Durante nueve días, siete campesinos fueron asesinados en tres municipios de ese departamento del suroccidente colombiano. Varios de ellos lideraban procesos comunitarios y la víctima más reciente era la propietaria del predio en donde se concentrarían las tropas de las Farc en el municipio de Corinto.
Con el asesinato de Cecilia Culcué, ocurrido el pasado martes 6 de septiembre, aumenta nuevamente la cifra de líderes sociales asesinados en Cauca y se abren interrogantes sobre la concentración de las Farc en Corinto. Foto: VerdadAbierta.com.Pasadas las 5:30 de la tarde del pasado miércoles fue encontrado el cuerpo sin vida de Cecilia Culcué, una reconocida líder agraria del norte de Cauca, que lideró procesos de ocupación y adjudicación de tierras para campesinos de la región. Su activismo por el campo fue tan grande que participó ampliamente en la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Zona de Reservas Campesinas de Corinto (Astrazonac), en la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), en el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc) y en el movimiento político Marcha Patriótica.
Sin embargo, su nombre saltó a los titulares de los medios de comunicación porque 72 hectáreas de su propiedad, ubicadas en la vereda La Cominera, de Corinto, serían utilizadas para albergar uno de los seis campamentos especiales en los que se concentrarán los guerrilleros de las Farc que se aprestan a dejar las armas para retornar a la vida legal.
A esa decisión se llegó luego de las visitas técnicas que realizó la comisión tripartita de verificación que se creó en La Habana para garantizar el desarme de la guerrilla, la cual recorrió a principios del pasado mes de agosto los 30 municipios que fueron seleccionados para tal fin.
Un miembro de Fensuagro, que pidió mantener en reserva su identidad, le dijo a VerdadAbierta.com que el proceso iba muy avanzado y que estaban haciendo los trámites pertinentes con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que es uno de los miembros de la comisión tripartita, para que el predio de Culcué acogiera la desmovilización de las Farc.
Aunque está en el aire que dicho predio finalmente sea utilizado, el Secretariado de las Farc emitió un comunicado en el que rechazó el asesinato de la líder campesina y reconoció que en su “terreno se planificó la instalación del Punto Transitorio de Normalización de la vereda La Cominera dentro del proceso de normalización acordado en la Mesa de Conversaciones de La Habana”.
Así mismo, indicó que el asesinato de la lideresa de 61 años edad -este jueves cumpliría 62-, producto de heridas con arma blanca, “no es un hecho aislado, sino que se suma a una larga serie de asesinatos y amenazas en contra de dirigentes sociales del suroccidente colombiano que configuran una grave crisis humanitaria que debe preocupar al gobierno nacional, al pueblo colombiano y a la comunidad internacional (…) No se podrá hacer realidad la paz estable y duradera si persiste el asesinato selectivo de líderes y lideresas cívicos y populares”.
Al respecto, Sergio Jaramillo, alto Comisionado de Paz y uno de los principales negociadores del gobierno nacional en Cuba, declaró ante los medios de comunicación que “eso lo asumió directamente la Vicefiscal, hay un equipo de la Fiscalía en este momento investigando. Hay unas primeras informaciones, pero dejemos que sea la Justicia la que se pronuncie”.
En cambio, Mauricio Redondo, defensor del Pueblo Regional Cauca (e) y Delegado para la Población Desplazada de esa entidad, pidió celeridad para esclarecer los hechos y que se brinde protección a las comunidades en donde se instalarán las Farc para entregarle las armas a la ONU.
“Es un buen momento para la reflexión y para ajustar los protocolos, porque así se determine que las causas de la muerte no están relacionadas con la instalación del campamento, es una oportunidad para que la institucionalidad esté mucho más cercana a las comunidades alrededor de las zonas de concentración. Se necesita acompañamiento, asesoría, visibilidad. Esto se convierte en una alarma para que pueda haber una acción especial de la institucionalidad”, explicó el funcionario.
Racha que preocupa
Las Farc se concentrarán en tres municipios de Cauca para dejar las armas en un plazo de seis meses: Buenos Aires, Corinto y Caldono. Foto: archivo Semana.La muerte de Cecilia Culcué se suma a una seguidilla de asesinatos en los últimos días en el departamento de Cauca. Los tres primeros ocurrieron el 29 de agosto -cuando inició el cese al fuego bilateral- en la zona rural de Almaguer. Ese día, según reportes de la Defensoría del Pueblo, Nereo Meneses, Marco Meneses y Ariel Sotelo, fueron detenidos en un retén ilegal por seis hombres fuertemente armados y sin distintivos militares, quienes condujeron a los tres campesinos de la vereda La Herradura a la vereda Monteoscuro, donde fueron “encontrados boca abajo y con impactos de arma de fuego”.
A la semana siguiente, el 5 de septiembre, otros tres campesinos fueron asesinados en la zona rural del municipio de Sucre. De acuerdo con documentación de la Defensoría del Pueblo, ocho hombres que portaban armas de largo alcance y vestían prendas negras les dispararon a Simón Álvarez Soscué, de 64 años de edad, y a Salvador Acosta, provocando la muerte inmediata del primero y el segundo fue internado de gravedad en un hospital de Popayán. Además, los hombres de negro también incendiaron una casa aledaña, causando la muerte de Martha Pipicano y Libio Antonio Álvarez.
En esos tres casos, ocurridos en nueve días, se produjeron las muertes de siete campesinos, varios de ellos líderes comunitarios. Esa alarmante cifra es igual al número de defensores de derechos humanos que fueron asesinados en el departamento de Cauca durante el primer semestre de este año, según lo documentó la organización no gubernamental Somos Defensores.
Persiste la violencia contra los defensores de derechos humanos
Las organizaciones sociales de la región se encuentran en alerta y señalan que esa ola de violencia viene por parte de grupos armados que se lucran de la minería ilegal y el narcotráfico que afloran en la región.
“En el Macizo tenemos el problema de la minería y particularmente se han presentado varios casos de violencia en Almaguer por esa situación. Somos atacados por nuestra defensa del territorio y por la oposición a la extracción ilegal de minerales. Hace un mes también fueron asesinados dos compañeros, y en 2013 Adelina Gómez García por oponerse a la minería ilegal”, contó un líder del Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), que pidió mantener la reserva de su nombre por cuestiones de seguridad y afirmó que en varias ocasiones su organización ha recibido amenazas de ‘Las Águilas Negras’ y de ‘Los Rastrojos’.
En un sentido similar se pronuncia David Flórez, vocero del movimiento Marcha Patriótica, en el cual Cecilia Culcué militó hasta último momento: “Allí vienen operando (norte de Cauca) lo que se denomina en el acuerdo de La Habana como organizaciones herederas del paramilitarismo y también organizaciones criminales, que generan un contexto muy complicado en este momento, especialmente para la creación de las Zonas Veredales Temporales de Normalización”.
Sobre las posibles razones del asesinato de Culcué, en Marcha Patriótica consideran que fue cometido por personas ligadas al narcotráfico y a la minería ilegal, que se verían afectadas con la creación de la zona de concentración, pues llevaría a esa región una amplia presencia del Estado que en este momento no existe y pondría estos sitios ante la mirada de la opinión pública, con lo que se afectarían sus rentas ilícitas. Además de esa líder, en Corinto también fueron asesinados otros miembros de Marcha Patriótica en lo corrido de 2016: Víctor Andrés Flórez, el 26 de marzo; y Evaristo Dagua, el 29 de julio.
Un informe de riesgo emitido por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en mayo del año pasado, determinó, según el defensor Redondo, “una serie de amenazas y de riesgos con relación a las poblaciones de Almaguer y Sucre, especialmente porque hay sitios de explotación de minería ilegal de alto impacto que está causando una serie de factores y de violencia de economías ilegales”.
Por esa razón, el representante del Ministerio Público insistió, en que para evitar más derramamientos de sangre, “es muy importante que no solamente la acción institucional llegue a las zonas de concentración, sino que también a las regiones en donde las comunidades siempre han sido impactadas por el conflicto armado”.
