Alias ‘El Águila’ y sus hombres desplazaron a cientos de pobladores de este municipio de Cundinamarca en su guerra con el Frente 22 de las Farc y su afán de ser los dueños del cartel de gasolina.
Las Autodefensas de Cundinamarca, comandadas por Luis Eduardo Cifuentes, alias ‘El Águila’, atormentaron a los habitantes de los municipios del norte del departamento. Particularmente a los de La Palma. Según documentó la Fiscalía 21 de Justicia y Paz, este grupo paramilitar utilizó la fuerza para apropiarse de los negocios ilegales en la zona, desplazando a la mayoría de los pobladores.
Los ‘paras’ de alias ‘El Águila’ se enfrentaron al Frente 22 de las Farc para sacarlos de aquellos municipios por donde atraviesa el poliducto Puerto Salgar-Mancilla, de Ecopetrol. En los años que operó este grupo paramilitar se presentaron los mayores robos de gasolina en el departamento. Según cifras oficiales, tan solo en 2002 hurtaron 421 barriles de combustible de este poliducto diariamente. (Ver: El tubo de la abundancia)
A medida que los paramilitares se fueron consolidando en algunas regiones de Cundinamarca aumentó el número de desplazamientos. La mayoría de pobladores salió en 2002 cuando los ‘paras’ tuvieron más poder en la zona. Según cifras del Registro Único de Población Desplazada (Rupd) mientras en 2000 se presentaron 342 desplazamientos, en 2001 la cifra aumentó a 986 y en 2002 llegó a los 3.000 desplazados.
En audiencia de imputación de cargos ante los magistrados de Justicia y Paz en Bogotá, los ex paramilitares de las Autodefensas de Cundinamarca aceptaron haber expulsado a la gente de su tierra, por tal razón la Fiscalía los acusó de 148 hechos de desplazamiento a los postulados Luis Eduardo Cifuentes, alias ‘El Águila’; Narciso Fajardo Marroquín, alias ‘Rasguño’; Carlos Iván Ortiz López, alias ‘Martillo’; Raúl Rojas Triana, alias ‘Caparrapo’; y José Absalón Zamudio Vega, alias ‘Buena Suerte’.
Por lo menos 473 víctimas denunciaron ante Justicia y Paz que dejaron sus fincas por la violencia que ocasionaron los paramilitares. La mayoría de víctimas fueron desplazadas masivamente del municipio de La Palma. Según datos del Rupd, 1.136 personas se vieron obligadas a salir en 2002 de este municipio, que está a 150 kilómetros de Bogotá. Es decir, que más de la tercera parte de los desplazados del departamento salieron de este pueblo.
Los habitantes de La Palma fueron víctimas de la guerrilla y de los paramilitares. En 1983 se creó el Frente 22 de las Farc y se ubicó en los municipios del norte de Cundinamarca, incluido La Palma, con el objetivo de financiar al Comando Conjunto Central de las Farc. Este grupo guerrillero cometió secuestros, extorsiones y boleteos en las zonas bajo su dominio. (Ver: lo que hizo las Farc en Cundinamarca).
A finales de los ochenta alias ‘El Águila’ llegó al departamento y acordó una especie de pacto de no agresión con esa facción guerrillera. Los paramilitares se quedaron en el municipio de Yacopí, mientras los insurgentes mantenían a la mayoría de sus hombres en La Palma. A mediados de los noventa este pacto se rompió porque los subversivos asesinaron a 12 paramilitares en Caparrapí. Desde entonces se presentaron enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares que se intensificaron en 2002.
Hablan las víctimas
En la audiencia de imputación de cargos contra los ex paramilitares de las Autodefensas de Cundinamarca, los abogados de las víctimas reiteraron que la Fuerza Pública no impidió que estos hechos ocurrieran, pues la base militar y la estación de Policía de La Palma nunca reportó ninguno de estos incidentes.
El primer desplazamiento masivo ocurrió el 2 de agosto de 2002 cuando un grupo de ‘paras’ al mando de alias ‘Tumaco’ entró a la vereda Hoya de Tudela, reunió a sus pobladores y los amenazó con asesinarlos sino salían del pueblo, pues según dijeron se iban a enfrentar con la guerrilla. Ese día 62 personas se desplazaron del municipio.
A otros habitantes los acusaron de ser supuestos colaboradores de las Farc y los asesinaron. Así ocurrió con un joven que sacaron de su casa a la fuerza y lo torturaron frente a su madre porque no aceptó unirse a las filas paramilitares. “A mi hijo lo mataron delante mío y yo no pude hacer otra cosa que suplicarles que no lo hicieran, luego de eso me dijeron que no me querían volver a ver y por eso me fui de mi finca y no pienso regresar”, dijo su madre en la audiencia de imputación de cargos.
Algo similar le ocurrió le ocurrió a Blanca*, quien tuvo que salir de su finca en Hoya de Tudela con sus hijos porque acusaban a su esposo de ser un supuesto auxiliador de la subversión. “Ese día llegaron en la mañana buscando a mi esposo, me decían que él era colaborador de la guerrilla y que como no estaba en la casa lo iban a buscar para matarlo”, recordó la víctima.
Otros campesinos tuvieron que dejar sus fincas porque los grupos armados las convirtieron en territorio de guerra. Antonio*, un jornalero de Hoya de Tudela, le contó a los fiscales de Justicia y Paz que dejó su tierra porque los ‘paras’ la usaron como trinchera. El campesino se opuso y en retaliación asesinaron a dos amigos que se encontraban junto a él.
En 2003 Antonio regresó a su predio, pero estaba en muy mal estado. “Cuando volví a mi finca no encontré nada, sólo las paredes porque lo demás se lo habían robado, los cultivos estaban quemados”, aseguró.
Lo mismo ocurrió el 2 de octubre de 2002 cuando los paramilitares llegaron en la mañana a las veredas El Hoyo y Garrapatal en el municipio de La Palma y causaron el desplazamiento de 41 personas. En este caso también amenazaron a los pobladores para que salieran de su tierra y asesinaron a algunos campesinos a quienes acusaban de ser supuestos colaboradores de la guerrilla. En horas de la tarde se enfrentaron con las Farc.
“Se rumoraba ese día en horas de la mañana que quienes no saliéramos del pueblo nos iban a matar, por lo cual decidimos irnos con mi familia”, dijo una pobladora de Garrapatal en la audiencia ante jueces de Justicia y Paz.
Carlos*, un campesino que vivía en El Hoyo, vio cómo torturaron y asesinaron a su hermano, a quien acusaban de ser un supuesto informante de la guerrilla, “a mi hermano lo sacaron de la casa amarrado de los pies y las manos, lo golpearon mucho tiempo, lo amarraron a un árbol y luego lo degollaron”, contó. Ese mismo día toda la familia salió rumbo a Bogotá. Su familia se presentó ante los magistrados de Justicia y Paz, y pidieron que les ayuden económicamente para poder retornar a su tierra.
Los magistrados de Justicia y Paz pidieron a la fiscal indagar con mayor profundidad y se identifiquen a aquellos miembros de la Fuerza Pública y políticos locales y regionales que se aliaron con los paramilitares de alias ‘El Águila’ para permitir que sus acciones se perpetraran con total impunidad.
* Nombres cambiados por razones de seguridad
