A falta de acciones por parte del gobierno y de la justicia para encontrarlos, las víctimas impulsan una herramienta para visibilizar sus historias y hallar a sus seres queridos.
La desaparición forzada es de los delitos menos visibles en el país porque se confunde con otras modalidades de violencia o porque no se denuncia por la presencia de actores armados ilegales en la zona, además de la complicidad en muchos casos de agentes del Estado. Foto: suministrada por el Observatorio de Paz Integral, Corporación de Paz y Desarrollo del Magdalena Medio.
“Recibimos una llamada en la que alguien nos decía que no buscáramos más, que a ellos los habían botado al río”; “al día siguiente llamaron y nos dijeron que no molestáramos más que no lo íbamos a encontrar”; “yo siento un poco de miedo porque no sé si es cierto o falso que mi hijo está muerto. Ya son ocho años de espera y aún no sé qué pensar… sólo espero que regrese algún día”.
Estas frases hacen parte de los relatos de las familias de Santana de Jesús Anaya Díaz, desaparecido desde el 21 de febrero de 2000 en el municipio de Arenal, Bolívar; de Wilson Eduardo Angulo, desaparecido desde el 15 de abril de 2003 de Barrancabermeja, Santander; y de Arcadio Peña Mejía, desaparecido desde el 20 de mayo de 2004 en Puerto Berrío, Antioquia. Las víctimas coinciden en que no tienen noticias de ellos, sus casos no llegaron ante un juez y lo poco que saben, por rumores, es que algunos de los cuerpos fueron arrojados al río Magdalena.
Estas historias son frecuentes alo largo y ancho del Magdalena Medio, que comprende varios departamentos en el corazón de Colombia y que se caracteriza por la riqueza de sus tierras. El Observatorio de Paz Integral (OPI) de la Corporación de Paz y Desarrollo del Magdalena Medio ha documentado la desaparición como un crimen recurrente durante las últimas décadas en 31 municipios de esta región en los departamentos de Antioquia, Santander, Bolívar y Cesar.
Aunque en la zona las organizaciones sociales tienen diversas bases de datos que dimensionan la tragedia, de momento la cifra oficial la reporta el Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad Nacional de Víctimas. Según los datos de esta entidad, en esos 31 municipios hay reportes de 8.220 casos de desaparición forzada ocurridos entre 1985 y 2014.
“A los desaparecidos les dan poca importancia y ahora que se habla de paz la pregunta es, ¿cómo vamos a lograrla si no han encontrado a nuestros familiares ni ha habido justicia? ¿Cómo va a haber una paz verdadera, perdón y reconciliación? Es importante hacer saber que en este país no sólo hubo secuestrados, también muchos desaparecidos”, dice Luz Almanza, integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asfaddes).
Recorriendo las riberas del río Magdalena Medio, la Corporación se fue encontrando con familias que tenían un padre, hermano, hermana o hija desaparecidos, pero que no se atrevieron a denunciar por el terror que infundieron los actores armados durante los últimos treinta años. Los pobladores fueron azotados en los años 80 y 90 por el Ejército de Liberación Nacional (Eln), así como en algunas otras zonas por el Ejército de Liberación Popular (Epl) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Entre finales de los años 90 y 2006 el terror lo continuaron los paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, bajo el mando de Ramón Isaza alias ‘El Viejo’, las autodefensas financiadas por ganaderos desde el sur del Cesar y por el Bloque Central Bolívar (Bcb) en cabeza de Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’, Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’ e Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’. Desde ese año y hasta ahora la violencia persiste a través de las bandas criminales, principalmente por ‘los Urabeños’ y ‘los Rastrojos’ (Lea: La máquina de guerra de Ramón Isaza y Los tentáculos del Bloque Central Bolívar).
En los datos que ha recopilado el Observatorio de Paz de 1986 a la fecha, algunas familias desconocen los autores de este crimen de lesa humanidad. Los casos en los que las víctimas reconocen a los victimarios fueron los ocurridos entre mitad de los años 90 y 2006, cuando los paramilitares se tomaron la zona y apelaron a esta práctica de guerra. (Lea: La persecución paramilitar en el Magdalena Medio y ¿Dónde están los desaparecidos del Magdalena Medio?).
En la mente de los barramejos está el terror infundado por el paramilitar Guillermo Cristancho, alias ‘Camilo Morantes’, quien desde 1997 fue asignado por Juan Francisco y Roberto Prada para comandar las llamadas Autodefensas Campesinas de Santander y Sur del Cesar (Ausac) y quien, según confesiones de varios desmovilizados, fue asesinado en 1999 por orden de Carlos Castaño, quien cuestionó la sevicia con la que se actuó en Barrancabermeja, Rionegro, Sabana de Torres y Puerto Wilches.
Morantes fue el responsable de la masacre del 16 de mayo de 1998 en la que fueron secuestradas y asesinadas 32 personas. Según datos del Observatorio de Paz Integral, después de casi dos décadas 17 de ellas siguen desaparecidas (Lea: Masacre de Barrancabermeja, Rutas del Conflicto).
Cada cifra es una historia 
La Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio desarrolla una base de datos para hacer visibles los casos de desaparición forzada en esta región, azotada por el conflicto armado. Foto: suministrada por el Observatorio de Paz Integral, Corporación de Paz y Desarrollo del Magdalena Medio.
El informe ¡Basta ya!, del Centro Nacional de Memoria Histórica, reconoce que pese a la magnitud de las cifras de desaparecidos en el país, que según el Registro Único de Víctimas es de 25.007 casos como efecto del conflicto armado, “la desaparición forzada ha sido poco visible en los medios de comunicación y escasamente reconocida por las autoridades competentes”, entre otras razones porque requiere de mayores esfuerzos investigativos.
En 2013, la Corporación de Desarrollo y Paz, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y de organizaciones sociales como Asfaddes, se dieron a la tarea de construir una gran base de datos para ponerle rostro a las cifras de la desaparición en el Magdalena Medio. Ademir Luna, coordinador del Observatorio de Paz Integral (OPI), explicó que cruzaron bases de datos propias con información que durante años ha documentado la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
De los 8 mil reportes de desaparición que el gobierno estima hay en esta región, encontraron información detallada sobre 600 casos. Le solicitaron a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas que les informara sobre el avance judicial de éstos y sólo encontraron respuesta en cuatro de ellos.
Fue así como el Observatorio decidió que la base de datos que construye, y que se puede consultar en Internet (haga clic aquí), tuviera dos objetivos concretos. “El primero es ponerle un rostro a esa cifra, contar quiénes eran esas personas, desde cuándo están desaparecidas y cómo la recuerdan sus familiares. El segundo es que la herramienta permita aportar nuevos datos para encontrar a estas personas y decirle a la justicia que no debe haber más impunidad frente a la desaparición forzada”, señala Luna.
Para encontrar a las familias, el Observatorio realizó sendas reuniones, junto con la iglesia y varias organizaciones sociales, en San Vicente de Chucurí y Barrancabermeja, en Santander; en Aguachica, sur del Cesar; en San Pablo, sur de Bolívar, y en Puerto Berrío, Antioquia.
Almanza, quien participó de estas reuniones, cuenta que el trabajo no ha sido fácil. Por un lado, el drama de la desaparición forzada es tal que las familias se resisten a creer que sus seres queridos están muertos y siempre guardan la esperanza de que algún día van a aparecer, mientras no exista una prueba material que demuestre los contrario. Por otro, está el miedo: “La gente en muchos casos sabe quién se llevó a su familiar. Pero no se atreven a denunciar ante las autoridades”.
Lo otro es el desconocimiento de que este delito no prescribe, es decir, que así transcurran los años ni las autoridades ni la justicia pueden negarse a investigar y condenar a los culpables. Así quedó acordado en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas firmada por los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la que hace parte Colombia. “Hemos expresado nuestro descontento con algunas instituciones del Estado que cuestionan a las víctimas de por qué hasta ahora denuncian. Les explicamos que había miedo y que tienen derecho de hacerlo porque en este delito no hay prescripción”, reitera Almanza.
En la base de datos a la que cualquier persona puede ingresar, el ciudadano encontrará un mapa de la región distribuida por municipios. Con la ayuda de estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana, el Observatorio fue buscando grupos de familias por municipios y desarrolló un protocolo de atención, pues muchas de las víctimas no han recibido apoyo psicológico: “hay gente que no ha superado el duelo a pesar de tener información de que su ser querido fue asesinado”, comenta Ademir Luna.
De los 600 casos identificados, el Observatorio sólo tiene datos de 120 de ellos sobre cómo ocurrieron los hechos y de por lo menos 89 ya tienen un trabajo de campo, con una ficha que se puede consultar en la base de datos en línea. En ésta, los familiares aportan una fotografía, describen en una frase cómo recuerdan a su familiar, la fecha de su desaparición, la actividad que realizaba, los autores del crimen, los hechos y un relato de cómo era la vida de esa persona y su importancia en la familia. “Esta es una base de datos que se construye sobre los casos de desaparición en toda la región sin importar el actor armado”, explica Luna.
Así puede leerse la historia de dos estudiantes: la de Julio César Atehortúa, de 16 años, quien fue desaparecido por desconocidos el viernes 20 de noviembre de 1987 en el tramo de Bramadora a Porce, en Puerto Berrío, Antioquia. “No le hacía daño a nadie, era apenas un niño, ¿qué daño pudo haber cometido o qué mal pudo haber causado a alguien?”, cuestiona un familiar. También la de Fernando Mogolla, de 14 años, quien fue desaparecido por paramilitares el domingo 1 de enero de 2006 en la vereda Llana Caliente, en San Vicente de Cuchurí. “Tenía una gigantesca curiosidad por aprender de la naturaleza y amaba remedar a todo animal que conoció”, describe un familiar.
Al final de cada historia, la herramienta web pregunta al lector: ¿Conoces o sabes dónde está Julio Cesar o Fernando Mogolla? “Para nosotros es importante que esta base de datos sea visible nacional e internacionalmente. Sí hay desaparecidos en Colombia y debe haber justicia para que las familias encuentren paz”, afirma Luz Almanza.
