Los conflictos internos a raíz de la nueva Unidad para el Desmantelamiento de Grupos Sucesores del Paramilitarismo, la renuncia de Alexandra Valencia y la reformulación en las estrategias tejen un manto de duda sobre la efectividad del Ente Investigador.
El fiscal Néstor Humberto Martínez creó la Unidad Especial para desmantelamiento de organizaciones criminales responsables de crímenes contra Defensores de derechos humanos el 24 de agosto de 2016. Foto: archivo Semana.Hace tres semanas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó una alerta sobre el aumento en los homicidios de defensores en lo que va de 2017 en América Latina. Se refirió a 14 asesinatos, siete de los cuales ocurrieron en Colombia.
Para la CIDH es claro que los Estados no sólo tienen el deber de prevenir estos crímenes, sino que “están obligados a llevar a cabo de manera inmediata y por iniciativa propia investigaciones exhaustivas, imparciales y emprendidas con debida diligencia”
En ese mismo sentido se han pronunciado en Colombia organizaciones sociales y políticas de distintas tendencias, en especial el movimiento Marcha Patriótica, organización a las que pertenecían la mayoría de las víctimas. El problema se torna más urgente si se tiene en cuenta que el número de homicidios viene en aumento desde 2006, aunque hubo una disminución en 2014. El más reciente informe de la organización Somos Defensores indica que en 2016 asesinaron a 80 líderes, 17 más que el año anterior.
Líderes sociales, ‘contra las cuerdas’ en 2016
Sin embargo, recientes acontecimientos dejan en entredicho la prioridad que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez le está dando a estas investigaciones y descartando que haya “sistematicidad”. Algunas fuentes consultadas hablan de falta de voluntad política y otras de problemas estructurales del Ente Investigador.
¿Qué pasó con la Unidad Especial?
La mayoría de las víctimas representan liderazgos sociales que no son muy visibles a nivel nacional. Foto: archivo Semana.La llegada de Martínez a la Fiscalía en agosto de 2016 coincidió con una petición de la Mesa de Negociaciones en La Habana. El acuerdo, que aún no había sido firmado por las partes, proponía la creación de una Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales “sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”, responsables de homicidios contra defensores de derechos humanos o personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.
La Unidad Especial fue una respuesta a dos temas recurrentes en la mesa de negociaciones: la cantidad de líderes sociales que habían sido asesinados en tiempos de cese al fuego y lo que las Farc llamaron “la expansión del paramilitarismo”. De acuerdo con funcionarios del gobierno, la propuesta la hizo el abogado asesor de las Farc Enrique Santiago en una reunión a la que asistió el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y la vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros.
Esta Unidad, que no es propiamente parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), debía estar funcionando antes de la firma del acuerdo y fue por eso que el 24 de agosto de 2016, un día después del cierre de las negociaciones, Martínez firmó la resolución que la creaba.
Más allá de quién fuera el director de la Unidad, la sola idea de crearla no cayó muy bien entre algunos funcionarios de la Fiscalía. De acuerdo con fuentes consultadas por VerdadAbierta.com, que pidieron la reserva de su nombre, esta Unidad no sólo no era necesaria, sino que podía cruzarse con las investigaciones que adelantaban otras direcciones de la entidad. Aunque el acuerdo dice que esta Unidad no va a entrar a sustituir su trabajo, persiste el temor de un choque de competencias.
A esto se suma su carácter independiente, pues a pesar de estar dentro de la Fiscalía, su financiación depende directamente del Presupuesto General de la Nación y de la cooperación internacional. Por eso se plantea como una estructura autónoma que puede decidir sus propias líneas de trabajo; además, requerir la información judicial que desee de otros despachos judiciales. Para algunos funcionarios esto ha sido interpretado como una rueda suelta dentro del Ente Investigador.
Este malestar fue expresado por el fiscal Martínez. “El modelo del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición tiene cinco mecanismos y medidas y luego nos dicen que se les ocurrió una adicional a través de una unidad autónoma en la Fiscalía con fiscales propios, que se dediquen a investigar como lo está haciendo ya la Fiscalía”, dijo durante la audiencia pública de la Comisión Primera del Senado donde se discutió el proyecto de Acto Legislativo sobre la JEP. Y agregó que el 32 por ciento de los crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido imputados, lo que a su juicio es la cifra más alta de historia.
Para Martínez, referirse a las redes de apoyo de estos grupos implica que esta Unidad debería recibir las 15.700 compulsas de copias que se han hecho sobre estos casos. “Si esto es así, queda sepultada y no habrá forma de reaccionar jurídicamente para defender a los defensores de derechos humanos”.
La continua tragedia de los defensores de derechos humanos
Yesid Reyes, exministro de Justicia, en respuesta a las críticas del Fiscal General, aseguró que la creación de la Unidad tuvo el aval de la vicefiscal Riveros y que fue después de aprobada que salieron a relucir las reservas. “Que no quede la sensación de que una mano negra intentó meter esa Unidad, porque en la reunión estuvo la Vicefiscal. Como dijo el fiscal, cuando un abogado se equivoca en la minuta le pone la cara al cliente”, afirmó Reyes.
Desde el comienzo de su gestión, Martínez designó a la vicefiscal Riveros para que atendiera todos los asuntos relacionados con la mesa de negociaciones en La Habana, o por lo menos así fue hasta que comenzaron los debates de la Jurisdicción Especial para la Paz en el Congreso.
Riveros tiene experiencia en el asunto no sólo porque fue integrante de la Mesa de Negociaciones en La Habana, sino por su papel como directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Por eso, para las organizaciones sociales con las que trabajaba en otras épocas es desconcertante que desde que se posesionó en el cargo, el 8 de agosto de 2016, no hayan podido sostener una sola reunión con ella para expresar sus preocupaciones ante el aumento de los homicidios a líderes sociales.
VerdadAbierta.com quiso conocer la opinión de la vicefiscal Riveros, pero no fue posible por “razones de agenda”, según explicaron en la oficina de comunicaciones de la Fiscalía.
La salida de Valencia
Alexandra Valencia fue designada como la primera directora de la Unidad Especial el 25 de agosto de 2016. Foto: Fiscalía General de la Nación.Para dirigir la Unidad Especial creada en La Habana, Martínez designó a Alexandra Valencia, quien venía de ser parte del grupo de cuatro magistrados de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá y estuvo encargada de proferir sentencias como la del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y la de los exparamilitares del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Entre los operadores judiciales, Valencia es conocida como una magistrada con fuertes posturas contra empresarios, funcionarios públicos y políticos que apoyaron el paramilitarismo. Algunas de sus sentencias tuvieron mucho despliegue mediático por pedir que se investigara al exvicepresidente de la República Francisco Santos, al exfiscal Juan Camilo Osorio y a empleados de la firma Postobón, quienes supuestamente entregaron dineros a las Auc.
Tribunal no ordenó investigación contra Postobón
Algunas de las teorías desarrolladas en sus fallos causaron desacuerdos entre sus colegas y fueron rebatidas, incluso, por la Corte Suprema Justicia. Su llegada a la nueva Unidad causó incertidumbre sobre todo entre los empresarios, temerosos de ser citados a la JEP a responder por sus supuestos vínculos con grupos armados ilegales.
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Una vez en su cargo, la primera función de Valencia fue conseguir los recursos necesarios para el funcionamiento de la Unidad, por lo que se hizo un convenio con la Unión Europea por 1.300 millones de pesos. A la dependencia fueron asignados dos fiscales que tenían a su cargo investigaciones complejas como la presencia de grupos posdesmovilización en el Bajo Atrato chocoano y en San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño. Por los problemas de competencias antes mencionados, fueron pocos los casos que se asignaron a esta Unidad y las investigaciones siguieron su curso en otras dependencias.
Se suponía que el equipo de trabajo iba a crecer con el tiempo, pero después del triunfo del No en el plebiscito el 2 de octubre esto nunca sucedió y la permanencia de la Unidad quedó en duda. Por eso, para varios de los asistentes a una reunión de la Comisión Nacional de Garantías, realizada a finales de 2016 y que contó con la presencia de presidente Juan Manuel Santos, fue una sorpresa que el fiscal Martínez anunciara que dicha Unidad ya contaba con 250 funcionarios de policía judicial.
En medio de las tensiones que generó la creación de esta Unidad, Valencia optó por acercarse a las organizaciones sociales que estaban denunciando el asesinato de sus líderes, como la Marcha Patriótica, el Partido Comunista y algunas plataformas de derechos humanos.
“Veníamos avanzando en generación de confianza con la Fiscalía especializada. Habíamos hecho una presentación de ella a las comunidades del norte del Cauca, donde más han asesinado personas, en Urabá y en Caquetá. Ella venía adelantando los casos de los líderes asesinados a finales de 2016”, explicó a VerdadAbierta.com David Flórez, vocero nacional de Marcha Patriótica, quien aseveró que habían acordado compartir información que sirviera de contexto para la investigación de estos crímenes.
No obstante, entre los funcionarios de la Fiscalía corría el rumor que Valencia era una ficha del senador del Polo Democrático, Iván Cepeda. En medios de comunicación la funcionaria salió a desmentir esa afirmación, aseguró que tenía los méritos suficientes para ocupar el cargo y aclaró que las primeras que llevaron su nombre ante los miembros de la mesa en La Habana fueron las organizaciones de mujeres que asistieron a la Subcomisión de Género, donde tuvo asiento la vicefiscal Riveros en representación del gobierno nacional, en ese entonces directora de Derechos Humanos del Ministerio de Interior.
Este rumor, sumado a los acercamientos con organizaciones sociales de izquierda, generó cierta reticencia entre los funcionarios de la Fiscalía. Este caso particular evidencia un problema más estructural del estigma que subsiste en el Ente Investigador. “Lo que mostró todo lo que pasó en la Unidad especial es que hace falta que el país judicial comprenda que las luchas sociales no son delitos”, aseveró un funcionario que conoció de cerca lo sucedido.
El panorama de la dirección de la Unidad no pintaba bien: pocos casos, pocos funcionarios asignados y desconfianzas internas. Sin embargo, fue después de que se publicó el nuevo acuerdo de paz, que Alexandra Valencia decidió renunciar a su puesto. Lo hizo, según ella, porque el nuevo documento firmado por las partes, después de perder el plebiscito, se especificaba que el director de la Unidad lo elegiría el Fiscal General de una terna enviada por el mismo comité que nombrará los magistrados para la Jurisdicción Especial para la Paz.
Los vaivenes de la Fiscalía
Entre 2002 y 2016 fueron asesinados 558 líderes sociales. Foto: archivo Semana.“Aunque a ellos no les guste hay que poner el espejo retrovisor. Esto no es un problema de hoy, la Fiscalía tiene una deuda histórica porque ha tenido a su disposición la información y la ayuda de organismos internacionales, de las organizaciones sociales y hasta de la Defensoría del Pueblo y no ha querido avanzar”, sostuvo Carlos Guevara, coordinador del sistema de información de Somos Defensores.
Este activista recordó la presión sobre las organizaciones sociales se intensificó en septiembre de 2014, cuando se desató una ola de amenazas a líderes sociales luego de que las víctimas comenzaron a visitar la mesa de negociaciones en La Habana. Las investigaciones dierontumbos en la Fiscalía, pasaron de dirección en dirección y no había claridad sobre quién debería asumir dichas investigaciones.
Agenda de paz genera amenazas contra defensores de derechos humanos
Por eso, durante la administración del entonces fiscal General, Eduardo Montealegre, se dio inicio a un plan para destrabar los procesos de crímenes contra defensores de derechos humanos que tiempo después se conoció como ‘Plan Esperanza’.
Ese cambio de tono de la Fiscalía se dio en desarrollo de la Mesa Nacional de Garantías, un escenario de interlocución y diálogo entre las instituciones del Estado y las organizaciones defensoras de derechos humanos que existe desde 2009. Allí decidieron recopilar información sobre los asesinatos a defensores de derechos humanos en los últimos 20 años. Para ello se compartió información entre Fiscalía, La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y las plataformas de derechos humanos.
Se identificaron así 729 casos de defensores asesinados. En reacción a ello Montealegre firmó una resolución para crear un grupo de cinco fiscales, seis investigadoresy analistas de direcciones nacionales y seccionales que tendrían a cargo los casos priorizados de estos crímenes. Así funcionó por varios meses y desde la Dirección de Políticas Públicas se dictó línea y se hizo seguimiento a estos casos.
Para lograr este propósito, la Oacnudh creó un grupo especial para ayudar a la Fiscalía en la localización de la información disponible de estos crímenes. Sin esta ayuda no habría sido posible identificar más del 95 por ciento de los casos denunciados y avanzar en las imputaciones.
El trabajo de grupo especial creado por el ‘Plan Esperanza’ coincidió con la posterior conformación de la Unidad Especial y generó algunas dudas sobre a quién le compete la investigación de los crímenes contra los defensores. La preocupación de las organizaciones sociales es que con la puesta en marcha de las medidas que toma el acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y las Farc se deje de lado esta iniciativa, que había logrado avances históricos.
Y los temores no son infundados. Bajo la dirección de Martínez ya se han dado los primeros cambios. El ‘Plan Esperanza’ fue reformulado y sólo se priorizarán los crímenes cometidos desde 2015, “dejando por fuera de este importante trabajo más de 300 casos de homicidios ocurridos entre 2009 y 2014 (sólo por mencionar los periodos presidenciales de Juan Manuel Santos), procesos que están en peligro de ser archivados”, registró el más reciente informe de Somos Defensores. De acuerdo con esta organización, se ha dado prioridad a los “casos con vocación de éxito”, es decir, en los que es más fácil dar con el autor material.
VerdadAbierta.com quiso conocer la apreciación que al respecto tienen la Oacnudh y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, pero dados los múltiples compromisos de sus representantes, Todd Holland y Paula Gaviria, respectivamente, tampoco fue posible obtener una respuesta oficial.
¿Se sabe cómo investigar estos casos?
De los 80 líderes asesinados en 2016, 45 se atribuyen a grupos paramilitares, tres a guerrillas, 28 a desconocidos y cuatro a miembros de la Fuerza Pública. Foto: archivo Semana.Más allá de los problemas institucionales, las organizaciones sociales y algunos pocos funcionarios dentro de la entidad cuestionan también la forma en la que se están investigando los casos de líderes sociales y denuncian que la indagación comienza por la interceptación los teléfonos de los familiares de las víctimas o por buscar problemas personales, sin partir de su trabajo de liderazgo; tampoco se les ha dado la debida protección a los testigos.
“No podemos olvidar que el ente acusador ha sido una parte del conflicto que en varios procesos han asociado los liderazgos sociales con la insurgencia”, sostuvo Flórez, de Marcha Patriótica.
De acuerdo con fuentes consultadas por VerdadAbierta.com, no cayó muy bien entre algunos funcionarios la exposición que Valencia hizo en reuniones sobre casos concretos en los que la Fiscalía había revictimizado a los líderes sociales.
Estas falencias han sido más evidentes en algunas regiones del país, de acuerdo con las organizaciones sociales, donde los fiscales guardan más cercanía con el estamento militar.
“Nosotros hemos pedido que las investigaciones de derechos humanos las asuman en la dirección de Derechos Humanos y también en esta nueva Unidad Especializada, pero la mayoría llegan a la Dirección de Seguridad Ciudadana, donde descontextualizan los hechos y siempre comienzan indagando por líos de faldas, problemas de linderos, sin ir al punto”, reiteró el vocero de Marcha Patriótica.
A las organizaciones sociales les sorprende no haber podido concretar desde el año pasado una sola cita con la vicefiscal Riveros para discutir sus preocupaciones y sobre la negativa del fiscal Martínez a reconocer una ‘sistematicidad’ en estos asesinatos.
Este panorama dibuja lo que pueden ser los próximos tres años de la Fiscalía General de la Nación, en momentos en los que la persecución, amenazas y asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos se tornan más grave.
