La ciudad más importante sobre el Pacífico colombiano vive en medio de la zozobra que produce la guerra territorial entre las bandas criminales conocidas como ‘Los Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’ o ‘La Empresa’. En los últimos días se han encontrado varias fosas comunes, pero existen más.
Luego de la guerra entre paramilitares y guerrilleros que se libró hasta mediados de la década pasada, ahora los habitantes de Buenaventura viven bajo el yugo y la confrontación de las bandas criminales. Foto: archivo Semana.
La “tranquilidad relativa” que se respiraba hasta hace poco en Buenaventura despareció de tajo con el descubrimiento de varias fosas comunes, una ‘casa de pique’ y la aparición de dos cuerpos desmembrados en lo que va corrido de 2015. Diferentes fuentes le dijeron a VerdadAbierta.com que a raíz de la fuerte intervención de la Fuerza Pública del año pasado para contener el accionar de las bandas criminales, la violencia se redujo y los bonaerenses tuvieron un respiro, sin embargo, el terror no cede en este puerto sobre el Pacífico.
Desde hace unos años, Buenaventura se convirtió en el escenario de una fuerte guerra entre las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ también conocidas como ‘Los Urabeños’, una banda criminal que surgió tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y ‘La Empresa’, una banda local al servicio de ‘Los Rastrojos’, que se conformaron, inicialmente, con hombres del ejército privado de Wilber Varela, uno de los capos del Cartel del Norte del Valle, pero tras su muerte se expandió por buena parte del país nutriéndose de la experiencia criminal de exparamilitares desmovilizados.
Con la ambición de controlar el negocio del narcotráfico y aprovechar otras rentas, como la extorsión masiva, estos grupos armados ilegales han llevado el terror a Buenaventura. A ellos se les atribuyen asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos forzados y reclutamientos de niños. (Ver: La pugna detrás de los desplazamientos de Buenaventura)
La situación llegó a un punto tan alto a finales de 2013 y comienzos de 2014 que el gobierno nacional se vio obligado a intervenir de manera directa, aumentando el pie de fuerza, tanto de Policía como de Ejército, para controlar la situación. Los efectos de esa intervención se reflejaron en las cifras de algunas expresiones criminales. Según datos de la Fiscalía, en 2013 se presentaron 73 desapariciones forzadas, y 44 en 2014. A su vez, Medicina Legal reportó que en 2013 se cometieron 195 homicidios, y 153 el año pasado. Es decir, que en 2014 ocurrieron 29 desapariciones y 42 homicidios menos que en 2013.
Sin embargo, la situación en este primer mes del año es preocupante y las primeras alertas al respecto las emitió el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, luego de que fuera informado por un grupo de funcionarios de esta agencia estatal adscritos al Sistema de Alertas Tempranas (SAT) sobre lo que viene ocurriendo en el puerto. El Defensor hizo un llamado a las autoridades para que “refuercen las medidas encaminadas a proteger la vida e integridad de los habitantes en ese puerto del Pacífico colombiano, ante el preocupante recrudecimiento de la violencia”.
El terror no se ha ido
Ante el inusitado aumento de la violencia en el puerto el año pasado, el gobierno nacional incrementó la presencia de la Fuerza Pública. La comunidad dice que esta medida es un paliativo y pide que se creen puntos de vigilancia permanente. Foto: archivo Semana.
El sacerdote John Reina, director de la Pastoral Social de la Diócesis de Buenaventura, reconoce que parte de la violencia disminuyó por las medidas de control tomadas por el gobierno nacional, pero también considera que la disputa entre las bandas criminales “nunca ha cesado” y que éstas llegan a ciertos acuerdos para evitar enfrentamientos directos y así no “visibilizarse ante las autoridades”, pero la comunidad sigue siendo afectada.
Sobre las fosas, la ‘casa de pique’ (nombre con el que se le conoce a los sitios en donde desmiembran a las víctimas) y las víctimas desmembradas, Reina le explicó a VerdadAbierta.com que estos hallazgos se produjeron porque “por fin la Fiscalía está entrando a ciertos lugares que son prohibidos por las bandas, lugares vedados. Ahora, con el fortalecimiento de la Fiscalía y del pie de fuerza, se está llegando a lugares donde antes no se iba”. Y agrega que la comunidad conoce de sitios como estos en donde las bandas desembran a sus víctimas y las entierran clandestinamente, pero no son denunciados por temor a represalias.
Un funcionario de la Personería de Buenaventura, que pidió mantener en reserva su identidad, le explicó a VerdadAbierta.com que los cuerpos desembrados encontrados en días pasados en el barrio El Progreso por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, corresponden a dos víctimas que desaparecieron en diciembre pasado y que en ese sitio también fueron hallados cuatro fosas con varios restos óseos y una ‘casa de pique’. “Con esos desmembramientos se despertó mucho temor en la comunidad porque nos dan a entender que esa modalidad no ha cesado y que las bandas acuden a la desaparición forzada para generar impunidad”, afirmó la fuente consultada.
Según ese funcionario, los integrantes del comité de exhumación de la Fiscalía que viajaron desde Cali y Bogotá y lograron estos hallazgos, estarán durante una semana buscando más fosas porque tienen indicios de dónde pueden estar más víctimas desparecidas por las bandas criminales. De paso, hizo un llamado para que el Ente Investigador siga trabajando más tiempo en la búsqueda de otros desaparecidos para darles una respuesta efectiva los familiares de tantas víctimas que hay en esta ciudad.
Una Nota de Seguimiento del 31 de enero de 2014 a la Alerta Temprana que emitió la Defensoría del Pueblo el 24 de diciembre de 2008, registró y puso en aviso a las autoridades sobre los refuerzos en hombres y armas que a finales de 2013 recibieron tanto ‘Los Urabeños’ como ‘La Empresa’ para sostener su confrontación. Sobre los primeros señaló que recibieron ayuda de grupos procedentes de Antioquia, Córdoba, Chocó, Palmira y Cali que se hacen llamar como ‘Gaitanistas’ o ‘Chocoanitos’; y sobre los segundos, se dijo que recibieron “apoyo de ‘Los Rastrojos’, en hombres, armas y recursos, lo que le permitió de manera paulatina recuperar el control de algunos barrios de la Comuna 12”.
Entre sus advertencias, la Defensoría reiteró que “ante la continuidad e intensificación de la disputa armada entre las estructuras de ‘La Empresa’ y ‘Los Urabeños’ o ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ en la zona urbana del Distrito, se continuarán presentando agresiones y vulneraciones a los derechos humanos de los pobladores que señalen como colaboradores del grupo contrario o porque se resistan a cumplir sus exigencias o desconozcan las condiciones impuestas por estos actores armados en los barrios donde mantengan suincidencia y posiblemente con mayor intensidad en los barrios que sean objeto de disputa”.
Esos refuerzos de las bandas generaron una gran ola de crímenes que colmó la paciencia de los habitantes de la ciudad-puerto, quienes, hastiados de la situación, realizaron a mediados de febrero del año pasado una multitudinaria marcha para rechazar la violencia que estaban padeciendo en ese momento, no obstante, tales manifestaciones no incidieron en el accionar criminal, que aún los agobia.
“La violencia en Buenaventura ha tomado diferentes matices, a tal punto que sus habitantes ya no resisten más, pues no solo basta asesinar a las personas sino descuartizarlas, desaparecerlas, masacrarlas y a sus familiares desplazarlos, estigmatizarlos, a los niños reclutarlos, y condicionar la movilidad de la gente en fronteras invisibles”, dijo entonces uno de los organizadores del evento. Tristemente sus palabras aún son válidas casi un año después. (Ver: Multitudinaria marcha contra la violencia en Buenaventura)
¿Sin salida?
Las extorsiones y el temor están dispersos por toda Buenaventura. Diferentes sectores concluyen que sin inversión social y una apuesta concreta, esta ciudad no saldrá de la triste situación en la que se encuentra. Foto: archivo Semana.
Los sitios de Buenaventura en donde más se concentran las acciones y los enfrentamientos de las bandas criminales son las comunas 3, 4, 10 y 12, habitadas por personas en alto grado de vulnerabilidad que se encuentran en zonas geográficas apetecidas por su cercanía al mar, vías fluviales y zonas selváticas, funcionales a actividades ilegales. En los barrios de estas comunas hay “fronteras invisibles” o “franjas rojas”, en donde quien pase de un sector a otro sin autorización corre el riesgo de perder la vida. Según el director de la Pastoral Social, el radio de acción de las bandas no se limita a esas cuatro comunas. “El boleteo (la extorsión) está presente en casi todos los negocios sin importar su tamaño y hay dominio en casi todos los barrios”, explica.
Además de sufrir la violencia interna a costa de unos foráneos que reclutan a sus gentes para lucrarse ilegalmente, los bonaerenses también tienen que cargar con el estigma social de ser uno de los sitios más inseguros del país. “Cuando se dan estos casos tan ejemplarizantes (fosas y ‘casas de pique’), a nivel nacional se estigmatiza a Buenaventura y nos muestran como a los más peligrosos del mundo; pero en esta ciudad hay gente buena y pujante: no son las personas, son las circunstancias externas las que generan esto”, reflexiona el sacerdote Reina, quien aboga por un trato más justo para esta comunidad.
Este religioso, quien trabaja con las personas más vulnerables de Buenaventura, considera que la única manera que tiene la ciudad para salir del “atolladero” es con inversión social seria y grande destinada a la educación, la salud, el empleo y el bienestar general de los sectores más pobres. “El gobierno nacional se jacta de hacer grandes inversiones, ¿pero en dónde están y para qué son? La infraestructura es importante, pero la mayor inversión tiene que ir a lo social”, asegura.
Este jueves, durante la visita del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a Buenaventura, el gobernador de Valle del Cauca, Ubéimar Delgado, cuestionó la falta de inversión del gobierno nacional, coincidiendo con el sacerdote Reina: “a la fecha no se ha visto una inversión importante, y Buenaventura le ha entregado a la Nación en los últimos dos años 8.8 billones de pesos y debe verse retribuido de alguna manera los recursos para una revolución social en el Puerto”.
¿Espejo para el proceso de La Habana?
Desde hace más de dos años el gobierno nacional y las Farc están negociando en Cuba el final del conflicto armado. En Buenaventura hay temor de que la desmovilización pueda generar una nueva ola de violencia. Foto: archivo Semana.
En Buenaventura no dudan de que la violencia que padecen a diario es herencia del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares que se acogieron a los acuerdos con el gobierno nacional entre 2003 y 2006. Ante ello, en el puerto se preguntan qué puede pasar en un futuro cercano si la guerrilla de las Farc alcanza un acuerdo con el gobierno nacional y entrega las armas.
En su último informe de riesgo del 31 de enero de 2014, la Defensoría del Pueblo estableció que facciones de este grupo insurgente se encuentran en la zona rural del puerto y no en el casco urbano. “En cuanto a la zona rural de Buenaventura, las Farc son la principal fuente de riesgo porque busca controlar el territorio e impedir el ingreso de otras estructuras ilegales. (…) Imponen normas de conducta a la población y realiza acciones que generan terror en la comunidad, esto es, homicidios, amenazas y confinamiento de la población. (…) El constreñimiento y presiones a las comunidades étnicas por parte de las Farc, especialmente a través de los milicianos, causa el confinamiento o el desplazamiento forzado de la población indígena y afrocolombiana de veredas y corregimientos”.
El temor de las comunidades bonaerenses ante un eventual acuerdo con ese grupo guerrillero es que los desmovilizados terminen en bandas criminales o creen las propias, como ocurrió con algunos de los exmiembros de las Auc que, supuestamente, dejaron las armas y continuaron con sus acciones criminales bajo nuevos grupos armados ilegales. Al respecto, el sacerdote Reina considera que se debe crear una política clara de desmovilización en la que se involucre a las comunidades y reitera que la paz no se conseguirá con firmar documentos en La Habana.
“El gobierno tiene que entender que la paz empieza en las regiones. La paz se dará cuando haya inversión social en todas las regiones y la inequidad se acabe. El gobierno tendría que hablar de un proceso de paz iniciando con las propuestas que tienen las regiones para desarrollarse, las condiciones no son iguales en el Pacífico, que en la región Andina, que en los Llanos Orientales, que en el Caribe. Tiene que entender que Colombia es un país de regiones”, precisa Reina.
No es fácil la situación en el puerto de Buenaventura. La Defensoría del Pueblo mantiene las alertas sobre un posible escalamiento de la violencia que genere graves infracciones a los derechos humanos, sobre todo de las comunidades más vulnerables. Urgen medidas contundentes que protejan al puerto de tanta criminalidad.
