Un líder comunal de una de las cuatro zonas de concentración que instalarán en el Guaviare para desmovilizar a las Farc se refiere así a su departamento, por la mezcla de selva, bonanzas, grupos ilegales y ausencia estatal. Segunda entrega de la serie de cuatro reportajes sobre las Zonas Veredales Transitorias de Normalización.
En uno de los pueblos del corregimiento de Charras – Boquerón, de San José del Guaviare, se ubicará una de las cuatro zonas veredales que habrá en ese departamento. Foto: Cortesía Carlos Arango, Oficina del Alto Comisionado para la Paz.Un territorio tan extenso que para entenderlo hay que vivirlo, pues para cualquiera sonaría descabellado que la guerrilla de las Farc construya carreteras en medio de la selva y que la Fuerza Pública solo llegue hasta ciertos sitios. Así describen sus habitantes a Guaviare, el departamento que tendrá 4 de las 22 Zonas Veredales Transitorias de Normalización en las que ese grupo subversivo dejará las armas y comenzará su camino a la vida legal.
Históricamente los frentes 1, 7 y 44 de las Farc han mantenido un férreo control social en gran parte de este territorio, de ahí que bajo los acuerdos con el gobierno nacional alcanzados en La Habana se concertara la instalación de estos sitios de concentración en zona rural del municipio de El Retorno; en la vereda Tierra Negra, sobre la carretera que lleva a Calamar, a menos de cinco minutos del casco urbano y en territorio de zona de reserva campesina; y en las veredas Puerto Cachicamo y Charras, de San José del Guaviare.
Buena parte del poder que alcanzó la guerrilla de las Farc se forjó y consolidó gracias al aislamiento vial que padeció este departamento con respecto al centro del país. Por muchas décadas, la única vía para entrar o salir a Guaviare solo llegaba hasta el río Guaviare, en límites con el Meta. Una vez allí, se debía atravesar en lancha y continuar la ruta con todas las vicisitudes que ofrecía una carretera sin pavimentar. Un viaje a Bogotá podía durar un día entero.
Sin embargo, en los últimos 20 años ese aislamiento havenido superándose con la construcción de puentes, entre ellos el puente Puerta del Nowen (vocablo indígena que significa Guaviare) de 913,8 metros sobre el río Guaviare y la pavimentación de buena parte de la vía que conduce a San José del Guaviare. Hoy los 402 kilómetros que hay hasta la capital de la República se recorren en ocho horas.
Pero los atrasos viales están en el interior del departamento, donde predominan las carreteras destapadas y las trochas, varias de ellas construidas por las Farc, como la que hicieron entre Calamar y Miraflores.
“La guerrilla, a finales de los noventa, construyó una carretera por donde solamente transitan personas de la zona por el grado de inseguridad que representa viajar en medio de la selva, y preferiblemente utilizan moto. El Estado no ha realizado mantenimiento alguno, porque es una carretera pirata que fue construida a través de una reserva forestal. El mismo viaje se puede realizar en tres días por el río Vaupés, pero resulta muy costoso para la mayoría de los pobladores de la región”, documentó la organización no gubernamental Cinep en su investigación titulada ‘Organizaciones socialesen el Guaviare’ y divulgada en 2015.
A su vez el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo registró en uno de sus informes de riesgo de 2015 sobre Calamar y El Retorno las implicaciones del aislamiento de muchas zonas del Guaviare: “La topografía e inaccesibilidad del territorio continúan siendo un factor determinante en la persistencia del riesgo, en la medida en que facilitan la movilidad de los grupos armados ilegales, tanto por las conexiones que se establecen a través de la cuenca del río Guaviare hacia los departamentos del Vichada, Guainía y Vaupés y de allí con las fronteras con Venezuela y Brasil (en dirección al oriente), como por las conexiones hacia el departamento del Meta en dirección a la serranía de la Macarena (en el occidente)”.
Negocios ilegales
Actualmente desde San José del Guaviare hasta Calamar, hay un recorrido de cerca de dos horas por esta vía destapada. Las condiciones y el tiempo son otras si llueve. Foto: María Clara Calle, periodista de VerdadAbierta.com.Otra de las evidencias del poder histórico de las Farc en Guaviare es su participación en los negocios de tráfico de coca, explotación de oro y, recientemente, del coltán, un mineral usado en dispositivos electrónicos.
Informaciones de la Defensoría del Pueblo aseveran que en los últimos meses la guerrilla pasó dos dragas de Calamar al Parque Natural Chiribiquete para explotación aurífera, pero nada de esto queda registrado ni hay quién lo compruebe abiertamente. También se habla de la explotación de tungsteno en los límites entre Guaviare, Vaupés y Guanía.
Con respecto a siembra de hoja de coca para uso ilícito, las últimas mediciones de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito muestran que en este departamento el área sembrada alcanzó las 5.423 hectáreas, que corresponden al 6% del total nacional. En otros tiempos, este fue el departamento con más cultivos. Según informes del SAT de la Defensoría, “a mediados de los años 90 se estimaba que el Guaviare producía el 60% de la coca cultivada en Colombia y el 13% de la cultivada en el mundo entero”.
La drástica reducción se debe, entre otras razones, a la agresiva política de fumigación aérea desde finales de la década de los ochenta. No obstante, el negocio sigue siendo rentable, al punto que la disputa por ellos entre dos grupos armados ilegales ha dejado desplazados y asesinatos en el último año, especialmente en El Retorno.
Otro de los factores que podrían desestabilizar la región y generar riesgos a las zonas de concentración de los insurgentes es la declaratoria de disidencia del Frente 1, una unidad guerrillera que lleva varias décadas en la zona y conoce al detalle los negocios ilegales.
A ese problema se suma la inquietud que tienen varios líderes comunitarios por la tenencia de la tierra. La preocupación es porque de los más de cinco millones y medio de hectáreas que tiene el Guaviare, casi todas ya están destinadas: dos millones y medio son de zona forestal, otros dos millones para los 26 resguardos indígenas y 469 mil hectáreas pertenecen de la zona de reserva campesina, según la Unión Temporal de Ordenamiento Territorial de Guaviare.
Estas son las veredas, según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. La ubicación de los frentes guerrilleros es según la Fundación Ideas para la Paz.
De las 470 mil hectáreas titulables que restan, sólo se podrían adjudicar 187 mil, que están ubicadas en una zona cercana a los parques naturales, lo que exigiría un tratamiento especial, entre ellas prácticas agrícolas más ecológicas.
Calamar: un bastión político
Esta escuela es lo primero que aparece de la vereda Tierra Negra, sobre la carretera. A menos de cinco minutos de distancia, está el primer retén de la Policía y el casco urbano de Calamar. Foto: María Clara Calle, periodista de VerdadAbierta.com.El Ministerio de Defensa aseguró que ninguna de las zonas veredales destinadas a la concentración de guerrilleros de las Farc quedaría cerca de cascos urbanos poblados ni en zona de reserva campesina. Sin embargo, estas reglas se rompen en Tierra Negra. Una parte de esta vereda se localiza sobre la carretera y a menos de cinco minutos de distancia de Calamar.
“Nos enteramos que habría una zona de concentración aquí la misma semana en la que vino la misión de observación porque antes teníamos entendido que iban a ser únicamente dos puntos y en San José del Guaviare. Demás que eligieron a Tierra Negra por la facilidad de acceso”, dijo Pedro Pablo Novoa, alcalde de Calamar.
No obstante, este mandatario local teme lo que pueda suceder con la población civil si hay un enfrentamiento entre los disidentes del Frente 1 y los guerrilleros que sí dejen las armas.
“Las Farc están a 7 kilómetros del casco urbano, están en las goteras de la vereda de nosotros. Si fueran todos los desmovilizados, no habría ningún problema en recibirlos, pero como se queda un grupo, uno no sabe qué sucederá de aquí a mañana”, comentó un líder de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Tierra Negra.
Varios líderes señalan que ya han visto movimiento de tropas guerrilleras en ese territorio, especialmente de otros frentes, como el 7, que estarían llegando para quitarle espacio a la disidencia insurgente.
Además de seguridad, los habitantes de Tierra Negra piden una intervención efectiva del Estado porque aseguran que no quieren volver a sembrar hoja de coca. “Ojalá el gobierno nos tenga en cuenta para arreglarnos la vía principal y las terciarias porque solo así podemos cultivar productos y tener un sustento”, añadió otra líder de la JAC.
Según su información, las 35 familias de esa vereda viven de la ganadería o de la agricultura, especialmente desde que Tierra Negra fue declarada en 2011 territorio libre de coca, junto a las veredas Gaitana, Diamante 1, Diamante 2 y San Juan.
“El gobierno nos entró al Programa de Consolidación Territorial Poserradicación. A los que teníamos escritura de nuestros predios y no teníamos ni una mata de coca nos dieron insumos que en total valían 1 millón 500 mil pesos y no volvieron más”, precisó el líder comunitario.
Pero muchos son escépticos por lo que han vivido. Hasta 2002, las Farc imponían el orden en Calamar, mientras que las organizaciones sociales intentaban manejar su propia política.
“La conformación de organizaciones sindicales y la de pequeños agricultores del Guaviare como el Sindicato de Pequeños Agricultores del Guaviare (SINPAG) lograron tal magnitud e importancia que terminaron reemplazando al Estado y ganando apoyo social sin precedentes en la región”, explicó el Cinep en su investigación.
El pasado 13 de agosto, las delegaciones del Gobierno y las Farc visitaron Tierra Negra en el marco del proceso de observación de las zonas veredales. Foto: Cortesía Carlos Arango, Oficina del Alto Comisionado para la Paz.De hecho, desde 1994 el Sindicato de Pequeños Agricultores jalonó la creación de la primera zona de reserva campesina del país, el mismo año en el que la Unión Patriótica (UP) ganó la Alcaldía de Calamar.
Este partido se creó como resultado de las negociaciones de paz entre las Farc y el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). Unos de sus bastiones políticos fueron Calamar y San José del Guaviare.
Sin embargo, los militantes de la UP pagaron con sangre su presencia en el departamento. A finales de los ochenta asesinaron a dos alcaldes de San José, a un concejal, al representante a la Cámara por el departamento y a varios dirigentes políticos. En Calamar mataron a Rafael Duarte, presidente del Consejo Comisarial del Guaviare; a los militantes Nohemí Laverde de Bernaza y Carlos Morales, y al dirigente Jesús Moreno.
Durante años, muchos políticos más tuvieron que cargar con el estigma de ser guerrilleros. En 2002, la Brigada Móvil No. 7 del Ejército detuvo al exalcalde Germán Olarte Palomino, entonces consejero departamental de paz; a Arcángel Cadena, director del Grupo de Manejo del Proyecto Piloto Zona de Reserva Campesina; y a otras 12 personas, más por sus supuestos vínculos con las Farc.
Además, acusó al alcalde del momento, Orlando Giraldo, de obstaculizar la lucha contra la guerrilla. Para ese momento, las Farc se paseaban con tranquilidad en el casco urbano de Calamar, según el mandatario actual. “En el 2003, cuando no había Ejército, la guerrilla estaba en el casco urbano. Andaba en camionetas, con camuflados y armas. Calamar era un Vietnam, como las películas”, recordó Novoa.
Seis años después, la Brigada instaló una base militar en Calamar. Desde entonces, el Ejército está en el centro de Calamar mientras la guerrilla ronda los alrededores.
Según el SAT, para 2015 los frentes 1, 7 y 44 de las Farc estaban sobre los ríos Inírida, Unilla e Itilla; mientras que los grupos armados que surgieron tras la desmovilización de los paramilitares a mediados de 2006 se ubicaron en la cabecera urbana y en las veredas cercanas al municipio de El Retorno. “Así conviven entre todos. Esto sí es la Colombia profunda, donde para poder sobrevivir no hay que coger para ningún lado ni saber tanto del cuento”, dijo el líder de social de Tierra Negra.
El Retorno: reacomodamiento de los otros
Las delegaciones de observación también estuvieron en La Unilla, vereda de El Retorno, el 13 de agosto. Foto: Cortesía Carlos Arango, Oficina del Alto Comisionado para la Paz.Cerca de Calamar está El Retorno, otro de los municipios que albergará una Zona Veredal Transitoria de Normalización, específicamente en la vereda La Unilla. El principal temor de sus pobladores son los otros grupos armados ilegales.
Desde la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que concluyó en agosto de 2006, en la región ha habido enfrentamientos entre dos grupos armados que surgieron de ese proceso: los Libertadores del Vichada (integrado con los integrantes paramilitares que no se desmovilizaron del Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia) y el Bloque Meta (conformado por antiguos miembros del Bloque Centauros de las Auc). La Defensoría del Pueblo teme que estos grupos se puedan disputar con sangre los territorios que dejen libres las Farc.
“La disputa territorial de los grupos posdesmovilización de las Auc en la zona sur del departamento del Meta y en las veredas próximas a la cabecera municipal de San José del Guaviare ha tenido incidencia en el municipio de El Retorno, en donde se han presentado algunos asesinatos y desplazamientos forzados relacionados con la persecución que realiza el Bloque Meta a los integrantes del grupo ilegal Libertadores del Vichada o de los Rudos, por el control de las rutas para la comercialización de la base de coca y para garantizar la tenencia de las tierras que en el pasado fueron despojadas de manera violenta”, denunció esta agencia del Ministerio Público.
Precisamente en la misma semana en la que las delegaciones del gobierno y las Farc visitaron La Unilla para observar el terreno, en el casco urbano de El Retorno explotó una moto bomba. La Policía todavía no ha dado con los responsables y varios líderes se preguntan si fueron estos grupos armados ilegales o la disidencia del Frente 1 de las Farc, que también hace presencia en el lugar.
Esta es la cabecera urbana de El Retorno, que queda a poco más de media hora de La Unilla. Foto: María Clara Calle, periodista de VerdadAbierta.com.“Los violentos no nos van a amargar porque somos un municipio decidido, de frente y caminando por el proceso de paz”, aclaró el alcalde de El Retorno, Oscar Eduardo Ospina.
La historia cuenta que este municipio se conformó por la llegada masiva de campesinos de otras partes del país. El Cinep asegura que en Guaviare ha habido cuatro colonizaciones: la de finales del siglo XIX por la bonanza del caucho; la de campesinos que llegaron de la mano de autodefensas armadas que huían de la violencia entre liberales y conservadores de los años cincuenta; la de los sesenta y setenta por el comercio de pieles; y la última, de finales de los setenta, con la marihuana y la coca.
“Todos perseguían el sueño de obtener ganancias astronómicas en poco tiempo y hacerse a un pedazo de tierra”, precisó el centro de investigación. En su informe detalló que El Retorno se fundó en medio de la última etapa de colonización, en 1969, por “una iniciativa del periodista Orlando López García quien, a través de un programa de radio, impulsaba a los campesinos a regresar al campo. El gobierno, al darse cuenta del éxito de esa iniciativa, decidió planear una colonización a un lugar determinado: El Retorno, Guaviare”. Para eso solo puso la campaña y los aviones, de ahí en adelante fue por cuenta de los campesinos.
Charras: la masacre de la que nadie habla
La comunidadde Charras se quejó de que las autoridades locales, como el alcalde y varios concejales, solo estuvieron en el corregimiento por la visita de las delegaciones del proceso de paz. Foto: Cortesía Carlos Arango, Oficina del Alto Comisionado para la Paz.En los años noventa, las cadenas de oro, los grandes relojes, las pistolas en la cintura y gente oriunda de otras partes del país eran común en Charras. “Con la bonanza cocalera, íbamos muy bien. Éramos el corregimiento de San José donde llegaban los buses que salían directo a Bogotá y había luz eléctrica”, evoca un líder social de Charras.
Este poblado hacía parte del corredor que comunica a San José del Guaviare con Barranco Colorado, utilizado por paramilitares para disputarle el territorio al Frente 44 de las Farc por su posición estratégica que limita con el Meta. Precisamente por esta vía, conocida como Trocha Ganadera, es que entraron los grupos armados ilegales que la Casa Castaño envió desde el Urabá antioqueño para cometer la masacre de Mapiripán, en 1997. Un año después, el turno fue para el poblado Caño Jabón.
Aunque los paramilitares pasaron por Charras en esas ocasiones, según lo demostró la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia por el caso de Mapiripán; la masacre en este pueblo ocurrió en 2002.
“Todos hablaron de las muertes en Mapiripán pero, ¿qué pasa con nuestro caso? A diferencia de ellos, tuvimos más de 500 muertos y la toma paramilitar duró semanas enteras. Claro que la culpa es nuestra porque las verdaderas víctimas no hemos denunciado, ni nos hemos levantado en una demanda contra el Estado como lo hizo Mapiripán”, señaló el líder social.
Fuentes de la Defensoría aseguraron que, en efecto, hay una falta de documentación pues era una zona controlada totalmente por los grupos armados. Hasta donde se conoce, hubo un desplazamiento masivo en 2002 y solo en 2005 comenzaron a retornar.
“Con los paramilitares, llegó por primera vez el Ejército a Charras. Solo los distinguía un brazalete blanco que llevaban las autodefensas. Nosotros no sabíamos quiénes eran. Las Farc se cansaron de insistirnosque nos fuéramos, pero nosotros dijimos que no. Luego de la masacre, los guerrilleros fueron la salvación para muchos porque le ayudaron a empacar a la gente para irse, curaron a algunos heridos y se agarraron a plomo con esa gente para que usted corriera. Entonces qué nos vamos a poner a darle la espalda a un guerrillero ahora, si en ese tiempo fueron la salvación de los pocos que quedamos por ahí”, recordó el líder.
Varios defensores de derechos humanos de la zona evocan un combate en el sector conocido como Charrasqueras en 2003, donde las Farc explotaron un camión que iba cargado con paramilitares. Además, en una huida de los combatientes de las Auc por el sector de Boquerón, afirman que el Ejército bombardeaba a la guerrilla para evitar que se acercaran al otro grupo armado ilegal. Los habitantes sostienen que hoy hay muchas fosas comunes de civiles, guerrilleros, militares y paramilitares que no se conocen.
No hay documentos que sustenten estas hipótesis ni informes que detallen la masacre de Charras. Hasta ahora, las voces de los habitantes son la única memoria, pero ellos todavía tienen miedo de hablar.
“Aquí todavía está por rehacerse la verdad con un ejercicio de memoria histórica. Pero en este departamento todavía es secreto. Nadie habla de eso, en parte porque hubo una vinculación fuerte con la Fuerza Pública y también porquela guerrilla tiene tanto poder que en algunos lugares las mismas instituciones le tienen que pedir permiso para entrar”, señaló una defensora que conoce la región.
En el medio, quedó la población estigmatizada. Dos líderes sociales de Charras recuerdan que cuando iban a San José del Guaviare, era preferible no decir de dónde venían porque los trataban como guerrilleros y tampoco debían relacionarse con alguna persona en San José porque los tildaban de ser policías.
“A usted lo mataban por tener cara de policía o hacerse un doblez en la bota, porque supuestamente los ‘paras’ eran los que usaban eso”, puntualizó otro líder social de Charras.
Por eso no quieren ser estigmatizados otra vez. Y, además, piden lleguen de una vez los beneficios para sustituir los cultivos de hoja de coca. “La Policía empezó a erradicar toda la coca. Negoció directamente con las personas que viven donde será la zona de concentración, pero con los otros no hicieron lo mismo. La gente quedó sin de qué vivir. Necesitamos las alternativas ya”, concluyó el líder.
VerdadAbierta.com le preguntó al respecto al coronel Vicente Sarmiento, el encargado de la parte gubernamental de las zonas veredales de Guaviare y Orinoquía, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de este artículo.
Pese a los inconvenientes que puede haber de por medio, la mayoría de los habitantes y mandatarios del Guaviare donde habrá zonas de concentración están dispuestos a recibir durante seis meses a los guerrilleros de las Farc. Mal que bien, ya han convivido con ellos en las últimas décadas. La petición reiterativa es que esta vez el Estado sí llegue para quedarse, para que otros grupos armados o incluso la misma disidencia insurgente no se tomen a sangre y fuego los espacios que dejarán los subversivos que buscan retornar a la vida legal.
*Los nombre fueron omitidos por petición de las fuentes.
