Pública llegaron paraje y liberaron al labriego.
Faltan más responsables
Según el Director General de la Policía, general José Roberto León Riaño, entre los responsables de mayor importancia del llamado “ejército antirrestitución” se encuentra Sor Teresa Gómez, alias ‘Teresita’, actualmente prófuga de la justicia y sobre quien pesa una condenada de 40 años por el asesinato de la líder campesina Yolanda Izquierdo.
A Gómez, hermana de crianza de los hermanos Castaño Gil y exdirectora de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), se le considera la responsable del despojo de por lo menos 2.500 hectáreas de tierras en el norte de Urabá, sur de Córdoba y los corregimientos Leticia y Martinica de Montería, que terminaron en manos del Fondo Ganadero de Córdoba. Por información que permita su captura el Gobierno Nacional ofrece una recompensa de 150 millones de pesos.
En la misma línea figura Augusto Francisco Castro Gutiérrez, conocido como ‘Tuto’, y por quien se ofrecen 200 millones de pesos. Este hombre es hermano del excongresista Jorge Castro Gutiérrez, condenado por la Corte Suprema de Justicia a siete años de cárcel por sus nexos con los paramilitares al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
En 2010 la Fiscalía dictó orden de captura contra ‘Tuto’ Castro por los delitos de desplazamiento forzado, desaparición forzada, homicidio agravado y falsedad en documento público, luego de recabar versiones entregadas por postulados a la Ley de Justicia y Paz que lo señalan de ser el jefe de la estructura que operó en los municipios de Chivolo y El Difícil, departamento de Magdalena.
Tal como lo publicó en su momento Verdadabierta.com, ‘Tuto’ Castro fue señalado por campesinos desplazados del corregimiento Pueblo Nuevo, Magdalena, de haberlos presionado e intimidado para que vendieran sus parcelas a bajos precios, sacando provecho del terror que desde 1997 venía sembrando el Bloque Norte de las Auc, bajo el mando de ‘Jorge 40’.
El Gobierno Nacional también ofreció una recompensa de 150 millones de pesos por Melquisedec Henao Ciro, alias ‘Belisario’, quien fue señalado por desmovilizados del bloque Centauros de las Auc como comandante de escuadra de esta estructura paramilitar y responsable de varias masacres cometidas por este bloque en los departamentos de Vichada y Meta. Según las autoridades judiciales, alias ‘Belisario’ es actualmente uno de los más importantes integrantes de la banda criminal ‘Los Urabeños’, responsable del tráfico de drogas en la región de Urabá y el departamento de Magdalena.
A ellos se suman Omar Montero Martínez, alias ‘Codazzi’, ex miembro del bloque Norte de las Auc e implicado en el despojo de las fincas La Pola, El Encanto y Palizua, ubicadas en el corregimiento Pueblo Nuevo, Magdalena, en hechos ocurridos en el año 1997; Gildardo de Jesús Villegas Escalante, alias ‘Daniel’, integrante de la banda criminal ‘Los Urabeños’; el exjefe de finanzas del frente 10 de las Farc, Gerardo Antonio Sanguino, alias ‘Anderson’; y el jefe del frente 36 de las Farc, Ovidio Antonio Mesa, alias ‘Carranza’. Por todos ellos se ofrece una recompensa de 150 millones de pesos.
No obstante, a juicio de Gerardo Vega, la lista podría ser más amplia: “estos ‘ejércitos’ no se sostienen solos. Falta develar quienes son los que financian, los que promueven, los que sirven de testaferros. Es muy probable que estos ‘ejércitos’ estén financiados por élites regionales”.
La apreciación es compartida por León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arco Iris, una de lasprimeras organizaciones no gubernamentales en denunciar estas organizaciones criminales que atentan contra los campesinos reclamantes.
“Si bien es importante señalar a los perpetradores, a los ‘gatilleros’, los más importantes son los que están detrás, que muchas veces están en la legalidad”, afirmó Valencia, quien añadió que “en la región del Urabá, por ejemplo, las víctimas han denunciando formalmente ganaderos y empresarios que despojaron tierras y que están en abierta campaña contra la restitución de tierras y contra ellos no hay ninguna investigación”.
El analista político agregó que este brazo armado, integrado por antiguos combatientes de las Autodefensas en connivencia con testaferros y narcotraficantes, no es el único que constituye la amenaza contra la Ley de Restitución.
“La oposición a la restitución va más allá de las amenazas. Hay una nube de abogados en el otro lado del espectro que se está convirtiendo en una fuente de presión muy fuerte en las regiones, porque están ligados a propietarios de tierras y está generando un pulso muy fuerte entre el Gobierno, que quiere sacar adelante la Ley de Víctimas, los campesinos que fueron despojados y esas fuerzas que se beneficiaron del despojo. Ahora, es importante visibilizar estos cabecillas, pero se necesita una estrategia más global”, explicó el director de la Corporación Nuevo Arco Iris.
Continúan problemas
Tal como lo expuso el Director General de la Policía, la unidad de investigación criminal que se creará para combatir al llamado “ejército antirrestitución” focalizará inicialmente sus acciones en los departamentos de Córdoba, Arauca, Magdalena así como en el Urabá antioqueño. La idea, según declaró el Alto Oficial a medios de comunicación, es crear un grupo especial que brinde acompañamiento y seguridad a los campesinos que retornen a sus tierras.
En el Urabá antioqueño, el anuncio ha despertado gran expectativa. Y no es para menos. Actualmente, la Magistratura con funciones de control de garantías ante Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín tiene en su escritorio cuatro importantes procesos de restitución de tierras que involucran a reconocidos ganaderos y empresarios de la región agroindustrial; a los exjefes paramilitares Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, Ever Veloza, alias ‘HH’, y a Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’; y por los menos a unas 70 familias que reclaman cerca de 1.500 hectáreas.
Uno de esos procesos es la solicitud de cancelación de 12 títulos en la vereda Guacamayas, municipio de Turbo, y que hoy hacen parte de un complejo ganadero de propiedad de Inversiones ASA LTDA. El otro caso es la solicitud de restitución de 25 predios de la región de Tulapas, ubicada entre Turbo y Necoclí, y donde participaron Salvatore Mancuso, sus lugartenientes y varios labriegos que oficiaron como comisionistas.
Además figura el caso de la hacienda Paquemás, también en Turbo, donde un antiguo funcionario del Incora (hoy Incoder) es acusado de participar en el despojo de más de 40 predios. Por último figura el proceso por la hacienda de la vereda Bejuquillo, en Mutatá, donde 27 familias reclaman la restitución de igual número de fincas.
Pero paralelo a la complejidad de los procesos judiciales está la grave situación de inseguridad en la región. Así lo reveló Manuel Mercado, integrante de la junta directiva de la Asociación Nacional para la Restitución Tierra y Vida, Capítulo Urabá, quien llamó la atención sobre lo que ocurre en algunas zonas donde están ubicados predios que hoy son objeto de reclamación.
“Lo que es al sector de Blanquizet (Turbo) y por (vereda) Guacamayas no podemos entrar porque lagente que tiene esas tierras no las quiere entregar. Hay otro sector muy complicado que es conocido como Caño Los Mangos, también en Turbo, allí hay un poco de familias amenazadas. En el (corregimiento) Totumo (Necoclí) la cosa sigue igual de caliente”, declaró Manuel.
“Nosotros hemos denunciando muchas veces a esa gente de El Totumo, la que tiene las tierras y ellos siguen libres ya pesar que todo mundo los ha señalado y acusado, ellos siguen caminando como si nada. Por allá la gente no puede hacer nada”, aseveró el campesino, quien espera que los nuevos anuncios de las autoridades de Policía surtan efecto y llegue algo de tranquilidad a la región.
