Si bien el proceso de paz con la guerrilla de las Farc permitió reducir el número de municipios con riesgo electoral asociados a factores de violencia, aún existen por lo menos unas 300 poblaciones vulnerables a la injerencia otros grupos armados ilegales de cara a los próximos comicios del 11 de marzo.
Por lo menos el 30 por ciento de los municipios del país presenta algún tipo de riesgo electoral para la próxima jornada electoral en la que se elegirá un nuevo Congreso de la República. Así lo advierten recientes informes de la Defensoría del Pueblo y de la Misión de Observación Electoral (MOE).
Ambas entidades coinciden en afirmar que, si bien se presenta una disminución significativa respecto a las pasadas elecciones de 2014, persisten serios factores de violencia en determinadas regiones del país que podrían afectar la libertad y la integridad tanto de electores como de candidatos que participarán en esta jornada democrática.
Entre dichos factores de riesgo se cuentan la arremetida violenta de la guerrilla del Eln tras la ruptura del cese al fuego bilateral pactado con el gobierno nacional; la expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’; y el surgimiento de grupos disidentes de las Farc en diferentes regiones del país. A ello se suman el asesinato de líderes sociales, que este año ha cobrado la vida de por lo menos 14 activistas; y los desplazamientos forzados masivos que hoy se registran en Chocó (Bagadó), Antioquia (Cáceres), Córdoba (Tierralta y San José de Uré) y Norte de Santander.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, poco más de 148 municipios se encuentran en alto riesgo por cuenta de la presencia de la guerrilla del Eln; mientras que las Agc constituyen un serio peligro para las elecciones en por lo menos 127 localidades. Las disidencias de Farc representan amenaza en otros 78 pueblos; a su vez, otros grupos surgidos luego del proceso de desmovilización de los paramilitares tienen presencia en 70 más. Llama la atención que, en 17 municipios del país, el Epl constituya un factor de riesgo electoral.
“Ningún grupo armado ilegal, a la fecha, ha manifestado públicamente querer atentar contra el certamen electoral, no obstante, su simple presencia, así como las acciones desplegadas recientemente, pueden afectar la libertad de los electores y de los candidatos en este proceso democrático”, asegura el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret. (Listado municipios con riesgo electoral – Defensoría del Pueblo – Febrero 2018)
Las jornadas electorales de marzo (para Congreso) y de mayo (para Presidencia de la República) serán las primeras que tendrán a la Farc participando del ejercicio democrático como movimiento político y sin armas, situación que ha planteado toda una paradoja. De acuerdo con la MOE, si en el pasado se hablaba del riesgo electoral por presencia de las Farc, ahora es necesario hablar del “riesgo por el vacío de poder” dejado por la extinta guerrilla.
Según esta instancia de veeduría ciudadana, a finales de 2016 este grupo guerrillero estaba presente en 199 municipios del país. Tras la dejación de armas de las Farc, el Estado aún no logra consolidar su presencia en dichos municipios mientras que más de un tercio de ellos ya fueron ocupados por la guerrilla del Eln y por los llamados Grupos Armados Organizados (GAO). Actualmente, 14 de los 25 municipios que acogieron las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) se encuentra en riesgo electoral por factores de violencia.
A esto se suma que, según la Defensoría del Pueblo, existe un alto riesgo de que las disidencias de las Farc atenten contra los exintegrantes de esta guerrilla que ahora se dedican al proselitismo político, hecho que ya se ha registrado en Nariño, Putumayo, Cauca, Chocó y Antioquia.
Zonas rojas
¿Cuáles son esas regiones que presentan mayores riesgos para las próximas elecciones? Pese a que la Defensoría del Pueblo señala que el número de municipios en riesgo asciende a 287, mientras que para la MOE estos llegan a 310, existe amplio consenso entre ambas entidades sobre las regiones más críticas para las jornadas electorales. Una de ellas es el Andén Pacífico, escenario de una compleja crisis humanitaria por cuenta de los enfrentamientos armados que sostienen disidencias de las Farc, las Agc y la guerrilla del Eln. (Ver más en: Las ‘grietas’ del Andén Pacífico rumbo al posconflicto)
Así, de los 31 municipios que conforman el departamento de Chocó, más de la mitad registran riesgos electorales altos o extremos debido a la confrontación que sostienen ‘gaitanistas’ y ‘elenos’ desde hace varios meses por el control de los corredores naturales del departamento. Cauca vive una situación similar, pues de sus 42 municipios más de 20 presentan factores de riesgo particularmente por la presencia de disidencias de las Farc, aunque también por el ingreso de la guerrilla del Eln, un reducto armado autodenominado Epl y otros grupos armados ilegales surgidos en los últimos años.
Por su parte, en Nariño todas las miradas están puestas sobre Samaniego, Roberto Payán, Tumaco, Ricaute, Policarpa, Magüí Payán, Barbacoas, Mosquera, Pasto y El Charco, principalmente. Estas poblaciones, además de contar con las mayores hectáreas cultivadas con hoja de coca para uso ilícito en el país, registran un panorama desolador con relación a la presencia de diversos actores armados: disidencias de las Farc, las Agc, la guerrilla del Eln y otros grupos armados ilegales con un marcado interés en el tráfico de cocaína.
El departamento de Arauca es otra región que despierta gran preocupación. “Aquí, prácticamente todo el departamento está en riesgo”, señala Jeannette D’Allemán, integrante de Pastoral Social y vocera de la MOE en Arauca. “Aquí el riesgo lo representa la guerrilla del Eln que incrementó su accionar luego del cese al fuego. El paro armado produjo mucho miedo entre la población y hay una gran incertidumbre de cara a las elecciones”, agrega.
Tanto la MOE como la Defensoría advierten el riesgo que se cierne sobre las localidades de Fortul, Tame, Saravena, Arauquita y Arauca. “En época de elecciones se incrementa la tensión. Y eso se refleja en los altos niveles de abstención. Por cuenta del conflicto, no se pueden instalar más puestos de votación en las áreas rurales y eso, claro, se ve reflejado en la participación de los votantes”, añade D’Allemán.
Una situación similar se registra en Guaviare, Caquetá y Putumayo, donde las disidencias de las Farc constituyen el mayor peligro para la próxima jornada electoral, comprometiendo la seguridad en cada uno de estos departamentos. No obstante, las entidades priorizan las advertencias para los municipios de Cartagena del Chaira, San Vicente del Caguán, Solano (Caquetá); Calamar, Miraflores, San José del Guaviare y El Retorno (Guaviare); así como Puerto Guzmán, Leguízamo, Puerto Asís, San Miguel (Putumayo).
Oro y coca: el otro riesgo
Antioquia registra poco más de 30 municipios en riesgo, lo que equivale al 25 por ciento de su territorio. No obstante, estos pueblos se encuentran localizados en una vasta franja que va desde el Urabá antioqueño, se extiende por el Nudo de Paramillo para tocar los municipios del sur de Córdoba; pasa por el Norte y Bajo Cauca para llegar al Nordeste y de allí al sur de Bolívar.
En este gran corredor se concentran poco más de 15.600 hectáreas de cultivos ilícitos diseminadas a lo largo de 42 municipios; una larga cadena de “entables” y laboratorios para el procesamiento de alcaloides; una fuerte actividad minera (legal e ilegal); y la presencia de grupos armados como la guerrilla del Eln y las Agc. Esta explosiva mezcla llevó a la MOE a calificar esta zona como “una de las más vulnerab
les frente a las posibles intervenciones que quieren tener los poderes económicos ilegales en esta región frente a las campañas políticas que se avecinan en este 2018”. (Ver más en: La guerra se recicla en el Bajo Cauca antioqueño)
No en vano, en lo que va de 2018, se han registrado varias alteraciones del orden público que van desde desplazamientos forzados masivos (Tierralta y San José de Uré en Córdoba; y Cáceres en Antioquia); asesinato de líderes sociales (Tierralta); y combates entre organizaciones del narcotráfico y la guerrilla del Eln (Caucasia, Cáceres, Tarazá, Valdivia en Antioquia) hasta masacres (Yarumal).
De ahí que tanto Defensoría del Pueblo como la MOE llamen la atención por la situación de municipios como: Apartadó, Turbo, Dabeiba, Yarumal, Ituango, Briceño, Cáceres, Caucasia, Tarazá, El Bagre, Zaragoza, Nechí, Anorí, Remedios, Segovia (Antioquia); Tierralta, Montelíbano, San José de Uré, Ayapel, Puerto Libertador, Valencia (Córdoba); Achí, Arenal, Barranco de Loba, Cantagallo, Montecristo, Morales, Norosí, San Pablo, Santa Rosa, Simití (Bolívar) principalmente.
Otra región donde la presencia de economías ilegales despierta alarmas es Norte de Santander. Y no es para menos. La presencia de más de 24.831 hectáreas sembradas con hoja de coca para uso ilícito; el desarrollo de actividades como el contrabando de gasolina, el tráfico de personas, la extorsión; y la presencia de la guerrilla del Eln, el reducto armado denominado Epl, varios Grupos Armados Organizados (GAO) y una disidencia del Frente 34 de las Farc convierten a este departamento en la mayor prioridad para el Estado de cara a garantizar unas elecciones tranquilas y transparentes.
En este caso el riesgo se concentra en las localidades de Tibú, El Tarra, Sardinata, Teorama, Ocaña, San Calixto, Los Patios, Puerto Santander, El Zulia, Cúcuta, Villa del Rosario y Hacarí, aunque, de acuerdo con la MOE, “la influencia de estas actividades no sólo se concentra en los municipios de Norte de Santander que componen geográficamente el Catatumbo, sino que se extiende a municipios vecinos de los departamentos de Santander y Cesar, los cuales son corredor comercial de estas fuentes ilegales de consecución de recursos y paso de acceso de los grupos armados ilegales”.
Si bien los distintos análisis muestran al Eln como un grave factor de riesgo, este grupo subversivo, a través de un comunicado, aseveró que no entorpecerá las elecciones allí donde hacen presencia armada: “En medio de esta contienda electoral, les recordamos a las colombianas y colombianos que, dentro de la normatividad histórica del Eln, seguiremos cumpliendo el precepto de: No impedir el ejercicio del voto, ni obligar al pueblo a votar”.
Quienes no se han manifestado al respecto son los ‘gaitanistas’, una estructura criminal que ha sido afectada en los últimos meses por acciones de la Fuerza Pública contra sus principales comandantes, situación que ha afectado su cohesión interna, atomizando sus relaciones, lo que, en el fondo, las hace más peligrosas para la seguridad en aquellas regiones donde tienen amplio dominio territorial.
