VerdadAbierta.com visitó este pequeño pueblo del norte de Antioquia, donde actualmente se lleva a cabo el “Esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”, que espera ser un modelo para todo el país, para conocer sus avances, sus logros y sus dificultades.
El “Esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos” es una iniciativa que se viene implementando desde el 10 de julio de 2016 en once de las 32 veredas que conforman el municipio de Briceño. Foto: Ricardo Cruz.Han transcurrido poco más de seis meses desde que el Alto Consejero para el Postconflicto, Rafael Pardo, y el delegado plenipotenciario de las Farc Félix Antonio Muñoz, conocido como ‘Pastor Alape’, anunciaron en una vetusta escuela del corregimiento Pueblo Nuevo de Briceño que allí, en ese olvidado pueblo incrustado en las montañas del norte antioqueño, se implementaría un plan piloto para la sustitución de cultivos ilícitos que bien podría ser replicado en otras regiones del país afectadas por la presencia de sembradíos de hoja de coca, marihuana o amapola.
Desde entonces, muchas cosas vienen sucediendo Briceño. La Administración Municipal, por ejemplo, se vio en la necesidad de crear la Oficina de Paz con el fin de coordinar todas las acciones que el posconflicto plantea para esta localidad. “En este momento hay más de 15 organizaciones, entre públicas y privadas interviniendo en el municipio. Está la FAO, la FIP, OIM, la ANT… en fin, lo que buscamos es que a través de la Oficina de Paz se puedan coordinar mucho mejor toda esta intervención y no termine todo esto en un desorden”, señala su coordinador, Jader Sucerquia.
Briceño, ante el reto de construir paz sin cultivos ilícitos
En algunas veredas se levantan escuelas, bibliotecas y placas polideportivas, impensadas en épocas del conflicto armado. Además, varias de las maltrechas trochas que unen la cabecera municipal con corregimientos y veredas están siendo intervenidas, atendiendo así un clamor popular de décadas: contar con vías dignas de comunicación.
“En este momento se está construyendo el puente sobre la quebrada El Pescado, para conectar con (corregimiento) Pueblo Nuevo y también se está construyendo una carretera que conecta (vereda) Orejón con Ituango yValle de Toledo”, manifiestan voceros de la Asociación Campesina de Briceño (Ascabri).
Lo que no cambia es el paisaje en las montañas briceñitas. En esas laderas cubiertas de una neblina perpetua se confunden entre el plátano, el cacao y el maíz miles de palos de hoja de coca que, hoy por hoy, continúa siendo la principal -casi que única- fuente de ingresos económicos para cientos de campesinos. “Aquí nadie ha arrancado un ‘palo de coca’ y nadie arranca hasta que no tengamos todas las garantías”, sostiene Ocaris Areiza, presidente de la Junta de Acción Comunal de Pueblo Nuevo.
Para los voceros del gobierno nacional como para los delegados de las Farc, este proceso ha recorrido pasos enormes que ya deja lecciones importantes. “Aquí no estamos improvisando”, asevera categóricamente Eduardo Díaz, director de la Agencia Nacional para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, al responder sobre los avances del plan piloto, denominado “Esfuerzo conjunto para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”.
“Al gobierno le importa más el acuerdo, como documento, que la organización en las regiones”
El optimismo del gobierno central contrasta con las preocupaciones expresadas públicamente por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien en entrevista concedida en diciembre a VerdadAbierta.com, advirtió que lo que sucede en Briceño es más un experimento político de las Farc que una acción humanitaria para erradicar los cultivos ilícitos. “Las Farc le han puesto demasiada picaresca a Briceño”, declaró en su momento a este portal.
¿Realmente está dando frutos el esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria? ¿Cuál será el verdadero impacto de esta intervención? ¿Se trata sólo de un experimento político de las Farc? VerdadAbierta.com visitó esta localidad del norte de Antioquia. Y esto fue lo que encontró.
En el centro del conflicto armado
¿Por qué se escogió Briceño, un pequeño municipio al norte de Antioquia, de no más de siete mil habitantes, para este plan piloto? Las respuestas apuntan a su abandono y a la crisis humanitaria que generó allí la guerra entre las Farc y las fuerzas del Estado. Foto: Ricardo Cruz.Durante décadas, las imponentes montañas del norte de Antioquia, sobre las que se erige Briceño, fueron escenario de cruentos combates entre guerrilleros del Frente 36 de las Farc, paramilitares del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y tropas del Ejército Nacional.
En medio de ese fuego cruzado quedaron los campesinos, quienes, por la fuerza de las circunstancias, aprendieron a vivir bajo constantes toques de queda y restricciones a la movilidad impuestas por todos los actores del conflicto; con las fronteras imaginarias creadas por los paramilitares; con el control a la compra de alimentos por parte del Ejército Nacional; y con la siembra indiscriminada de minas antipersona por cuenta de las Farc.
Como si fuera poco, este pequeño pueblo de no más de siete mil habitantes terminó convertido, en un abrir y cerrar de ojos, en una de las despensas cocaleras del norte de Antioquia. Nadie sabe cómo llegó ni quién llevó la hoja de coca a Briceño,pero todos coinciden en que fue a finales de los años noventa.
Y allí donde el Estado brillaba por su ausencia y la guerrilla de las Farc era “Dios y Ley”, el cultivo ilícito encontró terreno fértil para esparcirse sin control por veredas y corregimientos, a tal punto que hoy día es el principal motor de la economía local y el único sustento para poco más del 90 por ciento de la población.
Según Jader Sucerquia, coordinador de la recién creada Oficina de Paz de Briceño, de las 32 veredas que conforman el municipio, 26 tienen presencia de cultivos ilícitos y se estima que las once veredas priorizadas tanto por las Farc como por el gobierno nacional para desarrollar en ellas el “Esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria” concentran un alto porcentaje de toda la hoja de coca sembrada en este municipio.
“Esas veredas han sido de presencia histórica de las Farc”, explica Sucerquia al referirse a Gurimán, Orejón, El Roblal, Palmichal, La Calera, Pueblo Nuevo, La América, Alto de Chiri, La Mina, El Pescado y Buena Vista, los sitios donde se implementará el “Esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria” que a su vez se enmarca en el punto 4 del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado el 24 de noviembre en Bogotá.
Por ello, no exageran quienes afirman que en Briceño se echará a rodar la implementación de ese punto en particular. Allí se plantea un modelo de intervención al problema de las drogas ilícitas con un “enfoque general de derechos humanos, diferenciado y de género” que supone, además, la transformación del paradigma de la lucha contra los cultivos ilícitos en Colombia, asumir el consumo como un problema de salud pública y no un asunto punitivo y un combate frontal contra las organizaciones narcotraficantes.
En el caso de los cultivos ilícitos, tal como lo explica ‘Julián Subverso’, uno de los tres miembros de las Farc que hace parte de la comisión de acompañamiento a este proceso en Briceño, lo que pretende el punto 4 del Acuerdo no es “medir cuántas hectáreas se van erradicar ni cuántos ‘palos’ se van a arrancar, sino cuánto desarrollo y qué transformaciones se están generando en el territorio para desestimular una economía ilícita como lo es la hoja de coca. Estamos hablando de una política de sustitución voluntaria, no de erradicación forzada”.
Sustituir, no erradicar
A la fecha, el “esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria” ha avanzando en la construcción de propuestas que apunten a mejorar las condiciones sociales de los campesinos que a su vez desestimule el uso de una economía ilegal como el cultivo de hoja de coca. Foto: Ricardo Cruz.“¿Qué teníamos hasta el momento? Erradicación forzada con enfoque punitivo y ofertas unilaterales por parte del Estado sin ninguna integralidad. La realidad enseña que ese modelo fracasó, los cultivos simplemente se van para otra región y ya. Aquí vamos a implementar otro modelo de intervención social e integral, con una importante participación de los campesinos, que los motive a no cultivar coca”, explica ‘Julián Subverso’.
Y es que si algo caracteriza este “Esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria” es su alto grado de concertación, que comenzó el 10 de julio de 2016, cuando Rafael Pardo, en nombre del gobierno nacional, y ‘Pastor Alape’, por las Farc, anunciaron en Briceño la implementación de esta iniciativa como una “medida de construcción de confianza de carácter humanitario”.
Las actividades desarrolladas hasta ahora se concentran en un intenso ciclo de reuniones y asambleas realizadas tanto en cada una de las veredas priorizadas como otras de carácter municipal, con presencia de delegados de las Farc, de los gobiernos local, regional y nacional, y voceros de los campesinos cocaleros de las veredas priorizadas.
Dichos encuentros han permitido dimensionar la dependencia de las comunidades campesinas al cultivo ilícito. Según estimativos de las partes consultadas (Farc, gobierno nacional, campesinos, Alcaldía de Briceño), un labriego dedicado al cultivo de coca tiene ingresos mensuales netos de 900 mil pesos en promedio; que sólo en las veredas priorizadas existen 451 hectáreas sembradas con hoja de coca; y que unas 540 familias (unas 2.160 personas aproximadamente) serán impactadas con el “Esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria”.
La cifra de hectáreas sembradas reportadas sólo en las veredas priorizadas refleja un crecimiento exponencial en pocos años, si se tiene en cuenta la medición que hace la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UN0DC, por sus siglas en inglés). En las estadísticas a 31 de diciembre de 2011 se reportó que en Briceño había 38 hectáreas de hoja de coca; para el 31 de diciembre de 2013 se registraron solo 5 hectáreas. En la actualidad no se sabe exactamente cuánta área sembrada tiene todo el municipio. (Ver documentos de UNODC de 2011 y 2013)
Las reuniones también han servido para que las comunidades manifiesten sus necesidades más apremiantes y definan cuáles son las intervenciones sociales prioritarias y vitales que debe emprender el gobierno nacional para generar una verdadera economía campesina legal, pero a la vez rentable y sostenible, que desestimule la siembra de la hoja de coca. Lo anterior ha sido posible gracias a la creación de seis mesas temáticas donde los labriegos consignan sus peticiones: desarrollo social, infraestructura, seguridad, desarrollo productivo, mujeres y comunicaciones y divulgación.
En estos escenarios se repitió como una letanía la urgencia de intervenir las trochas que sirven de vías de comunicación, garantizar la seguridad de la región una vez las Farc dejen el territorio; la necesidad de construir equipamientos como escuelas o casetas comunales; y reducir la alta informalidad en la tenencia de la tierra.
“Aquí en este vereda la comunidad siente que es urgente la legalización de baldíos; que se mejore la carretera, la escuela y se construya una caseta comunal. Ya lo que es cada familia anhela tener proyectos de ganadería o de agricultura: cacao o café”, declara Dayron Lopera Jaramillo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Pescado, una de las priorizadas.
Altas expectativas
Según Jader Sucerquia, coordinador de la recién creada Oficina de Paz de Briceño, unas 136 familias de Briceño recibirán subsidios por parte de la Agencia Nacional de Tierras para compra de tierras en esta localidad. Foto: Ricardo Cruz.Para llegar a la vereda El Pescado hay que transitar por una peligrosa trocha que en épocas de intensas lluvias es intransitable. Allí viven 50 familias que dependen, directa o indirectamente, de la hoja de coca. El que no tiene cultivo es ‘raspachín’; otros son buenos preparando la pasta de coca (lo que se conoce como ‘quimiquiar’); están los arrieros que transportan la hoja de coca hasta los centros de procesamiento (llamadas cocinas); y las mujeres por lo general son las que preparan la comida para ‘cocineros’ y raspachines.
Alirio*, por ejemplo, hace 15 años comenzó a “sembrar unos palitos” a ver cómo le iba: “Cómo aquí no hay de qué más vivir, pues seguí sembrando y hoy tengo un cocal de varias hectáreas”. Hoy hace parte del Comité Cocalero Vereda El Pescado, una figura creada a la luz del “Esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria”, cuyo objetivo es velar por el respeto de los campesinos cocaleros, mantener la tranquilidad del territorio y el control sobre los cultivos ilícitos, así como servir de interlocutores con el gobierno nacional y la fuerza pública.
Actualmente hay consolidados cinco comités (El Pescado, La Molina, La Mina, Pueblo Nuevo, La América) y otros cuatro están en proceso de conformación. “Esto de todas formas sigue siendo ilegal. Entonces procuramos que los que vengan a trabajar sean conocidos, de la región; que entre todos que se mantenga la tranquilidad y que no nos vengan a erradicar a la fuerza”, relata Alirio, quien afirma que, en la actualidad, la hoja de coca sembrada en la región padece una rara enfermedad que está mermando su productividad pues el palo se seca y las hojas comienzan a caerse por sí solas antes de su cosecha.
Paradójicamente, esto sucede cuando mejor están pagando la pasta de coca. “Primero la pagaban a 2.2 millones, hoy la pagan a 2.4 millones ¿quién compra? Eso no lo sé, personas que vienen de afuera, creo”, sostiene el campesino, quien cree que “puede que alguien, al ver que están pagando mejor la pasta, pues se anime a sembrar más coca. Pero es precisamente el compromiso del Comité Cocalero”.
Uno de los temas delicados en la región es determinar quién está comprando la base de coca. Antes era un negocio dominado por las Farc, ahora corre el rumor que son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia las que están detrás de las transacciones, pero nada es concluyente. Preguntar al respecto incomoda a los entrevistados. Sin embargo, la lógica comercial se impone: mientras haya matas de coca habrá compradores. Lo paradójico es que el negocio se da en medio de una alta presencia institucional. Y el silencio se impone.
Este es, quizás, uno de los principales riesgos que afronta esta iniciativa: ¿cómo garantizar que no habrá resiembra? ¿Cómo evitar que otros grupos armados ilegales lleguen a ejercer control sobre los cultivos ilícitos y, por ende, de las comunidades?
Según Alirio, luego de la presentación del plan piloto, el 10 de julio de 2016, comunidades campesinas y gobierno nacional acordaron no aumentar el área sembrada con hoja de coca, supervisión que adelantan los comités cocaleros. Ahora, lo que esperan es que el gobierno nacional cumpla sus compromisos en materia de seguridad e infraestructura. Sólo cuando esto avance, dicen los labriegos, comenzarán a arrancarse los palos de coca de las montañas briceñitas.
“Hay mucha desconfianza en el gobierno nacional, que no cumpla. Nosotros estamos esperando tener vías en óptimas condiciones, tener tierra para, ahí sí, recibir el proyecto productivo y nosotros arrancar la hoja de coca. Porque, si arrancamos primero y no nos arreglan las vías, no tenemos tierra, lo que nos traigan no va funcionar y así, ¿cómo vamos a conseguir la ‘comidita’?”, se pregunta Ocaris Areiza, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Pueblo Nuevo.
“Un proceso bien pensado”
En varias zonas rurales apartadas del municipio se observa maquinaria pesada y ya comienzan advertirse los cimientos de obras como puentes, ampliación y afirmación de vías, las cuales, sin duda, mejorarán la conectividad de este municipio. Foto: Ricardo Cruz.“Con las comunidades se ha avanzado mucho. Ya se han logrado unas priorizaciones muy importantes con cada una de las mesas temáticas y lo que se acordó es que iniciamos asambleas veredales para mirar los compromisos de sustitución para arrancar próximamente. Las condiciones para sustituir ya están dadas”, sostiene Eduardo Díaz, director de la Agencia Nacional para la Sustitución de Cultivos Ilícitos.
Según el funcionario: “aquí no estamos improvisando. Esto no es un modelo de ensayo y error. Es un ejercicio de seguimiento y evaluación permanente de todo lo que estamos haciendo y ya hay documentos muy serios que estamos elaborando con Naciones Unidas, que nos dejan lecciones muy muy importantes, no solamente para Briceño sino para todo el país”.
De acuerdo con Díaz, la meta para este año es sustituir unas 50 mil hectáreas de hoja de coca en todo el país, entre ellas, todas las del norte antioqueño. Para ello, el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) ha destinado unos 36 mil millones de pesos para ejecutarse en dos años en proyectos productivos, asistencia técnica, ingresos laborales mientras se sustituye y apoyo en seguridad alimentaria.
Con todo y ello, para Briceño no deja de ser un objetivo bastante ambicioso si se tiene que aún no hay un plan preciso para el resto de veredas no priorizadas. Tal como lo señala Jade Sucerquia, coordinador de la Oficina de Paz municipal, “estamos viendo cómo vinculamos a las otras 24 veredas y estamos hablando constantemente con el gobierno nacional para ver cómo intervenimos allí”.
A lo anterior se suma el hecho de que en este municipio, el principal laboratorio para la sustitución de cultivos ilícitos actualmente, aún no se ha arrancado una sola mata de hoja de coca. “Aquí nadie ha arrancado un ‘palo de coca’ y nadie arranca hasta que no tengamos todas las garantías”, como lo afirma Ocaris Areiza, de la Junta de Acción Comunal de Pueblo Nuevo.
Entre las principales garantías que piden las comunidades campesinas, además del mejoramiento de toda la infraestructura vial, es el tema de seguridad. Lo ocurrido el pasado 10 de febrero en la vereda Altos de Chirí se convirtió en el primer campanazo de alerta sobre lo que puede convertirse el posconflicto en el norte de Antioquia, donde aún hay diversosintereses en juego.
Tensión en las montañas de Briceño
“Nosotros somos conscientes de ese riesgo: que ingresen grupos paramilitares con la intención de continuar con esta actividad ilegal. Por eso es urgente que el gobierno cumpla con su compromiso de brindarle seguridad a estas comunidades”, expone ‘Julián Subverso’.
Si algo destacan las comunidades campesinas es la activa participación de las Farc. Y no es para menos. De funcionar la iniciativa serían ellos quienes más réditos políticos podrían sacar. “Dicen que esta iniciativa es muy lenta, pero, ¿cuántos años duró el Plan Colombia y qué resultados arrojó? Esta es otra propuesta que, claro, va tener sus réditos políticos, sobre todo para las Farc, porque podemos demostrarle al país que sí existe otro modelo para atacar un problema como los cultivos ilícitos”, afirma el guerrillero.
Pero, con todo lo que está en juego en Briceño, sus campesinos están dispuestos a apostarle a esta iniciativa y, más que a ello, a la legalidad. “hay ánimos entre la gente, estamos cansados de tanto conflicto, porque donde hay cultivos ilícitos no falta el grupo armado”, relata Ocaris Areiza mientras que Alirio asegura que “pues si hay un proyecto productivo bueno, rentable, pues claro que sustituyo. Lo que uno quiere es ser legal”.
