El más reciente informe del Programa Somos Defensores registra que los asesinatos de esta clase de activistas aumentaron un 20 por ciento, en comparación con ese mismo periodo de 2024. La organización alerta que las comunidades se están silenciando por el accionar de actores armados ilegales y señala que el gobierno nacional está implementando fallidas medidas con las que administraciones pasadas buscaron brindar seguridad.
En los primeros seis meses del año pasado fueron asesinados 65 hombres y mujeres que se dedicaban a la defensa de los derechos humanos en Colombia. Y este año, según documentó el Programa Somos Defensores en su informe La misma receta, fueron ultimados 78.
Del total de víctimas del primer semestre de 2025, 68 son hombres y 10 mujeres, entre ellas una de orientación sexual y de género diversa. Si se compara con el primer semestre de 2024, ocurrió un caso menos de mujer asesinada y los de hombres aumentaron en 14.
Nuevamente los departamentos en donde más personas defensoras fueron asesinadas fueron Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander. Llama la atención que los municipios de Toribío, Cali y Tibú, comparten el primer lugar de municipios con más víctimas, cada uno con tres.
Sobre cómo fueron cometidos los asesinatos, el informe señala que en 64 casos se utilizaron armas de fuego, en siete armas blancas, en dos distintos tipos de armas, en cuatro se desconoce el tipo de arma empleada y una víctima falleció producto de un artefacto explosivo.
En cuanto a los presuntos responsables de los 78 homicidios, la documentación recopilada por el Programa Somos Defensores indica que 47 fueron presuntamente cometidos por desconocidos, ocho por grupos que surgieron tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, ocho por autores individuales, seis por el ELN, cinco por grupos paramilitares, tres por alianzas criminales y uno por los Comuneros del Sur.
Los liderazgos sociales más golpeados por esta clase de violencia fueron el comunitario, el comunal y el indígena, como también lo fueron en el primer semestre de 2024.
Los asesinatos son la expresión o tipo de violencia más grave que monitorea el Programa Somos Defensores. Sin embargo, también registra otras diez modalidades, que tuvieron aumentos y descensos entre los primeros semestres de 2024 y 2025.
Además de los asesinatos, también aumentaron las desapariciones y los desplazamientos forzados, al igual que las judicializaciones arbitrarias. Por otro lado, en los primeros seis meses de este año mermaron las amenazas, los atentados, los robos de información y los casos de tortura.
Ante esas cifras, que evidencian una reducción en 13 casos de agresiones totales entre los primeros semestres de 2024 (355) y 2025 (342), el informe La misma receta llama la atención por la disminución en seis de los once tipos de agresiones a los que hace seguimiento el Programa Somos Defensores. Sin embargo, señala que esta reducción de reportes coincide con un aumento de crisis humanitarias a lo largo y ancho del país, por lo que se podría estar evidenciando un subregistro.
“En numerosos territorios donde las personas ejercieron el derecho a defender derechos, ocurrieron igualmente confrontaciones entre actores armados legales o ilegales que cometieron infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Ejemplo de ello son las restricciones a la movilidad, el desplazamiento forzado y el confinamiento”, indica el documento.
Como ejemplo, cita reportes de la Defensoría del Pueblo y del Comité Internacional de la Cruz Roja, que dan cuenta de cómo la población civil y sus líderes se encuentran a merced del vaivén de las confrontaciones armadas. Entre ellos están 134.000 víctimas de confinamientos y desplazamientos forzados, especialmente en Norte de Santander y Chocó.
Ante el aumento de víctimas producto de infracciones al Derecho Internacional Humanitario y la reducción de algunos tipos de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, el informe señala que “resulta paradójico” que no haya una correlación entre ambos.
Y plantea la siguiente hipótesis: “La disminución presentada en el período de análisis no es representativa de una mejora: las personas que defienden derechos humanos en Colombia están inmersas en escenarios de silenciamiento, que les impide denunciar, reportar o emprender acciones de visibilidad en torno a las agresiones de las que han sido víctimas, lo que tiene un impacto individual, familiar y colectivo, lo que tiene un impacto individual, familiar y colectivo. Las acciones de amedrentamiento derivadas de la presencia y el control territorial, afectan el bienestar y la garantía de los derechos de las comunidades, y dentro de ellas la de sus liderazgos”.
Al igual que en los casos de asesinatos, el cómputo de agresiones por departamentos muestra que los más afectados son Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca. Otra tendencia similar es la de agresiones acumuladas, en donde el liderazgo indígena pasa a ocupar el primer lugar, y los liderazgos comunitario y comunal le siguen en el segundo y tercer lugar. Esos tres sectores son históricamente los más golpeados.
Dado el anterior panorama, el informe La misma receta hace un llamado de cara a lo que pueda suceder el próximo año, ya que con motivo de las elecciones presidenciales y legislativas, la situación puede empeorar.
“Es momento entonces de (re)valorar a la luz de los hechos lo sucedido, de considerar actuaciones que impidan la continuación de dinámicas como el aumento de la violencia letal que se evidenció en el primer semestre del 2025. No valorándolas de forma aislada, sino con el conjunto de todos los hechos venideros”.
Cita como ejemplos los escenarios electorales, las mesas de diálogo con los grupos armados ilegales y los diálogos en torno a la restructuración del modelo de protección vigente. “Todos ellos van a ser determinantes en el bienestar de la ciudadanía y las personas defensoras tanto este gobierno como en aquellos que vengan en el futuro”, dice el informe.
Esa alerta la realiza tras analizar las medidas en materia de seguridad que adoptó el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien prometió un enfoque centrado en “Política de Seguridad Humana”, pero que, con el paso del tiempo, terminó adoptando medidas similares a las de sus antecesores.
La investigación recuerda que cuando el mandatario hizo ese anuncio, cinco días después de haberse posesionado como Jefe de Estado, planteó que el éxito de esa política radicaría en una disminución sustancial de los muertos y las masacres combinado con mayores libertades y derechos individuales.
No obstante, el Programa Somos Defensores indica que al final sucedió lo contrario, a pesar de reconocer esfuerzos para negociar con grupos armados ilegales, los cuales terminaron causando más violencia.
“Mientras se abren y cierran algunos espacios de diálogo, la atomización de los grupos armados ilegales y la proliferación de confrontaciones entre ellos continúa. En estos escenarios de disputa, que en la primera mitad del 2025 tuvieron lugar en algunos territorios donde también aumentó el pie de fuerza militar, se continúan dando la mayoría de los hechos de violencia dirigidos contra personas defensoras de derechos humanos, según lo evidencia buena parte de las 342 agresiones y dentro de ellas los lamentables 78 asesinatos verificados durante el primer semestre de 2025”, indica la publicación.
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