Mediante comunicado público, el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez de ese grupo subversivo confirmó su responsabilidad en el asesinato de Aulio Isarama Forastero. La acción constituye una infracción grave al cese al fuego bilateral acordado con esta guerrilla en septiembre pasado. Gobierno anunció que evaluará la situación.
Comandos de grupos armados ilegales pululan por los ríos del sur de Chocó afectando a las comunidades afros e indígenas. Fotos: Juan Diego Restrepo E. y archivo particular.“Por informes preliminares de inteligencia recibidos, se tenía conocimiento de que el señor gobernador indígena Aulio Isarama Forastero, tenía relación con la inteligencia militar, razón por la cual la unidad que operaba cerca de su comunidad, procede a detenerlo para investigarlo tal como pueden constatarlo los miembros de dicha comunidad”. Así comienza el comunicado público mediante el cual, el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Eln aceptó haber cometido el homicidio del líder indígena el pasado 24 de octubre.
En la misiva señalan que “en ningún momento se había impartido orden ni autorización para atentar contra la integridad física del señor gobernador Aulio Isaramá. La unidad guerrillera que lo detuvo solo tenía como propósito una investigación” y admiten que, por situaciones fortuitas, los guerrilleros que lo custodiaban le dieron muerte. El comunicado termina reconociendo que “la dolorosa muerte del gobernador Aulio Isaramá nos afecta como ELN, nos comprometemos a un ejercicio de reflexión a todos los niveles internos para que hechos como este no se vuelvan a repetir”.
Como se recordará, la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó denunció que el pasado 24 de octubre, guerrilleros pertenecientes al Frente Cimarrón del Eln ingresaron a la comunidad indígena Docasina, del resguardo Catru, Dubaza y Ancoso, en el municipio de Alto Baudó. Luego, se llevaron al gobernador indígena y dos horas después, los insurgentes le anunciaron a la comunidad que podían recoger su cuerpo sin vida.
Voceros de la Mesa de Diálogo y Concertación rechazaron las explicaciones del grupo insurgente, tras señalar que “ese argumento es utilizado por todos los grupos armados para asesinar a los indígenas” y exigieron al Eln devolver, sano y salvo y en el menor tiempo posible, al docente Eriberto Isarama Forastero, quien fue sacado a la fuerza de su vivienda el pasado 7 de octubre por hombres armados que portaban uniformes y distintivos alusivos al Frente Cimarrón del Eln.
Según denuncia pública hecha por la Mesa de Diálogo y Concertación la semana pasada, “un comando del Frente Cimarrón del Eln arribó hasta la vivienda de Jhon Eriberto y, luego de intimidarlo, se lo llevó con rumbo desconocido. Los armados despojaron de sus teléfonos celulares al resto de indígenas allí presentes para evitar que denunciaran lo que estaba sucediendo. A la fecha no se tiene ninguna noticia sobre el paradero del docente”.
No fue la única denuncia que elevaron los pueblos indígenas chocoanos. De acuerdo con la Mesa de Diálogo y Concertación, actualmente pesan serias amenazas de muerte contra otros cuatro líderes indígenas que se han opuesto a las acciones que viene ejecutando el Eln en sus territorios ancestrales, que van desde amenazas, desapariciones y asesinatos de autoridades nativas, pasando por el reclutamiento forzado, el confinamiento de comunidades, la siembra de minas antirpersonal, hasta la imposición de políticas y normas de comportamiento que deben ser acatadas, so pena de ser ‘ajusticiados’.
Según pudo establecer VerdadAbierta.com, el pasado jueves 26 de octubre se realizó una reunión extraordinaria en Quibdó en la que participaron las organizaciones sociales que tienen asiento en Comité de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Humanitario Ya en el Chocó. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz emitió un comunicado de seis puntos en donde condena el asesinato del líder indígena pero señala que “ningún incidente por sí mismo será causa de ruptura del cese al fuego de forma unilateral y automática. La Mesa de Conversaciones evaluará la información objetiva que reciba para que se adopten las decisiones frente a la continuidad del cese al fuego”.
En ese orden de ideas, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz conminó al Eln para que “implemente acciones concretas para garantizar que hechos tan dolorosos como este no vuelvan a repetirse y para que los responsables del asesinato del gobernador Aulio Isarama Forastero sean puestos a disposición de las autoridades”.
Preocupación
A los problemas de inseguridad, se suma la desatención de entidades del Estado a las comunidades desplazadas y confinadas en diversas regiones de Chocó. Foto: Juan Diego Restrepo E.Este crimen agudizó la crisis humanitaria que vienen soportando desde hace varios meses las comunidades indígenas por cuenta del recrudecimiento de las acciones de guerra. “Ya se está dando un desplazamiento de las comunidades indígenas hacia Catrú, que es el resguardo más grande”, afirmó Lino Mémbora, de la Mesa de Diálogo y Concertación. “Este año se han presentado muchas acciones contra los pueblos indígenas. Hace dos meses dos indígenas murieron al pisar una mina antipersona en Riosucio”.
Actualmente este departamento es escenario de una fuerte confrontación armada entre la guerrilla del Eln y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por el gobierno nacional como ‘Clan del Golfo’, por el control de territorios claves para sus intereses bélicos. (Leer más en: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó)
Quienes están llevando la peor parte son las comunidades negras e indígenas al quedar en medio de un fuego cruzado que parece no silenciarse. Así, la muerte de Aulio Isarama Forastero se suma al Esquivel Montoya, exgobernador y promotor de salud del pueblo Emberá-Dóbida, quien fue asesinado el pasado 7 de octubre en la localidad de Medio Baudó.
Sin embargo, la peor afectación que hoy padecen las comunidades negras y los pueblos nativos en Chocó guarda relación con el éxodo forzado y el confinamiento. De acuerdo conla Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitario (Ocha), durante el primer semestre de este año se registraron 16 eventos de desplazamientos forzados masivos que dejaron unas 4.525 víctimas, de las cuales unas 1.700 eran indígenas: En este mismo periodo se registraron 19 eventos violentos que restringieron por completo la movilidad de unas 6 mil personas.
Y tal como lo denunció este portal en mayo pasado, a pesar de ser el departamento con mayor número de desplazamientos masivos durante este año, las autoridades locales y nacionales parecen no estar preparadas para atender a las víctimas. La falta de presupuesto, los enredos contractuales y las “peleas” institucionales son parte del panorama. (Leer más en: En Chocó falla el sistema de atención a desplazados)
“Como pueblos indígenas, le apostamos a la paz. Pero esa paz no nos puede seguir costando vidas. Desde la firma de los acuerdos de paz con las Farc a la fecha tenemos un número alto de autoridades asesinadas. Pero también de guardias indígenas y comuneros”, señaló Aida Quilcué, consejera de la Organización Indígena de Colombia (Onic). Al respecto, según el Programa Somos Defensores, en lo que va corrido del año han sido asesinados 88 líderes sociales en todo el país, de los cuales, once eran indígenas.
“Y lo que observamos desde la Consejería de Derechos Humanos y Paz de la Onic es que, además de Cauca y Nariño, el departamento de Chocó es el más vulnerable para los pueblos indígenas. Allí ha habido desplazamientos, confinamientos, amenazas y asesinatos este año”, agregó Quilcué. (Leer más en: Grupos armados ilegales y ausencia del Estado incendian el sur de Chocó)
De ahí que indígenas de la región como Guzmán Caisamo Isarama, consejero de Cultura y Educación de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), comiencen a ver con escepticismo la consolidación de la tranquilidad en sus territorios tras la firma del Acuerdo de Paz entre gobierno nacional y la guerrilla de las Farc.
“Hay poca esperanza de que haya una paz firme y duradera en nuestros territorios, porque consideramos que el gobierno no tiene muy clara la estrategia para implementar el proceso de paz y sobretodo el Capítulo Étnico. Como pueblos indígenas, reclamamos al gobierno nacional que defina una estrategia de protección y de respeto de los pueblos indígenas”, declaró Caisamo Isarama. “Desde muchos años atrás, los pueblos indígenas le hemos manifestado al gobierno nacional, a los grupos armados y a la Fuerza Pública que nosotros, los pueblos indígenas, no aceptamos a los actores armados, somos hombres de paz y queremos vivir en paz”.
