Cerca de 292 detenidos recluidos en este centro penitenciario esperan que se implemente sin obstáculos la Ley 1820 de 2016 o Ley de Amnistía e Indulto. Sin embargo, enredos jurídicos y dilaciones en el proceso han demorado la excarcelación de los guerrilleros. Hay versiones encontradas.
Durante una sesión de estudio los reclusos discutieron la importancia del fondo de tierras para la paz, el acceso a la tierra y la importancia de la organización campesina Foto: cortesía Presos políticos Farc.
Desde junio del año pasado empezaron a llegar a la cárcel Normandía, de Chiquinquirá, Boyacá, insurgentes de la guerrilla de las Farc trasladados de distintas cárceles de mediana y alta seguridad de país, en cumplimiento de lo acordado en La Habana con el gobierno nacional. En este penal, cada patio se configura como un pequeño frente insurgente, donde el ejercicio, el deporte y elconstante estudio hacen parte de la rutina diaria, mientras se aclara la aplicación de la Ley de Amnistía e Indulto y llega la boleta de libertad.
Hace una década este penal también sirvió de acogida para los guerrilleros que se desmovilizaron y se acogieron a la Ley de Justicia y Paz. Hoy acoge a hombres y mujeres que hicieron parte de los bloques Oriental, Sur y Occidental de las Farc, así como de algunas columnas móviles; además, hay un patio sólo para mujeres. Varios de los reclusos cumplen penas de más de 15 años.
Los internos ‘farianos’ ocupan parte del tiempo en estudiar el Acuerdo Final firmado con el gobierno nacional, tras cuatro años de negociaciones, y la Ley de Amnistía e Indulto, aprobada recientemente en el Congreso de la República, como parte de esos acuerdos.
A este último documento es al que mayor tiempo de lectura le dedican. Para el conjunto de guerrilleros, el texto se convirtió en un nuevo manual de conducta y hoja de ruta a seguir. Como ellos, alrededor de 3.353 miembros y colaboradores del grupo armado en todo el país están a la espera de que se les concedan la amnistía para continuar en libertad con su proceso de reincorporación a la vida civil.
En diálogo con VerdadAbierta.com, Jorge Augusto Bernal, conocido en las Farc como ‘Robinson 22’, capturado en 1995 y condenado a 60 años de prisión, señaló que existe un desconocimiento generalizado de los jueces de ejecución de penas sobre la implementación de la ley. Según cifras de la organización, tan sólo cinco insurgentes han recuperado la libertad bajo la Ley 1820 de 2016. (Descargar norma)
“Hace unos días tuvimos una reunión con los jueces de ejecuciones de penas de Tunja, que son los que tienen la mayoría de procesos de este sector, de Cómbita y Chiquinquirá, donde sumamos alrededor de 600 prisioneros. Pero los jueces no saben lo que es la Ley 1820 de 2016 y el Consejo Superior de la Judicatura tampoco les ha dado ninguna directriz en lo que respecta a la Ley y a lo acordado en La Habana”, comentó ‘Robinson 22’.
El fenómeno no ocurre sólo en la región centro del país, también se ha extendido a otros departamentos. En Antioquia, por ejemplo, se han formulado 30 solicitudes de indultos o amnistías para miembros de las Farc y líderes sociales acusados de rebelión y cuatro de ellas ya fueron rechazadas.
Más sombras que luces en aplicación de ley de amnistía en Antioquia
En varias ocasiones, a través de comunicados y pronunciamientos públicos, la guerrilla ha señalado que el gobierno nacional no ha cumplido el acuerdo; el último de ellos se hizo la semana pasada, durante la Décimosexta Cumbre Mundial de Nobeles de Paz, en Bogotá. En ese escenario, le jefe insurgente Luciano Marín, conocido como ‘Iván Márquez’ señaló que las filas guerrilleras estaban desconcertadas con el incumplimiento de la Ley de Amnistía y agregó que esperaba que no se generaran mayores retrasos para darle continuidad a lo acordado.
“Qué difícil que se cumpla la decisión presidencial que decreta la excarcelación de guerrilleros, que debió ocurrir con la entrada en vigencia de los acuerdos. Tenemos que reconocer que existen en Colombia expertos desprovistos de sentido común que no buscan en la norma la vía de la solución de los problemas, sino su empeoramiento y obstrucción”, afirmó ‘Márquez’.
No obstante, otra cosa es lo que dicen los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, quienes, a través de un comunicado, rechazaron que el grupo insurgente los responsabilice de la no aplicación de la norma. (Ver comunicado)
“Rechazamos las manifestaciones públicas que asignan responsabilidad a los funcionarios de esta especialidad en oposición al curso que debe seguir el proceso de paz adelantado entre el gobierno nacional y las FARC-EP, de cara a la aplicación de la Ley 1820 de 2016, que dicta disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”, se lee en el comunicado.
¿Qué ocurre?
Durante la X Conferencia de las Farc, los indultados participaron de las actividades culturales que la organización desarrolló al término de las discusiones y las sesiones plenarias. Foto: archivo Semana.Según la nueva norma, el otorgamiento de amnistías se puede dar de dos maneras; de un lado, por derecho propio, que aplica sobre los delitos políticos “de rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando y los delitos que son conexos”; y de otro a través de la Sala de Amnistía de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
De igual manera, para los guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad y otros delitos no relacionados con la rebelión, la ley establece que quienes hayan purgado más de cinco años de condena física en algún centro penitenciario quedarán en libertad condicionada, siempre y cuando suscriban un acta de compromiso para comparecer ante la JEP, actualmente en trámite ante el Congreso.
Es decir, que casos como el de ‘Robinson 22’, quien purga una condena de 60 años, de la cual ya pagó 23, pese a que sus delitos no son amnistiables, puede acceder a la excarcelación mediante la libertad condicionada. “En honor a la palabra, nosotros cumplimos, fuimos al Yarí y regresamos a los distintos centros carcelarios. Estamos a la espera que el gobierno nos cumpla, el trato fue de dos partes y con lo nuestro está más atrasado que las zonas veredales, con eso ya es mucho decir”, aseguró el excombatiente.
Para los abogados defensores de los detenidos de las Farc, el problema recae en la falta de lectura e interpretación de la norma por parte de los jueces de ejecución de penas y aseguran que el error es señalar (en el comunicado), que se requiere de la existencia de la JEP y su Secretario Ejecutivo para tramitar la libertad condicionada.
“No es requisito que la JEP esté funcionamiento, lo que sí se requiere es un acta de compromiso de comparecencia ante este ente a través de un secretario, quien tiene la responsabilidad de visitar las distintas cárceles para la recolección de firmas de los distintos guerrilleros y/o colaboradores del grupo armado”, aseguró Nadia Triviño, abogada de la Fundación Lazos de Dignidad, organización que ha acompañado y defendido en procesos judiciales a integrantes de las Farc detenidos.
La afirmación de Triviño coincide con lo dicho por Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, hace dos semanas: “La aplicación de esa amnistía no debería tener ninguna dificultad, no depende de que exista ya la JEP y la Sala de Amnistías, pues es para delitos básicos”. Según este funcionario, el gobierno nacional trabaja en la elaboración de un decreto aclarando el funcionamiento de la ley.
Aun así, los jueces de ejecución de penas dejan claro que al no estar listo un listado definitivo de los integrantes de las Farc recluidos en las cárceles que hayan militado o colaborado con el grupo subversivo, no se pueden proceder a dar amnistías o indultos, situación que se contradice con los cinco guerrilleros ya indultados, uno en Ibagué y cuatro más en Tumaco. (Ver resoluciones)
VerdadAbierta.com conoció un listado de 3.353 miembros y colaboradores de las Farc, entregado el 5 de enero a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, documento que controvierte lo asegurado por los jueces.
“El listado lo elaboramos por el trabajo que se ha adelantado en las distintas cárceles del país y los diferentes censos que desde hace un tiempo las Farc han realizado. Es un primer listado, se espera que la cifra aumente, pues hay quienes por miedo no se habían decidido a decir abiertamente que eran integrantes de las redes de apoyo de la guerrilla”, agregó la abogada Triviño.
El proceso de cotejo de datos no es tarea fácil. Una vez en manos del gobierno nacional, el listado será revisado persona a persona para conocer su vinculación o no con las Farc con el fin de evitar que casos como el de Segundo Villota, un narcotraficante que, según la Fiscalía General de la Nación, pagó para que le crearan un perfil de guerrillero y evitar así que fuera extraditado a Estados Unidos para responder por delitos asociados al tráfico de drogas.
Lo curioso del caso Villota es que, pese a que la Fiscalía ha insistido en que es “un colado” y por tal razón hay cuatro agentes de la Sijin detenido acusado de crear documentos para elevarle el rango a Villota dentro del grupo subversivo, las Farc lo incluyeron en una lista remitida el 4 de enero de este año a la Oficina del Alto Comisionado de Paz como uno de sus miembros sujeto del beneficio de amnistía en calidad de privado de la libertad. (Ver listado y carta de ‘Pastor Alape”)
VerdadAbierta.com, además, conoció que por vía de la tutela, Villota logró que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del magistrado Jorge Eduardo Ferrerira, suspendiera por violación al debido proceso la orden de extradición emitida el 16 de mayo de 2016 que pesa en su contra hasta tanto las partes, gobierno nacional y Farc, confirmen “si se le puede aplicar el Acuerdo de Paz”. (Ver fallo de tutela)
Tal inquietud también abriga a los jueces de ejecución de penas: “Nos asalta enormemente la preocupación en torno a la posibilidad de error en que podemos incurrir, al otorgar los efectos de esta normativa a personas ajenas a las filas de las FARC-EP o que a pesar de su militancia, estén en oposición al proceso de paz firmado con el gobierno nacional (disidentes), situación que se decantaría eficientemente con las listas que se anuncian por vía de la referida ley y los pronunciamientos de los representantes de los extremos en conflicto”.
Por ahora, según el último boletín de la Fiscalía, fechado el pasado 10 de enero, sólo se han recibido 48 solicitudes de amnistía, cifra que, según abogados y guerrilleros, revela la falta de celeridad de ambas partes.
“Nosotros no le vamos a echar la culpa a los jueces si no les han autorizado desde el gobierno ejecutar la ley, pero lo que sí es cierto es que ni siquiera tienen conocimiento de ella. Por ejemplo, en mi casoy en los de los demás compañeros que estamos condenados por delitos aparte de la rebelión y los conexos, hemos elevado diversas solicitudes para que se analicen uno a uno y no hemos tenido respuesta alguna”, aseveró ‘Robinson 22’.
“Estudio contrarresta la espera”
Jorge Agusto Bernal o ‘Robinson 22’ (de blanco) fue presentado ante toda la guerrilla como el preso político más viejo del grupo armado. A su llegada, a los llanos del Yarí, lo recibió Olivo Merchan, ‘El loco Iván’ un viejo amigo de cárcel, quien en 2002 logró fugarse del un centro penitenciario Foto: cortesía APA.Mientras se desenrolla el lío jurídico alrededor de la implementación de la Ley de Amnistía, en la cárcel de Chiquinquirá, los internos se concentran en la cualificación política de sus estructuras para cuando salgan a las zonas veredales lleguen con un acumulado de estudio que les sirva para continuar con su proceso de reincorporación a la vida civil.
“Los espacios de formación son obligatorios para cada una de las unidades guerrilleras, no es el que quiera, a todos no toca. Los cuadros más destacados preparamos las charlas y como la mayoría somos campesinos pues nos toca asistir para aprender”, explicó ‘Robinson 22’.
Los miércoles son los días más esperados dentro del complejo penitenciario boyacense; ese día, la Fundación Lazos de Dignidad y otras organizaciones no gubernamentales de derechos humanos dictan talleres de proyectos productivos, creación de granjas agropecuarias y acompañan el estudio de la Ley de Amnistía y del Acuerdo Final.
Para los internos, el estudio es la manera de contrarrestar la espera a la implementación de la ley, aseguran que su situación es muy diferente a la que viven los demás presos recluidos en las distintas cárceles del país, quienes han realizado huelgas pacíficas para que les cumplan con los patios especiales, prometidos hace más de un año por parte del gobierno nacional, y con ello evitar la confrontación con miembros de otros grupos armados, y para que les atiendan los casos más urgentes de salud de algunos internos.
Durante los demás días de la semana los acompañan las tres emisoras que logran sintonizar en la radio, una de música ranchera, otra de orientación católica y una más de noticias de las cadenas radiales básicas; tienen acceso a un televisor a través del cual comparten las noticias de mediodía y, a veces, cuando se da la oportunidad, realizan manualidades.
La jornada diaria termina a las cuatro de la tarde, no sin antes haber dedicado de una a dos horas a jugar microfútbol o voleibol. A esa hora, cada interno debe retornar a su celda, donde dedican un rato a la lectura o a los hobbies personales.
Los comandantes de patio son conscientes de que no todos los guerrilleros detenidos, una vez obtengan su libertad, irán a las zonas veredales. “Nuestro objetivo es seguir formando revolucionaros, pero la ley es la ley y cada quien tiene el derecho de hacer lo que su voluntad diga. Eso sí, como revolucionarios que somos, y guerrilleros de las Farc, nuestro deseo es que todos salgamos a seguir construyendo el país que hemos soñado”, aclaró ‘Robinson 22’.
Se espera que esta semana el gobierno nacional emita el decreto aclaratorio de la Ley de Amnistía y se precise la aplicación y funcionamiento de la ley, con lo cual se debería destrabar la puja jurídica entre los jueces de ejecución de penas y guerrilleros detenidos, y de esa manera los detenidos de las Farc comiencen una nueva vida en libertad.
