Las tierras forman parte del pago de una vieja deuda con las víctimas de esta masacre, cometida por narcos y ‘paras’ hace 18 años en Caloto (Cauca).
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| El juez español Baltasar Garzón estuvo en el 2005 en Caloto (Cauca). Personalidades internacionales son garantes de los compromisos. Foto: El Tiempo |
Según la Procuraduría, un asentamiento en esa región del país podría acarrear graves perjuicios ambientales porque el predio está en plena zona de reserva forestal.
El terreno, conocido como Hacienda Bavaria, está en la vereda Belén del municipio huilense de La Plata. “Es una zona de reserva hídrica. No es apto para reubicar comunidades indígenas. Allí nacen cuatro ríos que son vitales para el ecosistema de la zona”, dijo el procurador Amaya en una carta al ministro Fabio Valencia Cossio.
Según la Procuraduría, el terreno debería ser administrado por la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM), por el Municipio o por la Unidad de Parques del Ministerio de Ambiente, pues su destino no puede ser diferente al de la conservación del ecosistema: “En ese lugar no hay condiciones para un asentamiento digno que les permita ejecutar proyectos agrícolas o de cualquier otra índole, por ser un área de humedales”, agrega el organismo de control.
El Ministerio compró las 482 hectáreas para cumplir el compromiso que adquirió con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y reparar a las víctimas por la masacre de la Hacienda del Nilo, ocurrida en 1991.(ver nota relacionada)
El Estado reconoció su responsabilidad en los hechos ante la Cidh el 7 de septiembre de 1995 y dio inicio un proceso de solución amistosa con la comunidad indígena Paez, la etnia a la que pertenecían las 20 personas asesinadas por un grupo armado ilegal que contó con la colaboración de miembros de la Fuerza Pública. El acuerdo incluye la entrega de 15 mil hectáreas de tierra y se ha venido cumpliendo parcialmente.
Voceros del MinInterior aseguraron que el terreno fue adquirido cinco meses antes de ser declarada esa área como de reserva forestal y que fue escogido por la misma comunidad indígena.
En el trámite, aseguran, el Gobierno sólo intervino para cerrar el negocio, que costó 1.897 millones de pesos.
La Procuraduría también tiene peros frente a esa actuación. Investiga denuncias que señalanque el valor por hectárea en esa zona del país no sobrepasa los 800 mil pesos, pero finalmente el Gobierno pagó la hectárea a casi cuatro millones.
Según la viceministra del Interior, Viviana Manrique, la Procuraduría debería evaluar el procedimiento efectuado por la CAM al declarar el área como zona forestal. La Corporación hizo ese anuncio seis meses después de haber adquirido el predio. De haberlo advertido antes de la negociación, hubiéramos hablado con la comunidad sobre las limitaciones para adquirir el terreno.
La viceministra Manrique expresó que el antiguo propietario del terreno logró demostrar que tenía vocación agrícola y ganadera, razón que los llevó a cerrar la negociación.
Publicado por El Tiempo
