La segunda sesión de negociaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia cerró con acuerdos para crear zonas temporales para que los casi 9.000 miembros del grupo armado se concentren en tres municipios a partir del primero de marzo. VerdadAbierta.com conversó con Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del gobierno nacional.
La búsqueda del sometimiento y desarme del grupo armado ilegal más poderoso de Colombia comienza a dar los primeros frutos. En la última sesión de negociaciones desarrolladas en Doha, Catar, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, acordó empezar a concentrar sus miembros a partir del primero de marzo en tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) donde no podrán portar armas.
Proyectos piloto de construcción de paz se están empezando a desarrollar en 15 municipios y el grupo armado ha suspendido temporalmente las extorsiones en áreas bajo su control. “Hemos constatado que eso es real”, dice el jefe negociador del gobierno, Álvaro Jiménez. Sin embargo, el tema espinoso del narcotráfico no se ha tocado con el grupo considerado la mayor organización que trafica drogas desde el país a mercados internacionales. Para eso, se busca involucrar a Estados Unidos y el Reino Unido en las conversaciones.
VerdadAbierta.com (VA): ¿Cómo se han venido desarrollando las negociaciones con el EGC?
Álvaro Jiménez (AJ): Está definido como un proceso para la desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia. Además, busca construir paz en los territorios.
Es la continuidad de otros esfuerzos que el Estado colombiano ha hecho desde 2016 para encontrar solución negociada a la violencia que este grupo genera y a la inestabilidad que ha venido causándole..
Estamos dándole desarrollo a una ambición en donde el Estado colombiano y el grupo mismo, desde 2016, empezaron unas conversaciones durante el gobierno de Juan Manuel Santos que buscaban el sometimiento.
Hay una acción combinada en producir resultados por la vía de la utilización de la fuerza legal del Estado colombiano con cooperación internacional, y por otro lado encontrar una solución negociada por la vía del sometimiento.
Durante este gobierno y especialmente en los últimos dos años lo que hicimos fue desarrollar algunos encuentros que nos permitieran construir confianza para identificar la voluntad positiva de avanzar en la dirección que nos hemos propuesto, y hoy estamos en una etapa pública de conversaciones que llamamos la etapa de consolidación de la confianza.
VA: En la última sesión se acordó una concentración de las fuerzas del EGC en tres municipios — Belén de Bajirá y Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba) — a partir del primero de marzo. ¿Cómo funcionarán las Zonas de Ubicación Temporal?
AJ: A primero de marzo van a ingresar personas que pertenecen al EGC para desarrollar allí un proceso de transición. Las zonas están regladas por la Ley 2272 e indican qué se puede y qué no se puede hacer. Una de las cosas que no se puede es estar armado dentro de la zona. Hay una serie de protocolos que tenemos que escribir aún que tienen que ver con la administración de la zona, por ejemplo, si hay una ruptura entonces cómo se procede.
Todos esos temas todavía los tenemos que trabajar de aquí a la fecha del ingreso, pero empezamos ya la etapa de tránsito, que implica socialización, que implica preparación de documentos, que implica precisiones de orden logístico, que implica condiciones de orden administrativo, y en eso estamos trabajando.
El Ministerio de Defensa y la información que nos entregan las autoridades de manera oficial es que este es un grupo que tiene una cifra cercana a las 9.000 personas. Sabemos que hay fuentes de información individuales, centros de pensamiento, varias ONGs que dicen que ellos son 15.000, 14.000, 13.000, 20.000, pero nosotros nos movemos con las cifras oficiales.
Tenemos la confianza de que los delegados que están participando en estas conversaciones son los delegados de la estructura de comando que tiene este grupo armado, que se llama el Estado Mayor Conjunto, que lidera el señor Ávila, que es el señor a quien conocen como Javier, y están representados los otros miembros del comando conjunto que tienen hoy como instrumento de dirección principal.
Recuerda que todo esto tiene un antecedente de reuniones que hicimos previas. Yo tuve una reunión con el Estado Mayor Conjunto antes para verificar todo eso. Entonces estamos hablando con ellos.
VA: Después de dos sesiones en Doha, en septiembre y comienzos de diciembre, ¿qué más han acordado hasta la fecha y qué impacto concreto tienen esos acuerdos en los territorios?
AJ: Definimos desarrollar acciones piloto de paz que nos permitan ir evaluando los desarrollos en materia de construcción de paz sobre tres ejes: uno, disminución de las violencias; otro, transformación de los territorios; y un tercero que es el elemento que da cuenta de la transición del grupo armado a una condición de ciudadanía.
La primera es el respeto de los derechos y la garantía de los mismos para los niños, niñas y adolescentes en esos cinco municipios. La segunda es la sustitución de la totalidad de los cultivos de uso ilícito que tienen presencia en esos municipios. El tercer elemento: garantizar la implementación de las políticas de protección ambientales por la afectación que se da producto de la explotación ilegal de oro, de la explotación ilícita de maderas, la expansión de la frontera agrícola y la explotación de fauna ilegal que sucede en esas zonas.
Un cuarto elemento tiene que ver con la migración, en donde nosotros definimos que es un tema que debe ser abordado por parte de las autoridades locales y nacionales sin intervención del grupo.
Y un quinto elemento que es la construcción en materia de justicia. Lo que le estamos diciendo es: en la zona donde estamos trabajando el proceso de construcción de paz con este grupo, el componente de seguridad y de construcción de paz es importante, pero esos dos requieren urgentemente la mirada del sector justicia. Hay que fortalecer una justicia cercana y pronta para los pobladores de la región.
Esos cinco elementos tienen un componente transversal: el compromiso de que no funciona más el código del grupo armado para regular la convivencia de los pobladores de la zona, sino que entra a regir el código de convivencia y seguridad ciudadana que implementa la Policía Nacional.
También está el componente de respeto a la acción integral contra minas y el del respeto a las normas del derecho internacional humanitario.
Y le dijimos a las comunidades que para desarrollar esos acuerdos en los municipios con corregimientos y veredas necesitábamos constituir unos equipos de trabajo en donde participen los alcaldes, las comunidades a través de sus representantes, las autoridades étnicas en esos municipios, y además que participen las víctimas a través de sus asociaciones.
Para ello íbamos a conformar unos comités municipales que son los responsables de hacerle seguimiento a la implementación de lo acordado. En cada uno de esos comités va a haber una persona que sin ser miembro del grupo puede ejercer opiniones o consideraciones que el grupo traslade a través de ellos.
Le pedimos también a la Iglesia, a través de la Conferencia Episcopal Colombiana y al Consejo Mundial de Iglesias, que acompañarán el monitoreo y seguimiento de ese proceso.
VA: Esos pilotos primero se aplicaron a cinco municipios: Acandí, Unguía, Belén de Bajirá y Riosucio en Chocó y Mutatá en Antioquia. En diciembre acordaron ampliarlo a 10 municipios más. ¿Cómo va la implementación de lo acordado?
AJ: Entre septiembre y esta fecha se han instalado ya los comités. El ICBF asumió la responsabilidad sobre el primer punto, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos sobre el segundo punto, la Cancillería y el Ministerio de Ambiente están en el proceso de asumir responsabilidades allí. En el caso del Ministerio de Ambiente tiene que incorporar a las corporaciones regionales, Corpourabá y Codechocó. En el caso de migración, Cancillería tiene que preparar todos los alistamientos que tienen que ver con Migración Colombia, pero también tiene que interlocutar con Panamá.
Le hemos pedido al sector justicia que nos acompañe. Sobre eso hay desarrollos que ya están consolidándose en la región, no al 100 por ciento porque empezamos hace dos meses, pero hay unos avances. Las autoridades locales están involucradas.
El grupo de manera unilateral tomó la decisión de suspender el cobro de extorsiones en los cinco municipios a los negocios legales. Hemos constatado que eso es real. Esa suspensión la anunciaron desde septiembre hasta fines del mes de enero. Nosotros hemos indicado la necesidad de que eso sea permanente y se extienda. Entonces ahí todavía tenemos una discusión.
Los nuevos municipios son Cáceres, El Bagre y Nechí en Antioquia; en el sur de Córdoba: Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador, Ayapel y San José de Uré. Y en el departamento de Bolívar, dos municipios de los Montes de María: San Jacinto y El Carmen de Bolívar.
Son municipios en donde consideramos que podemos desarrollar acciones de reducción de violencia, de transformación de economía y empezar la transición del grupo.
VA: ¿Cómo se compone el acompañamiento internacional de este proceso?
AJ: En la segunda sesión creamos un grupo de países mediadores. Catar ha sido el anfitrión y es un mediador desde la primera sesión, pero ahora está acompañado del Gobierno de Noruega, el Gobierno español, Suiza y obviamente el Estado catarí, para un grupo de cuatro estados mediadores.
La figura de la mediación es una figura novedosa en la historia de los procesos de paz que vienen desde 1990 hasta 2025 en Colombia, porque siempre le hemos dado el rol a la comunidad internacional de ser acompañante, de ser facilitador, ser garante. Como mediadores ellos pueden ser mucho más activos en la mesa, opinar sobre los temas, incidir sobre los actores, pero también sobre la temática. Esa consideración la tomamos por una razón concreta: el fenómeno que expresa este grupo armado es un fenómeno que tiene dinámicas de economía transnacional con impacto y efectos sobre los estados de otras regiones del mundo.
Porque yo no puedo desconocer que lo que ocurre con este grupo y la dinámica que involucra tenga que ver con lo que ocurre en España, con los alijos de cocaína que llegan allá, o con las dinámicas de comercialización de oro ilegal que se están dando a partir de que el oro se convirtió en moneda refugio para buena parte del mundo por su alto valor.
Ese grupo de países mediadores está ya definido y participó de esta segunda sesión. Igualmente participó la Misión de Acompañamiento al Proceso de Paz de la OEA que aceptó ejercer la verificación de los acuerdos.
Igualmente nos acompañó en la mesa la Procuraduría General de la Nación a través del Procurador Delegado de los Derechos Humanos. Necesitamos que estos sean procesos de Estado, y la llegada de un señor procurador delegado de la estatura de Néstor Osuna en calidad de observador del proceso nos ayuda a advertir la necesaria continuidad del mismo.
VA: Entre los acuerdos para los proyectos piloto está el tema de la sustitución de cultivos, pero ¿se ha conversado sobre el tema del narcotráfico como tal?
AJ: Ese tema no lo hemos abordado. Por eso nosotros estamos buscando un mayor nivel de incidencia internacional en este proceso. Porque en la medida en que este fenómeno que abordamos cuando trabajamos los temas de violencia de este grupo tienen que ver con temas de economías transnacionales y de procesos y dinámicas relacionadas con la dinámica transnacional del crimen organizado hoy en Colombia y en otras latitudes, es obvio que la comunidad internacional sea un socio activo.
Hemos hecho sesiones formales de información al gobierno de Estados Unidos a través de su delegación diplomática en Bogotá, donde les contamos todo lo que se está conversando, les contamos cuáles son los desarrollos y en qué estamos con ese grupo.
El EGC, ha aceptado de manera clara que es importante invitar a Estados Unidos a participar de la mesa, al igual que es importante que participe la delegación del Reino Unido, porque son países que están afectados e involucrados en la dinámica de confrontación del narcotráfico y de la criminalidad que ejerce el grupo.
Nosotros creemos que es importantísimo que ellos dos participen y así lo hemos hecho saber a sus autoridades. La respuesta que hemos obtenido es que ellos están observando, mirando, pero todavía no tienen decisiones tomadas al respecto.
VA: ¿Qué implicaciones tiene estar en estas negociaciones sin tener una base jurídica sólida que les asegure a ellos, a las víctimas y a la sociedad cómo van a quedar en el sentido jurídico?
AJ: Hay una base jurídica sólida en lo que estamos haciendo: la Constitución y la Ley 2272. Ese es el marco sobre el cual nos estamos moviendo ahora. La sentencia de la Corte Constitucional respecto de la Ley 2272 dijo que a los grupos armados organizados se les pueden aplicar normas de justicia transicional. Entonces ahí tenemos ese camino.
¿Cuál es el otro camino? Las normas del sistema de justicia colombiano que nadie les ha derogado. Nosotros no estamos buscando un sistema de justicia especial para este grupo ni para ningún otro grupo como política de este momento de la construcción de paz.
Ahora bien, yo sé —porque el país está enterado— que el exministro Montealegre presentó un proyecto de ley a discusión al Congreso, pero recuerda que el poder Legislativo es independiente del poder Ejecutivo. Si el Legislativo ordena, nosotros haremos caso. Si no ordena, pues también haremos caso. Pero nosotros no somos quienes definen las normas legales en este país.
¿Qué tenemos? Un marco de justicia, y ahí nos estamos moviendo. Ahora, los desarrollos de todos los procesos de paz en Colombia desde los 90 hasta hoy han demostrado, han indicado, que los elementos jurídicos del proceso son lo último que se discute.
Así ha sido: así fue en la época de los 90 con el M-19, con el EPL, y así fue ahora con el proceso con las Farc. Aquí vamos en la segunda sesión. Tenemos un marco sólido. Habrá desarrollos más adelante, es posible, pero no puedo aventurarme a hacer conjeturas sobre esos desarrollos.
Con lo que estamos trabajando es con lo que corresponde en la ley, y el grupo armado es consciente de que ese es el marco con el que estamos trabajando.
VA: ¿Cuál es el gran desafío estructural detrás de todo esto?
AJ: El gran desafío en construcción de paz en Colombia se refiere, entre otras cosas, a que nosotros tenemos una costumbre de pensar que la solución de nuestros conflictos pasa exclusivamente por resolver el tema de la ilegalidad armada, y si bien es cierto que ese es un factor importante, no es el único. La verdad es que la inestabilidad es un fenómeno multicausal. Parte de esa multicausalidad se refiere a que en los territorios donde está la presencia de grupos armados hay una presencia estatal muy marginal o prácticamente inexistente.
Un ejemplo concreto es que en la zona del Darién siempre han dominado o las Farc o el EPL o las AUC, y ahora en los 2020 está el EGC. ¿Qué significa esto? Que el Estado nunca ha controlado esas zonas, que nunca hemos tenido el control de la frontera con Panamá, que tampoco hemos controlado los ríos del Chocó, que la desembocadura del río Atrato siempre ha estado en manos de ilegales. Entonces eso no lo podemos resolver solo firmando un papel o solo desmovilizando a los hombres armados. Esa comprensión de la política de paz en esa dimensión es un desafío que va mucho más allá de este y del siguiente gobierno.
Porque si no resolvemos que entre Juradó y Tumaco no tengamos un solo acueducto funcional, y mientras que todos los municipios del borde Pacífico no tengan energía las 24 horas, va a ser muy difícil que esos vacíos institucionales no sean aprovechados por los grupos armados y por las economías ilegales, y vuelvan a consolidar ciclos de violencia.
Ahora nos toca pensar que la superación de los circuitos de violencia de esas zonas pasa por la transformación de las economías y por la transformación de esos territorios. ¿Por qué razón? Porque si no logramos hacer eso, no vamos a lograr romper la repetición de ciclos de violencia.
VA: ¿Cómo se reconoce la irreversibilidad del proceso?
AJ: Yo creo que, si las comunidades y las autoridades locales, que son las que quedan de este proceso, ven que eso es positivo, lo van a defender. Eso haría un primer nivel de irreversibilidad. Lo segundo: si las acciones que se desarrollen, la gente las ve que le sirven —no la gente de Bogotá, sino la gente que vive allá— va a defender los procesos.
El Estado es débil y esa es la realidad concreta. Para el que vive marginalizado le toca someterse a la voluntad del grupo armado. Eso es lo que tenemos que superar. Hemos bombardeado, hemos matado, nos hemos dado bala 70 años, pero eso no lo ha resuelto. Entonces nos toca, aunque sea cansón, aunque sea difícil, aunque sea aburridor, aunque le saque la piedra a uno tratar de resolverlo negociadamente, con todo y lo precioso que sea eso.
* Esta entrevista ha sido editada para mayor brevedad y claridad.
