Las reiteradas amenazas de muerte contra sus líderes obligaron a cerrar sede de la organización de Derechos Humanos Colombia Progresista, que trabaja con desplazados no solo de este municipio, sino de La Jagua de Ibirico, en el centro del Cesar.
Las reiteradas llamadas a sus celulares, las rondas de hombres sospechosos por el sector donde residen, los panfletos en los que incluyen sus nombres y los recados que les han enviado por medio de terceras personas, son razones suficientes para que el presidente, el vicepresidente y la fiscal de la organización de Derechos Humanos Colombia Progresista, que funciona a pocos metros de la Alcaldía de Codazzi, norte del Cesar, decidieran cerrar su sede.
El trabajo comunitario que hace esta organización con familias en su mayoría víctimas del conflicto armado tanto en Codazzi como en La Jagua de Ibirico, parece que tiene molestas a algunas personas, quienes les han hecho saber que los tienen en la mira.
“Son familias desplazadas que han llegado a Codazzi desde diferentes zonas del departamento del Cesar y de otras partes de Colombia, huyendo del conflicto armado, en busca de una oportunidad. Nosotros lo único que hemos hecho es impedir que los desalojen de los asentamientos (invasiones) donde se instalaron, mientras no les den garantías para vivir dignamente en otro lugar”, explicó uno de los líderes.
En Codazzi son seis los asentamientos que han formado los desplazados, especialmente campesinos provenientes de la Serranía del Perijá y de los pueblos del centro del Cesar, muchos esperan de un fallo de restitución de tierras o de indemnización por su condición de víctimas. Todos ellos sufrieron los estragos de la violencia generada por el Frente 59 de las Farc y el Frente ‘Juan Andrés Álvarez’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Igual situación se vive en La Jagua, donde hay igual número de asentamientos, con la diferencia de que allí también recibieron amenazas dos de los líderes de las comunidades.
Las amenazas, las angustias y el miedo que sienten por sus vidas, la denunciaron los tres líderes de víctimas en la sede de la Defensoría del Pueblo en Valledupar y declararon que por no tener garantías en su mismo pueblo, prefirieron denunciar en esta institución las constantes amenazas que reciben y el temor que sienten de seguir trabajando a favor de las víctimas.
Ante tal situación, la Defensoría notificó a la Unidad Nacional de Protección el riesgo que corren las tres personas. “El notorio incremento de las amenazas y agresiones en contra de tres de sus más visibles dignatarios, los hace temer seriamente por sus vidas”, dice la carta enviada por Omar Benjumea, Defensor del Pueblo en el Cesar, a esa Unidad.
VerdadAbierta.com habló con los tres líderes amenazados y omite sus nombres por razones de seguridad. Ellos explicaron que han sido víctimas de toda clase de amenazas y agresiones. “Desde llamadas, hombres que merodean nuestras casas, mensajes con personas distintas a través de las cuales nos advierten que dejemos de lado el trabajo social y comunitario que hacemos, y los rumores que corren por el pueblo quedicen que vamos a ser víctimas de atentados perpetrados por parte de grupos armados ilegales, son la constante en nuestras vidas”, cuenta uno de los voceros.
VerdadAbierta.com visitó el municipio de Codazzi para conocer detalles de lo vivido en la época paramilitar en la trocha de Verdecia y ese día pudo constatar el miedo que aún siente sus pobladores, que se resisten a hablar de lo ocurrido. (Ver: Verdecia: la trocha del terror).
La credibilidad de sus denuncias la confirmó un funcionario de la Defensoría del Pueblo el mismo día que los líderes hacían su declaración en su oficina (14 de noviembre de 2013). “En ese momento, llamaron al celular de una de las líderes, ella contestó y enseguida se le vio en su cara reflejado el miedo. Puso el altavoz y alcancé a escuchar parte de la conversación, en la que el hombre al otro lado de la línea le decía improperios y le advertía algo así como que ‘no importa que se hayan mudado hoy, ya que a donde quiera que vayan a estar los encontraremos y les pondremos un bomba para que dejen de joder’, lo cual como es de suponer los dejó más aterrorizados”, relató el funcionario.
Aunque no hay un nombre que identifique a las personas que profieren las amenazas, existen algunas hipótesis que los relacionan con bandas criminales, que en Codazzi se han configurado bajo las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, que también se conocen como ‘Los Urabeños’, y ‘Los Rastrojos’, que también hacen presencia en municipios vecinos como Becerril y La Jagua de Ibirico.
Otro de los líderes contó que denunció ante la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía de Codazzi lo ocurrido el pasado 8 de noviembre. Ese día, dos hombres en motocicleta rondaron varias veces la sede de la organización y, al parecer, hicieron lo mismo en la zona donde queda su vivienda. Otro de los líderes consultados agregó que el 16 de octubre de este año vieron a otro hombre sospechoso en moto, que se detuvo justo en la puerta de la oficina y durante varios minutos observó la instalación.
“Nosotros no estamos inventando nada. Es que en realidad no hay garantías para trabajar por las víctimas. Hoy estamos en Codazzi y si nos toca salir, a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. Es una situación muy difícil y nos duele que no podamos hacer nada por los demás.La gente nos busca, nos pide ayuda, orientación, nos agradecen, pero hay otras personas que nos miran raro, como si estuviéramos haciendo algo malo”, dice una de las líderes.
La organización Colombia Progresista se constituyó como organización defensora de derechos humanos en enero de 2012 y está registrada formalmente ante la Mesa Departamental de Participación de Víctimas del Cesar y la Mesa Municipal de Participación de Víctimas de Agustín Codazzi. También hace parte de la Red Nacional de Lucha Contra el Hambre y la Pobreza y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR).
Para la Defensoría del Pueblo, su trabajo a favor de los derechos humanos y los derechos de las víctimas tiene un amplio reconocimiento regional y nacional, porque acompaña y asesora a los pobladores de los asentamientos humanos subnormales en Codazzi y La Jagua de Ibirico, y, además, orienta a víctimas de despojo de tierras y territorios en Becerril, La Jagua de Ibirico, Pelaya y Agustín Codazzi.
Un pueblo con mucho dolor
Codazzi es según los registros de la Unidad de Víctimas, el segundo municipio en el Cesar después de Valledupar, con más número de víctimas registradas hasta el momento. Con corte a julio de 2013, ya 27 mil personas habían denunciando los hechos de los que fueron víctimas, siendo el desplazamiento el de mayor porcentaje, seguido de 2.871 homicidios (entre selectivos y masacres), 308 desapariciones forzadas, 245 despojos oabandonos de tierras, contrastando esta cifra con las denuncias por delitos contra la integridad sexual de las mujeres de esta población, que solo reporta cinco.
Este último tema es uno de los hilos conductores de las amenazas a la líder del grupo, quien además de trabajar en esta organización defensora de los desplazados, es la representante legal de una fundación que trabaja con mujeres víctimas de delitos sexuales en Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Curumaní y Manaure. Ella aprendió al lado de la activista de derechos humanos y a la vez víctima del conflicto armado, Angélica Bello, y ha logrado reunir a más de 200 mujeres en esta zona para trabajar alrededor de un solo fin: que se reconozcan víctimas y que denuncien a sus victimarios.
Esta líder contó el trabajo que con esfuerzo y convicción comenzó desde el año 2009 a favor de las mujeres víctimas que dejó la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares en el municipio de Codazzi. En su labor ha encontrado tantos obstáculos que está pensando en decidir si continúa por este camino o da un paso al costado.
Esta mujer, quien a veces parece quebrantarse por las dificultades que debe enfrentar, informó que el 20 de octubre de 2013, a dos de las mujeres que desde su organización ha impulsado y asesorado para que denuncien las agresiones y la violencia sexual de las que fueron víctimas, las amenazaron.
Hasta la vivienda de una de ellas, que ya se atrevió a denunciar recientemente su caso perpetrado por paramilitares, llegaron dos hombres que además de amenazarla por haberlo hecho, lanzaron intimidantes improperios en su contra, señalándolas de ser las responsables directas de las denuncias. Existen algunas versiones de pobladores que señalan, según la líder, que estos hombres estarían vinculados a alguna de las bandas criminales que actúan en el municipio.
La líder de víctimas sexuales, al igual que sus dos compañeros de organización, temen por sus vidas. Ella tiene un esquema básico de seguridad que le brinda el Estado, le entregaron un celular, un chaleco antibalas y un subsidio de transporte. Mientras que a ellos, que tenían un esquema similar, hace algunos meses le suspendieron las medidas.
“Lo que estoy haciendo es un trabajo que ya ha dado resultados. 27 mujeres han denunciado los horrores que tuvieron que vivir. Las amenazas contra mi iniciaron desde las primeras denuncias, pero he seguido en las actividades, a veces las fuerzas seme acaban y me entristece que en Codazzi no haya garantías de nada, la Policía nunca hace las rondas policiales que deben hacer y cuando los llamo nunca llegan. No sé qué va a pasar, pero sé que este es un proceso que comenzó y no se va a detener, las mujeres se atrevieron a contar lo que les pasó y eso ya es ganancia”, dice *Juana.
Las mujeres de Codazzi saben que a pesar de sus denuncias, muchos de estos delitos sexuales perpetrados en su mayoría por paramilitares, quedarán en la impunidad. Sus victimarios no confesaron, ni siquiera fueron a la cárcel. En Justicia y Paz solo priorizaron del frente ‘Juan Andrés Álvarez’ a Oscar José Pacheco Ospino, alias ‘Tolemaida’, y Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’, ambos comandantes.
