Esta es la historia de cómo se gestó y se puso en marcha el proceso de negociación entre el gobierno presidido por Álvaro Uribe Vélez y las Autodefensas Unidas de Colombia. El gran logro: se desmovilizaron 31.671 paramilitares, que entregaron 18.051 armas, pero quedaron demasiados cabos sueltos.
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| Sergio Caramagna de la Misión de la OEA para observar la desmovilización con las Auc (en medio de camisa azul oscura) escucha el himno colombiano en la inauguracióndel proceso. A la derecha, los funcionarios del gobierno y a la izquierda, algunos jefes paramilitares.Foto SEMANA |
En noviembre de 2001 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) realizaron su cuarta cumbre de comandantes. Un mes antes, el gobierno de Estados Unidos había incluido a esta federación de grupos paramilitares en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras. Además para esa fecha, la expansión territorial del paramilitarismo, financiada por el narcotráfico, estaba dejando una macabra estela de muerte, frente a un Estado colombiano que miraba para otro lado. Había un riesgo de seguridad sin precedentes para el país.
En dicha cumbre los comandantes de las AUC tomaron dos importantes decisiones que marcaron su futuro como organización. Por un lado, decidieron disminuir la intensidad de sus acciones violentas, en especial aquellas contra la población civil, a la espera de ser reconocidos como un actor político del conflicto interno. Y por el otro, discutieron de manera franca la penetración del narcotráfico al supuesto proyecto antisubversivo que representaban.
Las consecuencias no tardaron en llegar. En la antesala de una elección presidencial decidieron apostarle nuevamente – ya lo habían intentado bajo el gobierno Pastrana- buscar un reconocimiento por parte del Estado colombiano. Debían hacer saber su disposición de negociar y además, necesitaban aumentar su influencia en los gobiernos locales y en el nacional. La discusión del tema del narcotráfico dio inicio al fraccionamiento de la endeble unidad de las AUC. Unos de los jefes pensaban que involucrarse más en las actividades de narcotráfico llevaría a la organización a su fin. Para otros, representaba una excelente carta de negociación tanto con el gobierno de Colombia como con los Estados Unidos.
El 20 de diciembre de 2001 el jefe de las AUC, Carlos Castaño, colocó a disposición de los candidatos presidenciales su radiografía de las AUC: “15 mil fusiles de defensa en mano, 15 mil hombres en armas, comprometidos con el DIH y deslindados del narcotráfico. Presencia militaren el noventa por ciento de la geografía del conflicto; ausente la Autodefensa solamente en la zona de tolerancia del Caguán”. Dos meses después, el proceso de paz iniciado por el presidente Andrés Pastrana con las Farc en 1999 llegó a su final, y con esta ruptura, cambió la opinión pública, que se radicalizó en contra de negociar con las Farc.
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| Alrededor de 30 mil paramilitares se desmovilizaron. (Crédito) |
Es así como luego de su triunfo en las elecciones presidenciales (mayo 26 de 2002), Álvaro Uribe Vélez anunció su intención de “apelar a una mediación internacional con objetivo preciso, con mandato determinado para buscar el diálogo con los grupos al margen de la ley, sobre una base: que se abandone el terrorismo y se facilite un cese de hostilidades”. En junio 9, a través de un comunicado el comandante paramilitar Carlos Castaño reconoció algo que era ya difícil de ocultar: “La penetración del narcotráfico en varios grupos que conforman las AUC es insostenible y conocida por los organismos de inteligencia de Colombia y de los EE.UU., lo que muy posiblemente lleve al gobierno norteamericano a exigir una confrontación prioritaria y general contra las Autodefensas, afectando injustamente los Frentes legítimos y exclusivamente antisubversivos que son la mayoría en las AUC, mientras se fortalecería la guerrilla, todo esto por nuestra incapacidad de cerrar filas al narcotráfico”. Luego de fuertes disputas, el 12 de julio, Castaño anunció su renuncia al cargo de jefe político de las AUC. Y esta sombrilla del paramilitarismo colombiano se disolvió seis días después.
El 7 de agosto se posesionó como presidente Uribe Vélez. En su discurso de inauguración, el Presidente reiteró su propuesta de establecer diálogo con los grupos armados ilegales pero bajo la condición de un cese unilateral de hostilidades. Un mes después de este anuncio, el 4 de septiembre de 2002, en carta al Alto Comisionado para la Paz y otras personalidades, los grupos paramilitares declararon el restablecimiento de las AUC y expresaron su intención de “participar en la salida negociada con propuestas serias de paz”. A su vez anunciaron que habían “determinado abolir las prácticas del narcotráfico que servían de fuente de finanzas para el sostenimiento de nuestra organización”.
Entre septiembre y noviembre de 2002 las AUC se reunieron con representantes de la Iglesia Católica y la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, y el 29 de noviembre dijeron que estaban dispuestos a dialogar inmediatamente con el gobierno, con el acompañamiento de la Iglesia Católica y la participación de la OEA, la ONU y la comunidad internacional. El 23 de diciembre, el Gobierno creó una “Comisión Exploratoria de Paz para propiciar acercamientos y establecer contactos con los Grupos de Autodefensas Unidas de Colombia, AUC; con las Autodefensas Campesinas Bloque Central Bolívar, BCB, y Vencedores de Arauca; y con el Grupo de Autodefensas Alianza del Oriente, conformada por las Autodefensas del Sur de Casanare, Meta y Vichada”.
Apenas empezó la negociación, surgió el primer obstáculo. El 23 de septiembre de 2002 el fiscal general de Estados Unidos, John Ashcroft, anunció la petición de extradición de Carlos Castaño, jefe político de las Autodefgnóas Unidas de Colombia (AUC), así como de los también jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Juan Carlos Sierra, acusándolos de enviar a ese país 17 toneladas de cocaína. La presión estadounidense para que los jefes paramilitares fuesen extraditados y juzgados en Estados Unidos por haber traficado dorgas estuvo presente en todo el proceso, al punto de que en mayo de 2008, catorce jefes fueron finalmente extraditados, y la ansiada verdad, justicia y reparación, quedó en suspenso.
Finalmente l 15 de julio de 2003, se firmó el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, un corregimiento de Tierralta, Córdoba, cuna del proyecto paramilitar de los Castaño. En el acuerdo se pactó la reincorporación a la vida civil de los miembros de las AUC dentro de un proceso que se iniciaría a finales de ese año y que culminaría en diciembre de 2005. El acuerdo creó zonas de concentración para los desmovilizados, aunque descartó cualquier despeje militar. Todo este proceso fue liderado Luis Carlos Restrepo, el Alto Comisionado para la Paz.
El 2 de agosto de 2003, el gobierno presentó un proyecto de ley, llamado “De alternatividad penal”, que proponía penas alternativas para los comandantes culpables de delitos atroces que optaran por desmovilizarse. Fue el comienzo de una discusión que llevó incluso a rupturas en el uribismo, como la salida del senador Rafael Pardo, quien proponía una ley mucho más severa para los victimarios y que incluyera de manera más explícita a las víctimas. La Ley de Justicia y Paz fue aprobada en julio 25 de 2005 por el Congreso, ya con bastantes modificaciones. Luego, en su revisión, la Corte Constitucional le puso condiciones más exigentes a los paramilitares para que pudieran acceder a los beneficios, y requisitos más firmes al Estado para que garantizara la verdad y la reparación a las víctimas.
Antes de que empezaran a desmovilizarse colectivamente los paramilitares, las tensiones entre los jefes comenzaron a subir. Las guerras entre bloques por la supremacía regional o por el control de los negocios ilícitos, cobró la vida de cientos de personas. Por ejemplo, los bloques Cacique Nutibara de alias ‘Don Berna’ y Central Bolívar (BCB) de ‘Macaco’ iniciaron una persecución contra el bloque Metro de alias ‘Doble Cero’, que delinquía en el oriente antioqueño y Medellin. En los llanos orientales el Bloque Centauros y miembros del BCB arreciaron contra el grupo de las Autodefensas Campesinas del Casanare.
Finalmente, el 25 de noviembre se concretó la primera desmovilización colectiva del proceso, con el desmonte del bloque Cacique Nutibara y 868 de sus miembros en Medellín. Esta, sin embargo, fue cuestionada pues quienes conocían bien este bloque, se dieron cuenta que no se desmovilizaron todos los paramilitares de ese Bloque, ni muchos de los que se desmovilizaron eran realmente paramilitares. Con el tiempo, estas sospechas se confirmaron.
El 23 de enero de 2004 se firmó de un Convenio entre la OEA y el presidente Uribe, que le encomendó al organismo la tarea de monitorear los acuerdos que se alcancen con los grupos al margen de la ley, por tres años. Según éste la OEA puede “hacer recomendaciones para facilitar el desarrollo del proceso de negociación, pero no podrá participar ni opinar sobre el mismo, a menos que específica y puntualmente, su colaboración sea solicitada de común acuerdo por ellas”.
El 31 de marzo, las AUC anunciaron la conformación de una mesa única de negociación, con la participación oficial del Bloque Central Bolívar y del Bloque Vencedores de Arauca. Dentro del equipo negociador no fue designado Carlos Castaño, quien desapareció de la escena. Luego se supo que hombres de su hermano, Vicente, lo asesinaron en su campamento, el 16 de abril de 2004.
El 13 de mayo se creó una Zona de Ubicación Temporal en Santa fe de Ralito, con una extensión de 368,79 kilómetros cuadrados. El 1 de julio se instalaron de manera oficial los diálogos y el 7 de octubre las AUC dijeron que querían desmovilizar a partir de noviembre 3.000 combatientes. Así se dio inicio a varias desmovilizaciones colectivas que hasta el 15 de agosto de 2006 permitieron el desmonte de 35 estructuras paramilitares y la desmovilización de 31.671 hombres.
