Ante la falta de una política de desmovilización con enfoque diferencial para indígenas, esta comunidad del norte del Cauca creó una estrategia para reintegrar a sus hermanos que tomaron las armas. Su proceso, de “rearmonización”, difiere mucho del mecanismo estatal.
Los indígenas del norte del Cauca crearon una ruta para reintegrar a sus territorios a los comuneros que se fueron a la guerra. Desde 2003, de los más de 50 mil desmovilizados que la ACR atiende, alrededor de 850 son indígenas. Foto: archivo Semana.
El pueblo Nasa vive en medio de una paradoja. A pesar de que su naturaleza consiste en defender la vida y proteger sus territorios ancestrales de manera pacífica, está afectado por una guerra que consideran ajena, pero en ella participan miembros de su comunidad, quienes, ante la falta de oportunidades, empuñaron las armas o fueron reclutados forzadamente por grupos armados ilegales.
Esa situación se refleja en el juicio que los indígenas de Toribío le hicieron en noviembre del año pasado a siete guerrilleros de las Farc que asesinaron a dos guardias indígenas: todos eran Nasa, dos eran menores de edad y otros tenían la mayoría de edad recién cumplida. (Ver: Crónica de un juicio en las entrañas del Cauca)
Frente al drama que genera la confrontación armada en sus niños y jóvenes, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) creó el programa Regreso a Casa, para atender a los menores de edad que la Guardia Indígena y sus autoridades tradicionales les arrebatan a los grupos armados ilegales, en mayor número a las Farc. Esa estrategia se desarrolla bajo sus costumbres y es opuesto al procedimiento que aplica la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), entidad estatal encarga de guiar a los combatientes desmovilizados a la civilidad y legalidad.
“Nosotros le llamamos rearmonizar el pensamiento, recuperar el pensamiento Nasa en cada uno de ellos. Desde el espacio externo se llamaría resocialización, pero nuestro enfoque propio es rearmonización”, precisa Germán Valencia, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida de la Acin y quien está a cargo de ese programa.
Desde hace dos años, la estrategia Regreso a Casa atiende a 58 menores de edad, quienes, inicialmente, se deben comprometer a terminar sus estudios y a cumplir las directrices trazadas por sus autoridades. Cuando cumplen la mayoría de edad, se vinculan a talleres de formación, a proyectos productivos, a la Guardia Indígena o a los procesos de la organización.
Los Nasa también atienden a adultos que decidieron dejar la guerra, pero condicionados a que lleguen por voluntad propia. “Tenemos un plan de atención que inicia por generar compromisos. Primero, tienen que acatar los mandatos comunitarios: el respeto a la tierra, a la organización, a las autoridades y al ejercicio colectivo. Segundo, hacer la parte de ritualidad, porque cuando cualquier persona llega del conflicto armado, llega desarmonizada y desequilibrada, lo que hacemos es armonizarla para que el corazón y el pensamiento se abran. Y por último, cumplir con el plan de formación para un proyecto de vida”, resume Valencia.
Para esta comunidad, el componente de la ritualidad es el más importante porque les permite recuperar el pensamiento colectivo y el sentido de pertenencia al territorio, y es realizado por sus médicos tradicionales. “Para los rituales de armonización se va a un lugar sagrado: río, laguna, bosque o páramo, eso lo determinan los médicos tradicionales. Ellos tienen el don de comunicarse con la vida espiritual y orientan qué hacer y qué plantas darles (a los excombatientes) para que vayan arreglando el corazón, recuperen la memoria. Se hace una limpieza del cuerpo, se les sacan las malas energías y se les da remedio para que curen la enfermedad con la que llegan”, explica el coordinador del Tejido de Defensa de la Vida, quien señala que en el pasado tuvieron diferencias con funcionarios de la ACR porque les dijeron que esos procedimientos “no eran tangibles”.
Diferencias con proceso estatal
La Guardia Indígena y las autoridades tradicionales se encargan de defender los territorios ancestrales. Esta imagen es del juicio que el 9 de noviembre de 2014 le hicieron a los guerrilleros de las Farc que asesinaron a dos guardias. Foto: VerdadAbierta.com
Los indígenas del norte del Cauca no avalan el mecanismo oficial de reinserción de excombatientes porque no tienen en cuenta su estilo de vida y sus necesidades. Según Valencia, la ACR busca formar a los desmovilizados “para ser empleados y mandarlos a trabajar a las empresas con las que tiene convenidos, pero no queremos que nuestros indios sean empleados, sino que queremos formarlos y capacitarlos para que ellos mismos, desde su iniciativa, construyan sus proyectos de vida”.
Valencia cuenta que por esas diferencias no recibieron recursos para un proyecto que desarrollaron con adultos entre 2007 y 2010, que debieron cerrar cuando se acabaron los recursos de cooperación internacional. “Fue difícil la interlocución con la ACR porque ellos no entienden nuestras dinámicas sino que quieren encuadrarnos en su lógica institucional”, reitera el líder indígena.
Al respecto, Yaneth Rivera, coordinadora de la ACR en Cauca, indica que ese incidente ocurrió en 2008 cuando no se había emitido la Resolución 0754 de 2013, el instrumento normativo que le permite a la agencia estatal iniciar acercamientos con las comunidades indígenas de todo el país para concertar un enfoque diferencial de reintegración.
Ernesto Moreno, funcionario de la ACR quien integra el grupo que busca aplicar una política de atención diferencial, asegura que uno de los retos de esa entidad es entender que hay una población étnica afectada por el conflicto armado y que es necesario construir unos elementos diferenciales para su atención. Agrega que la ACR tiene en cuenta los procesos de reinserción que han emprendido algunas comunidades de Cauca, Putumayo, Nariño, la Sierra Nevada y el Urabá antioqueño, y que ha dialogado con ellas para buscar un mecanismo idóneo.
El funcionario reconoce que habrá que rediseñar elementos normativos, entre otras razones, porque “la ley no considera el derecho propio o la autoridad tradicional como parte de la toma de decisiones en un proceso de reintegración y eso hay que tenerlo encuentra en una futura norma”. Valencia coincide en ese punto, pero cuestiona que el gobierno no tenga en cuenta a los gobernadores o autoridades indígenas para emitir certificados de desmovilización o de pertenencia al territorio de los desmovilizados, y los ponga a hacer trámites engorrosos ante el Ministerio de Defensa en Bogotá.
Moreno señala que otra diferencia con los indígenas es que éstos tienen el concepto “reintegrar o rearmonizar a las personas colectivamente en el territorio” y que el proceso de la ACR es individual, aspecto que no comparten los Nasa. La noción de lo colectivo es tan importante para ellos que cuando algunos de sus miembros dejan las armas tienen que pedirle perdón a la comunidad y una oportunidad para resarcir su error. “Cuando hay esos pasos, la comunidad los acoge y los protege, y dado el caso, también los sanciona si llega a trasgredir los compromisos que adquiere”, explica Valencia, y agrega que en este proceso se comprometen cuatro espacios vitales para hacerle acompañamiento a los desmovilizados: la familia, la autoridad tradicional, la comunidad y el territorio.
Por último, el funcionario de la ACR reconoce que las diferencias no son críticas y que evidencian otras formas de entender el problema y sus soluciones: “El compromiso de la ACR es acompañar en este momento los procesos de las comunidades y al final tener una ruta o un escenario de trabajo que ayude a entender el regreso a la civilidad de todos estos muchachos y niños que fueron llevados a la guerra y adelante van a querer estar en sus comunidades”.
El reto del posconflicto
Desde hace más de dos años el gobierno Santos y las Farc negocian el fin del conflicto armado. Sobre el tema de desmovilización y comunidades étnicas no se conocen acuerdos. Foto: archivo Semana.
Los diálogos de paz que el gobierno nacional adelanta con la guerrilla de las Farc en Cuba han generado mucha expectativa en las zonas que están afectadas por el conflicto armado, pero el hermetismo con el que se desarrollan también ha generado dudas e incertidumbres entre los Nasa. Una de las mayores preocupaciones es saber qué pasará con los guerrilleros si se concreta un acuerdo de paz y entregan las armas.
Valencia considera que no se está pensando en el posconflicto. “Creo que los negociadores de las Farc están pensando más en cómo participar políticamente, pero no están pensando en la gente que va a quedar en los territorios; tampoco se está pensando en la población civil que tendrá que convivir con ellos”, afirma. Y cree que ninguno de los actores de la Mesa de Diálogos está contemplando procesos alternativos de reintegración como el que desarrolla la Acin.
El líder indígena expresa que la comunidad del norte del Cauca está dispuesta a darles una oportunidad a los desmovilizados para que convivían en sus territorios, siempre y cuando respeten su autonomía y sus territorios. Y recuerda que tras el ataque de las Farc a Toribío con una chiva-bomba del 20 de julio de 2011, la junta directiva del Cric emitió una resolución en la que les dejaba las puertas abiertas si querían volver a la vida civil y vivir en paz, pero también les advertía que si querían vivir haciendo la guerra se fueran de la región y la hicieran en otro lado.
Por su parte, Ernesto Moreno, quien también es el coordinador de la ACR en Putumayo, departamento en el que se estima que más de la mitad de los guerrilleros son indígenas, considera que a la paz y al posconflicto hay que hacerles mucha pedagogía. “La paz –según este funcionario- no va a ser un papel firmado en La Habana, tiene que ser un compromiso construido desde los territorios. Se dice que el posconflicto va a ser urbano y la reintegración rural: tenemos que prepararnos para que las personas que estuvieron vinculadas al conflicto tengan una opción de vida en sus comunidades. Si no nos preparamos, firmar 10 mil papeles no bastará”.
