Desde hace más de 30 años, la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena (Ecaaas), se ha caracterizado por prestar un servicio de agua potable de alta calidad, a diferencia de otras compañías departamentales y nacionales; su administración la componen gremios y organizaciones sociales de la región. Pese a los embates de la guerra y la persecución judicial contra sus integrantes, su modelo comunal ha sido replicado por otras empresas.
A lomo de mula, a pie, en pimpinas y baldes empezó a llegar el agua a los primeros asentamientos de colonos del municipio. Hasta la quebrada La Pava tenían que caminar los campesinos para abastecerse del líquido vital. Huyendo de la violencia de la década del sesenta y organizándose en torno al agua se empezó a construir la historia de Saravena y, a su vez, la de esta empresa comunitaria.
Yohny Díaz, actual presidente de la Asociación de Juntas de Saravena (Asojuntas), era uno de ellos. En su memoria aún guarda los recuerdos de los fines de semana cuando se dirigía con su familia a bañarse y luego a recolectar el agua. “Como fuera y en lo que fuera era que cargábamos el agua. Por esos años cada familia se abastecía y era responsable de la administración del líquido”.
Según cuentan los antiguos campesinos del piedemonte araucano, Saravena era el punto de encuentro de todos los labriegos del departamento, allí se empezaron a gestar las primeras reuniones para hablar del ordenamiento territorial, del intercambio de productos agropecuarios y de la organización alrededor del agua.
Hoy, casi seis décadas después, lo que inició entre pimpinas y a lomo de mula, ha sido galardonado, el 30 de julio del año pasado, con la distinción especial “Colono de Oro”, máximo galardón entregado por la Alcaldía de Saravena por ser la mejor empresa prestadora de servicios públicos del departamento. A ello se suman otros reconocimientos, como el proferido por la Unidad Administrativa Especial de Salud Arauca (UAESA), en 2016, por obtener el mejor índice de calidad de agua para el consumo humano.
En diálogo con VerdadAbierta.com, Bernardo Argüello, presidente de la empresa, dijo que esos reconocimientos son el resultado de más de 50 años de lucha y organización social: “La empresa se construyó al calor de la lucha social. La iniciativa de organización por la defensa de los derechos humanos y sociales, nos conllevó a más allá de prestar un servicio básico y fundamental a ser tejedores de una sociedad comunitaria”.
Empresa del común
Tras la creación de las primeras juntas de acción comunal del municipio, en 1967, decidieron construir un acueducto rudimentario para evitar las largas caminadas y las cargadas en pimpinas. Unas mangueras y tres tanques, colocados en algunos barrios del municipio, fueron los pasos iniciales que dieron origen al sistema de acueducto en el municipio, varios años tardaron en adecuar y poner en funcionamiento el modelo.
“En el pueblito Postobón había un tanque de por lo menos 20 mil litros; donde se conoce como La Virgen había otro con las mismas condiciones; al igual que el que quedaba en el barrio El Cochice. Todos fueron construidos con aportes de la comunidad, de todos los que nos organizábamos en las juntas”, recordó Yohny Díaz.
Con el tiempo, el crecimiento del pueblo demandó mayor organización de las juntas de acción comunal y, con ello, nuevas iniciativas para seguir alimentando la idea de tener un acueducto comunitario que pudiera suplir las necesidades de sus habitantes; que ya no sólo eran los viejos colonos migrantes, sino la naciente primera generación del municipio.
En la década del ochenta y aún con un incipiente, pero eficiente sistema, comenzaron a llegar propuestas de sectores privados para invertir en el proyecto comunitario; de igual manera, como consta en los archivos de la empresa, tanto en el Concejo Municipal como en la Alcaldía presionaban para que ésta pasara a manos de la administración local.
Como respuesta, los entonces voceros de los distintos sectores sociales, en especial campesinos, indígenas y sindicalistas, respondieron fortaleciendo aún más sus organizaciones y la composición de la empresa que, desde entonces, ha mantenido la característica de tener una estructura muy colectiva: la Asamblea es el máximo órgano decisorio y de allí salen los candidatos a integrar la Junta Directiva.
Son cinco sectores sociales los que, en su mayoría, componen la empresa: el juvenil, agrupado en la Asociación Juvenil y Estudiantil Regional (Asojer); el sector de mujeres, en la Asociación de Mujeres por Arauca (Amar); las juntas de acción comunal, asociadas en Asojuntas; y el sector indígena, representado por Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento de Arauca (Ascatidar). En palabras de su actual presidente, “la filosofía es que cada que nace una organización local se integra a la empresa para participar de la toma de decisiones”.
Bajo la consigna de Unidad y Trabajo comunitario, a mediados de la década del ochenta la empresa tuvo que enfrentar la entrada del consorcio alemán Mannesmann, que llegó para construir el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Luego de una larga lucha con la administración local y la Gobernación de Arauca lograron que, tras la explotación del subsuelo araucano, la multinacional diera el dinero para construir un acueducto adecuado para las condiciones de la época.
Fue así como en 1988 la vieja infraestructura de las mangueras y los tanques fue remplazada por una bocatoma que construyeron las mismas comunidades con el dinero dado por la Mannesmann. Poco a poco se iba fortaleciendo la empresa comunitaria, razón por la cual su oferta de empleo se amplió y contrató a decenas de saravenenses.
Diez años tuvieron que pasar para que, luego del paro cívico de junio de 1997, realizado en protesta por la grave situación de violaciones de derechos humanos en la región y que se prolongó por nueve días, se lograra que la Gobernación aportara los recursos necesarios para la construcción de una planta de tratamiento de agua potable y, con ello, completar el sistema integral del acueducto.
Hasta 1995 la empresa tenía diseñado su propia política comunitaria, con la nueva Constitución Política de 1991 y la Ley 142 de 1994, conocida como de Servicios Públicos, la empresa se adecuó a las nuevas normas, creando así un órgano de control interno, sus divisiones administrativas respectivas y su estructura organizacional comunitaria.
La consolidación que había logrado la empresa se empezó a afectar por la creciente escalada del conflicto armado, los asesinatos selectivos en contra de sus trabajadores y líderes, y por las políticas adoptadas por mandatarios locales y nacionales que terminaron por afectar tanto la integridad de los saravenenses como la reputación de la empresa.
Señalamientos y estigmatización
El 12 de noviembre de 2002 está marcado en el calendario de los campesinos del piedemonte araucano como uno de los días más oscuros del departamento. En la mañana de ese día, más de 2 mil labriegos fueron conducidos al Coliseo Jacinto Jerez Archila en Arauca capital, donde fueron interrogados por su presunta vinculación con la guerrilla del Eln.
Entre los capturados estaba Bernardo Argüello, presidente, y Lelio Sanabria, líder comunal y directivo de Ecaaas, quienes fueron condenados por los delitos de rebelión y terrorismo, bajo el supuesto de pertenecer a las estructuras urbanas del Frente Domingo Laín del Eln.
Argüello purgó una condena de 16 meses y al poco tiempo de quedar en libertad fue recapturado y nuevamente conducido a prisión por los mismos delitos. Dos años más estuvo en la cárcel La Picota de Bogotá por cargos que luego desvirtuó el Consejo de Estado en sentencia del 10 de noviembre de 2016.
Fue así como la Política de Defensa y Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) incursionó en territorio araucano. En total, siete dirigentes de la empresa comunitaria fueron encarcelados por distintos delitos asociados a la rebelión y al terrorismo. Un episodio que se repitió en varias regiones del país. (Leer más: Capturas masivas, una herida que sigue abierta)
Con el peso de la estigmatización encima, para el año 2004 los directivos de la empresa fueron señalados, por parte del entonces gobernador Julio Acosta Bernal, de desviar cerca de 10 mil millones de pesos a la guerrilla del Eln, dinero que se suponía debía ser invertida en la empresa para la adecuación de las instalaciones.
“Acá se vinieron a retomar la empresa, dijeron que la empresa debía ser del municipio, vinieron con el Zar Anticorrupción, la Fiscalía y medios de comunicación. Venían supuestamente por la plata, por armas que decían teníamos guardadas y por guerrilleros que estaban en la empresa. Se fueron sin nada, pero fue una persecución grande y difícil. Nos acusaron de todo y se encontraron con un proceso comunitario sólido”, recordó Argüello.
En medio del fuego cruzado
La situación se agravaría con la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a través del Bloque Vencedores de Arauca, bajo el mando de Miguel Ángel Mejía Munera, alias ‘El Mellizo’. Los paramilitares amenazaron de muerte a varios integrantes de la empresa, acusándolos de ser parte de las milicias urbanas de la guerrilla del Eln, acogiendo así las sindicaciones que constantemente les hacían las autoridades judiciales.
Las amenazas se cumplieron en el año 2003. Ese año asesinaron a Uriel Ortiz Coronado (junio); Édgar Mantilla (agosto); Rito Hernández (septiembre); y Miguel Ángel Anaya. Tres de ellos fontaneros y uno más directivo.
Tras la arremetida estatal y paramilitar contra los integrantes de la empresa, varios de sus presidentes y líderes sociales debieron abandonar la región, unos hacia otros municipios del país y otros, cuyas medidas de protección no fueron atendidas, se marcharon al extranjero.
El ambiente de inseguridad se complicó por culpa de la guerra librada entre las guerrillas de las Farc y el Eln entre 2006 y 2009, que dejó a la empresa en medio del fuego cruzado. Cuentan algunos habitantes del municipio que uno de los flancos de las Farc en el departamento fue la empresa comunitaria y por ello, en reiteradas oportunidades, quisieron atacar la infraestructura y a su personal.
Fueron dos acciones las que terminaron de oscurecer el panorama para la empresa: la primera de ellas, el lanzamiento de una granada bomba contra la sede principal de la empresa; y la segunda, la voladura de una parte de la planta de tratamiento.
“La empresa se convirtió en un blanco más de los actores armados. Acá hubo una capacitación donde nos dijeron que deberíamos instalar una señal que se viera desde todos los puntos, para que los actores vieran que esto era un sitio neutral”, recordó una de las microbiólogas encargadas de la planta de tratamiento, quien precisó que la situación se agravaba porque dada la ubicación periférica de la planta de tratamiento, la señal telefónica es nula, por lo cual ante cualquier emergencia era muy difícil que llegaran las alertas a la cabecera municipal.
La guerra entre insurgentes dejó más de mil muertos, decenas de heridos y dividió a la población. Según relatan pobladores de las zonas rurales, entre los mismos campesinos se sembró desconfianza y se llegó al punto de señalarse y estigmatizarse, dependiendo de las veredas que habitaran. (Leer más: un singular pacto de paz Eln-Farc)
Una vez terminada la primera década del dos mil la empresa pasó esa pagina negra de su historia. Se redujeron los asesinatos y amenazas contra los líderes sociales y la Junta Directiva pudo retomar la dirección de la empresa para orientarla, una vez más hacia las comunidades.
Trabajo social
Varios trabajadores le comentaron a VerdadAbierta.com que el pasado de la empresa es como si fuese el pasado de su familia. Pertenecer a Ecaaas se convirtió también en una distinción para los saravenenses.
“Hoy en día podemos decir que prestamos más que un servicio, es un acompañamiento a las poblaciones más necesitadas; entre más marginales sean, mayor presencia hacemos”, aseguró Eduardo Sogamoso, quien fuera presidente de Asojer y ahora coordinador del área de Promoción y Desarrollo.
El acompañamiento que ofrece la empresa se traduce, por ejemplo, en otorgar un subsidio a las cien familias más necesitadas, que son evaluadas y escogidas por las juntas de acción comunal. A los beneficiarios se les dan 12 metros cúbicos de agua al mes y, a pesar de que la ley lo prohíbe, la empresa fijó como política mantener esa ayuda para evitar que se incrementaran las brechas sociales y que surgieran nuevos brotes de violencia entre las comunidades.
“Nuestra empresa está enmarcada dentro del plan de vida del movimiento social, donde el tema del agua lo tenemos en el eje de la salud y la salud se maneja no desde la óptica de la curación sino de la prevención. Cuando se tiene agua de excelente calidad se disminuye el riesgo de tener enfermedades, y a ello es a lo que le hemos apostado”, indicó el presidente Argüello.
De igual manera, la empresa también acompaña el surgimiento de nuevos barrios que, si bien algunos son de invasión, siguen la lógica de organizarse bajo juntas de acción comunal y trabajo comunitario. El barrio La Victoria es ejemplo de ello: compuesto por decenas de familias víctimas de la violencia, bajo el liderazgo de ocho personas levantaron el caserío y se asentaron buscando la estabilidad que la administración local no les pudo dar.
Allí, Ecaaas, más allá de prestar los servicios de agua y recolección de basuras, interviene ayudando a orientar los procesos y llevando actividades al barrio como cine-foros o encuentros deportivos, ello con el fin de generar un ambiente cálido entre sus habitantes.
Proyección
Cooperativas campesinas, modelo de desarrollo alternativo en Arauca)
La Junta Directiva ha fijado como meta servir de apoyo técnico y administrativo para otros proyectos, como el de la empresa comunitaria de agua del municipio de Fortul y a otras empresas que quieren prestar el servicio de agua potable a partir de los distintos acueductos rurales que hay en la región. (Leer más:A diferencia de lo presentado con las alcaldías pasadas, con la presente, en representación de Yesid Lozano, se ha podido trabajar y trazar una hoja de ruta, que incluye la construcción de una planta moderna de tratamiento de basuras que será operada por la empresa. Según cifras de la Alcaldía, para el 2017 se proyectaron presupuestalmente 1.205 millones de pesos, más de 900 millones de pesos en comparación con el 2016.
De acuerdo con el mandatario local, la relación ha sido de mutua reciprocidad: “Ellos son los que conocen donde podemos a hacer la expansión de nuevas redes, tanto de alcantarillado como de acueducto, entonces se articula el trabajo, igualmente con los problemas sociales, ellos nos ayudan con los eventos que se desarrollan en la ciudad eventos culturales, deportivos, recreativos. Fundamental para nosotros el apoyo que hemos recibido de esta empresa”.
De materializarse la planta de tratamiento de basuras para el segundo semestre de este año, la empresa comunitaria tendría tecnología de punta que le permitiría reducir los costos en la prestación del servicio y, asimismo, disminuir las tarifas a los consumidores.
El motor de la existencia de la empresa es su servicio comunitario que, luego de 30 años, quiere ser replicado en otros municipios, con la ventaja adicional: la reducción de la intensidad del conflicto armado abre una puerta para que este tipo de procesos sociales avancen sin mayores complicaciones. Así, un modelo que empezó entre pimpinas, ya se proyecta como uno de los referentes a emular en la región y en el país.
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