En 2003, El Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, les entregó la finca El Tolima de casi cien hectáreas, pegada al pueblo de Ovejas, a 10 madres con sus hijos, quienes habían salido desplazadas desde diferentes veredas. Ellas encontraron un lugar donde vivir, el respaldo del gobierno fue descoordinado e inútil, pero ahora esperan que las nuevas promesas oficiales se cumplan.
El desplazamiento
Luisa Medina tenía 51 años en 2001. Vivía junto a sus cuatro hijos, su padre y sus hermanos en la vereda Pijiguay, en Ovejas, en una finca que había comprado su familia a mediados de los setenta. Aunque tenía una tierra para producir su sustento, la tranquilidad no hacia parte de su vida: las amenazas de los paramilitares a los campesinos eran de todos los días y en la memoria de todos estaba fresca la masacre ocurrida en la vereda en 1997.
Los ‘paras’ intimidaron a la familia Medina y les dieron un plazo para dejar la zona. Todos tuvieron que huir y ella terminó junto a sus hijos desplazada en el casco urbano de Ovejas. A la miseria que vivían, se sumó la que Luisa, llama, la mayor de sus desgracias: su único hijo, de 16 años fue asesinado, en unos confusos hechos, en los que el Ejército lo presentó como guerrillero. “Mi base era mi único niño, el iba a ser el hombre de la casa. Me morí por dentro. Terminé viviendo donde podía con mis tres hijas”, recordó la señora Medina.
Decenas de mujeres vivieron el mismo drama de Luisa para la época. En enero de 2001, un grupo de paramilitares del bloque Héroes de los Montes de María, cuyo despiadado jefe era Rodrigo Pelufo, alias ‘Cadena’, asesinó a 27 personas en el corregimiento del Chengue en Ovejas. El éxodo de campesinos desde varias veredas se hizo más intenso.
Varias madres solteras llegaron al casco urbano, sin el respaldo de nadie, a vivir de la caridad de la gente. “Fue muy duro. Una llega sin marido, sin dinero y con hijos. No se lo deseo a nadie”, contó Nasira Correa, otra mujer que llegó desplazada desde la vereda Los Andes.
La señora Medina contó que la situación era tan desesperada, que varios líderes campesinos que no las conocían, comenzaron a ayudarlas. Les propusieron a 10 madres desplazadas que se tomaran un predio que estaba adjunto al casco urbano, llamado El Tolima. La idea era que le pidieran al dueño que se lo vendiera al Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, para que éste a su vez se los entregara a ellas. Entre todas comenzaron a hacer empanadas para venderlas y así reunir el dinero que pagara los buses para hacer los trámites en Sincelejo.
El Incora compró las 100 hectáreas del predio y se las entregó a las 10 mujeres en común y proindiviso, una figura legal en la que los propietarios conforman una sociedad en donde cada uno posee un derecho o acción sobre todo el terreno, y no una parcela en particular.
Aunque parecía el principio del fin de sus padecimientos, la violencia y la pobreza siguió persiguiendo a las mujeres de El Tolima.
Tierra para reparar pero no para progresar
Las madres recibieron la tierra y de inmediato levantaron unos ranchos para vivir. Además de los títulos, el gobierno les había prometido un capital y capacitación para poner a producir la finca, que representarían la cuota inicial para salir adelante, pero como suele suceder en Colombia, el Estado hizo todo al revés.
El gobierno sí les dio su capital como semilla para el progreso. A cada madre le dio un par de vacas paridas, la mayoría de ellas viejas o enfermas, según cuenta Arlina Dorado, una campesina que recibió el título. “Las vaquitas estaban muy acabadas y no sirvieron de mucho. No teníamos hijos varones mayorcitos que nos ayudaran y tuvimos problemas para manejar el ganado”, contó Dorado.Un par de años después, muchas de las vacas habían muerto y las pocas que quedaban apenas servían para producir la leche de consumo diario.
Después de que perdieron las vacas por no saber manejarlas, entonces sí llegó la oferta del Sena de capacitarlas en manejo de ganado. Las campesinas dejaron sus quehaceres diarios para asistir seis meses a la capacitación, con la esperanza de que el gobierno les ofreciera algún tipo de ayuda económica para comprar vacas y cabras y poner en práctica lo que aprendían, según contó Luisa. “Agradecemos las cosas que nos dan, pero es que todo al final es perdido, tanto para ellos como para nosotras. De qué sirve que nos enseñen si no tenemos un peso para comprar un animalito”, contó la campesina.
Es muy complicado que personas como esas madres de El Tolima, que vienen de la pobreza total, salgan de la pobreza si el Estado no estructura un proyecto para acompañarlas a mediano plazo, según el padre Agustín Villar, director de la Fundación Red de Desarrollo y Paz de los Montes de María. “La tierra sola no produce. La tierra hay que cultivarla y para cultivarla se necesita más que un azadón. Si no hay una inversión seria no va a pasar nada”, dijo.
Pero, la falta de apoyo para sus proyectos no fue el único problema que tuvieron estas valerosas mujeres. Entre el 2003 y 2008, el conflicto las puso en medio del fuego. “Una vez se atrincheró la guerrilla en la finca y nos dijo que no nos fuéramos. Sentimos que nos querían utilizar como escudos contra el Ejército”, contó Luisa, aunque aclaró que “afortunadamente, las cosas no pasaron a mayores”.
Las mujeres le contaron a VerdadAbierta.com que durante esos años también fueron varias veces víctimas de la delincuencia común. “Se aprovechaban de nosotras porque somos mujeres. Una vez una fundación nos regaló unos carneros y se los llevaron. Hasta el alambre de las cercas se lo robaron”, contó la campesina Arlina Dorado.
Para 2010, las campesinas habían construido sus casas en un costado del predio, pero la mayor parte del terreno seguía siendo un enorme potrero sin cultivar.
Entre la esperanza y la incertidumbre
En 2011, ocho años después de recibir el predio, las 10 mujeres habían visto crecer sus familias. Las hijas que llegaron adolecentes a la finca ahora tenían varios niños que alimentar y la tierra apenas producía para la comida diaria. Las campesinas decidieron acabar con el común y proindiviso y buscar la forma de dividir la finca, para que cada una tuviera sus propios títulos, pensando en dejarles una parcela a sus descendientes.
Las mujeres contactaron a Colombia Responde, una estrategia de la Unidad para la Consolidación Territorial financiada con dineros de la cooperación internacional y allí las escucharon. Esta Unidad implementa proyectos productivos para que los campesinos de las zonas donde ha mermado la guerra, puedan prosperar económicamente.
Los funcionarios les ayudaron a conseguir sus títulos individuales y les dijeron que también les podían servir para conseguir créditos para financiar sus proyectos. “Con los títulos individuales la gente tiene más claro los derechos que tiene sobre la tierra. Además es mucho más fácil pedir un préstamo en un banco teniendo un terreno propio que unas acciones”, le dijo David Gomezcasseres, director del Incoder en Sucre a VerdadAbierta.com.
La Unidad de Consolidación trabajó junto al Incoder para tomar las medidas de los terrenos que le correspondían a cada familia y en julio de 2012, las mujeres de El Tolima lograron tener en sus manos las escrituras de sus parcelas, cada una de aproximadamente 10 hectáreas. “Ahora sabemos que tenemos un pedazo de tierra y que si uno llega a faltar, pues les va a quedar algo a los nietos”, dijo la señora Medina.
Aunque las campesinas están más tranquilas con sus títulos, piden que les ayuden con la financiación de algún tipo de proyecto para poner a producir sus parcelas.
En septiembre de 2012 las familias de El Tolima estaban cultivando tabaco, ñame y yuca. Han construido una aldea a un costado de la finca, separadas del pueblo solamente por la carretera. Son pequeñas viviendas, algunas hechas de bloque gris y otras de madera, que no tienen servicio de alcantarillado. Cada una cría periódicamente unas cuantas gallinas y un par de cerdos que les sirven para ganarse algún dinero.
Maribel Romero, directora de la Unidad de Consolidación para los Montes de María, le dijo a VerdadAbierta.com, que en esta ocasión no se cometerán los errores del pasado, porque se está ejecutando un proyecto estructurado a mediano plazo. “Entiendo que no se tenga plena confianza por cómo se dieron las cosas en el pasado, pero ahora estamos haciendo las cosas seriamente”, dijo Romero.
La funcionaria señaló que la Unidad está trabajando con la Alcaldía de Ovejas y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, para poder proponer un proyecto agrícola a las campesinas. Romero agregó que luego de estudiar varias opciones, van a proponerles un cultivo de yuca amarga, materia prima para hacer arepas y para producción de hidrocarburos. “Queremos que el proyecto lo desarrollen ellas mismas. Ellas pueden buscar otras opciones de asociación con empresarios, pero en este caso nos gustaría apoyarlas para que desarrollen su propia empresa”, explicó la directora de la Unidad.
Por ahora las campesinas siguen a la espera.
