Pasados 12 años de la masacre y toma de esta vereda tolimense, sus pobladores padecen los daños económicos, sociales y psicológicos. Pocas familias han retornado a sus fincas.
Ubicada en el municipio del Valle de San Juan, noroccidente de Tolima, se encuentra la vereda El Neme. Allí, la comunidad campesina vivió el horror del conflicto armado desde comienzos de la década del noventa, cuando se asentaron en la región grupos guerrilleros, y, posteriormente con el arribo de facciones paramilitares de las Autodefensas Unidas deColombia (Auc).
Uno de los momentos críticos para los pobladores de esa vereda se vivió el 24 de abril de 2001, cuando paramilitares del bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) asesinaron a Cecilia Guarnizo, Hernando Cañizales, alias el ‘Burro’ y a dos menores de edad, y se tomaron el caserío. Los hechos aún están en la memoria de las víctimas.
Varias de ellas recuerdan cuando en la escuela de la vereda fueron retenidos la mayoría de sus habitantes, a quienes se les leyó una lista de las personas que iban a ser asesinadas por ser colaboradoras de la guerrilla, cuatro en total; luego de acribillarlas, quemaron sus casas, saquearon las tiendas y hurtaron el ganado. Esa incursión generó el desplazamiento forzado de 73 familias, además de enfermedades psicológicas y pérdidas materiales y económicas para todas ellas.
Doce años después, pobladores de El Neme se reencontraron con los paramilitares Andrés Arroyave, alias ‘El Calvo’; Edgar González Mendoza, alias ‘Machete’; Chovis José Toral alias ‘Montería’; Jhon Fredy Rubio Sierra, alias ‘Mono Miguel’; Juan de Jesús Lagares, alias ‘El Burro’; y cinco ex paramilitares más en el desarrollo en Bogotá de una audiencia de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas, en la que se les pidió la verdad, la aclaración de los hechos y los cuerpos de los desaparecidos.
Los ex paramilitares del bloque Tolima narraron lo ocurrido; sin embargo, durante la audiencia ante magistrados de Justicia y Paz coincidieron en afirmar que no fueron ellos quienes dieron la orden de quitarles la vida a las cuatro personas asesinadas en El Neme ni tampoco ordenaron el saqueo del pueblo.
Con el paso del tiempo, algunas familias pudieron retornar a sus fincas, encontrando que las garantías que había prometido el Estado para su retorno no se habían cumplido. Señalaron, además, que a su retorno no han recibido la ayuda psicológica y económica que les prometieron, lo que ha impedido que los labriegos vivan con tranquilidad.
Historias de desarraigo
El desplazamiento forzado al que fueron sometidos los habitantes de El Neme los obligó a renunciar a la forma de vida campesina que llevaban, a modificar su entorno social y abandonar sus principios culturales. Cambiaron sus cultivos por las calles de Ibagué y Bogotá, y su sustento por la limosna. Situaciones que, según los representantes de víctimas, generaron una violación colectiva a los derechos fundamentales.
Pedro*, una de las personas desarraigadas, narró que antes de la toma paramilitar y la posterior masacre, la comunidad vivía tranquila y que pese a la ausencia del Estado, se podía llevar una vida en paz. Sin embargo, luego de la incursión armada, su familia se separó y tuvo que vivir de la caridad.
Pedro fue una de las personas a las que los paramilitares obligaron a cargar el ganado en camiones una vez se tomaron el caserío, razón por la cual presenta problemas de salud que no lo dejan trabajar; asimismo, su esposa no aguantó el horror de la masacre y decidió desplazarse a la ciudad de Bogotá, dejándolo con sus dos hijos, quienes tienen problemas para ingresar a la escuela.
La víctima reclama mayor investigación para quienes los acusaban de ser colaboradores de la guerrilla y para quienes, en últimas, ordenaron la incursión de los paramilitares en la vereda.
Cabe recordar que durante el periodo más cruento del accionar armado de las Auc, Gonzalo García Angarita, fue alcalde del municipio del Valle de San Juan, quien fue condenado en diciembre de 2009 a 90 meses de prisión por sus nexos con esa organización armada luego de que se comprobara que durante su gestión entre los años 2001 y 2003 les entregó el 10 por ciento de las contrataciones.
Ante esto, alias ‘El Calvo’ mencionó que la investigación debe avanzar más allá de los políticos, pues según él varios miembros de la Fuerza Pública estarían involucradosen los asesinatos cometidos en El Neme, y agregó que varios de los comandantes de los frentes se reunían con militares y policías para planear operaciones armadas.
De otro lado, Laura*, hija de una de las personas asesinadas en la vereda, contó que así el tiempo haya pasado las secuelas que les dejó la guerra, y en especial las acciones criminales perpetradas el 24 de abril del 2001, no se han borrado de la memoria de las personas. “Durante la retención en la escuelas nos dijeron que estábamos pagando el ser un pueblo guerrillero, que ya se nos había advertido y como no hicimos caso venían a darlos la lección”, evocó esta mujer.
La mamá de Laura y las demás personas asesinadas fueron señaladas de ser miembros del Frente 21 de las Farc y supuestas fundadoras de las células urbanas que operaban en diversas regiones del departamento de Tolima. En sus investigaciones, la Fiscalía General de la Nación precisó que no se comprobó la pertenencia de estas personas a la guerrilla y destacó que eran personas reconocidas en la población por su labor social.
El reclamo de la víctima gira en torno al modo en que fue cometida la operación, ya que dentro de las versiones libres por parte de los postulados se narró que en repetidas ocasiones pasaron por el casco urbano del municipio, lugar donde hacían presencia miembros de la Fuerza Pública y que para el día de los hechos no se hicieron los retenes habituales. La víctima señaló que la Fiscalía debe de investigar la relación entre que en ese entonces mantuvieron oficiales de la Policía con grupos paramilitares.
Los demás casos narrados coincidieron en afirmar que aparte del daño psicológico causado por las acciones de las Auc, el Estado no ha brindado las garantías suficientes para la reparación integral pues las familias que han podido retornar no cuentan con las condiciones económicas y sociales para llevar la misma vida que tenían antes de lo ocurrido; asimismo, pidieron que los paramilitares no se escuden en decir que ellos recibían órdenes y cuenten la verdad.
La defensa de víctimas aseguró que pasados 12 años de la masacre a la vereda han llegado sus habitantes a tratar de recomponer sus vidas, no obstante la mayoría de familias están descompuestas, las fincas están en un estado no habitable por el abandono al que fueron sometidas, los pobladores no tienen garantizados los derechos fundamentales y la reparación integral prometida aún no ha sido efectiva.
La magistratura señaló que es necesario que se reconozca que las víctimas han sufrido daños muy graves por consecuencia del conflicto armado, pidiendo que la asistencia por parte de las entidades sea de inmediata; además, criticó la lejanía que se ha tenido por parte del Estado en cuanto a la atención y reparación integrando, siendo enfática en mencionar que no se puede seguir con una institucionalidad alejada de la realidad de la guerra.
(*) Nombres cambiados a solicitud de las fuentes
