Hace poco menos de 18 años, esta comunidad de Cartagena del Chairá, en Caquetá, salió desplazada por cuenta de la guerra. El centro poblado fue copado por tropas del Ejército, que se niegan a salir. Y desde hace poco más de siete años los pobladores reclaman sus predios con la ilusión de que un juez se los restituya. Su historia será contada ante la JEP.
Tan pronto las personas que viajan en las lanchas rápidas que prestan servicio público de transporte por el río Caguán se percatan de que van llegando a Peñas Coloradas, o lo que quedó de ese pueblo, alistan sus cédulas. “¿Nos harán bajar?”, se preguntan los pasajeros. Responder esa pregunta no es tarea fácil. Las experiencias al llegar a ese punto de control de la Armada Nacional suelen ser distintas.
En algunos casos piden las cédulas y hacen bajar a quien haya tomado fotos de las decadentes estructuras de casas que se sostienen en las zonas ribereñas, para preguntarle por las imágenes captadas y en qué las usará. En otras ocasiones, solo se ocupan en revisar las maletas de los viajeros.
Algunas tareas de control son más surrealistas: hacen bajar a todos los pasajeros de la embarcación, y mientras algunos soldados revisan las cédulas y las maletas, otros preguntan quién quiere usar el baño y ofrecen paquetes de papas fritas y gaseosa, casi como un servicio de tienda militar en la mitad de la selva. Aunque los precios de esos productos son elevados, como todo en el Caguán, la gente compra alguna que otra cosa para hacer más llevadera la tensión en ese puesto de control fluvial.
“¿Eso se habrá quedado con la salida de la gente o lo habrán traído ellos?”, pregunta un pasajero que espera que termine la revisión de sus pertenencias al mirar un viejo televisor de cola que se asoma en lo que alguna vez fue la ventana de una casa. Nadie da respuestas claras más allá de un “puede ser”, mientras siguen comiendo papas fritas.
Luego de las actividades rutinarias de control, la lancha se aleja con todos los pasajeros a bordo. En la orilla quedan los militares cuidando Peñas Coloradas, un maltrecho caserío de donde hace 18 años salieron sus pobladores huyendo de la guerra y al que no han podido volver porque tropas de la Armada ocuparon el centro poblado, se apropiaron de esas tierras, despojando a los campesinos, e instalaron una base militar y se niegan a salir.
La comunidad desplazada ha adelantado diversas gestiones para que les devuelvan sus predios o, por lo menos, los compensen, pero han sido infructuosas. “No le estamos diciendo al Estado que nos regale. Le estamos diciéndo al Estado que nos devuelva un poco de lo que nos quitaron”, reniega Norbey Caro, representante legal de la Asociación de Desplazados de Peñas Coloradas, capítulo Florencia.
VerdadAbierta.com visitó la región del bajo Caguán, se entrevistó con los afectados por la ocupación militar de sus predios y escuchó sus preocupaciones más apremiantes, surgidas 18 años atrás y sin que haya solución a la vista.
¿Salida sin retorno?
El 25 de abril de 2004, la guerra se sintió con potencia en la inspección de Peñas Coloradas. El sonido de helicópteros y explosiones se mezclaban sin tregua. Al día siguiente, las tropas del Ejército construyeron trincheras en el centro poblado. Sus habitantes, atemorizados por un posible enfrentamiento con la extinta guerrilla de las Farc, emprendieron la huida a veredas vecinas. Primero salieron los comerciantes y, tras ellos, centenares de familias que se llevaron lo que pudieron.
Durante cuatro días, las 744 familias que habitaban aquella inspección y varias veredas vecinas abandonaron el lugar con la idea de que en cuestión de días, tal vez semanas, podrían regresar. Pero su anhelo se fue postergando con el paso del tiempo y aunque los peñunos intentaron retornar a sus casas, los militares se negaron a dejar el centro poblado argumentando que el orden público seguía alterado.
En aquel año, las Farc dominaban Cartagena del Chairá, pero comenzaron a perder terreno cuando entró en ejecución el Plan Patriota, una ambiciosa estrategia militar gestada en el primer gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) con el objetivo de atacar las zonas históricas de la guerrilla y recuperar esos territorios.
Una de las acciones militares más contundentes en el bajo Caguán tuvo lugar dos meses antes del desplazamiento de Peñas Coloradas. En esa ocasión fue capturada Anayibe Rojas Valderrama, conocida en las filas de las Farc como ‘Sonia’, encargada de las finanzas del Frente 14 del Bloque Sur, comandado por Milton de Jesús Toncel Redondo, también llamado ‘Joaquín Gómez’.
La columna guerrillera comandada por alias ‘Sonia’ se había asentado en el Caguán desde el 2001 con el fin de administrar el impuesto al gramaje de la pasta de coca que se producía en Cartagena del Chairá y le cobraba a los productores. Fue precisamente en una casa cercana al casco urbano de Peñas Coloradas donde tropas del Ejército la apresaron.
Por decisión del Estado colombiano, la guerrillera fue extraditada a Estados Unidos para que respondiera por delitos asociados al tráfico de drogas hacia ese país. Al cumplir la condena, volvió a Colombia en 2018 y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó su excarcelación un año después, bajo la figura de libertad condicional, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la justicia transicional.
“A lo largo y ancho de Cartagena del Chairá los operativos eran grandes, y perseguían a los campesinos porque, para el gobierno nacional, todos los que habitamos en esta región éramos, de alguna manera, colaboradores o auxiliadores de las Farc”, recuerda Luis Antonio Valencia, un líder social y antiguo docente, quien lleva 23 años en la región del bajo Caguán, al describir el tenso ambiente que vivían por cuenta de las operaciones del Plan Patriota.
Desde abril de 2004, los peñunos se convirtieron en una comunidad sin tierra y sus pobladores se han esparcido por diversos departamentos del país; mientras, poco a poco, el centro poblado se convirtió en una zona fantasmal, saqueada por quienes se aprovecharon de la desgracia y custodiada por tropas de la Armada Nacional, adscritas a la Brigada Móvil 22.
Un labriego que vive en Las Quillas, una vereda dos horas río abajo desde Peñas Coloradas, le contó a este portal que las tejas de zinc de su casa las consiguió de una casa de los peñunos a cambio de unas verduras que le dio a un soldado. Así, gradualmente, se desbarataron las casas del pueblo ante la complicidad de las autoridades militares.
En medio de esa diáspora campesina, se aprobó la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras, mediante la cual se busca atender las afectaciones de millones de colombianos que padecieron la guerra.
Acogidos a esa norma, los peñunos hicieron gestiones y, desde noviembre de 2015, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) reconoció a un grupo de desplazados como sujeto de reparación colectiva que está concentrado en seis municipios del país: Cartagena del Chairá y Florencia, Caquetá; Florencia y Santander de Quilichao, Cauca; Santa Rosa de Cabal, Risaralda; y Cali, Valle del Cauca.
Aunque Norbey Caro, representante legal de la Asociación de Desplazados de Peñas Coloradas, capítulo Florencia, resalta que la comunidad de Peñas Coloradas está regada por todo el territorio nacional: “Por decir, hay gente en Medellín; tenemos gente en Nariño, hacia los lados de Llorente; tenemos gente en Bogotá; harta gente en Ibagué; en el Huila; en Villavicencio hay un grupo también amplio; y varias personas que debido a la presión que se ha tenido del desplazamiento de Peñas Coloradas lograron irse para otros países”.
Vulneran derechos
Hasta la guerra tiene reglas, y están consignadas bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que le exige a las partes involucradas en conflictos armados el cumplimiento de principios innegociables en la confrontación, una de ellas es tomar todas las precauciones posibles para evitar causar daños a civiles y sus bienes, lo que incluye “los derechos de propiedad de las personas desplazadas”. Pero, por lo visto, ese precepto no se cumple en Peñas Coloradas.
Los reclamos de los pobladores llegaron hasta los tribunales. Tal es el caso de Agustín Agatón Ardila y Tránsito Gómez, quienes demandaron al Estado por los daños que le ocasionó a su patrimonio familiar la ocupación de la Armada en Peñas Coloradas, representados en el deterioro y daño a volquetas, retroexcavadoras y otras máquinas que poseía esta familia para la construcción de vías en aquella inspección.
Mediante auto del 8 de junio de 2006, el Tribunal Administrativo de Caquetá le dio la razón a la familia Agatón Gómez y declaró responsable a la Nación, al Ministerio de Defensa y Ejército Nacional por las afectaciones a sus bienes.
Los demandados objetaron esa decisión y negaron su responsabilidad en el desplazamiento forzado de las familias de Peñas Coloradas e inculparon a las Farc, pues, según alegaron, el grupo guerrillero había ordenado que los peñunos abandonaran la inspección. Al resolver el recurso, el Tribunal profirió sentencia el 18 de noviembre de 2008, ordenándole a la Nación reparar los daños morales y materiales a la familia Agatón Gómez.
Ese fallo fue apelado ante el Consejo de Estado y en decisión fechada el 12 de junio de 2013 ratificó la acción de reparación directa proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá y resaltó que la Fuerza Pública había fallado en el cumplimiento de los principios del DIH, entre ellos los de necesidad militar, distinción y proporcionalidad.
“Al momento de llevar a cabo el diseño y el desarrollo de las operaciones militares, el Estado debe realizar un ejercicio de planificación suficiente que le permita conseguir al mismo tiempo la máxima satisfacción del fin constitucional de asegurar la soberanía nacional y, de otro lado, el mínimo sacrificio de otros bienes protegidos por el ordenamiento constitucional como el derecho de la población civil a permanecer y residenciarse en cualquier lugar del territorio nacional (artículo 24 de la Constitución) y a no convertirse en objetivo militar (principio de distinción, artículo 13 del Protocolo II)”, se lee en el fallo del Consejo de Estado.
Sin embargo, Agatón nunca vio el fruto de las decisiones de los jueces de la República, pues murió en 2007. Su esposa, quien aún le sobrevive y padece serios quebrantos de salud, y sus hijos, tampoco han recibido indemnización.
El representante legal de la Asociación de Desplazados de Peñas Coloradas, capítulo Florencia, cuenta que, desde 2006, llevan una demanda colectiva, con cerca de tres mil poderes de las familias desplazadas, contra el Ejército, la Policía, el Municipio de Cartagena del Chairá y el Departamento de Caquetá por su responsabilidad en el desplazamiento masivo y los consecuentes daños morales, materiales y lucros cesantes.
“Ha sido muy difícil porque cuando usted va y hace una denuncia y usted no puede entregar las pruebas de lo que usted está denunciando, su denuncia no va tener futuro. A nosotros se nos impidió mucho: en 13 años del desplazamiento apenas se nos permitió hacer un peritaje y eso porque fue ordenado por el juez que lleva el caso de nosotros en el Juzgado Cuarto Administrativo, aquí, en Florencia. Actualmente no sabemos en qué va a quedar”, explica este líder campesino.
A raíz de la lentitud judicial, las víctimas de Peñas Coloradas interpusieron el año pasado una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de que desde ese organismo multilateral se ejerza presión para acelerar el proceso, pero, hasta el momento, no hay pronunciamiento alguno.
Cedido a las Fuerzas Militares
“Nosotros no tenemos territorio porque el alcalde Orlando Arteaga de Cartagena del Chairá entregó el caserío de Peñas Coloradas en comodato al coronel Moreno Ojeda”, se queja Caro.
En ese entonces, el oficial Carlos Iván Moreno Ojeda era el comandante de la Brigada Móvil 22, adscrita a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, creada en 2003. Actualmente, ostenta el grado de Mayor General y ocupa el cargo de Segundo Comandante del Ejército.
VerdadAbierta.com tuvo acceso al contrato de comodato N. 2, suscrito el 30 de enero de 2008 entre el alcalde Arteaga y el entonces coronel Moreno. En ese documento se acuerda la entrega de siete hectáreas de Peñas Coloradas a las Fuerzas Militares para que funcionara una base militar de la Brigada Móvil 22 hasta el 31 de diciembre de 2018, con la condición de que se comprometía a “mantener en buen estado las instalaciones que entregan en comodato”.
Una de las cláusulas que más molesta a los peñunos en situación de desplazamiento es que se pactó un comodato por diez años, prorrogable por diez años más si 60 días antes de finalizar el 2018 el mandatario del momento “no informa por escrito el deseo de no dar continuidad al mismo”.
Para ese año estaba en el cargo el alcalde Francisco Ruiz y pese a que los campesinos desplazados le solicitaron que no prorrogara el comodato, no les hizo caso. “Dejó que el documento se prolongara otra vez. Ahora está prolongado hasta diciembre de 2028”, se lamenta Caro.
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En noviembre de 2019, y ya bajo una nueva administración municipal, la entonces personera de Cartagena del Chairá, Nataly Vargas, reconoció ante el medio Lente Regional que el comodato firmado en 2008 no tenía ninguna legitimidad porque el Municipio no era el dueño de las siete hectáreas entregadas en comodato.
En esa ocasión, la funcionaria dijo que se le había solicitado al Ministerio de Defensa “la presencia de un delegado que tenga la capacidad de tomar a fondo decisiones porque este comodato tiene que llegar a su fin, tiene que resolverse esta situación de fondo, que se compré, que se organice, que se tomen decisiones, pero no puede seguir existiendo una situación jurídica irregular, donde la gente que tiene su propiedad allí no puede acceder a ella”.
En 2010, el alcalde Arteaga fue capturado por la Fiscalía para que respondiera por los delitos de peculado por apropiación y celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, por hechos relacionados con el sistema de alcantarillado del municipio que tuvieron lugar el mismo año en que entregó en comodato a Peñas Coloradas. Seis años después, el exfuncionario y varios miembros de su gabinete fueron condenados a ocho años de prisión.
Son dueños de la tierra
Aunque tienen títulos de propiedad en Peñas Coloradas, nada han podido hacer sus pobladores. Es el caso de Rosalba Grisales, quien guarda con celo la escritura 359, registrada en la notaría del municipio de Belén de los Andaquies, que demuestra que desde el 26 de diciembre de 2002 es dueña de 200 metros cuadrados en la inspección.
La señora Grisales vive en el barrio Catalina Muñoz, en el casco urbano de Cartagena del Chairá, una casa prefabricada que le entregó el Estado mientras retornaba a su terruño o se resolvía su situación.
Robinson Mosquera también obtuvo su escritura el 26 de diciembre de 2002, que lo acredita como propietario de un predio de 120 metros en Peñas Coloradas. Actualmente, es presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Guamo, en la parte más profunda del río Caguán, jurisdicción de Cartagena del Chairá.
En aquellos 120 metros, Mosquera organizó una tienda de venta de gasolina y productos agropecuarios, pero ante su desplazamiento, los miembros de la Armada la ocuparon e instalaron en ella la oficina de control fluvial en la que revisan las cédulas de todo aquel que transita por el río Caguán. Por ese motivo, el líder campesino tiene pensado instaurar una demanda contra el Estado para que le paguen 14 años de arriendo por el uso de su propiedad.
Tanto Grisales como Mosquera le compraron sus propiedades a Alfonso Andrade Gutiérrez, conocido popularmente como ‘Moncho’, un campesino que fue beneficiario de un predio de 73 hectáreas, llamado La Esperanza y otorgado por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) mediante la Resolución 1374 del 30 de octubre de 1992.
De acuerdo con algunos peñunos, Andrade Gutiérrez vendió parcelas de su propiedad para formar la comunidad de Peñas Coloradas. Así lo evidencia uno de los documentos que guarda Grisales, en el que se constata que por lo menos 54 personas compraron porciones de terreno de La Esperanza.
Rodrigo Candelo, representante legal de la Asociación de Desplazados de Peñas Coloradas, capítulo Cartagena del Chairá, fue uno de los primeros pobladores de Peñas Coloradas y su versión concuerda con la registrada en documentos: “‘Moncho’ cedió lo que es el caserío de Peñas para que hicieran el pueblo allí. Él vendió, regaló, hizo lo que quiso con eso, porque eso era un predio privado”.
A la espera de la restitución
“Hemos hecho muchos intentos en retornar —dice Caro—, hartos, pero todos se han ido en vano, no se ha podido. Hoy en día ya vemos que para el Estado es mejor reubicarnos en las cabeceras municipales, donde estamos asentados actualmente con las seis asociaciones, que seguir peleando por un retorno. Le sale más barato al Estado: para un retorno a Peñas Coloradas tocaba reconstruir todo nuevo”.
Y se pregunta: “¿De qué nos vamos a sostener?”, ilustrando cómo la opción de retornar a Peñas es una idea lejana e inviable. “Aquí en Florencia, mientras usted compra una libra de arroz en $1.700 o $2.000, a los alrededores de Peñas, en donde hay tiendas, vale $4.000. Usted produce un litro de leche allá y vale $800, aquí vale $1.600. Lo que producimos allá es barato, pero lo que consumimos es caro. Todo eso nos ha llevado a entender que por allá no hay nada qué hacer”.
Los líderes y víctimas de Peñas Coloradas coinciden en que a pesar del tiempo y la distancia no se ha roto el tejido social, los une la tragedia y la indignación.
Caro insiste en que las comunidades desplazadas de Peñas Coloradas luchan por la reubicación: “Nosotros no somos del pueblo. Nosotros somos campesinos. Nosotros estamos enseñados a trabajar el campo. La mayoría queremos irnos para el campo otra vez a producir. Aquí el Estado o la Unidad de Víctima nos enseñó como limosneros. Nosotros no queremos que nos den un pescado para comérnoslo. Nosotros queremos que nos den el pescado para hacer el lago, hacer la atarraya y cultivarlo para que los demás coman y nosotros también consumir. Nosotros queremos es producir”.
VerdadAbierta.com le consultó a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) cómo avanza la restitución de tierras en Cartagena del Chairá. En su respuesta, detalla que tramita 846 solicitudes de reclamación sobre predios abandonados y despojados, de las cuales 135 corresponden a la inspección de Peñas Coloradas.
“Las Fuerzas Militares y de Policía han acompañado el trabajo que ha liderado la Unidad de Restitución de Tierras en esta jurisdicción —indica en su respuesta—. En el mes de septiembre de 2021 se inició el proceso para responder a 60 solicitudes sobre el sector conocido como Peñas Coloradas y en veredas cercanas se avanzó en la comunicación del inicio del proceso en 27 predios, se trabajó en 3 georreferenciaciones y 7 pruebas sociales”.
La URT precisa en su respuesta que con base en el trabajo adelantado con las comunidades, se inscribieron 49 solicitudes en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTADF) y se presentaron 26 solicitudes ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Caquetá.
“Yo le creo a la Unidad de Restitución. Ojalá Dios quiera que eso no vaya a ser demagogia”, anhela, desde su casa prefabricada en Cartagena del Chairá, Rodrigo Candelo, quien seguirá insistiendo, junto con sus antiguos vecinos del caserío, hasta que puedan volver a sus antiguos feudos.
Llevan caso a la JEP
La insistencia la que habla Candelo llevó a lo peñunos a exponer su caso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada bajo el Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc para ponerle fin a una confrontación de casi 53 años.
Para ello prepararon el documento titulado “Peñas Coloradas del Caguán Vive, Siempre Serás el Presente Nunca Serás Mi Pasado”, que hoy será presentado ante esa jurisdicción transicional y que relata los hechos de desplazamiento forzado que padecieron hombres y mujeres de esa inspección caqueteña.
En la narración recuerdan aquel abril de 2004: “El pueblo entero fue ocupado por los militares, cada casa en la cual habitaban un promedio de 3 a 4 personas, casas construidas con autogestión, casa hechas sin intervención estatal, enseres, tales como salas, camas, televisores, baterías sanitarias, fueron destruido en su totalidad, casas se convirtieron en trincheras, carros abandonados, un pueblo fantasma, hoy convertido en una base militar, la Alcaldía de Cartagena del Chaira y otros organismos hicieron varios intentos para que los pobladores retornaron a sus tierras, pero la respuesta siempre fue la misma”.
A través de las voces de algunos pobladores, los peñunos le presentan a la JEP varias de las afectaciones padecidas ante la llegada de las tropas del Ejército: “Se posesiona del pueblo, comienzan a entrar y a dañar fincas, se comienzan a comer los animales de las fincas deliberadamente, dañan tanques de agua y demás partes de las propiedades que se encuentran en Peñas Coloradas […] durante este enfrentamiento pierdo a mi hijo mayor, el cual es retenido, maltratado y torturado para finalmente terminar encegueciendo la vida de mi hijo”.
Entre las medidas de reparación, los antiguos pobladores plantean que les adjudiquen terrenos para reubicación y restauración de la convivencia existente entre ellos antes de lo sucedido en Peñas Coloradas: “Las víctimas de lo acontecido quieren trabajar la tierra toda vez que en su mayoría trabajaban el campo y había siempre un ambiente de familiaridad entre los habitantes del corregimiento, por todo esto se debe realizar un oficio solicitando terrenos baldíos para poder analizar y establecer en qué sector existe la posibilidad de poder resarcir este derecho vulnerado hacia la comunidad”.
Se espera que con este nuevo paso, el Estado salde la deuda con la comunidad de la inspección de Peñas Coloradas y repare cerca de 18 años de abandono y abusos de la Fuerza Pública.
Este artículo fue realizado gracias al respaldo de la Asociación Ambiente y Sociedad, y al apoyo brindado por la Mesa Municipal de Concertación Agroambiental por el Derecho a la Tierra de Cartagena del Chairá, Caquetá.
