SEMANA cuenta la historia de cómo el grupo más pesado de las autodefensa cocinó una propuesta para la desmovilización de 1.000 hombres.
A las 2 de la mañana del martes 20 de mayo tres de los pesos más pesados del paramilitarismo del país estaban sentados alrededor de una pequeña mesa azul, sobre la que había tres gaseosas, una botella de agua y varios documentos. Dialogaban efusivamente en un quiosco de paja ubicado en la cima de una montaña en el corazón del Magdalena Medio.
Desde el lugar se divisan las montañas vecinas y es posible detectar la presencia de una persona a varios kilómetros de distancia. Pero esa noche estaba especialmente oscura y sólo se veían los cigarrillos incandescentes de algunos de los más de 20 hombres armados que fumaban a pocos metros mientras cargaban sus fusiles M-16 y AK-47 y custodiaban el quiosco. En medio del espesor de la noche algunos de ellos escudriñaban las montañas, utilizando binóculos infrarrojos, en busca de intrusos que pudieran haber penetrado la zona de seguridadque habían fijado 60 kilómetros a la redonda. La madrugada estaba fresca y se hacía evidente el cansancio en los rostros de los tres jefes de las autodefensas. Sin embargo ninguno parecía dispuesto a pararse de su silla hasta no terminar la reunión, que ya completaba varias horas. Es que allí en ese quiosco, perdido en el espléndido follaje del Magdalena Medio, se estaba definiendo el futuro del paramilitarismo en Colombia.
Pero cuando el sol empezaba a despuntar, hacia las 6 de la mañana, un combatiente se aproximó afanado hacia la mesa e interrumpió abruptamente la reunión. Con un radio en la mano derecha y el fusil terciado en la espalda se inclinó y le dijo algo al oído a su jefe. Este se puso de pie inmediatamente y les comunicó a los otros que un grupo de sus hombres que realizaba labores de patrullaje estaba siendo atacado por un frente de las Farc y necesitaban refuerzos. El quiosco pasó de ser el escenario de discusión de una estrategia política de negociación con el gobierno a convertirse en un teatro de operaciones militares contra la guerrilla. En menos de media hora llegaron cuatro camionetas, cada una con 15 paramilitares armados hasta los dientes. Tras enterarse de lo que estaba ocurriendo partieron en los vehículos hacia el lugar del combate, como a dos horas de camino.
Desde el frente de batalla los combatientes enviaban por radio a sus jefes reportes angustiosos: que había demasiados guerrilleros, que se estaban quedando sin munición y que no sabían si resistirían hasta que llegaran los refuerzos que venían por tierra. La situación era muy tensa: había llamadas, gritos, movimientos de tropa y órdenes a diestra y siniestra. En cuestión de minutos un nuevo convoy de cinco vehículos cargados con paramilitares partió hacia la zona de guerra.
Aunque la batalla entre paramilitares y guerrilleros duró más de 12 horas y hubo varios heridos de lado y lado, nadie se enteró, ni siquiera las autoridades. El paraje era selvático y estaba en un lugar recóndito de la geografía nacional. Al caer la tarde los paras que estaban en el frente dieron un parte de victoria por radio a sus colegas que permanecían expectantes en el quiosco. Habían logrado hacer retroceder a la columna guerrillera que intentaba controlar un corredor estratégico para las autodefensas. Con la emergencia bajo control lo urgente volvió a dar paso a lo importante: la propuesta clave que podría destrabar las negociaciones con el gobierno. ¿Cuál era esa propuesta?
La oferta
Lo que discutían esa madrugada tres de los jefes más antiguos de las autodefensas colombianas era una propuesta audaz. Contiene una oferta de varios puntos que conduzcan a su desmovilización y desarme y un gesto unilateral de paz: el sometimiento voluntario a la justicia de un enorme grupo de sus combatientes, que según sus cálculos puede llegar a sumar 1.000 hombres con sus armas.
La nuez de su ofrecimiento tiene dos puntos centrales. Por un lado, iniciar planes intensivos de erradicación de cultivos y laboratorios en las zonas bajo su dominio, cuyo cumplimiento sería vigilado por una entidad internacional y por el gobierno. Aseguran que ya tienen la promesa de tres países para financiar y asesorar los proyectos de desarrollo alternativo. Por otro, se comprometen a “controlar el hurto de gasolina de los poliductos”, que hoy le cuesta al país unos 12.000 millones de pesos mensuales. Como contraprestación el Estado contrataría una empresa de vigilancia, en la que ellos participarían, para garantizar que no haya más robos. En otras palabras, ellos dejarían de sacar la gasolina clandestinamente -hoy uno de sus negocios más prósperos- y en canje ellos se convertirían en los guardianes del tubo a sueldo del Estado (ver recuadro).
Este borrador de propuesta no se cocinó en una noche. La reunión en el quiosco del Magdalena Medio fue tan sólo el epílogo de una serie de encuentros que comenzaron hace dos meses, cuando los comandantes de varios bloques de las autodefensas se reunieron para explorar alternativas que agilizaran los diálogos y la negociación con el gobierno.
Debido a algunas diferencias entre los paramilitares, y como parte de la estrategia del gobierno, las conversaciones se venían desarrollando por separado en tres grandes escenarios. Uno con las Accu de Carlos Castaño, un segundo grupo compuesto por el Bloque Central Bolívar y el último conformado por las autodefensas de los Llanos. No era fácil ponerse de acuerdo en temas tan espinosos como los vínculos de algunos grupos con el narcotráfico o la estrategia de financiación de los paramilitares durante una eventual negociación. Además, según uno de los jefes “el hecho de que el gobierno hubiera optado por negociar con diferentes grupos separadamente hizo que las conversaciones avanzaran con demasiada lentitud”.
Preocupados por la falta de avances concretos, varios grupos de autodefensas decidieron tomar cartas en el asunto. Fue así como desde los primeros días de marzo empezaron a trabajar en la elaboración de una agenda de esta propuesta para la negociación.
Algunos de los contenidos más polémicos han venido siendo discutidos por estos comandantes paramilitares y sus asesores. Aseguran, incluso, que los han discutido parcialmente con asesores del gobierno. La primera ‘muestra de voluntad’ que ofrecieron fue la de hacer la entrega oficial de su iniciativa y el sometimiento, también voluntario, de un grupo de cerca de 30 miembros de los paramilitares con sus respectivas armas.
Tras ser consultada entre varios comandantes de otras zonas la propuesta fue ganando rápidamente fuerza y adeptos dentro de las AUC y se convirtió en un punto de unión entre algunas de las facciones que estaban distanciadas. En cuestión de pocas semanas la idea del sometimiento voluntario llamó la atención de los comandantes de los principales bloques de los paramilitares del país, incluido el propio Carlos Castaño, quien a mediados de mayo acogió con entusiasmo la iniciativa pero puso sus condiciones: pospuso la fecha de entrega de los hombres y la propuesta de principios de junio a los primeros días de julio y sugirió la modificación del sitio: ya no en el Magdalena Medio, sino en el Urabá chocoano, más cerca de sus territorios.
Fue por esta acogida que el grupo de 30 combatientes que se someterían al gobierno inicialmente fue creciendo y hoy ellos calculan que puede llegar a 1.000 hombres. Esta cifra puede representar, ni más ni menos, el 10 por ciento de la fuerza total de los paras. “Este es un proyecto de desmovilización gradual. Lo que han dicho las AUC al gobierno, es que si el gobierno logra reinsertar exitosamente a estos hombres, se continuaría con la desmovilización en forma gradual”, dijo a SEMANA el comandante del Bloque Metro, ‘Rodrigo’, quien conoce la iniciativa pero ha manifestado algunos reparos (ver entrevista)
Los comandantes de las autodefensas que están cocinando la propuesta con entrega esperan hacerlo en un acto con la presencia del presidente Alvaro Uribe Vélez. “Si Uribe acudió y fue protagonista principal el día que se entregó el comandante del frente 46 de las Farc, no tendría explicación que no estuviera presente en un acto de dimensiones internacionales y gran trascendencia para la paz del país”, dijo uno de los comandantes a SEMANA.
¿Mision posible?
La oferta de este grupo mayoritario de paramilitares no tiene antecedentes en la historia del país. Si bien en las últimas semanas varios de sus miembros han desertado individualmente en distintas regiones, lo que podría pasar en unas semanas, si el gobierno aceptara la propuesta, tendría características muy diferentes.
En primer lugar, porque nose trata de desertores sino de un grupo de varios centenares de hombres de las autodefensas que se someterán voluntariamente a la justicia y que además, a diferencia de quienes ya lo han hecho, aseguran que entregarán sus armas. Los combatientes forman parte de varios de los bloques que conforman las AUC, entre ellos el Bloque Central Bolívar, que opera en el centro del país, y las Accu, que operan en el nororiente. Quedarían por fuera de este ‘acuerdo’ el Bloque Calima, que opera en el Valle del Cauca las autodefensas del oriente en los Llanos, Arauca y Casanare, y otros grupos más pequeños en Putumayo.
No obstante una cosa es que la oferta sea audaz y otra muy distinta que sea realizable. Para empezar, el hecho de que Castaño se haya sumado a la iniciativa, si bien le da fuerza porque suma números y poder, también la complica. Castaño está pedido en extradición por Estados Unidos y tiene un récord terrible en violación de derechos humanos. Meterlo en una negociación de paz con el paramilitarismo, que podría implicar condonación de penas o archivo de procesos judiciales, obviamente la hace más difícil de ‘vender’ a la opinión pública nacional e internacional.
Así mismo, algunos analistas señalan que la propuesta de los paras puede no significar un avance definitivo en materia de paz puesto que bien pueden ‘devolverle’ al Estado territorios donde prácticamente ya han sacado a la guerrilla, pero otros grupos seguirían activos en las zonas de mayor conflicto, con dominios en disputa con la guerrillas.
El gobierno tiene entonces en sus manos una papa caliente. La tentación política de mostrarle al país la desmovilización de 1.000 paramilitares y el desmonte de los cultivos ilícitos y del robo de gasolina es enorme. Pero los costos también pueden serlo. Son muchos los problemas logísticos, jurídicos y políticos para llegar a este arreglo con los paras. No hay que olvidar que un acuerdo bastante más sencillo con un grupo más pequeño de paras a comienzos de los 90, cuando el fenómeno apenas empezaba, fracasó. ¿Qué crímenes perdonar y cuáles no? ¿Con la reciente propuesta presidencial de darles libertad condicional aun a los guerrilleros desmovilizados que hayan cometido crímenes atroces se abriría una puerta para darles igual tratamiento a los paramilitares? ¿Se les legalizarán sus fortunas mal habidas? ¿Es aceptable pagarles a los paras para que no se roben la gasolina? ¿Quién podrá vigilar que los compromisos de no volver al paramilitarismo o al narcotráfico se cumplan?
Para discutir qué está pensando el gobierno acerca de la propuesta paramilitar y de estos interrogantes SEMANA intentó varias veces hablar con el alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo. Sin embargo su oficina continuó con la política de hermetismo sobre el tema de paz que ha venido manejando hasta ahora.
