El gobernador suplente del resguardo Piguambí Palangala fue asesinado ayer en la mañana en el centro poblado del corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco. En esa región del Pacífico nariñense, comunidades indígenas, afros y campesinas están bajo la presión de los grupos armados ilegales. El silencio impera.
“El pueblo indígena Awá se encuentra de luto”, dice el comunicado difundido anoche por las autoridades tradicionales del resguardo Piguambí Palangala. Y no es para menos: uno de sus líderes más destacados, Rodrigo Salazar Quiñones, fue acribillado por desconocidos a eso de las 11,30 de la mañana, justo cuando había salido al caserío de Llorente para asistir a una reunión.
Y no era cualquier reunión, se trataba de una audiencia virtual convocada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos con el fin de hacerle seguimiento al Capítulo Étnico contemplado en el Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano con la extinta guerrilla de las Farc en noviembre de 2016 en el Teatro Colón, de Bogotá.
A pesar de este homicidio, líderes, lideresas y autoridades étnicas nariñenses se conectaron a través de Internet para exponer sus puntos de vista sobre los avances en la implementación del Capítulo Étnico, un tema que no ha tenido mayores desarrollos, según lo constató este portal en un ejercicio de investigación periodística realizado en el segundo semestre del año pasado y que continúa sin mayores variaciones en lo que va corrido del 2020. (Leer más en: La exigua implementación del Capítulo Étnico)
Se fortalecen los Awá
“Este crimen es una violación flagrante a los derechos de los pueblos indígenas, y es consecuencia directa de la decisión del resguardo de perseguir a las mafias que utilizan nuestro territorio ancestral como camino de paso”, afirmaron las autoridades tradicionales en su comunicado.
El pasado 24 de marzo, la comunidad Awá del resguardo Piguambí Palangala tomó la decisión de “no permitir más conductas que atentaran contra nuestro katsa su (territorio), sin embargo, asistimos hoy a ver como los grupos armados aliados con las mafias atentan contra lo más sagrado, nuestras autoridades”.
Dadas los riesgos que corría el gobernador suplente asesinado y de la amenazas en su contra, la Unidad Nacional de Protección le había asignado un esquema de seguridad, pero ante el poder bélico que tienen los grupos armados ilegales en la región de Llorente, esta medida fue insuficiente.
Salazar fue, para su comunidad, un hombre valeroso, y así lo ratifican las autoridades ancestrales, quienes detallaron que su liderazgo se forjó en el trabajo con el resguardo y en la Unidad indígena del Pueblo Awá (UNIPA).
“Hoy se une a nuestros mayores y mayoras, ante la impotencia de las balas asesinas que silencian la voz de quien había asumido hace años ya, el proceso organizativo con entereza y decisión; primero como guardia, luego como coordinador de Guardia del Resguardo Piguambí Palangala, Coordinador de Guardia Indígena de la Zona Tumaco, y finalmente como gobernador suplente de su resguardo de origen”, se lee en el comunicado.
A pesar del luto que embarga al pueblo Awá, asumieron con entereza el asesinato de su líder y expresaron, a través de sus autoridades tradicionales, que esa muerte “eleva nuestro espíritu, la dignidad Awá. Hoy más que nunca estamos fuertes y decididos a erradicar de nuestros territorios a los violentos, a los grupos armados ilegales que atentan contra lo sagrado que tenemos”.
Tras la pérdida de su líder, desde el resguardo Piguambí Palangala hicieron “un llamado enérgico a todas las familias del pueblo indígena Awá, a tomar el bastón de autoridad y con vehemencia asumir la protección de nuestro territorio, de nuestros jóvenes y jovencitas, para alejarlos de los violentos”.
Además, instaron a toda la comunidad a “luchar como lo estuvo haciendo Rodrigo, en los últimos años, quien, a pesar de estar amenazado, de que le hubieran asesinado a una hermanas, y de que contara con medida de la Unidad Nacional de Protección, insuficiente como tristemente hoy lo comprobamos, siguió luchando incansablemente por el desarrollo y la defensa de nuestro pueblo”.
A ese llamado se sumó la Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz Y Acción Noviolenta (Justapaz). A través de un comunicado difundido hoy invitaron a “las organizaciones de la sociedad civil y a las iglesias a que, en apoyo fraterno a los pueblos indígenas, sumen su voz para que los territorios pertenecientes a los resguardos sean despejados de la presencia de actores armados legales e ilegales, que además ponen en riesgo a la población civil y es un caldo de cultivo para futuras violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario”.
Además, llamaron a la “acción conjunta de las entidades de control, para que cumplan con su labor de velar por los derechos y las garantías de la ciudadanía de manera atenta y amplia, en común acuerdo con las comunidades y respetando el derecho a la consulta previa y al trato diferencial”.
Justo en el momento que fue asesinado el líder Awá, se desarrollaba un encuentro virtual en el que se abordaba la crítica situación del Pacífico colombiano. En medio de las intervenciones, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, expresó sus condolencias a la comunidad del pueblo Awá y aseveró que era “una ironía que cuando estamos hablando de los derechos de las comunidades nos sigan afectando con noticias como ésta, y se siga demostrando que la máquina de la guerra en este país puede seguir funcionando sin limitaciones”.
Quien también reaccionó al homicidio fue el defensor Nacional del Pueblo, Carlos Negret: “Estas cosas se nos volvieron un panorama para los colombianos. A nadie le duele la muerte del indígena”.
A Carrillo y a Negret su sumó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quien, a través de la red social de Twitter, repudió el hecho y destacó que Salazar era “era un reconocido líder indígena en la zona y tenía medidas de protección. Urge tomar medidas eficaces y contundentes para frenar estos asesinatos”.
Y es que nada parece frenar estos asesinatos, ni la pandemia generada por la expansión en el país del virus COVID-19. La organización Somos Defensores, que le hace un seguimiento detallado a la situación de líderes sociales y defensores de derechos humanos desde hace más de una década, registra 47 homicidios ocurridos en el primer semestre de este año, dos de ellos cometidos en el departamento de Nariño.
La cifra es superior a la expuesta ayer por la alta consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, quien indicó que se han verificado 37 asesinatos de líderes sociales en lo que va de este año, cifra que se basa en registros de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
¿Qué pasa en Llorente?
Este corregimiento del municipio de Tumaco, en el Pacífico nariñense, se convirtió desde hace varios años en una región silenciada dado el poder que tienen diversos grupos armados ilegales que se disputan a sangre y fuego un corredor estratégico que conduce no solo a puertos naturales, sino a la frontera con la república del Ecuador, con el fin de consolidar rutas para la producción y exportación de clorhidrato de cocaína a los mercados internacionales.
En noviembre del año pasado, este portal, en alianza con La Liga Contra el Silencio, visitó la región de Llorente con el fin de hablar con las comunidades y establecer cuál era el impacto de la guerra que se desató tras la desmovilización, desarme y reincorporación a la vida legal de las estructuras de las extintas Farc que operaron en sus veredas.
En aquella ocasión se escribió que Llorente es un “territorio olvidado, silenciado por la fuerte coerción que ejercen grupos armados, donde indígenas, comunidades afro y campesinos se enfrentan, en su día a día, a los riesgos de vivir en una zona en disputa que los organismos de seguridad del Estado parecen incapaces de controlar”.
El asesinato del líder Awá evidencia que, siete meses después, persisten la guerra entre organizaciones criminales continúa, los riesgos para las comunidades indígenas, afros y campesinas persisten, y la incapacidad del Estado para frenar la violencia.
Dada la gravedad de lo que ocurre en Llorente, es importante volver sobre lo que se publicó en noviembre del año pasado para que los lectores tengan un mayor contexto de la situación. Desde este link puede acceder a la investigación realizada entre VerdadAbierta.com y La Liga Contra el Silencio.
