Desde que inició el Aislamiento Preventivo Obligatorio, hace ya dos meses, la Fuerza Pública ha intervenido en por lo menos cinco departamentos. Sin embargo, los campesinos cocaleros denuncian que se está erradicando en sitios donde se firmaron acuerdos para sustituir de manera voluntaria. La acción de las autoridades deja tres muertos y un potencial riesgo sanitario frente a la expansiónen del Covid-19 entre las comunidades.
Confusas siguen siendo las circunstancias en que perdió la vida el campesino Emérito Digno Buendía Martínez, miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Totumito, zona rural de Cúcuta, integrante además de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (Coccam).
Ascamcat denunció que mediante comunicado público del pasado 18 de mayo, soldados del Ejército Nacional, adscritos al Batallón Hermógenes Maza de la Brigada 30, arribaron a las veredas Totutimo y Vigilancia del corregimiento Banco de Arena para adelantar una jornada de erradicación forzada de sembradíos de hoja de coca. A su llegada, los uniformados encontraron a los campesinos organizados en un campamento humanitario y exigiendo la implementación de programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
“Los miembros del Ejército Nacional abrieron fuego indiscriminadamente en contra de los campesinos que se encontraban en el lugar, causando la muerte del compañero Emérito Digno Buendía Martínez, de 44 años de edad y padre de seis hijos, quien recibió un impacto con arma de fuego en su cabeza (…) en el lugar también fueron heridos otros tres campesinos impactados con arma de fuego”, señaló Ascamcat en su comunicado.
Sin embargo, en declaraciones entregadas a medios de comunicación, el comandante de la Segunda División del Ejército, general Marcos Pinto Lizarazo, aseguró que un grupo de personas atacó con palos y machetes a los soldados, lo que obligó su repliegue. Añadió, además, que en el lugar se presentó un intercambio de disparos y que serán las autoridades judiciales las encargadas de esclarecer y aclarar los hechos en los que perdió la vida el labriego y otros tres más resultaron heridos.
El corregimiento Banco de Arena se encuentra en plena línea fronteriza con la República Bolivariana de Venezuela. Allí habitan unas 400 familias que, desde hace unos 10 años, recurrieron a la hoja de coca como medio de subsistencia. Según las mediciones del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), mientras en 2010 Cúcuta se registraron 10 hectáreas sembradas con hoja de coca, en 2013 la cifra se ubicó en 61 hectáreas y en 2018 llegó a 316 hectáreas. Conocedores de las dinámicas de conflicto armado y social del departamento, señalan que la extensión de los sembradíos fácilmente podría superar las 500 hectáreas.
“El año pasado hubo intentos de realizar allí acciones de erradicación forzada, porque, en apariencia, es una zona con facilidades logísticas: a una hora de Cúcuta, de fácil acceso y de fácil manejo”, mencionó Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, organización no gubernamental que monitorea la situación de derechos humanos en Norte de Santander. “Y este año, el gobierno nacional priorizó estas veredas, junto con Las Mercedes (Sardinata) para llevar a cabo operaciones de erradicación forzada”.
En efecto, durante los primeros días de marzo, tropas del Ejército Nacional adelantaron operativos de erradicación forzada de cultivos ilícitos en Sardinata, particularmente en el corregimiento La Victoria. Esas jornadas también terminaron en tragedia.
El 26 de marzo, dos días después que el presidente Iván Duque declarara el Aislamiento Preventivo Obligatorio para prevenir la propagación de la Covid-19, Ascamcat, Coccam y organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron la muerte en confusos hechos del campesino Alejandro Carvajal en la vereda Santa Teresita de ese corregimiento.
Las organizaciones sostuvieron que el campesino perdió la vida luego que un soldado le disparara con su arma de dotación en momentos en que este y otros labriegos de la vereda Santa Teresita protestaban por las jornadas de erradicación forzada y la falta de apoyos económicos para quienes tuvieron que dedicarse a sembrar coca.
Erradicación: ¿sin cuarentena?
Una de las metas planteadas al inicio de 2020 por el Ministerio de Defensa fue la de erradicar, de manera forzada, unas 130 mil hectáreas sembradas con hoja de coca. Fue así como desde mediados de febrero, tropas del Ejército iniciaron labores en regiones donde la presencia de cultivos ilícitos es alta, como el sur de Córdoba, Tumaco (Nariño), Norte y Bajo Cauca antioqueños, y Putumato, entre otros.
A la estrategia de arrancar la mata de raíz (erradicación manual), utilizada comúnmente en las jornadas de erradicación forzada, se le sumó el Programa de Erradicación con Aspersión Terrestre, técnica que consiste en que los erradicadores van con un pequeño tanque sobre sus espaldas fumigando los cultivos con glifosato.
Tras la llegada al país del Covid-19, cuyo primer caso se detectó el 6 de marzo, el presidente Duque decretó el Aislamiento Preventivo Obligatorio para frenar la propagación del virus, lo que implicó suspender un sinnúmero de actividades comerciales, gubernamentales y sociales; no obstante, según dirigentes de la Coccam, las jornadas de erradicación forzada continuaron sin mayor obstáculo.
Desde que arrancó el aislamiento preventivo obligatorio, esta organización ha registrado por lo menos 15 eventos de erradicación forzada adelantados por efectivos de la Fuerza Pública en departamentos como Antioquia, Caquetá, Córdoba, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca. Lo preocupante es que los relatos recogidos por Coccam tienen como denominador común el registro de fuertes altercados entre uniformados y campesinos cocaleros.
En algunos casos, como los ya reseñados en Norte de Santander, las confrontaciones han ocasionado muertes de labriegos por arma de fuego, hechos que son investigados por las autoridades judiciales.
Entre las denuncias recopiladas por Coccam se destaca lo ocurrido el 25 de marzo en la vereda Palestina del municipio La Montañita, en Caquetá: “Ese día, pese a la crisis sanitaria, miembros del Ejército Nacional realizaron operativos de erradicación forzada, arremetieron contra las comunidades con disparos, en varias ocasiones contra personas, quienes también fueron golpeados y agredidos”.
En Putumayo, la organización señaló que tres días después del asesinato del líder social Marco Rivadeneira, ocurrida el 19 de marzo pasado, quien promovía la sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca en este departamento, se registró el ingreso de miembros de la Fuerza Pública a zonas rurales del municipio de Puerto Asís, donde “a través de bombas manuales, comenzaron a fumigar los cultivos de hoja de coca con glifosato”.
En otros casos, la Coccam ha denunciado que la Fuerza Pública adelanta jornadas de erradicación forzada en comunidades campesinas que, previamente, habían manifestado su intención de ingresar al Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS), pactado en el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc. Tal es el caso de lo ocurrido en las veredas Chamba y Casa Vieja, del municipio de Ancuya, en Nariño, el pasado 31 de marzo.
La organización detalla que ese día, a eso de las 7 y 30 de la mañana, el Ejército ingresó a estas veredas para realizar un proceso de erradicación forzada y en el desarrollo del operativo fueron detenidos dos hombres, de 50 y 17 años, quienes se encontraban laborando en sus parcelas de hoja de coca. Si bien los uniformados informaron ante la comunidad que contaban con aval de la Alcaldía, la Coccam recordó que “el Municipio de Ancuya firmó acuerdo colectivo para iniciar proceso de sustitución en el marco del Pnis el 3 de noviembre de 2017 y hasta la fecha no se ha iniciado con la implementación del mismo”.
Situación similar sucedió en los municipios antioqueños de Campamento, Toledo y Anorí, donde se adelantaron acciones de erradicación forzada por parte de la Fuerza Pública entre los meses de abril y mayo.
“En Anorí el Pnis arrancó, les pagaron a unos campesinos y otros todavía están esperando el pago. En Campamento hubo un acuerdo colectivo el año pasado para ingresar al programa, pero nunca llegaron y en Toledo los campesinos también manifestaron que querían ingresar al Pnis. Pero lo que mandan es erradicación forzada y ninguna solución para el campesino”, señaló un vocero de la Asociación de Campesinos del Norte de Antioquia (Ascna), quien, por razones de seguridad, solicitó la reserva del nombre.
Esta misma organización denunció la muerte del campesino Ariolfo Sánchez, en confusos hechos que tuvieron lugar en la vereda Tenche Limón, del municipio de Anorí, el pasado 21 de mayo.
A través de comunicado público, Ascna señaló que ese día, “a las 10 de la mañana, la fuerza pública desarrollaba un operativo de erradicación forzada en la vereda los Tenche Bajo del municipio, según los habitantes, desde los helicópteros fueron ametralladas las comunidades que a esa hora se oponían a la erradicación. Las y los campesinos lograron resguardarse. En horas de la tarde un pequeño grupo de campesinos llegó hasta el sitio conocido como Palo Gordo que está ubicado en la frontera entre Tacamocho y Tenche Limón, allí son retenidos arbitrariamente y fueron despojados de sus celulares por miembros del Ejército Nacional quienes, según la comunidad presente, ejecutaron de manera cobarde al campesino Ariolfo Sánchez”.
Según reportes del Área de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos (Areci) de la Policía Nacional, Dirección Antinarcóticos, desde el 24 de marzo a la fecha se ha erradicado un total de 1.969 hectáreas de cultivos de hoja de coca, en operaciones llevadas a cabo en los departamentos de Antioquia (380 ha erradicadas); Bolívar (44 ha); Chocó (115 ha); Córdoba (158 ha); Nariño (953 ha); y Putumayo (316 ha).
Sin bioseguridad
Para los campesinos de las zonas cocaleras donde se adelantan jornadas de erradicación, como para organizaciones defensoras de derechos humanos y para la misma Coccam, existe una preocupación adicional: “La Fuerza Pública se presenta en los territorios a ejecutar estas acciones sin cumplir con las medidas preventivas y restricciones obligatorias y necesarias para la disminución y prevención del contagio del virus. Dichos operativos no cuentan con planes de emergencia humanitaria y mucho menos con un protocolo de seguridad frente al Covid-19, poniendo en altísimo riesgo la integridad de los habitantes de estos municipios”.
Arnobi Zapata, vocero de la Coccam, dijo que “lo complicado es que los campesinos de esas zonas están adoptando medidas de contención para que el virus no les llegue”, y agregó que “los campesinos incluso han cerrado carreteras o las entradas de los municipios, se están sacrificando con el aislamiento obligatorio, no saliendo de las casas para protegerse, para que llegue un montón de gente foránea, que no es sólo Ejército o Policía: también llegan los erradicadores contratistas de otras partes del país, lo que puede convertirse en fuente de contagio para los campesinos”.
Para Zapata, “lo justo es que por lo menos saquen a toda esa gente foránea de los territorios. Una cosa son los militares que llevan tiempo en los territorios y otra cosa son los que están llegando. Además, en esas regiones no hay centros de salud, no hay cómo atender casos de este virus”. Por ello, pidió a las autoridades de Policía y militares “que se suspendan las erradicaciones mientras estamos en cuarentena y que la Fuerza Pública se dedique a cuidar a las comunidades”.
Sin embargo, todo apunta a que las erradicaciones forzadas, continuarán aún en medio de la crisis sanitaria generada por la propagación del Covid-19, con un alto riesgo de afectar a las comunidades.
Nota del Editor: Este portal quiso conocer las apreciaciones de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa, responsables de las operaciones de erradicación forzada, pero no atendieron las llamadas.
