Tras un año de la intervención del gobierno nacional en el mayor puerto de Colombia sobre el Pacífico, esta ONG establece que siguen ocurriendo crímenes atroces y que no se les garantiza justicia a las víctimas. Las bandas criminales son las mayores causantes de violencia y zozobra.
El descubrimiento de varias ‘casas de pique’ -nombre con el que se conocen los sitios en donde criminales descuartizan a sus víctimas-, hicieron que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunciara el pasado 6 de marzo una “intervención especial” para mejorar la seguridad y acabar con los grupos que generan terror en Buenaventura. No obstante, el más reciente informe de Human Rigths Watch (HRW), concluye que a pesar de los esfuerzos de las autoridades, en la ciudad-puerto se siguen registrando “niveles alarmantes de abusos” y que los “grupos sucesores del paramilitarismo siguen cometiendo hechos atroces contra la población”.
Durante tres viajes a Buenaventura, realizados entre mayo de 2014 y febrero de 2015, investigadores de HRW entrevistaron a más de 70 personas, entre víctimas, líderes locales y funcionarios, a través de las cuales lograron establecer que durante la intervención del gobierno nacional siguieron ocurriendo desapariciones forzadas, extorsiones, violencia sexual, reclutamiento de menores de edad, desplazamientos forzados y controles sociales por medio de fronteras invisibles. La mayoría de estos crímenes son atribuibles a las bandas criminales conocidas como las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (también ‘Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’) y ‘La Empresa’, que desde hace ya bastantes meses están enfrascados en una disputa territorial. (Leer: La pugna detrás de los desplazamientos en Buenaventura)
A manera de ejemplo, el informe indica que “la Fiscalía General de la Nación ha iniciado investigaciones en al menos 39 nuevos casos de presuntas desapariciones en Buenaventura desde que el gobierno anunció la intervención en marzo pasado”, y que desde marzo de 2014 “se han encontrado en la ciudad los restos desmembrados de 16 personas, de las cuales al menos 12 aparentemente habrían sido asesinadas en un momento posterior al anuncio de la intervención del gobierno”.
Sobre la desaparición forzada, HRW llama la atención que los “grupos sucesores del paramilitarismo” optan por desmembrar los restos de sus víctimas y arrojarlos al mar o enterrarlos en fosas comunes, y que “atormentan a familiares de víctimas de desapariciones, diciéndoles que sus seres queridos fueron “picados” y los amenazan para que no denuncien lo sucedido”. Por esta razón, las cifras de desaparecidos pueden ser mayores. También alerta que las bandas ahora prefieren enterrar en fosas comunes a sus víctimas en lugar de arrojarlas al mar para no dejar rastros. (Leer: El terror no abandona a Buenaventura)
Los desplazamientos forzados se mantuvieron pese a las medidas tomadas por el gobierno nacional. Según cifras recopiladas por HRW, entre abril y septiembre de 2014, 13.682 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. De ese total, más de 6.900 indicaron se desplazaron por el accionar de las bandas criminales en el casco urbano, y 2.300 señalaron que fueron víctimas de grupos guerrilleros.
A pesar de estos trágicos hechos, la ONG internacional reconoce que “las autoridades incrementaron la cantidad de policías, infantes de marina, fiscales e investigadores judiciales en Buenaventura, y lograron algunos resultados que merecen ser destacados”. Algunos de ellos son la captura de más de 280 integrantes de las bandas criminales; la reducción de homicidios entre abril y diciembre de 2014, los cuales pasaron de más de 150 en 2013, a 96 en ese periodo; y la ubicación de los cuerpos de 16 víctimas desaparecidas.
No obstante, HRW cuestiona que solo una fiscal, de los 23 funcionarios del Ente Acusador en Buenaventura, está dedicada exclusivamente a la investigación de desapariciones y tiene entre sus manos más de 400 casos, varios de ellos ocurridos hace más de diez años. “Hasta febrero de 2015, la fiscal había obtenido órdenes de detención en apenas cinco de los más de 400 casos. Los demás se encuentran en la etapa preliminar, lo cual implica que ninguna persona ha sido acusada formalmente, ni mucho menos condenada”, indica el informe de esta organización estadounidense.
También llama la atención que pese a ser la ciudad con más desplazados de Colombia, las autoridades no hayan creado un albergue para atender dignamente a las víctimas que se ven obligadas a dejarlo todo atrás para salvar sus vidas. “La ciudad ha alojado a personas desplazadas durante períodos de varias semanas en un estadio deportivo donde, según informan fuentes creíbles, no han tenido acceso a agua potable ni a servicios”, cuestiona.
Para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y tratar de mejorar la situación que viven los bonaerenses, HRW le recomienda al gobierno que se asignen más fiscales e investigadores para que trabajen exclusivamente en casos de desapariciones, mantenga un equipo de investigadores especializados para que continúen la búsqueda de fosas clandestinas, establezca presencia de la Policía ininterrumpida en los barrios que están dominados por las bandas criminales y se cree un albergue para atender a los desplazados.
