El Observatorio de Restitución, coordinado por la Universidad Nacional, aseguró que al ritmo en que avanza, el Estado no podrá restituir a las víctimas de despojo en los diez años que le da la ley. Gobierno y reclamantes miran críticamente el informe.
El primer informe del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, coordinado por la Universidad Nacional, advirtió que como está diseñado el sistema de atención de la Ley 1448 de 2011, llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Estado no podrá restituir en una década las dos millones de hectáreas que se calcula que los grupos violentos usurparon a cuatro millones de personas.
Así lo aseguró Francisco Gutiérrez, director científico del Observatorio, después de analizar el registro de reclamantes de tierras en la región de los Montes de María aplicando un modelo matemático que calcula la “fila” o “cola” que se va formando, según la cantidad de personas que están llegando a reclamar sus tierras, el ritmo con que el Estado resuelve sus casos y el potencial número de víctimas de desplazamiento forzado y despojo que podrían acceder al sistema.
Este analista señaló que en la fila de la restitución en Montes de María, una subregión entre Bolívar y Sucre, hay por lo menos 3.300 personas que han solicitado al gobierno la devolución de sus tierras que tuvieron que abandonar o que les fueron usurpadas con violencia.
“La tasa de atención por semana es de 0,75 personas; y la tasa de llegada de personas está entre 12 y 15. En el mejor de los escenarios, el gobierno no alcanzará a atender a todas las víctimas en los diez años que estipuló la ley… en la restitución se está presentando un trancón fenomenal”, dijo el académico. En otras palabras, la fila de la restitución está acumulando por lo menos a once personas por semana, cada semana, tan sólo en los Montes de María, y sin tener en cuenta que el número de reclamantes puede crecer más rápido, a medida que conozcan mejor la Ley de Víctimas y cómo los beneficia su capítulo de restitución.
Gutiérrez Sanín dijo además que también hay “trancón” en los municipios que podrán ser atendidos, pues en promedio, la Unidad de Restitución de Tierras está dándole prioridad (microfocalización) a tres municipios por mes. En un año estará atendiendo 36 municipios y en diez años, a 360 municipios que es apenas un poco más de la tercera parte del total del país. (Lea el estudio completo aquí).
La microfocalización es la prioridad que le da la Unidad a una región para comenzar a documentar los casos y presentarlos en demanda ante un juez de restitución, teniendo previamente el concepto favorable de seguridad de la fuerza pública.
Fallas versus procesos
Según el estudio del Observatorio, la filosofía de la ley que regula la restitución es positiva, y también lo es la disposición y el esfuerzo de los funcionarios que la están haciendo cumplir. El problema de fondo, dicen, es de diseño. “Esta es una ley fundamental para el país en su aporte a la paz, también porque alinderó las instituciones con las víctimas, y creó instituciones clave y un capital humano a disposición de las personas que han sufrido el conflicto. Este trabajo no busca señalar que se trata de un problema de ejecución; sino que hay que pensar en mejorar el diseño institucional”, indicó Gutiérrez.
El académico cree que la atención y resolución por la vía judicial de los casos predio a predio, por tratarse de muchos y complejos, representa una sobrecarga para el Estado. Según explicó, a la fila o cola de reclamantes llegan víctimas de los municipios microfocalizados, las personas que fueron desplazadas o despojadas y no habían reclamado, y las víctimas expulsadas de forma reciente por las bandas criminales y que fueron reconocidas por el Auto 119 de 2013 de la Corte Constitucional como beneficiarias de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Como parte de las recomendaciones, el Observatorio señaló que es necesario reconsiderar la restitución predio a predio, diseñar una política nacional contra el desplazamiento forzado que no funcione bajo la premisa de que el fenómeno ya desapareció, y desarrollar mecanismos de evaluación del número de desplazados que efectivamente perdieron la tierra. “Dada la magnitud de las demoras, es muy importante prevenir las renuncias masivas a la fila, que disminuiría el problema de la congestión pero constituiría un fracaso monumental de la política”, señaló.
Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, dijo que es impensable que la restitución sea colectiva, masiva o por municipio, por la complejidad de los casos. “Hay predios que han sido despojados una, dos y tres veces y hasta más por diferentes actores armados. En un pueblo o vereda la situación de cada vecino es distinta. Es que acá estamos hablando de la propiedad rural, de un conflicto que lleva más de cincuenta años”, dijo Sabogal.
El funcionario agregó que la Unidad está llevando casos colectivos, por ejemplo, de parcelaciones realizadas por el antiguo instituto de tierras Incora (hoy Incoder), que fueron despojadas en un período por un mismo actor armado. “En esos casos estamos presentando en demanda reclamaciones de 20, 50, 70 familias, pero ir más allá es muy complicado”, reiteró el director. El lío es que la propiedad privada está protegida por la Constitución y es laborioso definir quién tiene derechos de propiedad que son legítimos y quiénes no.
En un comunicado emitido el 28 de noviembre de 2013, Sabogal aseguró que la Ley 1448 ha logrado avances históricos en relación con otras leyes antecesoras, como la 793 de 2002 o de Extinción de Dominio, y la 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz. Según los datos de la Unidad, en menos de dos años, con la Ley de Víctimas se han resuelto por lo menos 800 casos por cerca de 18 mil hectáreas de tierra, equivalentes a más de 700 predios entregados en el país; mientras que en con la de Extinción de Dominio los predios recuperados han sido 731 en once años, y con la Ley Justicia y Paz sólo 22 predios en ocho años.
“Es de resaltar que La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no solo supera a sus antecesoras en resultados, sino que también redujo el tiempo de los trámites. Procesos ordinarios que pueden demorar años, están siendo resueltos en un periodo de entre 8 y 12 meses”, indicó el funcionario. El Director indicó que la restitución de tierras cuenta con 17 direcciones territoriales y un trabajo gradual y progresivo que por ahora se concentra en 14 regiones, en 18 departamentos, con una microfocalización sobre 153 zonas.
“El trabajo antes descrito permite que se encuentren en trámite 12.217 solicitudes de restitución, reclamando 482.272 hectáreas de terreno (área reclamada, no geográfica), de las cuales se han presentado ante los jueces 2.600 casos”, agregó el director de la Unidad (Lea el boletín de prensa).
La Fundación Forjando Futuros, que representa a decenas de familias despojadas en la región del Urabá, cree que la restitución ha avanzado pero requiere agilizar los procesos. En un informe que presentaron en octubre de 2013 a partir del análisis de 200 sentencias proferidas desde 2012, cuando entró en vigencia de la Ley, la Fundación indicó que 95 por ciento fueron favorables para los reclamantes.
“El balance es alentador si se considera que bajo la Ley de Justicia y Paz solo se han proferido 13 sentencias desde el año 2005. Sin embargo, actualmente hay más de 46 mil solicitudes de reclamación y se requieren procesos más ágiles para que la restitución sea efectiva”, señala el informe que hizo la agencia de prensa IPC a partir de ese informe (Lea: Pese a los avances, la restitución requiere agilizar procesos).
A partir del análisis de las sentencias, Gerardo Vega, director de la Fundación, recomendó entonces que se aplicara la restitución colectiva para los casos en los que el despojo y el abandono fueron ocasionados por el mismo victimario, en el mismo contexto y época, y en predios colindantes. En la nota publicada por la agencia de prensa IPC, el magistrado Vicente Landinez, de la Sala de Restitución de Tierras, coincidió en que los procesos colectivos permiten agilizar el proceso y favorecer a más personas con una sola decisión.
En el caso de El Toco, una parcelación despojada por paramilitares del Bloque Norte en el municipio de San Diego, César, las víctimas han pedido especial atención a la Unidad de Restitución. Aunque todas sufrieron los mismos hechos de violencia, las sentencias han sido individuales. Hasta el momento, un Juez Especializado en Restitución de Tierras ha fallado a favor de 4 de las 55 familias que reclaman un terruño en esa parcelación. Y aunque su proceso ya va en marcha, la comunidad ha exigido que el proceso sea colectivo pues retornar uno por uno, los pone en mayor estado de indefensión frente a los agresores, que si pudieran retornar todos a la vez. Un reclamante ya no pudo volver al predio que le restituyeron por amenazas (Lea: El Toco, la historia de una reforma agria).
En César, las víctimas de los municipios de San Diego, Codazzi, Becerril y Valledupar, donde la Unidad ha documentado los casos de abandono y despojo, consideran que el proceso ha sido lento. “La restitución ha sido gota a gota y eso nos genera muchos riesgos para retornar”, dijo un líder de la zona de quien se reserva su identidad por razones de seguridad (Lea: Tanto foro y nada que nos restituyen ). En este departamento las reclamaciones de tierras suman 3 mil y a la fecha los jueces han emitido cinco sentencias.
En otras regiones como el municipio de Paz de Ariporo, en Casanare, donde los paramilitares despojaron decenas de tierras en los años en que ‘Martín Llanos’ tenía presencia en la zona, los campesinos le dijeron a VerdadAbierta.com que están cansados de esperar que sean incluidos en la microfocalización. “Nosotros presentamos la solicitud de restitución pero nos dicen que no hay garantías de seguridad para comenzar el proceso. Eso nos tiene desesperanzados”, dijo el hijo de un reclamante de tierras quien hace seguimiento al proceso en su pueblo.
Mientras el estudio académico y la versión de algunas de las víctimas coinciden, la Unidad de Restitución reitera que hay que creer en el proceso, que la intervención en los municipios depende de los conceptos de seguridad porque el conflicto persiste en muchas regiones del país, y que los casos se documentan con rigurosidad de acuerdo conla complejidad de cada caso.
El Observatorio ha querido de todos modos poner sobre el tapete las dificultades enormes que tiene el diseño institucional que se escogió de restitución legal, caso por caso, para atender una población de víctimas enormes, y los riesgos que conlleva para la legitimidad de la restitución. La cola que ya se va formando en espera de la restitución es una alarma que se prende para debatir si es posible pensar en restituir de otra forma más expedita, para aprovechar mejor una coyuntura tan favorable: una ley que revierte la carga de la prueba en favor de la víctima, un gobierno con equipo y voluntad para restituir los derechos violados, unos jueces diligentes que, con pocas excepciones, están favoreciendo a los despojados y desplazados; y unas víctimas movilizadas y organizadas en muchas regiones.
