Recientes asesinatos ocurridos en Nuquí tienen a sus pobladores sumidos en la zozobra y el temor. No es para menos. Los vientos de una nueva confrontación armada entre las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la guerrilla del Eln soplan con fuerza en este rincón del país. En medio están las comunidades, que padecen con rigor las acciones bélicas.
Nadie sabe por qué mataron a Javier Montoya, un paisa que pasó 40 de sus 60 años de vida promoviendo las bellezas naturales de Nuquí, Chocó, por medio del turismo ecológico y responsable. El hecho ocurrió el pasado 4 de junio. Sus asesinos arribaron hasta su hostal, ubicado en el sector conocido como Playa Morromico, zona costera del Parque Nacional de Utría, y allí le dieron muerte delante de sus huéspedes: dos turistas extranjeros, uno suizo y el otro español, que vacacionaban en este rincón del Pacífico colombiano.
No fue el único muerto que tuvo que llorar el pueblo aquella semana. Días después, a varios kilómetros de allí, un reconocido pescador de la región fue asesinado en extrañas circunstancias. Entre nativos y visitantes la conmoción fue total. Se trataba de personas admiradas y respetadas sobre las que no pesaba ni amenaza ni advertencia alguna. Sin duda un duro golpe para las comunidades negras, mestizas e indígenas de Nuquí, Bahía Solano y Juradó, que hoy viven presas del miedo y la zozobra.
Y no es para menos. Desde finales del año pasado, una fuerte ola de violencia viene sacudiendo estas localidades olvidadas a orillas del océano Pacífico que en el pasado fueron bastiones estratégicos de los frentes 34 y 57 la guerrilla de las Farc. La salida de la región del grupo guerrillero hacia las zonas de concentración para iniciar su tránsito a la vida legal bajo los acuerdos de paz marcó el comienzo de un nuevo conflicto armado que parece no tener tregua.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, Regional Chocó, el principal protagonista de esta violencia son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también llamado ‘Clan del Golfo’, que ve en estos pueblos no solo un punto estratégico para desarrollar todo tipo de actividades ilegales, entre ellas el tráfico de clorhidrato de cocaína, sino también un fortín desde el cual librar su guerra contra la guerrilla del Eln.
“Hay desplazamientos de miembros de los ‘gaitanistas’ hacía Nuquí, Bahía Solano y Juradó, con intención de interrumpir el paso del Eln. Teníamos información que estaban asentados en zonas rurales, pero estos últimos hechos nos muestran que ya se instalaron en los cascos urbanos”, explica Luis Murillo, Defensor del Pueblo, Regional Chocó.
Desde su llegada, los ‘gaitanistas’ han impuesto un régimen de terror. Inicialmente extendieron cobros extorsivos a todas las actividades comerciales de la región: hoteles, cabañas, hostales, comercio formal e informal; transportadores, madereros, pescadores; en resumen, toda actividad que genere renta terminó siendo forzada a tributarle al grupo armado.
Javier Montoya en una de las últimas fotografías que se le tomaron. Fue un promotor del turismo respetuoso con el medio ambiente. Foto: Facebook Playa Morromico.
Luego vinieron las amenazas contra quienes osaron desafiar este nuevo orden impuesto por la vía del fusil. En los registros de la Defensoría del Pueblo, Regional Chocó, figura el desplazamiento masivo de 97 familias, 23 de ellas indígenas, registrado a mediados de diciembre de 2016 en zona rural de Bahía Solano.
Las recientes muertes violentas atribuibles a esta organización criminal han terminado por agravar la situación de orden público. Lo más preocupante es que nadie se atreva a hablar de lo que ocurre allí: los ‘gaitanistas’ impusieron la “ley del silencio” con graves consecuencias para quienes se atrevan a denunciar. Todo apunta a que se trató de una retaliación de las Agc contra miembros de la comunidad que venían denunciando ante las autoridades los atropellos del grupo armado.
“El orden público está muy complejo, pesado. Aquí nadie puede hablar de lo que pasa porque estos grupos lo prohíben. El que lo haga lo pueden matar por sapo”, reveló entre dientes y en bajo tono un morador de Nuquí consultado por VerdadAbierta.com. Las preocupaciones, incluso, van más allá de obedecer las órdenes impartidas por los amados.
“Estos pueblos viven casi que exclusivamente del turismo, la pesca y el comercio. ¿A quién le vende el pescador? Al turista. ¿A quién le vende el comercio? Al turista. Este año tenemos una disminución de más del 60 por ciento de visitas de turistas. Y si las cosas siguen así, no sé qué va pasar con nosotros”, agregó la fuente.
Con la muerte de Javier Montoya, el turismo ecológico en uno de los rincones más exóticos del Pacífico chocoano pierde a uno de sus mayores defensores, quien, según uno de sus familiares, por más de tres décadas “llevó bienestar a la región y ofreció a los turistas extranjeros sus mejores vivencias”, las que constantemente fueron destacadas en la red de viajeros Tripadvisor. El cuerpo del empresario fue enterrado en el cementerio del caserío Jurubirá, con cuya comunidad indígena de la etnia Embera mantuvo una fuerte relación de amistad.
Arrecia la violencia
El empresario asesinado apoyaba a la comunidad Embera de Jurubirá, en especial a sus niños y niñas en etapa escolar. Foto: Facebook Playa Morromico.
Lo que hoy ocurre en el norte del Pacífico colombiano ya había sido advertido en su momento. A través de un informe de riesgo fechado el 7 de junio de 2016, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo llamó la atención de las autoridades civiles, militares y de Policía por el acelerado proceso de expansión que venían registrando tanto los ‘gaitanistas’ como el Frente Cimarrón del Eln, situación que aumentaba el riesgo de violaciones de derechos humanos de por lo menos unos 22 mil habitantes, entre negros e indígenas.
Según lo expuso el SAT en aquel entonces, tanto las Agc como la guerrilla del Eln venían avanzando hacia territorios antiguamente dominados por las Farc con la intención de ejercer allí poder y dominación.
Se trata de un corredor estratégico que las Farc consolidaron desde Acandí, extremo norte del departamento, pasando por Riosucio (cuencas de Cacarica, Salaqui y Truandó) hasta el municipio de Juradó, aprovechando los corredores fluviales del Truandó, el río Jagual Chintado, ríos Quiparadó y Domingodó. Aunque durante los últimos años esta guerrilla perdió la influencia que llegó a tener en las costas de Nuquí y Bahía Solano, el conjunto de localidades asentadas sobre el océano Pacífico constituye un “fortín” con grandes potenciales estratégicos para cualquier grupo armado ilegal.
Así, mientras la insurgencia del Eln mueve sus tropas desde el Alto Baudó, transitando por resguardos indígenas y consejos comunitarios de población afro; denuncias de organismos humanitarios señalan que los ‘gaitanistas’ se mueven desde la costa de Buenaventura así como desde el municipio de Riosucio, en el Bajo Atrato, donde comunidades denunciaron la concentración en esta localidad de más de 300 miembros de esta organización criminal.
En medio de este choque de intereses armados están quedando comunidades negras e indígenas, de quienes los armados demandan apoyo y complicidad, con los riesgos que ello conlleva. “Allí no solo están en juego actividades ilegales. Es cierto que allí hay fuerte presencia de la economía del narcotráfico, pero no es lo único. Hay también una serie de actividades económicas informales que son atractivas para estos grupos. La explotación maderera, por ejemplo”, resaltó Luis Murillo, Defensor del Pueblo Regional Chocó, quien lamenta que en su departamento aún no se sienten las bondades del proceso de paz con las Farc.
Por el contrario, desde el 1 de enero de este año el Chocó viene experimentando un dramático aumento en fenómenos como el desplazamiento forzado, las amenazas, los confinamientos y los homicidios, agravando la crisis humanitaria histórica que vive este departamento. (Ver: En Chocó falla el sistema de atención a desplazados)
En Litoral de San Juan, por ejemplo, se encuentran confinadas actualmente por las Agc unas 58 familias (164 personas); en febrero pasado se registró el desplazamiento de 34 familias (112 personas) de zona rural de Lloró; mientras que en Quibdó se presentó el desplazamiento intraurbano de nueve familias. “De los 32 municipios que conforman el departamento hay 24 en situación de alerta temprana”, agrega el funcionario, quien resalta que las regiones más conflictivas hoy son el norte chocoano, los pueblos asentados sobre las cuencas de los ríos San Juan y Baudó y los municipios del Pacífico Norte.
De lo anterior también ha sido notificado el gobierno central. En efecto, en carta enviada el 27 de febrero del año en curso a la Secretaría Técnica del Comité Intersectorial para las Alertas Tempranas –CIAT-, el defensor delegado para la prevención de riesgos de violaciones a los derechos humanos y DIH, Luis Pérez González, le advierte sobre la delicada situación de riesgo en que se encuentran no solo las localidades de Juradó, Nuquí y Bahía Solano sino también Bojayá, Rio Quito, Quibdó, Lloró, Litoral del San Juan, Nóvita, San José del Palmar, Istmina y Medio San Juan.
Por ello, ante esta delicada situación, desde esta Agencia del Ministerio Público se clama por intervenciones más integrales y contundentes. “Se requieren intervenciones más integrales para conjurar esta crisis humanitaria. Acciones que vayan más allá de las operaciones militares. Que apunten a resolver problemas urgentes como el acceso a salud, agua potable”, declara el defensor del Pueblo, Regional Chocó, quien no duda en afirmar que las “plagas que carcomen” este departamento son el conflicto armado, la minería ilegal y la crisis de la salud.
