Fue condenado por un juez en Medellín a 60 meses de prisión por concierto para delinquir. La justicia demostró que sí tenía nexos con grupos armados ilegales ligados al paramilitarismo y el narcotráfico.
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| A este empresario lo capturaron dos veces y por decisiones judiciales. Foto Semana.com |
El empresario antioqueño Juan Felipe Sierra Fernández se entregó este viernes a las autoridades en Medellín para empezar a pagar una condena de 60 meses de prisión luego de que un juez lo condenara por sus nexos con estructuras criminales emergentes.
Su entrega en la sede central de la Fiscalía General de la Nación en la capital antioqueña se dio después de un proceso que comenzó el pasado 13 de julio cuando Sierra Fernández, desde la clandestinidad, le remitió una carta al Juez Primero Especializado de Medellín en la que aceptaba tener nexos con grupos al margen de la ley y se acogía a sentencia anticipada por el delito de concierto para delinquir.
En esa misiva aseveró que antes de presentarse a la justicia debía resolver varios problemas personales, lo que le daba un respiro para conocer la sentencia que proferiría el juez días después, que fue de 60 meses sin beneficio de excarcelación.
Sierra Fernández fue acusado por la Fiscalía de tener nexos con Daniel Rendón Herrera, alias ‘don Mario’, y de hacer gestiones ante el entonces coordinador encargado de Fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cossio, para sacar del organigrama de la banda de ‘don Mario’ a John Freddy Manco Torres, alias ‘el Indio’, y evitar ser identificado en un consejo de seguridad realizado en Rionegro, Antioquia, el 28 de junio de 2008 en el que estuvo presente el entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.
Los nexos entre el empresario, Valencia Cossio y la estructura de alias ‘don Mario’, quedó en evidencia luego que se difundieran unas conversaciones telefónicas en la revista Cambio, en las cuales Sierra Fernández y Valencia Cossio hablaban de cómo sacar del organigrama a alias ‘el Indio’, objetivo que se cumplió y razón por la cual el entonces Coordinador encargado de Fiscalías de Medellín recibió en pago una cuatrimotor.
Por esos favores, la Corte Suprema de Justicia condenó a Valencia Cossió a 15 años de cárcel, al encontrarlo responsable de los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y destrucción de documento público.
Si bien el proceso de Valencia Cossio avanzó sin contratiempos, el de Sierra Fernández estuvo lleno de tropiezos. Fue detenido dos veces y en las dos ocasiones recobró la libertadvaliéndose de decisiones jurídicas cuestionables tomadas por tribunales en Bogotá.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia en un fallo proferido a finales de 2010 encontró culpable a Sierra Fernández del delito de concierto para delinquir y lo condenó a 60 meses de prisión. En ese momento, el empresario ya se encontraba prófugo de la justicia.
Si bien los problemas con la justicia de Sierra Fernández se deben a los nexos con alias ‘don Mario’, recientemente se han conocido versiones de confesos narcotraficantes y exparamilitares, entre ellos Juan Carlos Sierra Ramírez, alias ‘el Tuso’, lo señalan como un “lavador” de dinero proveniente del narcotráfico y de propiedad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y de un poderoso narcotraficante antioqueño llamado Fernando Muñoz, alias ‘Millos’.
Asimismo, dijo que era muy allegado a Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, mano derecha de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, en la llamada ‘Oficina de Envigado’ y, posteriormente, en los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Autodefensas Undas de Colombia (Auc).
Sierra Fernández fue propietario de la empresa de seguridad privada Control Total Ltda., a través de la cual tuvo contratos con el Gobierno Nacional por más de 1.200 millones de pesos, entre marzo y septiembre de 2004 y en septiembre de 2007, pagados por el Fondo de Programas Especiales para la Paz, y con el fin de prestar servicio de escoltas a varios jefes desmovilizados de las Auc.
Una de las particularidades de esta empresa es que según sus propios registros, inició operaciones en 1993 con cinco guardas y un gerente, y más de diez años después alcanzó a tener 1.200 empleados y a prestarle sus servicios de vigilancia y seguridad a grandes empresas del país.
Con la entrega de Sierra Fernández se pone fin a un capítulo más de los nexos entre un empresario y estructuras armadas ligadas al paramilitarismo y el narcotráfico.
